San Juan, PR – El Tribunal de Primera Instancia en San Juan recibió ayer una petición de mandamus del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) para que ordene a Manuel Cidre Miranda, secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), entregar la base de datos que dio pie al más reciente informe presentado por el Gobierno sobre el impacto de incentivos económicos bajo la Ley 60 de 2019, que incluye la antigua Ley 22 de 2012 para Incentivar el Traslado de Inversionistas a Puerto Rico, así como la lista de entidades sin fines de lucro que recibieron donativos de inversionistas beneficiados por este incentivo contributivo.
Después de más de cuatro meses de la solicitud del periodista Luis Valentín para que se entregue la base de datos que dio pie al estudio Rendimiento de los incentivos económicos: evaluación de datos y análisis del retorno de la inversión (ROI), el DDEC no ha entregado la información. Cuando se presentó este informe, el Secretario de la agencia dijo: “Este estudio refleja los resultados del retorno de inversión de los incentivos. Aunque la agencia había realizado otros estudios, nunca había recopilado y creado una base de datos tan robusta como la de este análisis en el que se utilizaron declaraciones de impuestos estatales y municipales, informes de planillas de empleo, informes anuales y datos de los beneficiarios de los programas. Este tipo de esfuerzo se convierte en un instrumento esencial para la toma de decisiones de política pública y para el monitoreo y la fiscalización de los incentivos”. Es de ahí que surge la importancia de conocer los datos que se usaron para elaborar el mismo y que fueron solicitados por el CPI.
Por otra parte, transcurridos más de cinco meses desde la otra solicitud de información, “el DDEC sólo ha entregado la información responsiva a dos de los cinco años solicitados para los donativos a organizaciones sin fines de lucro”, indicó Carla Minet, directora ejecutiva del CPI. Esta solicitud a la agencia estaba basada en que la Ley para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico, conocida como la Ley 22 de 2012, que luego fue incorporada al Código de Incentivos o Ley 60 de 2019, impone requisitos y responsabilidades a los inversionistas que se acogen a sus beneficios contributivos.
El CPI pide al Tribunal de Primera Instancia que “ordene a la agencia cumplir inmediatamente su deber ministerial de entregar, libre de costo, la información requerida por el periodista” Valentín Ortiz al amparo de la Ley 141-2019, la Carta de Derechos de nuestra Constitución y la jurisprudencia y tratados internacionales.
El Centro es representado en este caso por la Clínica de Acceso a la Información de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana y sus abogados Luis José Torres Asencio, Judith Berkan, y Steven P. Lausell Recurt, con la asistencia de la estudiante de Derecho, Gabriela Rolón Ojeda.
Lee la Petición de Mandamus:
La corrupcion en Puerto Rico tiene licensia.
Porque ustedes no se preocupan por los corruptos que gobiernan nuesta Isla?
No se preocupen por el Presidente de los EUU por el cual no botan, para que??
Estamos podridos en la corrupccion.
Gilma Dapena de Hutt
Imaginar si el Cidre hubiese sido Gobernador. Que Maduro!
Claro, el no toma esas decisiones solo. Del agua mansa que parecía resultó ser agua viva. Cuidado con los sonrientes q hablan mucho y se comprometemos poco, no sea q por huir de diz agua brava, nos arrastre lobos vestidos de ovejas.
En mi opinion, nuestra Patria necesita de muchos periodistas, con valores y conciecia social analitica,sin prejuicios. Que nos represente dignamente. GRACIAS!!
Felicito al CPI por su valentía de sacar información que de otra forma el publico no se podría enterar
👍
La corrupción tiene nombre y apellido y se llama PNP
Bendito sea dios, Estos pillos siguen siendo pillos de todad formas
Es difícil de creer, después que los puertorriqueños les abreviaron las puertas a individuos como Manuel Cride que salieron corriendo de 🇨🇺 estén en PR comportándose como unos traidores y destrozando la confianza que les brindamos, merece el exilio de nuestro país o la Cárcel y votar la llave.
Creo en el periodismo comprometido con “La Verdad”! Votamos por personas comprometidas con un partido político, cuyo norte es la ambición de quienes han estado en la cúpula; utilizando el miedo y el engaño para manipular a un pueblo que, cada vez se hunde más en la ignorancia… Todo, es parte de un enorme plan que tiene la base en un proceso disfrazado de “democracia”: el proceso eleccionario!
Todo se quiebra, sea por una u otra causa y en este escenario, ya vemos tantas grietas que será imposible ocultarlas!
Por ésto, apoyo al CPI!
Q tumbe!
Investiguen como él le vendió a Santos Alonso, dueño de Mr Special, un terreno en un área comercial en San Germán por 150 mil$. Que a mi juicio su valor ronda entre 3 a 4 millones. Ahora está construído el supermercado en el terreno. Y con fondos públicos, el alcalde le dedicó un muro cultural en el estacionamiento.
Cidre, el señor de origen cubano que siempre se ha opuesto al salario mínimo para los trabajadores. Se ve que le encanta la libertad financiera, para él.