PROMESA

Hace unas semanas asistí a la colación de grados del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR). Hubo una figura omnipresente durante toda la ceremonia: la Junta de Control Fiscal, cuya ley habilitadora, PROMESA, cumplió recientemente una década. Discurso tras discurso, se enfatizaba cómo este ente antidemocrático impuesto por el Presidente […]

La Junta de Control Fiscal, impuesta por el gobierno federal para procurar la disciplina fiscal del Gobierno de Puerto Rico y sus agencias, lleva casi más de un año sin publicar los informes financieros de sus miembros, según requiere la ley federal PROMESA. Tampoco ha publicado los informes financieros de la gobernadora Jenniffer González Colón, quien también debe cumplir con esta obligación como miembro ex officio, o sin voto, de la Junta.

En su segundo término, el presidente de Estados Unidos Donald Trump y el movimiento Make America Great Again han decidido poner su estampa en la entidad creada por la ley federal PROMESA. Una vez más, la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica y la reconstrucción del sistema energético son el botín de guerra.

Lejos de estar buscando su salida, la Junta de Control Fiscal está en su momento de mayor integración al Gobierno de Puerto Rico. En momentos en que cada parte tiene su propia lectura de lo que pide PROMESA, parece improbable que la Junta salga bajo sus propios términos.

El CPI lanzó la plataforma “El Buscador de la Junta” como una respuesta a la falta de transparencia del organismo impuesto por el Gobierno y el Congreso de Estados Unidos. Como parte de la presentación, el jueves se realizó el foro “Los archivos de la Junta al descubierto”.

La cifra incluye el gasto en abogados y asesores tanto del Gobierno, la JCF y los comités oficiales que representan a los retirados y los acreedores no asegurados en los casos de Título III, detallaron los funcionarios. También incluye el presupuesto de la JCF, que ronda actualmente los $60 millones, en momentos en que la Legislatura busca detener los desembolsos al ente rector.

En lugar de la jueza federal Laura Taylor Swain, será la jueza Lauracelis Roque, del Tribunal de Primera Instancia en San Juan será quien decida el caso en el cual el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) solicita al gobierno de Puerto Rico una serie de documentos públicos intercambiados con la Junta de Control Fiscal.

Este jueves, 3 de noviembre habrá una vista ante el juez federal Francisco Besosa donde se verá la demanda consolidada de Peaje Investment, Assured Guaranty y Altair Global que buscan que se levante la suspensión de litigios que impuso PROMESA y que se restituyan fondos que alegadamente el gobierno movió entre agencias para evitar pagos de deuda.

El traductor Alejandro Álvarez se le adelantó al gobierno local y al federal. Publicó en su perfil de Facebook, en julio pasado, la traducción al español que había hecho sobre la llamada ley federal PROMESA. Profesor del Programa Graduado de Traducción de la Universidad de Puerto Rico, propuso una versión no oficial, que no pretende […]

James “Jim” Millstein, el principal asesor en reestructuración del gobierno, presidente de la firma Millstein & Co. y quien trabajó en el borrador de PROMESA, reconoce que la Junta de Control Fiscal puede tomar decisiones que serán rechazadas por algunos sectores.

Una de las partes centrales de la Ley, el título VI, que establece las reglas para una negociación voluntaria de la deuda, no garantiza que se logrará un acuerdo entre los bonistas y el gobierno. Si no hay acuerdo a través del título VI, entonces el título III de la misma ley estipula que Puerto Rico entraría en un proceso de quiebra en un tribunal del distrito federal. Varios expertos que han estudiado la ley PROMESA anticipan que será el título III y no el VI el que regirá la solución final entre Puerto Rico y sus acreedores.