Ex administrador de Servicios Generales es investigado por Ética gubernamental

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El ex administrador de la Administración de Servicios Generales, Carlos E. Vázquez Pesquera, se expone a multas de sobre $100,000 de progresar una querella en su contra ante la Oficina de Ética Gubernamental que lo implica en uso del auto, chofer y guardaespaldas oficial para visitar centros nocturnos de diversión.

La querella, de julio de 2012, le imputa utilizar propiedad y personal de la agencia para gestiones personales y recreativas que incluyen frecuentar el club de bailarinas exóticas Lips, ubicado en Hato Rey y donde recientemente fue arrestada y convicta por prostitución la vedette Denissa.

La querella revisada por el Centro de Periodismo Investigativo también implica a Vázquez Pesquera en visitas a otras tabernas tales como El Criollo y Dunbars en Guaynabo, otra no identificada en Isla Verde y el Heineken JazzFest en el Anfiteatro Tito Puente de Hato Rey fuera de horas laborables y siendo transportado en el auto oficial por su chófer y en compañía del guardaespaldas.

Por tal razón, además de la multa de hasta $20,000 por cada incidente, Vázquez Pesquera podría tener que reembolsar hasta tres veces el costo incurrido por el gobierno por cada infracción al ocasionar que se le pagara tiempo extra a cada uno de sus subalternos para asistir a estas actividades personales y recreativas.

Vázquez Pesquera ocupó el cargo de administrador de Servicios Generales del 10 de noviembre de 2009 hasta el primero de marzo de 2012.

Desde su renuncia, se reincorporó a la campaña política del Partido Nuevo Progresista (PNP), desde su comité central.

Según información recopilada a través de la Internet, antes de administrar la ASG, Vázquez Pesquera se desempeñó como sonidista del PNP, ayudante legislativo del ex representante Edwin Mundo, ayudante de la senadora Migdalia Padilla y miembro de la avanzada política de ésta, presidente de Karike Productions Inc., presidió la juventud del PNP en Toa Alta y fue coordinador de actividades de esta organización en dicho municipio e inspector de la Comisión de Servicio Público. Además, es aficionado a los caballos de paso fino.

En septiembre de 2011, Vázquez Pesquera radicó una querella ante la Policía de Puerto Rico en la que denunció que alguien forzó la puerta de su camioneta de pasajeros Ford Expedition negra y robó su pistola Glock calibre .40 mientras estaba estacionado en la Hacienda Carabalí de Luquillo. En los reportes de prensa de dicha fecha no se menciona si el vehículo o el arma de fuego hurtada en dicho centro ecuestre le habían sido asignados en su carácter oficial.

Las múltiples gestiones realizadas para entrevistar a Vázquez Pesquera sobre la querella de la OEG en su contra resultaron infructuosas.

Tampoco rindieron fruto las gestiones realizadas a través del PNP, donde a principio de diciembre respondieron que sólo quedaban cinco empleados allí y ya él no frecuentaba el comité central.

Por su parte, la directora ejecutiva de la OEG, Zulma R. Rosario Vega, informó que la querella estaba pendiente de adjudicación y, por lo tanto, estaba impedida de responder varias preguntas del CPI.

La funcionaria confirmó que Vázquez Pesquera respondió a la querella dentro del plazo concedido de 20 días por la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme y la Ley y el Reglamento de Ética Gubernamental.

Sin embargo, explicó que estos “garantizan a la parte querellada un debido proceso de ley durante el trámite de adjudicación iniciado con la presentación de la querella” del pasado 20 de julio.

Rosario Vega agregó que el funcionario querellado tiene derecho a ser oído, confrontar a los testigos, presentar prueba escrita y oral y a un adjudicador imparcial y que sea un proceso justo y equitativo que garantice y respete la dignidad de los individuos afectados, por lo que estaba impedida de proveer copia de la respuesta, la fecha de los hechos imputados ni otros detalles sobre la querella.

“El adelantar copia de la contestación a la querella o de cualquier anejo que ofrezcan detalles adicionales en este momento en que el caso se encuentra en pleno proceso de adjudicación podría afectar el debido proceso de ley que la OEG tiene que garantizarle a todo querellado”, respondió Rosario Vega a una petición por escrito del CPI. “Nótese que el querellado aún no ha tenido oportunidad de ser oído, ni de confrontarse con los testigos, o de presentar prueba oral o escrita en su favor”.

Rosario Vega informó que la OEG tiene seis meses desde la fecha de radicación de la querella para atenderla, salvo por “circunstancias excepcionales” y que dicho término puede extenderse por “consentimiento escrito de las partes o por causa justificada”.

Además, la OEG tiene otros 90 días para emitir su resolución final por escrito después de resolver la querella.