Un esquivo científico se mantuvo en silencio durante la conferencia de prensa, a pesar de que conocía como pocos la bacteria que mató a 32 pacientes en el Hospital de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Carolina.
El doctor Guillermo Vázquez, profesor de medicina y microbiología en el Recinto de Ciencias Médicas de la UPR, mantenía el rostro grave, sentado al lado izquierdo del salón, mientras la secretaria de Salud, Ana Ríus, y el epidemiólogo Johnny Rullán se alternaban en el podio, celebrando que habían contenido el brote de Acinetobacter baumannii, el mismo que había afectado de forma letal a pacientes en el hospital de Carolina entre 2012 y 2013.
Pero el microbiólogo sabía que el Departamento de Salud no tenía motivos para celebrar. La agencia pudo haber diseñado planes de contingencia para evitar muertes en Carolina y en otros hospitales de Puerto Rico. En 2011, cuando el doctor Rullán era Epidemiólogo del Estado, Vázquez le había notificado los hallazgos sobre sus investigaciones de vigilancia de infecciones transmitidas en los hospitales.
El doctor Vázquez aceptó al CPI, después de la conferencia de prensa, que había informado a Rullán de que la bacteria baumannii era, desde 2009, un problema en 17 hospitales de Puerto Rico. Incluídos 6 de los 10 que pertenecen a la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico (ASEM), más conocido como el Centro Médico en Río Piedras.
Era difícil controlar a esas bacterias en los hospitales, porque mientras recibían -y reciben- más bombardeo de antibióticos, activaban su mecanismo de mutación para hacerse cada vez más fuertes a esos medicamentos, aumentando la capacidad de causar muertes. Los médicos combatían infructuosamente una bacteria cuya composición genética ya no era la misma.
Y mientras el Departamento de Salud no llevaba a cabo la acción preventiva correspondiente, tampoco ofrecería -ni ofrece- un mecanismo mediante el cual los pacientes de Puerto Rico puedan saber el estado de situación de las infecciones por hospital, de modo que no salgan infectados con una enfermedad bacterial que no tenían antes de llegar a la institución hospitalaria.
El doctor Vázquez tampoco publicó la información fuera del minúsculo círculo académico. Tampoco ofreció en su informe el nombre de los hospitales en los que aparecía la poderosa bacteria resistente a antibióticos, una información relevante para que los pacientes sepan dónde no ir a buscar ayuda médica. Tampoco quiso suministrar la información al Centro de Periodismo Investigativo (CPI).
¿A dónde ir entonces a recibir tratamiento sin contraer infecciones? ¿Qué recursos tiene el paciente para informarse sobre las instalaciones médicas en las que corren más riesgo?
La censura que sobre estos temas ejercen las autoridades de salud y ciertos académicos subsidiados con fondos públicos puede terminar en casos graves, como sucedió en Carolina con la bacteria Acinetobacter baumannii. Infectó a unos 69 pacientes desde 2012, además de las 32 muertes conocidas en julio de 2013, mientras la instalación universitaria y el Departamento de Salud lo mantenían en silencio. Recientemente se acaban de reportar cinco casos de contagio y dos muertes por causa de la misma bacteria, ocurridos entre enero y febrero de 2014, en el Mayagüez Medical Center.
La bacteria suele estar presente en las instalaciones hospitalarias. No es normal, sin embargo, que se propague causando muertes por falta de controles de infecciones adecuados, ni que pase tanto tiempo antes de implementarse los protocolos de contención necesarios, como sucedió en Carolina, donde tomó más de un año antes de la puesta en marcha de las medidas de salud adecuadas, según encontró el informe del CDC de Altanta que publicó en exclusiva el CPI en septiembre pasado.
Verdadero problema clínico
Antes de que ocurriera el brote en Carolina, el doctor Vázquez descifraba el mecanismo interior de las bacterias infecciosas. Con el fin de combatirlas, investigaba la manera en que la composición molecular y genética influyen en la forma en que estos patógenos enferman a los pacientes.
Una, por ejemplo, habita en todas partes como un dios, forma parte de nuestra flora normal y se vuelve tóxica cuando adquiere un gen externo: la Escherichia coli. Por su parte, la Klebsiella pneumoniae infecta los pulmones y causa hemorragias graves. Junto con aquellas se encuentran la Pseudomonas aeruginosa, que puede provocar altas fiebres por infecciones, y la ya famosa Acinetobacter baumannii, que suele infectar las heridas.
Están siempre al acecho, aprovechándose de la debilidad de pacientes con el sistema inmune comprometido. Se convirtieron durante la primera década del siglo XXI en un verdadero problema clínico por su resistencia a los antibióticos.
Vázquez tenía una idea para vigilarlas. Comenzó en 2009 un estudio para conocer la distribución geográfica de bacterias resistentes a los principales antibióticos empleados en los hospitales. Para ello estudiaba especímenes nosocomiales, o sea, ejemplares adquiridos por pacientes en los hospitales a los que habían ido a buscar cura para otra enfermedad.
Usando los laboratorios de bacteriología tomados entre enero y junio de 2009 que suministraron 17 hospitales, Vázquez comprobó una situación peligrosa: el gen KPC, que permite la resistencia a los antibióticos, se había diseminado entre bacterias nosocomiales a lo largo y a lo ancho de Puerto Rico. Un 14% de todas las infecciones pertenecía a la Acinetobacter baumannii; aunque todavía no era la principal bacteria resistente a los antibióticos, ya estaba presente entre las muestras e iba a ser difícil controlarla en los hospitales.
Johnny Rullán se lava las manos
¿Qué sabía el Departamento de Salud? ¿Qué hizo la agencia, en su responsabilidad de evitar muertes, para usar las horas de estudio, trabajo y recursos económicos invertidos por Vázquez? ¿Qué información suministraron Vázquez y la agencia a los ciudadanos?
La entidad gubernamental encargada de cuidar la salud de los puertorriqueños conocía los informes del doctor porque los había auspiciado. Cuando Vázquez publicó en 2011 el estudio con los datos de 2009, titulado ‘Detection of the KPC Gene in Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, and Acinetobacter baumannii during a PCR-Based Nosocomial Surveillance Study in Puerto Rico’, reconoció la colaboración de la agencia gubernamental.
Rullán aseguró al CPI que cuando dirigía la oficina del Epidemiólogo de Estado en 2011, aprobó el otorgamiento de $200,000 para que el microbiólogo ampliara su estudio en 2012. Debía comparar cómo había cambiado el número de especímenes nosocomiales con resistencia a los antibióticos, usando como referencia los datos de 2009.
Vázquez lo hizo con la colaboración de las doctoras Iraida Robledo y Edna Aquino, y tenían suficiente información para preocupar a cualquier epidemiólogo o Secretario de Salud: el conteo de bacterias Acinetobacter baumannii resistentes a medicamentos había experimentado un aumento “significativo” de 2009 a 2012.
El estudio recomendaba al Departamento de Salud compartir la información recopilada con las enfermeras de infección y con los administradores de los hospitales, al menos cada seis meses.
Hablaba además de instaurar un sistema obligatorio de vigilancia e información intrahospitalario, para identificar individuos infectados y tomar medidas preventivas. Los laboratorios de bacteriología debían adoptar políticas de detección temprana e informar al personal de trabajo. También advirtió a la agencia de que debía evaluar la implementación de sus políticas de control de infección y de uso de antibióticos.
Así consta en el estudio ‘Comparative análisis of multi-beta-lactam resistant KPC positive E.coli, K. Pneumoniae, P. Aureginosa and A.baumanni clinical isolates for the periods of 2009 a 2012’, pero los hallazgos seguían ocultos para los ciudadanos.
“No puedo enviártelo”
El CPI solicitó el estudio al doctor Vázquez, pero éste dijo que no podía suministrar la información. “Es propiedad del Departamento de Salud, que dio un ‘grant’ y no está publicado. Deben ser ellos los que te lo den”, dijo Vázquez en conversación telefónica, luego de haberse negado en dos ocasiones a darle una entrevista formal al CPI.
No obstante, Vázquez se contradijo, porque había presentado parcialmente sus hallazgos en la convención de 2013 de la Sociedad de Microbiólogos de Puerto Rico.
Este medio pidió el documento al doctor Julio Cádiz, actual subdirector de la Oficina de Epidemiología, quien dijo que tenía que consultarlo con la actual titular de Salud, la doctora Ríus. Tras la solicitud del CPI, el informe fue finalmente publicado en la página web del Departamento de Salud, pero solo hasta la página 5, y no aparecen las tablas y otros documentos que expliquen las bases de las conclusiones científicas.
El ciudadano que necesite consultarlo para conocer las tasas de infecciones nosocomiales de Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, y Acinetobacter baumannii encontrará una gran dificultad. El nombre de los hospitales tampoco aparece en el informe de 2012.
“Esto no se hace para hacer un señalamiento de un hospital en particular sino para explicar una situación general”, dijo Vázquez cuando el CPI lo abordó al final de la conferencia de prensa. Rullán añadió en una entrevista: “Si se publica el nombre del hospital en el que ocurren las infecciones, la gente deja de ir. Por eso no se publicó el nombre, a propósito”.
Informes “públicos” pero “confidenciales”
Vázquez aseguró que había enviado en diciembre de 2012 el informe a los doctores Rullán y Cádiz, por correo electrónico. Tampoco entonces hubo acción inmediata. Eran los tiempos en que la bacteria Acenitobacter baumanni ya afectaba la salud de los pacientes en Carolina. Se trató de la segunda vez que Vázquez informaba a Salud sobre problemas con la bacteria.
Rullán, en una entrevista con el CPI, no quiso asumir responsabilidad por la falta de acción ante el informe de Vázquez.
“En esos años fue muy difícil trabajar la parte de salud preventiva. Nuestra prioridad era lo inmediato, los brotes, la vigilancia de H1N1, el dengue, la rabia. En ese momento no había staff para verdaderamente hacer mucho”, dijo Rullán.
“Las prioridades no eran controlar las bacterias resistentes a antibióticos. Cuando vienen situaciones como la de Carolina se convierte en prioridad número uno”, añadió.
Rullán alegó además que tomar acción en diciembre de 2012 ya no era su responsabilidad, porque se había retirado en mayo de ese mismo año, siete meses antes de que Vázquez le enviara el informe. Sin embargo, es su responsabilidad como exfuncionario y médico de informar a las autoridades de un asunto de esa naturaleza, independientemente de que se le haya vencido el contrato o no.
Los despidos productos de la Ley 7, de la administración del ex gobernador Luis Fortuño, afectaron el funcionamiento del Departamento de Salud en 2011 y 2012, según Rullán.
“El problema es de consistencia en los trabajos en el Departamento de Salud”, sostuvo. “Luego dejaron caer los contratos de este tipo de investigaciones cuando entró el cambio de administración. Cuando estábamos tratando de montar una buena oficina de enfermedades nosocomiales, vinieron cambios administrativos. El Departamento de Salud tiene que venir con puestos de carrera que le den continuidad a los trabajos”, explicó.
Sólo en junio de 2013, cuando Acinetobacter baumannii ya había causado muertes en Carolina, el exsecretario de Salud, Francisco Joglar, tomó acción y firmó la Orden Administrativa 30 (fue el escándalo del mal manejo de la epidemia lo que provocó la salida abrupta de Joglar de su puesto).
La Orden Administrativa que firmó Joglar crea el Listado de enfermedades y condiciones de salud de notificación obligatoria al DS, así como el protocolo que se debe seguir para informar a la agencia, como parte del programa de vigilancia epidemiológica. Además, ordena la designación de un “oficial de notificación” por hospital, la persona encargada de comunicar la información a la agencia gubernamental.
Pero la Orden Administrativa no resuelve la necesidad que tienen los ciudadanos de tener información disponible sobre los riesgos de infecciones que pueden adquirir en cada hospital. Y es que ésta ordena que “los informes … serán estrictamente confidenciales”.
Me parece que no hay justificación para no haber actuado en una contaminación tan grave que hasta muertes conllevo.
Desde el 2009 tenian ya conocimiento de la epidemia, si se hubiera Informado seguramente no se hubieran dejado vencer los contratos. El Dr. Rullan ya estaba en pleno conocimiento del peligro, debió informarlo antes de su retirada.
Esto ha sido una negligencia crasa.
Como todo en Puerto Rico los intereces economicos siempre estan por encima de todo. No, notificar los hospitales infectados para no afectar el negocio de los cuidados de la salud, lo importante es siguir haciendo dinero sin importar cuantas muertes cobre esta bacteria. Estas personas encargadas de tomar desiciones en los hospitales deverian pensar en que hicieron un juramento llamado juramento hipocratico donde una de las fraces del mismo dice. Deberé prevenir las enfermedades siempre que pueda, ya que es preferible prevenir a curar. pongan en curentena esos hospitales.