La determinación del director de la agencia limita la fiscalización ciudadana, advierten las organizaciones que promueven la transparencia y el uso debido de los fondos públicos.
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San Juan, PR – La Comisión Estatal de Elecciones (CEE) tiene múltiples peticiones de información relacionadas con los problemas experimentados durante el proceso electoral sometidas por las periodistas del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) Damaris Suárez y Vanessa Colón Almenas, pero no las ha atendido según exige la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública, por lo cual la organización acudió al tribunal para que se haga entrega de los datos. “Toda la información solicitada es pública y de alto interés para el Pueblo de Puerto Rico. Si se quiere atender la desconfianza de la gente en el proceso electoral, la CEE debe ser transparente y dar la información que se le pide de manera oportuna. La fiscalización de los procesos electorales es esencial en cualquier país para mejorar los procesos democráticos. En este caso, ante un proceso electoral tan atropellado, con tantos retrasos e irregularidades, es indispensable que se apueste a la transparencia para corregir errores”, dijo la directora ejecutiva del CPI, Carla Minet.
El CPI lanzó la plataforma “El Buscador de la Junta” como una respuesta a la falta de transparencia del organismo impuesto por el Gobierno y el Congreso de Estados Unidos. Como parte de la presentación, el jueves se realizó el foro “Los archivos de la Junta al descubierto”.
El país ha estado asistiendo durante los pasados años a una puesta en escena en la cual la Junta de Control Fiscal dice “hay que cortar por aquí” y el Gobierno le dice a la prensa “no voy a cortar”. El resultado neto es que muchos de los recortes en efecto se han dado, se ven y se sienten. Como cuando faltan recursos en el Instituto de Ciencias Forenses para procesar “rape kits”, o cuando se recortaron fondos a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres. También hay recortes menos visibles que pasan factura, como cuando los empleados de una agencia se van retirando y no los reemplazan para “ahorrar”, quedándose personas sin preparación y sin referencias sobre los procesos y los servicios públicos. No son pocos los economistas que han cuestionado la poca transparencia en la metodología usada tanto por el Gobierno como por la Junta para elaborar las proyecciones económicas, los planes fiscales y los presupuestos.
Cuántos policías han sido arrestados por violencia doméstica y agresión sexual o el número de uniformados que han tenido convicciones por violencia de género son datos desconocidos, aunque desde principios de abril fueron solicitados a la Policía por las periodistas Cristina del Mar Quiles y Syra Ortiz-Blanes del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) y de El Nuevo Herald y el Miami Herald, respectivamente. Luego de muchas gestiones de seguimiento infructuosas, ahora la solicitud está ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan tras la presentación este martes de un recurso de mandamus para obtener esta información pública del Departamento de Seguridad Pública (DSP) y el Negociado de la Policía de Puerto Rico. “En tiempos en los que el país se encuentra sumido en una profunda ola de casos de violencia de género, en la que, incluso, el quehacer de nuestras instituciones públicas ha sido cuestionado, pocos temas están revestidos de mayor interés público que el que aquí se ve reflejado en las solicitudes de información objeto del presente recurso”, destaca el mandamus. “Hay acciones del Gobierno de Puerto Rico contra la violencia de género que no tienen que ver con hacer nuevas leyes o hacer nuevos planes, sino con la obligación del mismo Gobierno de cumplir con las leyes vigentes y este es un gran ejemplo. Recopilar y publicar datos confiables y tenerlos disponibles y actualizados es algo que ya es deber de las agencias de seguridad”, destacó Carla Minet, directora ejecutiva del CPI.
