La Asamblea Legislativa tuvo la oportunidad de investigar las alegaciones de irregularidades que estaban ocurriendo en la Corporación de Cine de Puerto Rico (CCPR) pero ninguna de las dos resoluciones presentadas a esos efectos prosperaron.
De acuerdo a los relatos confidenciales ofrecidos al Centro de Periodismo Investigativo (CPI), el nepotismo y las rencillas entre los dos bandos del Partido Nuevo Progresista (PNP), además de los intereses propios de quienes se beneficiaban de las cuestionadas gestiones de la CCPR, se activaron para detener las investigaciones.
Una de las veces que se pudo haber investigado a la Corporación de Cine, la resolución fue a parar a una comisión que presidía la ex representante Iris Myriam Ruiz cuyo hijo, Luis Ruiz Ruiz, es uno de los productores locales que más se ha beneficiado de fondos públicos para sus proyectos. Mientras Ruiz Ruiz recibe millones otros proyectos reciben poco o nada. Ruiz Ruiz, de la compañía productora Pimienta Films, ha negado favoritismo y achacó esta situación a que trabaja de forma profesional.
Un allegado de la oficina de la entonces senadora Norma Burgos aseguró al CPI que en 2006, estando el PNP en mayoría en la Legislatura, trabajó la Resolución del Senado 2400 que solicitaba una abarcadora investigación sobre los gastos de representación incurridos por la dirección de la CCPR, las exenciones contributivas otorgadas por la Corporación bajo la ley para el desarrollo de la industria fílmica (Ley 362 de 1999), para determinar los beneficios obtenidos en la industria cinematográfica local y además conocer el resultado de la utilización del Fondo para el Financiamiento de Producciones Cinematográficas (Ley 121 de 2001). Luis Riefkohl, quien ha negado cualquier vinculación con irregularidades, era el director ejecutivo de la CCPR para esa fecha.
La resolución en cuestión se refirió a la Comisión de Reglas y Calendarios, que presidía el hoy convicto senador penepé, Jorge de Castro Font. Según supo el CPI, la lucha interna entre los “rossellistas” y los “auténticos” del PNP, evitó que la resolución fuera puesta en calendario toda vez que era de la autoría de Burgos, quien pertenecía al bando contrario de De Castro Font.
Tras malograrse el asunto en el Senado, el funcionario de la oficina de Burgos le solicitó a un colega que trabajaba para la representante Jennifer González, que presentara una resolución similar en la Cámara. La resolución fue presentada por la propia González y fue referida a la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Comercio, Industria y Telecomunicaciones, que presidía José Chico.
La Resolución de la Cámara 5650 fue luego referida a la Comisión para el Fomento de las Artes y la Cultura, que para entonces presidía la actual Ombusdman o Procuradora del ciudadano, Iris Myriam Ruiz. La investigación nunca se hizo.
Mientras esto ocurría en el Capitolio, Riefkhol pregonaba tranquilo que era intocable. Según una fuente vinculada al mundo de los productores de cine del País, se escuchó a Riefkohl decir en varias actividades sociales que los señalamientos hechos en su contra o sobre las operaciones de la CCPR, que dirigió de marzo de 2005 a febrero de 2009, a él no le preocupaban “porque él iba a enviar a Hiram Vázquez Botet, (conocido como el ‘contable de los cineastas’) para que hablara con la senadora Norma Burgos y detuvieran la investigación en su contra”.
La fuente allegada a la oficina de Burgos aseguró al CPI que en la reunión entre la senadora y Vázquez Botet, éste le expresó “lo innecesaria que era esa resolución ya que todo estaba bien en la Corporación de Cine”. Vázquez Botet además, se ofreció para aclarar cualquier duda que se tuviera sobre lo que ocurría en la CCPR.
El propio Luis Riefkohl, ex director ejecutivo dela Corporación de Cine hizo cabildeó en contra de la investigación que lo involucraba directamente a él. “Fui a hablar con Jennifer González para decirle, ‘mira a ver si aquí hace falta una vista pública’ y todos, Norma Burgos, Chico, Jennifer González, viraron para atrás a decirme que no había nada”, dijo el ex funcionario al CPI.
Otras fuentes aseguraron al CPI que para las mismas fechas, el productor Ruiz Ruiz, visitó seguidamente varias oficinas en el Senado, incluyendo la Oficina del Presidente sin cita previa.
En dos ocasiones distintas tres productores que hablaron con condición de anonimato, dijeron haber escucharon a Riefkohl decir, tanto en el Festival de Cannes de 2008, como en un coctel en el Ateneo, que le iba a pedir a Ruiz Ruizque hablara con su madre para que detuviera las investigaciones que se habían solicitado en su contra.
En noviembre de 2009 la Asociación de Productores Cinematográficos y Audiovisuales (APCA) solicitó investigaciones sobre “posibles manejos inadecuados de los fondos asignados a las producciones de cine” a la Oficina de Ética Gubernamental, al Departamento de Justicia y a la Presidenta de la Cámara de Representantes, Jennifer González. Ésta última dijo que presentaría una resolución para investigar, pero la investigación nunca se concretó.
Cuando miembros de APCA solicitaron a la CCPR información para las investigaciones que estaban solicitando, la entonces directora de la Corporación, Mariella Pérez Serrano, dijo estar al tanto de los reclamos y que sabía que se habían hecho referidos al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), al Departamento de Justicia y a la Oficina de Ética Gubernamental.
El CPI supo que las instrucciones en la sombrilla del DDEC, bajo la cual está la Corporación de cine, cambiaron tras conocerse de las investigaciones en curso. Mediante una carta circular emitida por la secretaría del DDEC se les habría solicitado a todos los directores de departamento que cualquier tipo de comunicaciones y peticiones de Justicia y Ética debían canalizarse a través del secretario, José Pérez Riera.
Riefkhol y el Contralor
En 2007 y 2009 la Oficina del Contralor emitió dos informes sobre las ejecutorias de Riefkhol como presidente de la CCPR. Los documentos señalan desembolsos de fondos públicos contrarios a la Ley 121, incongruencias en la fecha de juramentación de su cargo, así como una serie de gastos no justificados en viajes, estadías y comidas.
Según Riefkohl, a quien nunca se le ha imputado nada oficialmente y que insiste en que todo ha sido una persecución, la responsabilidad en torno a la fecha de juramentación falsa fue del notario que lo certificó “porque lo guardó en su gaveta y cuando se dio cuenta le cambió la fecha”.
Sobre los gastos no justificados, Riefkohl se defendió explicando que el dinero se utilizó en talleres a cineastas, en agasajos a personas relacionadas a la industria que vendrían a invertir en la Isla. “Eso [de los señalamientos] fue un jueguito político, en los últimos cuatro años me estuvieron auditando y no sacaban nada”, observó.
En el documento en su contra también hay fallas en las enmiendas al Reglamento para la Administración y Funcionamiento del Fondo Cinematográfico contrarias a la Ley. 121. Tampoco hay descripciones de deberes y se señalan deficiencias relacionadas con la administración del personal de la Corporación.
Aunque Riefkohl restituyó parte del dinero que se le señaló mal utilizó, nunca fue procesado ni multado por ninguno de los señalamientos.
El subcontralor Nathanael Arroyo Cruz señaló en el informe de marzo 2009 que Pérez Riera compartía “responsabilidad fiduciaria” por algunos de estos señalamientos, pues su función era velar porque no ocurrieran las alegadas irregularidades.
A Riefkhol también se le cuestionó insistir en conseguir una dispensa de la Oficina de Ética Gubernamental para poder contratar a Adrián Muñiz Mariani para supervisar el proyecto de la Filmoteca Nacional y como consultor para un estudio de viabilidad para la creación de un currículo universitario de animación y del establecimiento de un estudio profesional de animación cinematográfica en la Isla.
Muñiz Mariani estaba casado con Agnes Crespo, asesora legal del DDEC, y quien en varias ocasiones fue designada por el entonces secretario del DDEC, Ricardo Rivera Cardona, como la representante de Fomento Económico en la Junta de Directores de la CCPR.
De hecho, existe una carta con fecha de 28 de febrero de 2007 dirigida a Crespo en la que se le solicita a ella (como directora de la Junta de Directores de la CCPR) la asignación económica para capacitación de talento local fuera de Puerto Rico.
Riefkohl solicitó tres veces la dispensa para la contratación de Muñiz Mariani explicando el vínculo entre la licenciada y el contratista.
La última y tercera vez que se presentó la solicitud de dispensa, el 28 de junio de 2007, Ética determinó que la Corporación de Cine es una agencia independiente del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio aunque está bajo esa sombrilla y está adscrita a esa dependencia gubernamental. La subdirectora de Ética entonces, Gladys Malpica, le dio el visto bueno a la contratación de Muñiz Mariani eximiendo a la CCPR de una dispensa para tal contratación.
Esta nota fue actualizada después de ser publicada por primera vez para integrar nueva información sobre la dispensa otorgada a Muñiz Mariani.
