Para muchos, su trabajo es un segundo hogar; allí pasan gran parte de sus días. Sin embargo, pocos piensan en el estado en que se encuentran sus centros de empleo, que no siempre es el más seguro para la salud.
Una investigación del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) encontró que la realidad es que, por los pasados diez años, en Puerto Rico existen edificios públicos, como en la Universidad de Puerto Rico y Centro Médico, con sus sistemas de acondicionador de aire contaminados por hongos, fibra de vidrio y asbesto, que causan serios problemas de salud a los que allí laboran. Aunque varios empleados han hecho reclamos, algunos incluso recurriendo a las cortes para que sus condiciones de trabajo mejoren, parece ser un mal que no encuentra solución.
Precisamente, una serie de complicaciones respiratorias producto de una alegada contaminación en el edificio del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), de la Autoridad de Desperdicios Sólidos (ADS) y la Junta de Calidad Ambiental (JCA) de Puerto Rico, llevó a dos empleados a radicar el pasado 27 de febrero una demanda contra funcionarios de estas agencias en el Tribunal Federal.
Dentro de demanda, se presentó una investigación realizada por El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) en mayo de 2007, que demostró la falta de mantenimiento y limpieza en los pisos nueve, ocho, siete, cinco y uno. Se encontró que el sistema de acondicionador de aire tenía acumulación de fibra de vidrio, y pedazos de este material estaban pegados a las parrillas del sistema. De igual forma, se estableció que el edificio estaba contaminado antes del traslado de la agencia.
Según el documento, Julio A. Toro McCown y Laylanie Ruiz-Olmo, junto a otros empleados de estas agencias, comenzaron a sufrir problemas respiratorios, alergias, asfixie e irritaciones luego de ser transferidos de las antiguas instalaciones—situadas en el edificio de la vieja Escuela de Medicina Tropical en el Viejo San Juan—al nuevo edificio localizado en el sector El Cinco en Río Piedras, que alberga las oficinas de la DRNA, la ADS y la JCA.
Desde que comenzó a trabajar en el edificio en abril de 2005, Toro McCown, quien laboró para el gobierno por más de treinta años y fue Director de Operaciones de la ADS y especialista en la DRNA para la División de Asesoramiento Técnico, desarrolló alergias, irritaciones y falta de aire. El 17 febrero de 2007, fue admitido de emergencia en el Hospital Metropolitano por un caso grave de pulmonía. Fue diagnosticado con fibrosis pulmonar, luego de que los estudios hechos en el hospital revelaron que sus pulmones estaban llenos de fibras de vidrio o “fiberglass”.
Asimismo la bióloga del DRNA, Ruiz-Olmo, luego de ser traslada al edificio en Río Piedras en febrero de 2006, fue hospitalizada en el Centro Médico de Manatí por pulmonía y diagnosticada también con fibrosis pulmonar.
En varias ocasiones, ambos empleados pidieron trasladarse a otro edificio, pero, sus pedidos fueron denegados, a pesar de que había oficinas vacías en otros edificios de la ADS. No fue hasta que cada empleado presentó una querella individual, que se les trasladó a otras instalaciones.
Los demandados sostienen que los funcionarios acusados conocían la existencia de la contaminación y que su nivel era nocivo para el personal de la agencia, y que al no informárselo a los empleados, estos continuaron trabajando arriesgando su salud. Luego de comenzar a trabajar en las instalaciones, el funcionamiento pulmonar de los demandantes se redujo a cincuenta por ciento.
Entre los demandados están Javier Vélez Arrocho, secretario del DRNA, Javier Quintana Méndez, director ejecutivo de la Autoridad de Desperdicios Sólidos de Puerto Rico (ADS), Luís Miguel Cruz, Administrador del Edificio y la ADS, por ser la corporación dueña del edificio al momento en que ocurrieron los hechos.
No obstante, el nuevo administrador del edificio, Rafael Gongón, alega desconocer de estas situaciones y desde que comenzó en el puesto de administrador en enero, dice no haber visto ningún documento ni escuchado ninguna queja al respecto. Añadió que el acondicionador de aire del edificio había sido catalogado, por una compañía de la que no recordaba el nombre, como uno de los más limpios de todos los edificios de gobierno.
No todos los empleados se quejan…
Muestra de residuos de vidrio de aire acondicionado
En entrevista, una empleada del Comité de Seguridad de la JCA que pidió permanecer en anonimato, comentó que son numerosos los empleados que a, pesar de presentar problemas de salud, no se quejan con sus jefes y prefieren ir a médicos privados. Esta tendencia se debe a que las visitas médicas que el empleado hace al Fondo del Seguro del Estado (CFSE) son descontadas de los días de enfermedad y vacaciones. Por su parte, una secretaria de la JCA, quien ha padecido de fuertes alergias desde que trabaja en el edificio, manifestó que no todos los empleados cuentan con estos días disponibles. “A mí por lo menos no me quedan días de enfermedad” comentó.
Esta secretaria alega que luego de la mudanza comenzó a sufrir de alergias. Sin embargo, pensó que era por el polvo de la mudanza, pero su condición siguió empeorando al pasar de los años, por lo que, desde hace dos años tiene que vacunarse semanalmente con su alergista.
Brote en más edificios públicos…
Esta situación es sólo un ejemplo de esta problemática en los edificios públicos de Puerto Rico. La profesora de inglés en la facultad de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, Luz Miriam Tirado, señaló que profesores, estudiantes y miembros de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU) llevan años luchando con la Administración por la presencia de fibra de vidrio en el sistema de acondicionador de aire de dicha facultad.
“El edificio de Estudios Generales es tan viejo que los conductos del sistema de acondicionador de aire están llenos de hongos y se están desintegrando soltando partículas de fibra de vidrio. Ha habido muchas quejas de picores y problemas respiratorios”, denunció.
La profesora entiende que la diferencia con el caso de la DRNA es que, a pesar de las denuncias hechas, la problemática no ha trascendido del recinto universitario porque no se ha llevado a corte.
“Llevamos desde el 2005 denunciando la presencia de fibra de vidrio en “Generales”, incluso cerraron el edificio por un periodo de tiempo para mejorar la situación. El asunto es que aquí nadie ha demandado y la OSHA no ha otorgado multas a la universidad. Aunque, actualmente el edificio se encuentra en remodelación por partes, hemos tenido que trabajar en las partes contaminadas”, detalló.
Una doctora que lleva más de 20 años trabajando en Centro Médico que también pidió permanecer en anonimato, describió una situación similar en su centro de trabajo, donde en uno de los sistemas de archivo se encontró una acumulación de hongo. En este caso, de manera responsable, los empleados fueron desalojados del área y la situación no tuvo mayores consecuencias. Por esto, recalcó la seriedad de los efectos que pueden tener estos contaminantes en la salud de las personas.
“Los contaminantes usualmente encontrados en las área laborales como el asbesto, el hongo y la fibra de vidrio pueden causar complicaciones entra las que se encuentra el cáncer, los tumores pulmonares, la fibrosis pulmonar, la pulmonía, infecciones en el sistema respiratorio, reacciones alérgicas, entre otras”, explicó la galena.
Sin embargo, especificó que las personas deben estar informadas sobre las condiciones de su lugar de trabajo, pues existen muchos contaminantes y la exposición a estos depende del tipo de trabajo que realiza la persona.
Un especialista en derecho laboral que prefirió no revelar su nombre porque trabaja para una agencia gubernamental, aseguró que existen muchas situaciones en la esfera laboral que incurren en este tipo de violaciones a los derechos de los empleados. No obstante, enfatizó que lo alarmante de este caso fue que se permitiera que los empleados trabajaran en condiciones deplorables a sabiendas de que podían sufrir daños irreparables, a la vez que catalogó la conducta de la agencia como completamente ilícita. “Lo patente de este caso es la magnitud de daños ocasionados, pero es una realidad que en muchos centros de trabajo la conducta del patrono sea similar a lo ocurrido, aunque el daño no se evidencie tan dramáticamente”, afirmó.
De igual manera, recalcó la importancia de que los empleados conozcan sus derechos, y que, en caso de violaciones, recurran a agencias fiscalizadoras como el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTHR) o la agencia federal, Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, por sus siglas en inglés). “Los patrones tienen la responsabilidad y la obligación legal de proveer un lugar adecuado para sus empleados y de evitar o prevenir condiciones que puedan causar daño a su vida o salud”, aseveró.
Aunque la demanda radicada por Julio A. Toro McCown y Laylanie Ruiz-Olmo exige seis millones de dólares en compensación de daños a la salud, al igual que unos tres millones de dólares por daños punitivos, lo cierto es que aún existen una gran cantidad de edificios públicos contaminados que día a día afectan la vida de cientos de empleados alrededor de toda la Isla. El problema radica en cuántos centros de trabajo presentan condiciones que arriesgan la salud de sus empleados y que no son conocidos a la luz pública.
