Boston reafirma el derecho ciudadano a grabar intervenciones policiacas

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Foto archivo Claridad / Manolo Cintrón

La decisión abre la puerta a demandas contra la Policía de Puerto Rico y las policías municipales por violación de derechos civiles cuando los agentes del orden público ocupan ilegalmente los teléfonos celulares de los ciudadanos que los graban en medio de sus intervenciones, opinó Josué González Ortiz, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).

La ciudadana que radicó la acción civil, Carla Gericke, fue arrestada, pero nunca acusada formalmente, por utilizar su teléfono móvil para grabar una intervención policiaca contra un conocido suyo y reclama que fue aprehendida en represalia por su ejercicio de libre expresión.

Aunque la decisión de los jueces Kermit V. Lipez, O. Rogeriee Thompson y Bruce M. Selya se limitó a una petición del municipio de Weare, New Hampshire y su Departamento de Policía para que desestimaran la demanda de Gericke, que alegaba que las autoridades violaron su derecho a la libre expresión, el Tribunal de Apelaciones Federal confirmó el derecho de los ciudadanos a la grabación de intervenciones policiacas.

González Ortiz dijo al Centro de Periodismo Investigativo que en Puerto Rico, ACLU tiene dos casos parecidos pendientes de ser radicados en los tribunales.

En uno de los casos, agentes de la Policía de Puerto Rico le confiscaron el teléfono celular a un ciudadano dominicano en Barrio Obrero en Santurce que grabó durante una sucesión de incursiones en establecimientos del sector en donde personas oriundas del vecino País residen o frecuentan.

En otro incidente registrado en una taberna de Naranjito, según González Ortiz, los agentes le ocuparon el teléfono celular a un joven que grabó con su teléfono celular un incidente en el cual un grupo de agentes intervenía con varios parroquianos ajenos a él y a quienes se les imputó haber participado en una palea en el local.

La ACLU está en el proceso de radicar demandas contra la Policía de Puerto Rico por ambos incidentes al entender que es una práctica generalizada del referido cuerpo de ley y orden.

El superintendente de la Policía, José Caldero López, aseguró en declaraciones emitidas a través del sargento Áxel Valencia Figueroa, director de la Oficina de Prensa de la agencia, que ningún agente puede intervenir con un ciudadano que graba a un uniformado en medio de una intervención.

Valencia Figueroa abundó que la excepción es cuando se trata de una escena criminal que está marcada con un perímetro establecido por una cinta de seguridad en donde se pueda alterar la evidencia.

Agregó el Superintendente, mediante su portavoz, que, de lo contrario, ningún policía puede intervenir con un ciudadano que lo esté grabando y, mucho menos, confiscarle u ocuparle su aparato de grabación electrónica, porque es un derecho garantizado por las constituciones de Puerto Rico y los Estados Unidos.

El abogado de ACLU, González Ortiz, aseguró que aunque resuelta en el estado de New Hampshire, la decisión es vinculante a Puerto Rico y establece la responsabilidad que enfrentan los agentes en su carácter personal para responder por demandas de ciudadanos quienes les exigen el pago de daños por este tipo de acción ilegal.

El abogado de la ACLU afirmó que los agentes de la Policía tienen como costumbre confiscar teléfonos celulares y otros aparatos electrónicos utilizados por ciudadanos para grabar sus intervenciones oficiales, las cuales están sujetas al escrutinio público.

Enfatizó que este es un ejercicio por parte de la ciudadanía garantizado por la Constitución de los Estados Unidos y enfatizó la necesidad de que esto sea divulgado entre los policías y los ciudadanos.

González Ortiz subrayó que, de no haber sido porque alguien grabó en un teléfono celular el asesinado a manos de un policía en el año 2007 de Miguel A. Cáceres Cruz, la Uniformada estaría aún reclamando que fue una muerte justificada en defensa propia contra uno de sus miembros y el crimen oficial hubiera prevalecido. El abogado explicó que los policías que acostumbran a confiscar teléfonos celulares y otros aparatos que captan sus acciones tienen miedo de que sus actos ilegales demuestren que están “metiendo las patas” en el cumplimiento de su deber y agregó que la aún pendiente reforma policiaca establece que la agencia rinda cuentas y demuestre su transparencia.

El reciente caso de New Hampshire tuvo su origen el 24 de marzo de 2010, cuando Carla Gericke seguía en caravana a Tyler Hanslin hasta la residencia de éste a las 11:30 p.m. por una carretera del pueblo de Weare, New Hampshire. Gericke fue detenida y se apartó de la vía por instrucciones del oficial, a quien advirtió que grabaría el incidente desde el estacionamiento de una escuela cercana.

Cuando la conductora se echó a un lado, el oficial le dijo a la mujer que debía alejarse porque la intervención vehicular era con él y no con ella. El hombre había dicho al oficial que tenía en su automóvil un arma de fuego para la cual tenía permiso, según ella. Gericke comenzó a grabar el incidente desde una distancia de 30 pies.

Nunca se pudo establecer si ella logró o no grabar el incidente porque su teléfono celular aparentemente nunca funcionó.

Mientras el sargento intervenía con Hanslin y la mujer intentaba grabar la intervención, llegaron un agente y un teniente de la policía y arrestaron a Gericke, aunque luego dos fiscales rehusaron radicarle cargos criminales por entender que no había causa probable para su aprehensión.

Aunque nunca fue acusada criminalmente por el incidente, Carla Gericke radicó una demanda a nivel federal en la cual reclamaba la violación de sus derechos constitucionales de libre expresión y que su arresto fue en represalia a su ejercicio a la Primera Enmienda de la Constitución.

El pueblo de Weare y los policías en su carácter oficial y personal solicitaron la desestimación de la demanda a nivel federal alegando que sus actos fueron legítimos en el cumplimiento de su deber.

El juez de Distrito Federal y el panel de jueces apelativos rehusaron desestimar la demanda en esta etapa de los procedimientos y señalaron que deberá ser un jurado quien resuelva la controversia.

El panel de los tres jueces federales confirmó la decisión de McAuliffe y así dio paso a que la demanda continúe su curso ordinario, sin resolver sobre los méritos del caso, antes de que se ventile el juicio en su fondo.

En su determinación, los jueces hicieron referencia a un caso en el cual el juez apelativo del Primer Circuito Juan R. Torruella decidió de manera similar.

Para entonces, Torruella decidió que los ciudadanos tienen el derecho a grabar a los policías mientras estén en funciones como un ejercicio de libre expresión, siempre y cuando no sean advertidos de lo contrario por justa causa ni entorpezcan un arresto u obstaculicen su labor y función.