CPI ante la Comisión de Derechos Civiles de Estados Unidos

Una versión más breve de esta ponencia fue presentada por el Centro de Periodismo Investigativo el pasado 10 de diciembre en la sesión informativa pública de la Comisión de Derechos Civiles de Estados Unidos.

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Captura de pantalla de la audiencia de la Comisión de Derechos Civiles de Estados Unidos.

Buenos días. Valoro la oportunidad de hablar en esta sesión informativa pública de la Comisión de Derechos Civiles de los Estados Unidos sobre las implicaciones de la asistencia en casos de desastres en los derechos civiles, a partir de la experiencia del huracán María en Puerto Rico. Espero que este sea un foro productivo en el que no solo se nos escuche, sino que pueda canalizar soluciones a los problemas e injusticias que se les traerán a su atención.

Mi nombre es Carla Minet y soy la directora ejecutiva del Centro de Periodismo Investigativo (CPI).

El CPI es una organización sin fines de lucro que celebra 15 años de hacer periodismo de investigación incisivo, de capacitar a periodistas en Puerto Rico y el Caribe, y de litigar por el acceso a documentos públicos. Contamos con un equipo de cinco periodistas que por los pasados cuatro años se han dedicado permanentemente a investigar el proceso de recuperación tras los huracanes Irma y María.

Dada la limitación de tiempo y que nuestros reportajes de los últimos cuatro años están disponibles en internet y dan cuenta de muchas violaciones de derechos civiles, hoy me centraré en eventos muy específicos tras bastidores, que dan una idea de los desafíos que hemos enfrentado como periodistas mientras investigamos el proceso de recuperación y que muestran los problemas sistemáticos que enfrentamos, dada nuestra relación colonial con Estados Unidos.

En junio de 2020, el Departamento de Salud de Puerto Rico informó al CPI que habían entregado a la agencia local de Manejo de Emergencias información sobre el número de personas dependientes de electricidad en cada municipio. Esta información provino de la base de datos federal denominada emPOWER Map, y debía ser entregada a los alcaldes.

Sin embargo, la información compartida no incluía los nombres de los pacientes ni sus direcciones, porque, según dijo el Departamento de Salud al CPI, de conformidad a un MOA (Memorando de Acuerdos), esta información debería entregarse después del desastre, porque había que proteger la información privada. Esta directriz es una gran contradicción con la lógica de, como sugieren todos los protocolos, trasladar a las personas que dependen de la electricidad antes de que llegue un huracán de categoría 5, como un mecanismo de preparación y anticipación de tragedias y muertes.

Para tratar de comprender cómo el programa federal emPOWER Map recopiló esta información, el 25 de junio de 2021 el periodista del CPI Eliván Martínez presentó ante el Departamento de Salud federal (HHS) una solicitud al amparo de la Ley de Libertad de Información (FOIA) la cual pedía:

● Correos electrónicos y cartas en las que el Programa emPower comunicó a funcionarios del Gobierno de Puerto Rico sobre la plataforma de mapas emPower.

● Fechas de los eventos de capacitación y nombres de los funcionarios públicos puertorriqueños participantes.

● Fechas en las que el equipo de emPower apoyó al Departamento de Salud de Puerto Rico con conocimiento de la situación y herramientas de Información Tecnológica (IT) para identificar a las poblaciones dependientes de la electricidad.

● Informes y planes de mejoras o acciones correctivas del programa en Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses desde enero de 2017 hasta la fecha de producción.

El HHS denegó nuestra solicitud de trámite expedito, a pesar de que somos una entidad de prensa, que cualifica para ello, y estábamos en medio de la temporada de huracanes, lo que demostraba la urgencia. Hasta ahora, el Departamento de Salud federal no ha entregado la información solicitada, violando todo el debido proceso que supuestamente está garantizado por el FOIA.

En un esfuerzo separado, presentamos otra solicitud al amparo del FOIA dirigida a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), adscrita al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), con fecha del 26 de febrero de 2021. Habíamos entrevistado a varios empleados de FEMA en la oficina de recuperación de Puerto Rico que habían presentado querellas sobre acoso sexual y laboral, y nos dijeron que nada había ocurrido respecto a sus superiores. En la solicitud bajo FOIA estábamos buscando todos los datos desglosados ​​disponibles presentados en el informe público trimestral sobre querellas y notificaciones por discriminación laboral en FEMA para los años 2015 a 2021, incluyendo los datos sobre el origen de estas querellas desglosadas ​​por región, estado y territorio. La solicitud de información fue denegada porque “No se localizaron datos de respuesta. OER no rastrea las quejas de esta manera y, por lo tanto, no mantiene dichos registros en respuesta a su solicitud”.

Sin embargo, unos meses después, una auditoría realizada por la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional analizó 305 quejas sobre acoso sexual al evaluar 7,000 documentos internos de FEMA fechados entre 2012 y 2018. Encontró que, en sus operaciones en los Estados Unidos y sus territorios, FEMA no siempre informó e investigó adecuadamente a nivel interno las acusaciones de conducta sexual inapropiada, incluyendo las de agresión sexual, insinuaciones sexuales no deseadas y comentarios sexuales. Esta información que utilizaron para esta auditoría es exactamente el tipo de información que el CPI había solicitado.

Persistimos y presentamos en octubre otra solicitud bajo FOIA, pidiendo un desglose de los lugares del origen de las 305 denuncias que identificaron en la auditoría de la OIG de 2021. Todavía, hasta ahora, no hemos recibido respuesta.

En Puerto Rico, tenemos un derecho constitucional de acceso a la información. Aunque está lejos de ser perfecto, el CPI acude a los tribunales para presentar este tipo de peticiones que acabo de describir y, generalmente, en semanas o meses, obtenemos la información. En mi opinión y experiencia, los problemas de obtener información al amparo del FOIA son reales y obstaculizan constantemente el poder fiscalizar y lograr la rendición de cuentas en relación con el proceso de recuperación. He estado en conferencias y talleres sobre el FOIA y no escucho estas historias por parte de periodistas de los Estados Unidos.

Por otra parte, son muchas las horas que invertimos para recopilar la información y rastrear los fondos de recuperación asignados por el gobierno federal. La ausencia de un lugar único, centralizado y actualizado es solo una de las principales dificultades. Las fuentes se encuentran dispersas y recogen los datos de diferentes formas, incluso durante los mismos periodos de tiempo, generando desconfianza y confusión.

En muchas ocasiones, las bases de datos de FEMA están más actualizadas que las de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia de Puerto Rico (COR3). Pero el portal del COR3 ofrece ciertos datos que FEMA omite, por ejemplo, la cantidad gastada en cada proyecto. El COR3 también muestra los nombres de los contratistas, aunque los elimina cuando se descarga el archivo en formato Excel.

Aunque el portal web del COR3 muestra los fondos de recuperación asignados por otras 18 agencias federales, no indica cuáles entidades del Gobierno de Puerto Rico los han recibido. Para los fondos de mitigación y recuperación de desastres de HUD, conocidos como CDBG-DR y CDBG-MIT, se usan los informes en PDF de HudExchange. Igualmente, los detalles de las partidas no siempre coinciden.

El sitio web del Grupo de Liderazgo de la Función de Apoyo a la Recuperación, que vincula a varias agencias federales, muestra los montos que se han asignado, comprometido y desembolsado. Sus datos no coinciden con lo que muestra COR3. Además, algunas herramientas no funcionan y los datos que se descargan para ciertas categorías no han sido actualizados y tienen meses de atraso.

Por último, pero no menos importante, como deben saber, por primera vez, FEMA ha aplicado a toda una jurisdicción, Puerto Rico, una disposición de la Ley Stafford sobre Asistencia para Desastres y Emergencias que se incluyó como una enmienda después del huracán Sandy en 2013. Desde entonces, solo se había aplicado para desarrollar 258 proyectos en 28 estados. Fue impuesta a los funcionarios del Gobierno de Puerto Rico por la administración Trump, como reveló hace unos meses nuestra reportera Cristina del Mar Quiles. La sección 428 permite la reconstrucción de una manera más fuerte y resistente. Pero la Sección 428 establece que si los costos aumentan después de que se aprueban los estimados, los gobiernos municipales serán responsables de pagar los gastos adicionales incurridos. En esos casos, FEMA no desembolsará fondos adicionales. Esto se ha convertido en un gran escollo en el camino, como han confirmado varios alcaldes al CPI. Hemos informado extensamente sobre los problemas con este experimento de la Sección 428, pero todavía, el plan trazado para el proceso de recuperación carece de claridad y transparencia. Lo mismo ocurre con parte del dinero para la red eléctrica, que aún no sabemos exactamente cómo se utilizará.

Vieques es otro caso en el que el proceso de recuperación muestra lo peor de la burocracia y la falta de coordinación e imposición de decisiones federales que no están justificadas. Primero, recortaron el monto original estimado para el establecimiento de unas facilidades hospitalarias, más tarde, decidieron que no sería un hospital, sino solo un centro de salud. Un contratista relacionado con esta construcción  dijo, en relación al proceso, que la dinámica de trabajo entre FEMA y COR3 es el principal obstáculo para avanzar. “Lo que está sucediendo aquí es que todo el programa, todas las directrices y procedimientos, se desarrollan entre FEMA y COR3 y no hay participación de los subreceptores”, dijo.

Nuestras solicitudes de entrevistas a agencias como FEMA y HHS tardan semanas o más en ser concedidas, si es que las conceden, o recibimos respuestas genéricas y poco claras cuando preguntamos sobre estos temas.

Esto no es un Muro de los Lamentos. Es una breve selección de los retos que hemos enfrentado al reportar sobre la rendición de cuentas en los últimos años y, en mi opinión, demuestran ausencia de empatía, falta de urgencia y, en muchos casos, un absoluto desprecio por parte de las agencias federales en relación a los asuntos apremiantes de Puerto Rico.

3 thoughts on “CPI ante la Comisión de Derechos Civiles de Estados Unidos

    • Contundente y bien claro. Así es que se hace periodismo puro!! Estamos en buenas manos, Gracias a todos ustedes por la gran labor y responsabilidad para con nuestro pueblo!

  1. Luego del Huracan Maria… Los Hoteles Sacaron a los Puertorriqueños de Sus Habitaciones Para Llenarlos de Empleados de FEMA. Todos los Vehículos 4 x 4 Fueron en la Isla le Fueron Negados a los Puertorriqueños Para Ser Alquilados a Empleados de FEMA. Finalmente FEMA Negó los Pagos del 95% de las Reclamaciones. La Gente que Consintió Este Tipo de Trato… Se Merece Estar Donde Esta.

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