Quedan al alcance del público miles de documentos de la Junta de Control Fiscal

El CPI lanzó la plataforma “El Buscador de la Junta” como una respuesta a la falta de transparencia del organismo impuesto por el Gobierno y el Congreso de Estados Unidos. Como parte de la presentación, el jueves se realizó el foro “Los archivos de la Junta al descubierto”.

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Foro “Los archivos de la Junta al descubierto” para presentar la herramienta “Buscador de la Junta”, archivo único que consolida la mayor cantidad de documentos públicos disponibles sobre la Junta de Control Fiscal establecida en Puerto Rico, en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Foto por Brandon Cruz González | Centro de Periodismo Investigativo.

San Juan, PR – Varios pleitos judiciales y un contundente trabajo de fiscalización del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) a la Junta de Control Fiscal impuesta en Puerto Rico por el Gobierno federal se convirtieron en una nueva plataforma digital con un enorme archivo de miles de documentos y comunicaciones que ahora están accesibles en internet con una útil herramienta de búsqueda.

El CPI presentó “El Buscador de la Junta” para facilitar a todas las personas interesadas en las acciones de la Junta de Control Fiscal en Puerto Rico el acceso a más de 50,000 documentos y más de 100,000 páginas que ofrecen un tracto de su gestión y su relación con el Gobierno.

El Buscador de la Junta” surge como una respuesta del CPI a la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de hace un año, que cerró la puerta a la prensa y la ciudadanía al libre acceso de información de la Junta y su fiscalización. “El lanzamiento de este archivo digital es una de las respuestas a la falta de transparencia de la Junta”, declaró Carla Minet, directora ejecutiva del CPI, al presentar la nueva herramienta digital.

Tras casi seis años de litigio en la esfera federal, la demanda del CPI contra la Junta fue descartada sin entrar en evaluar si el ente creado por el Congreso de Estados Unidos tiene la inmunidad que reclama ante los pedidos del CPI de acceso a su información.

“Si pensaron que iban a reducir nuestro ímpetu de fiscalizar a la Junta, se equivocaron”, dijo la directora del CPI durante la presentación y foro celebrado en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana. El Buscador es el producto de un año de trabajo para hacer disponibles con facilidad documentos con el tracto de las acciones de la Junta en Puerto Rico, hasta donde es posible, a toda la prensa, investigadores, personas que trabajan con política pública, historiadores, y cualquier ciudadano.

Julio Fontanet, decano de la Facultad de Derecho de la Inter, entidad que apoya al CPI en todos sus litigios mediante su Clínica de Acceso a la Información, comentó durante el foro que “si hay algo que nos tiene que haber indignado a los puertorriqueños es la existencia de la Junta”, y estos documentos van a servir para seguir fiscalizando a ese organismo.

El Buscador es un archivo único que agrupa documentos, mayormente en inglés, obtenidos mediante los litigios del CPI y varias páginas web. La plataforma incluye todos los documentos de la página web de la Junta hasta el 5 de marzo de 2024. A diferencia de la página web de la Junta, El Buscador permite hacer búsquedas por fecha, por palabra clave del título y el contenido del documento, explicó Carlos Francisco Ramos Hernández, abogado del Programa de Transparencia del CPI.

Otro de los archivos que se incluyen en El Buscador es el del caso del CPI contra la Junta con todos los documentos que recibió como parte del litigio, incluyendo emails y documentos intercambiados con las agencias del Gobierno. Igualmente, hay un archivo del caso del CPI, Latino Justice y el Center for Constitutional Rights contra el Departamento del Tesoro federal al amparo de la Ley de Libertad de Información sobre los nombramientos de los miembros de la Junta en 2016, incluyendo comunicaciones relacionadas con el reclutamiento de los primeros integrantes del organismo y la discusión de conflictos éticos y de intereses financieros.

El archivo de mayor volumen de documentos, con 29,455, es el del caso federal de quiebra del Título III de la Ley PROMESA, que preside la jueza Laura Taylor Swain, desde mayo de 2017 hasta el 5 de marzo de este año, incluyendo los planes de reestructuración, informes y mociones presentados por las partes en el litigio. El buscador del CPI es más funcional que el docket o legajo del tribunal federal porque permite buscar por palabra clave sin necesidad de descargar el documento primero.

La organización MuckRock otorgó al CPI el Gateway Grant para sufragar en parte la creación de este archivo y motor de búsqueda. Los archivos fueron recopilados y almacenados en una nube en la plataforma DocumentCloud creada por MuckRock. Durante un año se trabajó en su clasificación y organización de forma manual y utilizando herramientas de inteligencia artificial, explicó la oficial del Programa de Transparencia del CPI, Lía Sofía Tavárez.

Pasan balance de la incumbencia de la Junta

Tras la presentación de la herramienta, hubo un foro de discusión en el que participaron Efrén Rivera Ramos, ex decano de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico; Linda Colón Reyes, socióloga; Jocelyn Velázquez, activista; y el periodista del CPI, Luis Valentín.

La ley PROMESA caracteriza a la Junta como un organismo del Gobierno de Puerto Rico, lo que le impone la obligación de actuar con transparencia, dado el derecho constitucional de acceso a la información que rige aquí, apuntó el profesor Rivera Ramos.

“Desde sus inicios, la Junta ha pretendido operar con total opacidad. Hasta su composición y los criterios que se utilizaron, o no utilizaron, para designar los miembros de la Junta, se mantuvieron en la sombra por mucho tiempo y hubo que acudir a litigación para arrojar alguna luz sobre este asunto. Hay que recordar que sus miembros se negaban a ofrecer detalles de sus finanzas personales, cosa que se le requiere a los funcionarios públicos por razones obvias”, señaló el catedrático de Derecho.

“Las determinaciones de la Junta muchas veces, las más de las veces, se han tomado fuera del ojo público. Nosotros nos enterábamos del resultado, sus determinaciones, pero no de sus razones, sus consideraciones, sus discusiones y factores que influían en esas determinaciones. Y para poder acceder a esos procesos de deliberación hubo que también litigar”, agregó Rivera.

La insistencia de la Junta en retener información ha obligado a organizaciones como el CPI a dedicar muchos recursos y tiempo para obtener los datos que necesita el país para fiscalizar su desempeño. “La Junta irónicamente le ha requerido transparencia al Gobierno de Puerto Rico, sin embargo se ha negado a jugar según su propia regla. Se podría decir que la Junta ha sido un pésimo ejemplo de gobernanza democrática”, opinó Rivera Ramos.

Colón Reyes, autora del libro “La herencia de la exclusión” que aborda el impacto en la pobreza de distintas políticas públicas, incluyendo la imposición de la Junta de Control Fiscal en Puerto Rico, opinó que “lo que viene a hacer la Junta es a consolidar un proceso que ya se venía dando en Puerto Rico desde la década de los 90 con la implantación de las políticas neoliberales”. Se refirió a las medidas de privatización y despido de empleados públicos adoptadas por los gobernadores Pedro Rosselló González y Luis Fortuño Burset, que luego se consolidaron en la administración de Ricardo Rosselló Nevárez, apoyadas por la Junta.

“Para todos los efectos es la Junta quien gobierna porque es la Junta la que está decidiendo; la que tiene el control financiero del Gobierno, la que decide dónde se invierte o no se invierte en el país, la que establece cuáles van a ser los recortes. Y son unos recortes que, algunos de ellos, se han podido reducir o minimizar porque la gente está en las calles y la gente está protestando continuamente”, dijo Colón Reyes.

Las consecuencias, según la socióloga, no son solamente económicas o políticas sino también del estado de ánimo, de cómo la gente se siente impotente ante la situación, protestando, llevando casos a los tribunales, gastando recursos, y “perdiendo tiempo en la búsqueda de soluciones respecto a un poder que es totalmente inquisitivo, que no nos deja espacio para buscar alternativas consensuadas”. 

La activista Jocelyn Velázquez, integrante de la Jornada Se Acabaron las Promesas, dijo no sentirse sorprendida de ver en blanco y negro los documentos que confirman muchas de las denuncias que durante los pasados años ha hecho su organización. Explicó que el trabajo de denuncia de la Jornada ha evolucionado desde demostrar que la Junta no cumple la promesa de acabar con los problemas de Puerto Rico, sino que contribuye a ellos, a proyectar al ente como uno dictatorial y exponer que sus decisiones han deteriorado todos los servicios del diario vivir y hacen sufrir al pueblo puertorriqueño. 

Luis Valentín, periodista del CPI enfocado en fiscalizar a la Junta y el proceso de quiebra, apuntó que la cobertura noticiosa de fiscalización a ese organismo ha mermado comparado con sus primeros años, a pesar de que la entidad sigue tomando decisiones diariamente, y el proceso de obtener información es cada vez más complicado.

“Está en ese limbo donde no hay un remedio para los periodistas poder solicitar y obtener esa información pública a pesar de que bajo el ordenamiento de Puerto Rico es pública”, se quejó Valentín, quien también estudió Derecho. Opinó que a partir de la decisión judicial federal se estableció un “precedente horrible” porque la Junta decide qué da y no da sin existir remedio para obtener dicha información, y con excusas que no son aceptables bajo el ordenamiento legal de Puerto Rico y los Estados Unidos.

La presentación de El Buscador y el foro están disponibles en la página de Facebook del CPI.

3 thoughts on “Quedan al alcance del público miles de documentos de la Junta de Control Fiscal

  1. Gracias por cumplir su misión de mantenernos bien informados. La buena prensa es el medio fiscalizador con mayor fuerza en la actualidad.

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