COLUMNA | Libertad de palabra
Diez años de oscuridad bajo la Junta de Control Fiscal
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Hace unas semanas asistí a la colación de grados del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR). Hubo una figura omnipresente durante toda la ceremonia: la Junta de Control Fiscal, cuya ley habilitadora, PROMESA, cumplió recientemente una década. Discurso tras discurso, se enfatizaba cómo este ente antidemocrático impuesto por el Presidente y el Congreso de los Estados Unidos enfiló sus cañones de austeridad contra el sistema público de educación desde sus inicios. Tanto el liderato estudiantil como el académico denunciaron en la graduación las exigencias de recortes presupuestarios que han dejado al sistema universitario con apenas la mitad de los fondos públicos que tenía asignados para operar antes de la llegada de PROMESA. Durante la ceremonia, pensaba en cómo deberíamos tener derecho a saber por qué la Junta ha optado por despojar a la Universidad.









