Estamos a punto de ir a las urnas en medio de la peor crisis en la historia de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE). Una crisis de gobernanza, anclada en la aprobación, con una aplanadora, de un Código Electoral que ha favorecido de manera desproporcionada al Partido Nuevo Progresista ya en dos elecciones consecutivas. Ese nuevo código, combinado con el nombramiento de presidentes de la CEE que no han sabido prepararse para manejar la implementación de nueva tecnología y hacer a tiempo el trabajo de fondo para darnos un proceso limpio y confiable, nos han traído a un punto muy desdichado de nuestra historia electoral. Un momento en que muchos hemos llegado a temer si podremos ejercer nuestro derecho al voto, esencial en los países con aspiraciones democráticas.
Y es que da miedo no saber si aceptaron tu cambio de dirección, porque nadie te avisa si la plataforma funcionó cuando hiciste el trámite y ya cerraron el proceso. Da miedo que te recusen y no poder defenderte porque no te avisan la fecha para la única vista en la que puedes impugnar esa exclusión del Registro Electoral. Da miedo que tu familiar fallecido esté en una lista de electores identificado como activo, o peor aún, como que votó en la pasada elección, cuando ya había muerto, y que la CEE te diga que no puede hacer nada. Todas estas situaciones son atentados contra nuestro derecho al voto, uno de los más preciados. Y no las debemos minimizar, ni permitir.
Los botones de muestra de las ineficiencias de la CEE, planificadas o no, son demasiados. Por primera vez hemos visto:
- Un proceso de inscripción de electores más corto que años anteriores, fragmentado, y que eliminó casi por completo la educación electoral en escuelas y universidades; con una plataforma que costó $3.7 millones en fondos públicos y que está plagada de errores
- Un Registro General de Electores que mantiene a personas que fallecieron, muchas muertas hace años, y algunas que aparecían votando en alguna de las últimas dos elecciones
- La decisión arbitraria de ampliar, a última hora, el voto adelantado a personas menores de 60 años y sin exigir que demostraran que tienen algún impedimento o dificultad para llegar a su centro de votación hoy
- Que se añadiera un “voto viajero”, que permitió votar por adelantado a poco más de 9,000 electores, sin tener que evidenciar que, en efecto, estará de viaje
- El atraso en hacer las pruebas de precisión a las máquinas de escrutinio electrónico, para avisar dos días antes de las elecciones que no leen la “X” sobre la cual se montó una millonaria campaña publicitaria
- No realizar el simulacro electoral acostumbrado, sin explicaciones, lo que hubiera puesto de relieve muchos de los problemas que ahora estamos viendo
Todos cometemos errores. Pero es que los de la CEE son tantos y tan seguidos que llegan a hacer pensar que puedan ser por diseño.
El trabajo de fiscalización que ha hecho el Centro de Periodismo Investigativo hacia la Comisión Estatal de Elecciones es fundamental para las aspiraciones democráticas de los puertorriqueños. Lo pudo haber hecho la legislatura de turno, controlada por el Partido Popular Democrático (PPD), pero no pasó. Lo pudo haber hecho el Departamento de Justicia, pero apenas se han realizado investigaciones sobre asuntos electorales en la pasada década.
El Departamento de Justicia pudo haber tomado conocimiento hace semanas de estas irregularidades y comenzado una investigación. No lo ha hecho.
Los periodistas no estamos para hacerle el trabajo a las agencias del Gobierno. Pero las pistas para que hagan su trabajo están ahí, en las historias. De la misma manera en que hace un par de años el secretario de Justicia Domingo Emmanuelli dijo que inició una investigación sobre el Comité de Ricardo Rosselló — que nunca concluyó — por una información que vio en el programa Jugando Pelota Dura, pudo haber hecho lo mismo con las denuncias reveladas por el CPI. De hecho, está a tiempo de hacerlo.
En respuesta a la fiscalización del CPI, la presidenta alterna de la CEE, Jessika Padilla, decidió que se debían dedicar recursos públicos a investigar a las periodistas Wilma Maldonado Arrigoitía y Omaya Sosa Pascual, que denunciaron los serios problemas del proceso electoral, e hizo un referido al Departamento de Justicia.
Éste es un ataque inaceptable al trabajo de fiscalización que hemos venido haciendo por los pasados meses. Hemos revelado serias deficiencias en los procesos electorales y eso ha requerido que la Presidenta Alterna tenga que contestar múltiples cuestionamientos sobre la pureza de nuestro sistema electoral de cara al 5 de noviembre. Nuestro trabajo no es hacer relaciones públicas, es investigar, identificar fallas que deben atenderse y explicarlas al País.
Lo único que hubiera sido ilegal es que el CPI entrara en la Comisión Estatal de Elecciones como ladrón en la noche a robar computadoras o información, o que hubiéramos amenazado a alguien para que nos entregara la información. Nada de eso pasó aquí. Una fuente, voluntariamente, preocupada por las irregularidades en el Registro Electoral, nos entregó información que nosotros investigamos y corroboramos con entrevistas y testimonios. Ese es el trabajo esencial de la prensa.
La CEE debe centrarse en contestar las denuncias que se han hecho. Aquí algunas para que podamos retomarlas después del evento electoral:
1. ¿Por qué se entregó a decenas de candidatos una versión del Registro Electoral que tiene más de 900 mil electores fallecidos?
2. ¿Por qué los más de 5 mil fallecidos que aparecen activos o votando en 2016 y 2020 no se han eliminado completamente y clasificado como excluidos, lo que en teoría, les permitiría además “votar” de nuevo hoy?
3. ¿Por qué hay 52 listas de electores “extraviadas” de 2020 y otras 36 de 2016? ¿Cuántos electores estaban en las listas “extraviadas”? ¿Cómo ocurre esto? ¿Por qué la CEE no había hecho público este problema? ¿Por qué no se usó una categoría distinta, como por ejemplo “incierto”, para catalogar a las personas que estaban en esas listas perdidas, en vez de catalogar a estas personas como activas, y más aún, como votando en las pasadas elecciones, cuando esto es, en muchos casos, falso? ¿Qué provisiones ha tomado la CEE para que esto no ocurra este 5 de noviembre?
Que los hallazgos de las investigaciones del CPI incomoden a la Presidenta Alterna de la CEE no debe ser motivo para dedicar recursos públicos a perseguir a las periodistas. Es un abuso de poder y habla de la ausencia de prioridades en esa institución. Este esfuerzo de intimidarnos no ha rendido frutos. Hemos continuado nuestra fiscalización a pesar del intento de amedrentarnos. Y estamos listos para enfrentar cualquier proceso y, por supuesto, decididos a proteger a toda costa nuestras fuentes de información.
Para algunas personas, estas irregularidades en la CEE pueden crear una actitud de hartazgo, frustración, incluso cinismo ante los procesos electorales.
Hoy les hago un llamado directo y urgente: hay que ir a votar, a pesar de la CEE. No nos dejemos amedrentar, no nos dejemos vencer. Estas ineficiencias tienen que motivarnos a ser agentes de cambio, escoger a personas que estén comprometidas con atender con seriedad estos problemas y tantos otros que tiene el país.
Vamos a exigir hoy un proceso electoral limpio y transparente. El voto es un mecanismo importantísimo para lograr esas aspiraciones.
Cuando el bipartidismo era rey, el proceso era envidiado por otros países. Desde que “los de abajo” avanzan, ahora el caos es la constante. Además, hemos aprendido demasiadas malas mañas de los yanquis, quienes no creen en la democracia y todavía los endiosamos. Los populares acapararon la Asamblea Legislativa prometiendo acabar con la ley electoral Wanda-Schatz … por supuesto, no cumplieron y ahora se preguntan por qué la baja en apoyo. Desde los tiempos de David Noriega se hablaba de una organización de ciudadanos especializada en procesos electorales y educada continuamente para bregar con la implantación de la tecnología, los cuales garantizarían la pureza del proceso y que se hicieran simulacros a seis meses de los comicios. Soy un viejo quien tiene la esperanza de que la juventud futura pueda hacer estos procesos con el compromiso de “mano da”… el contrato de la gente decente y que los trucos neoyanquis se acaben. Estudiar lo que fue el Tammany Hall, lo de sacar gente del padrón sin justificación alguna, el caso People United, el Gerrymandering y todas las trampas yanquis… deberían ser parte del currículo escolar.
Al paso que va el conteo, el PNP se hará con la gobernación y ambas cámaras. Nombrarán contralor y TRES jueces del Supremo. LUMA seguirá aumentando las tarifas. Nadie se queje. Eso fue lo que quiso la mayoría de viejos temblucos que todavía se creen el cuento de que “the Russians are coming” (conste, tengo 75 años, pero no miedo). Ojalá Trump gane allá, para completar el escenario disneylándico…