Periodistas van al tribunal para lograr acceso a datos sobre la renegociación del contrato entre AES y la AEE

COMUNICADO DE PRENSA

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La Autoridad de Energía Eléctrica no ha entregado todos los documentos solicitados.

Foto por Nahira Montcourt | Centro de Periodismo Investigativo

El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) y el periodista Omar Alfonso, editor del periódico regional La Perla del Sur, radicaron este martes un mandamus sobre el derecho constitucional de acceso a la información pública para exigir que le entreguen información relacionada a la renegociación del contrato entre la empresa carbonera AES y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). 

En octubre del 2021, en coordinación con Omar Alfonso, el CPI solicitó a la AEE la propuesta de un memorando de entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés) que fue enviado por Jesús Bolinaga, presidente de AES, al entonces presidente de la Junta de Gobierno de la AEE, Ralph Kriel Rivera. Este MOU le fue entregado al CPI en octubre. 

Pero el documento hace referencia a dos cartas con información complementaria con fecha del 11 y 25 de agosto del 2021, que no fueron provistas. El CPI y Omar Alfonso solicitaron desde octubre copia de las cartas a la AEE y al Negociado de Energía, pero no le fueron entregadas a pesar de múltiples gestiones de seguimiento. 

El recurso legal presentado el martes nombra a Josué Colón, director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica y a Fernando Gil Enseñat, presidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, así como a Edison Avilés Deliz, presidente del Negociado de Energía de Puerto Rico, como los funcionarios que deben entregar los documentos solicitados. 

El periodista Omar Alfonso, quien desde el 2015 ha investigado el impacto de las cenizas de carbón de AES en las comunidades y el ambiente de la zona sur, mencionó que “resulta inconcebible que un acuerdo de esta magnitud se aborde a espaldas del país y sin discusión abierta. La participación activa de quienes sufren las consecuencias directas de la contaminación ambiental se sabotea cuando la información no está disponible”.

“El acceso a información pública es todavía un gran reto para la ciudadanía y para la prensa, y el CPI va a agotar todos los remedios disponibles para lograr que los funcionarios públicos reconozcan y respeten este derecho fundamental en un país que aspira a ser democrático”, afirmó la directora del CPI, Carla Minet. 

Los demandantes son representados en este caso por la Clínica Legal de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana y sus abogados Luis José Torres Asencio y Steven Lausell Recurt.

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