A cantarle cumpleaños al caso en el tribunal contra la Junta y el Gobierno

Si el Gobierno de Puerto Rico se niega a entregar los documentos públicos solicitados, y la Junta de Control Fiscal dice que no le aplica el derecho constitucional del territorio, y tampoco la ley federal Freedom of Information Act, ¿quién le responde a los puertorriqueños que reclaman acceso a la información?

Imprimir Más

Foto de fiatlux via VisualHunt.com

El país ha estado asistiendo durante los pasados años a una puesta en escena en la cual la Junta de Control Fiscal dice “hay que cortar por aquí” y el Gobierno le dice a la prensa “no voy a cortar”. El resultado neto es que muchos de los recortes en efecto se han dado, se ven y se sienten. Como cuando faltan recursos en el Instituto de Ciencias Forenses para procesar “rape kits”, o cuando se recortaron fondos a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres. También hay recortes menos visibles que pasan factura, como cuando los empleados de una agencia se van retirando y no los reemplazan para “ahorrar”, quedándose personas sin preparación y sin referencias sobre los procesos y los servicios públicos.

No son pocos los economistas que han cuestionado la poca transparencia en la metodología usada tanto por el Gobierno como por la Junta para elaborar las proyecciones económicas, los planes fiscales y los presupuestos. Las proyecciones apenas se cumplen, los planes fiscales son un ejercicio de ficción que le llena los bolsillos a consultores fancy de Estados Unidos. Y  después que se pelea por aprobar presupuestos, se hacen reasignaciones de todo tipo, y a veces, hasta el dinero aparece milagrosamente cuando hay alguna crisis que despierta las pasiones en la opinión pública.

Seguir el tracto de las conversaciones entre la Junta y el Gobierno, ver quién establece prioridades y quién propone recortar qué, y quién accede, y cómo lo hace, y qué resultado tiene, es tarea urgente. Para enfrentar este problema de manipulación de la opinión pública y falta de transparencia, es indispensable tener acceso a las comunicaciones intercambiadas entre la Junta y el Gobierno para ver cómo se toman las decisiones y quién las toma. No hay forma de seguir el tracto real y completo de las comunicaciones entre esas entidades, porque cada una divulga lo que le conviene, cuando le conviene.

Este próximo martes, 1 de junio se cumplen cuatro años desde que el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) demandó a la Junta de Control Fiscal y al Gobierno de Puerto Rico simultáneamente para que entregaran las comunicaciones intercambiadas entre sí.

Obtuvimos un triunfo importante en 2018 cuando el juez federal Jay García Gregory estableció que la Junta tiene que respetar los derechos fundamentales de los puertorriqueños, según los establece la Constitución de nuestro país. El acceso a la información es uno de esos derechos fundamentales. Esta fue la primera, y hasta ahora única vez que un tribunal se ha expresado de forma contundente contra la Junta.

A partir de esa victoria, la Junta tuvo que divulgar una parte de la información (18 mil emails) pero luego se ha negado a entregar otra (22 mil emails) y rehúsa producir una bitácora que le permita al tribunal federal evaluar las razones por las que no se produce el resto de la información. Recientemente la Junta recurrió al Primer Circuito de Apelaciones de Boston para pedir que el juez del caso, Jay García Gregory, sea revocado y la demanda desestimada. Todo este empeño ha sido pagado con fondos públicos.

Una de las preguntas fundamentales que plantea el caso del CPI contra la Junta es: si no le aplica el derecho constitucional de Puerto Rico (al que ya se sometió cuando hizo las primeras entregas de documentos), y tampoco le aplica el Freedom of Information Act, por no ser un ente federal, ¿cómo se atienden entonces los reclamos de información contra esa entidad? ¿Es inmune a toda ley?

De la primera entrega de información de la Junta surgió la serie de reportajes Los emails de la Junta, que documenta cómo miembros del Congreso y el Tesoro, entre otros funcionarios federales, piden cuentas a los miembros de la Junta, coordinan reuniones, hacen conexiones entre funcionarios o contratistas, intercambian documentos e intervienen en las expresiones públicas de la Junta.

La Junta ha intentado zafarse del caso en el tribunal con todo tipo de argumentos. Que si dar la información que falta afectaría la economía de la Isla, o los mercados de capital, o investigaciones criminales en curso y “la habilidad de la Junta de ejercer sus poderes estatutarios”.

En el caso local, la situación es igualmente vergonzosa. El Departamento de Justicia, que representa al Gobierno de Puerto Rico y sus agencias en el caso, nos ha tenido más de dos años perdiendo el tiempo con mociones que han llevado hasta el Tribunal Apelativo. Lo que quizá amerita mencionarse es que alegan que ya la Junta entregó los emails, por lo cual es una duplicidad de esfuerzos que el Gobierno entregue lo que se les pide. Parece que no pueden ni leer el tracto del caso contra la Junta en el Tribunal Federal y ver cómo faltan miles de documentos por entregar. El otro argumento, y este sí es absurdo, es que es onerosa la entrega de los documentos, que son muchos. Claro, como hemos perdido cuatro años en los tribunales por hechura del mismo Gobierno, la cantidad de documentos aumenta. Todo este sinsentido pago con fondos públicos también. Llegue usted a sus conclusiones.

Los abogados del CPI han sido unos campeones; tenemos tanto que agradecerles. Judith Berkan, Steven Lausell, Luis José Torres, y al equipo de la Clínica Legal de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, gracias por su paciencia y compromiso.

Acompáñenme cantándole cumpleaños a estos dos casitos. Y a coger ánimos para seguir luchando. En los próximos días someteremos nuestra postura a la consideración del tribunal de Boston, y seguiremos luchando también en los tribunales de Puerto Rico, que no quepa duda.

8 thoughts on “A cantarle cumpleaños al caso en el tribunal contra la Junta y el Gobierno

  1. me recuerda a Don Quijote(CPI) enfrentando a los molinos. sin embargo en este caso la Dulcinea es real y el pueblo necesita esta defensa.
    sigan irme y con orgullo pa’lante.

  2. De entrada y sin duda alguna, el trabajo del CPI debe de diseminarse muchísimo más y de manera agresiva. Ignoro las restricciones a las que deban estar sujetos, y me imagino que son muchas. Me consta que gente que conozco personas a quién le interesaría conocer su trabajo, pero no saben de su existencia hasta que yo los menciono. Les sugiero solicitudes de donativos incentivados por muestras de recopilación de artículos por áreas de interés, no en forma de venta. Salir a la calle a puntos estratégicos a vender las tazas y las camisetas, incluyendo artículos impresos. Gracias por su trabajo.

  3. Agradecemos los esfuerzos realizados para desenmascarar esta patraña y él concubinato del gobierno y la Junta de Control Fiscal contra los derechos de los ciudadanos sobre los intereses de la comunidad Puertorriqueña . Gracias.

  4. Me encantan las investigaciones y los reportajes del CPI, sean de la Junta de Corrupción (perdón, Control) Fiscal, de Ricky Roselló o de los caballos cojos del hipódromo. Su redacción es clara y su contenido, sólido.
    Concurro con don Wilfredo Adames en que el trabajo -la lucha, el esfuerzo, la entrega- del CPI debe conocerse más. Algún artículo en Claridad o Metro vale, pero ambos periódicos los lee un sector limitado de puertorriqueños. Hay que hacer más ruido y demostrar que hay muchas, muchas nueces. A lo mejor los lectores podemos ayudar a descascararlas (que es como desemascarar a los corruptos)…

  5. No estoy viendo al CPI al que nos tenian acostumbrado.
    Lamente muchisimo el que les hubiesemos perdido!!
    Les sugiero que en lo relacionado con el “virus” y la supuesta vacuna! vamos a tener que investigar más a fondo

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.