Desde que declaró ante el Departamento de Justicia que ha sido objeto de represalias en el Departamento de Educación (DE), la empleada pública Marily Zayas Torres ha cobrado tarde la mayoría de sus quincenas, al punto que le faltó el dinero para comprar un regalo para su hijo en su cumpleaños número 15.

La mujer jefa de familia, de 44 años, ha estado agotando sus licencias de vacaciones y enfermedad porque en el DE no le permitían hacer sus funciones, alegó en entrevista con la Unidad Investigativa de Género, una alianza entre Todas y el Centro de Periodismo Investigativo (CPI).

Zayas Torres dirigió, de forma interina, la Oficina de Recursos Humanos en la Oficina Regional Educativa (ORE) de Bayamón durante casi cinco años, desde el 1 de octubre de 2017 al 8 de marzo de 2022. Es una de las 15 personas que, en mayo de 2022, declaró bajo juramento en contra del ex subsecretario asociado, Héctor Joaquín Sánchez Álvarez. Sus alegaciones incluyeron también a la exsuperintendente de la ORE de Bayamón, Yanira Raíces Vega, hoy secretaria designada de Educación nominada por el gobernador Pedro Pierluisi.

El 4 de marzo de 2022, a las 9:47 a.m., Raíces Vega la llamó, en conferencia con Sánchez Álvarez, quien le preguntó directamente por los nombramientos de tres auxiliares administrativas de Orocovis, que no habían sido aprobados y remitidos a la secretaría auxiliar de Recursos Humanos, a nivel central. 

Este puesto transitorio tiene un salario de entre $1,407 a $1,735 mensuales, según la convocatoria. 

Zayas Torres recordó que, en la llamada, le contestó al entonces Subsecretario que ya había nombrado a todos los que cumplían con los requisitos, y los que incumplían no podían ser nombrados. Supuestamente, él le dijo que “no podía ser una piedra en el camino”, según la querella que ella presentó ante el DE. 

¿Secuencia de represalias?

Tan solo cuatro días después de esa llamada, Raíces Vega la llamó a una reunión para indicarle que, a partir del día siguiente, Duhamel Adames Rodríguez la sustituiría en su puesto como director interino de Recursos Humanos. Raíces Vega supuestamente le indicó que seguía instrucciones de Sánchez Álvarez, según su declaración jurada. 

“Me retiraron todos los accesos y todos los permisos [de la computadora]. No tenía acceso a nada. Como especialista, tengo que tener acceso a Kronos, Staff, a la plataforma de Recursos Humanos, SEPI [Sistema Electrónico de Personal Irregular]. No podía ni cotejar las pruebas de dopaje. Aunque me hubieran quitado de directora interina, comoquiera era especialista de Recursos Humanos, que me corresponde tener los accesos”, alegó Zayas Torres. 

Adames Rodríguez fue director de la Escuela Pedro Albizu de Toa Baja, a quien Raíces Vega trajo a la ORE de Bayamón como su ayudante. Además, ha tenido puestos políticos del Partido Nuevo Progresista desde hace, al menos, 20 años. Según él mismo ha informado en entrevistas de medios de comunicación, desde 2001 ha sido comisionado electoral del Precinto 18, fue legislador municipal de Vega Baja, y trabajó como director de la oficina de la exrepresentante por el distrito representativo 11 (que incluye a Vega Alta, Vega Baja y Dorado), María Vega Pagán. En 2014, comunicó su aspiración para un puesto de legislador por distrito, pero no llegó a ser candidato. 

Con la designación de Raíces Vega como secretaria de Educación, Adames Rodríguez pasó a ocupar su posición como superintendente regional interino de Bayamón. 

Al contactar a Adames Rodríguez a través de su teléfono celular, este no respondió la llamada ni un mensaje de texto. Tampoco respondió un mensaje a su correo electrónico oficial.

Sobre estos hechos, Raíces Vega contestó por escrito a la Unidad Investigativa de Género que los nombramientos de su personal de confianza en la región “se basaron en la búsqueda de eficiencia para las áreas; bajo ningún concepto respondieron a represalias”. 

En entrevista con este medio, la otrora profesora universitaria y doctora en Administración Pública, Palmira Ríos González, comentó que este caso “es un ejemplo más de que cuando se enfrentan el principio de mérito y la politización, prevalece la politización sobre el principio de mérito”, algo que entiende se debe prevenir mediante políticas públicas más claras. 

Nombramiento apadrinado

Como parte de la investigación penal que inició en julio de 2022, la fiscal de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia, Tamara Martínez Rosado, hizo una requisición de documentos y encontró que la solicitud de Laura D. Santiago para el puesto de auxiliar administrativa de Orocovis — que estaba en controversia — mostraba una nota adhesiva que decía que ella había sido recomendada por el alcalde de Orocovis, Jesús Colón Berlingeri, según la resolución del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (FEI). Santiago tenía solo cuarto año de escuela superior, por lo que no cumplía con el requisito mínimo de grado asociado para ser auxiliar administrativa.

Abordado por este medio, Colón Berlingeri dijo que “toda persona que me pide endoso [para un puesto], la endoso”. Asimismo, hizo saber que el personal de la ORE de Bayamón típicamente le pide su opinión sobre las vacantes en las escuelas en Orocovis. 

Raíces Vega indicó por el contrario que la selección de puestos se basó “en los méritos, conocimientos, experiencia y preparación de las personas no por recomendaciones de alcaldes o legisladores”.

Este es el único puesto que permaneció vacante en la ORE de Bayamón para el cual se volvió a abrir convocatoria en julio de 2023, en la Escuela Ángel Rafael Díaz Colón de Orocovis. Los requisitos mínimos son tener un grado asociado de una universidad acreditada y un año de experiencia en funciones similares.  

El Panel sobre el FEI encontró, en su resolución del 4 de abril, que Sánchez Álvarez no ejerció influencia indebida ni intervención indebida, pues “nunca le ordenó que los solicitantes fuesen reclutados, aunque incumplieran con los requisitos mínimos. Tampoco le pidió que llamara a algún político sobre ese asunto”.

Las alegadas represalias

Zayas Torres recuerda que, posterior a que la removieron del interinato, estuvo dos semanas mirando la pantalla de la computadora, sin poder hacer sus tareas y sin acceso a las plataformas de Recursos Humanos, por lo que decidió agotar sus licencias.  “¿A qué iba a ir? A mirar una computadora… no estoy dispuesta a eso, eso es robarme el dinero”, explicó en entrevista.

Sin embargo, tanto el Panel del FEI como el Departamento de Justicia determinaron que no hubo represalias. “Cuando Ia especialista Zayas Torres regresó a su puesto de carrera, no sufrió cambio de salario, beneficios, horarios ni ubicación. Se mantuvo en la misma oficina y la misma compensación, debido a que el aumento salarial que recibió no estuvo basado en su posición de directora. La especialista Zayas Torres no tenía una expectativa de propiedad en el puesto de directora, ya que estaba en un interinato”, lee la resolución del Panel sobre el FEI, con fecha del 4 de abril de este año.

“Claro que hubo represalias… Todas esas son represalias”, reaccionó Zayas Torres en cuanto a la limitación de funciones. 

Dijo que decidió registrar las horas contra su balance de vacaciones y enfermedad. “Tuve que comenzar a agotar todo mi balance”, mencionó. A pesar de que su abogado ha intentado varias comunicaciones con el DE, ella dijo que no le han atendido, por lo que no le queda otro remedio que solicitar una licencia sin sueldo.  

“Yo soy divorciada, jefa de familia. El único sustento que tengo para mi casa es mi trabajo. Esta quincena, fue el cumpleaños de mi hijo: ¡15 años! Pero, al contrario, no cobré”, lamentó. Cuando se le preguntó si le había podido comprar un regalo a su hijo de cumpleaños, contestó: “Nada”.

Describió como otra represalia el haber recibido cartas de descuento de salario porque su supervisora alegadamente no le aprobaba la licencia. Esto comenzó a ocurrir poco después de que hizo el 20 de mayo de 2022 una querella sobre estos eventos en el DE, la cual se refirió a Justicia. 

Zayas Torres recibió, al menos, seis notificaciones de descuento de pago a partir de septiembre de 2022. 

A modo de ejemplo, el 24 de febrero de 2023, la secretaria auxiliar interina de Recursos Humanos, Marlene Rosa Medina, le envió a Zayas Torres una notificación de descuento salarial de $2,035, “por no haber sometido o recibido aprobación de justificación por parte de su supervisor” para el registro (contra el balance de licencias) de 82.3 horas de trabajo en la quincena finalizada el 15 de febrero de 2023.

Las citaciones de Justicia para que acudiera como querellante y testigo se habían hecho para el 9 de noviembre de 2022, y para el 6 de diciembre de 2022 para la toma de una declaración jurada.

“No he podido regresar a trabajar porque tengo miedo de que tomen represalias”, comentó la mujer en conversación con la Unidad Investigativa de Género, en agosto. “Si se prestaron para eso, se pueden prestar para cualquier cosa”, agregó.

Experiencia y compromiso: “Nada de eso importó” 

Zayas Torres comenzó su carrera en el DE como auxiliar de servicios generales por contrato, en 1997. Tres años después, obtuvo la permanencia como Oficinista II, durante la administración del exgobernador Pedro Rosselló González, según la certificación del Archivo de Personal No Docente. Seis años después, ascendió a Oficinista III. En marzo de 2009, pasó al servicio de confianza como ayudante del Secretario Auxiliar de Servicios Auxiliares, donde estuvo hasta que en enero de 2013 entró la administración del Partido Popular Democrático. En septiembre de 2017, compitió y fue ascendida a Especialista de Recursos Humanos, puesto que mantiene al día de hoy.

“Mi madre murió el 4 de julio de 2021. Al 6 de julio, la velé y al día siguiente, ya estaba en el trabajo porque había líneas de tiempo establecidas y había que hacer entrevistas. Nada de eso importó. ¿Por qué? Porque no me presté para el chanchullo”, añadió.

El chanchullo al que se refiere es a la petición de nombrar a alguien que no cualificaba, por la mera exigencia o arbitrariedad de sus supervisores.

El Panel sobre el FEI encontró, tras examinar el expediente remitido por Justicia, que el nombramiento interino de Zayas Torres “no constaba en la Oficina de Recursos Humanos a nivel central del DE por lo que para efectos del DE no existía”, algo que sorprendió enormemente a la empleada. “Ese memorando [que comunica a todo el personal el nombramiento interino] estaba en mi expediente. Incluso, para darme los accesos tienen que tener esa comunicación del nivel central”, explicó la mujer. 

El 1 de octubre de 2018, Raíces Vega emitió un memorando al personal de la ORE de Bayamón y el DE notificando que Zayas Torres ejercerá las funciones de directora interina de Recursos Humanos, “hasta nueva notificación”. La entonces secretaria auxiliar de Recursos Humanos del DE en el nivel central, María Franco, solicitó, a su vez, al Centro de Cómputos aquellos permisos o accesos a las plataformas digitales que le corresponden por su nombramiento.

Los directores de Recursos Humanos que le sucedieron en la ORE de Bayamón — Duhamel Adames y Ernesto Toro — son directores escolares, sin experiencia como especialistas de Recursos Humanos. Los requisitos de los puestos se supone que los establezca el Plan de Clasificación, pero el DE no entregó copia de este documento a la Unidad Investigativa de Género al momento de publicación de esta historia. 

Previo a este incidente, en 2021, Zayas Torres había aprobado satisfactoriamente la probatoria de dos años para la plaza de carrera como Especialista en Recursos Humanos I, una plaza para la cual hubo convocatoria abierta y ella compitió. El 8 de septiembre de ese año, la entonces secretaria auxiliar de Recursos Humanos, Frances Pelet Román, firmó el informe que certificaba que la empleada había pasado de estatus probatorio a regular. La evaluación final que hiciera Raíces Vega, ese mismo día, indicaba que había sobrepasado lo requerido en los 14 criterios para la evaluación de su ejecución.

El efecto desigual de la politización

Si bien la politización y el discrimen político afecta a todos los empleados indistintamente el género, estas prácticas ilegales -pero legitimadas culturalmente- tienen mayor impacto sobre ciertos grupos vulnerabilizados, entre ellos, las mujeres. “Pone a la mujer, sobre todo si es jefa de familia, que probablemente es la única fuente de ingreso de esa familia, en la posición más precarizada”, opinó Ríos González. 

La mayor parte de los empleados públicos son mujeres. En el DE, el magisterio de las escuelas públicas está compuesto en un 80% por mujeres, según datos que la agencia proveyó al Instituto de Estadísticas de Puerto Rico. 

“La perspectiva de género es entender qué impacto va a tener una decisión sobre estas trabajadoras. La politización está añadiendo otra capa de discrimen y de precarización de las mujeres. Va a dificultar el ascenso por mérito y por trabajo; va a afectar la evaluación correcta de las competencias y capacidades”, añadió Ríos González.

Además, agregó que, como existe una actitud generalizada de que las mujeres van a seguir órdenes, “cualquier resistencia [de una mujer] va a tener una repercusión mucho más fuerte. Es una actitud patriarcal que todavía prevalece en el servicio público”.