Las exigencias del Departamento de Educación federal bajo la administración Trump, anuladas hace un mes por el Tribunal de Distrito de New Hampshire, habían provocado la eliminación de un comité de inclusión y la paralización de un censo de estudiantes afrodescendientes en la Universidad de Puerto Rico.
Mientras la agencia federal de Investigaciones de Seguridad Nacional en Puerto Rico no descarta operativos antiinmigrantes en universidades, tanto profesores como estudiantes y empleados aún desconocen cómo actuar si hay intervenciones dentro de los campus.
Organizaciones y abogados de inmigración denuncian constantes violaciones de derechos a inmigrantes que son detenidos por el fichaje racial que ejercen tanto las autoridades locales como el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas federal (ICE en inglés).
Dos proyectos senatoriales impedirían que la información científica y los datos estén disponibles de forma oportuna para decisiones de salud pública y respuesta a emergencias
Los comisionados electorales aseguran que tendrán representación en todos los colegios electorales. Mientras, el proceso de acreditación para observadores electorales ha sido atropellado, según varios grupos de la sociedad civil.
El Centro de Periodismo Investigativo y la Unión Americana de Libertades Civiles publican esta información para explicar el derecho de acceso a la información y la forma de ejercerlo, algo que cada persona puede hacer por derecho propio, sin necesidad de representación legal.
El derecho ciudadano a grabar con sus teléfonos celulares las intervenciones policiacas prevaleció en una decisión reciente del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito Federal de Boston como parte de una demanda civil radicada contra el pueblo de Weare, New Hampshire y su Policía Municipal. La decisión abre la puerta a demandas contra la Policía de Puerto Rico y las policías municipales por violación de derechos civiles cuando los agentes del orden público ocupan ilegalmente los teléfonos celulares de los ciudadanos que los graban en medio de sus intervenciones, anticipó la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).
Tanto en Estados Unidos, como en Puerto Rico, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) ha levantado la voz de alerta sobre el uso doméstico de estos drones denunciando su uso contra ciudadanos estadounidenses.