La jueza que tiene a su cargo el caso criminal contra Roberto García Díaz por el huevazo al Gobernador fue uno de los primeros nombramientos judiciales del propio Luis Fortuño, y es esposa del actual asesor de la mayoría novoprogresista senatorial, Edgar Vega Pabón.
El Centro de Periodismo Investigativo intentó infructuosamente conocer si el equipo legal de García planifica solicitar la inhibición de la magistrada Enid Rodríguez Molina. Además de que lo solicite alguna de las partes, un juez puede inhibirse de un caso voluntariamente.
Antes de ser nombrada a la judicatura en enero, Rodríguez Molina había sido nombrada fiscal por el ex Gobernador Pedro Rosselló en noviembre de 1999.
Cuando el actual secretario de Justicia, Antonio M. Sagardía, llegó al cargo, su primer traslado fue mover a la fiscal Kendys Pimentel Soto de San Juan a Carolina y traer a San Juan a Rodríguez Molina para sustituirla. Pimentel Soto integró el equipo de fiscales que trabajó la acusación contra el ex Gobernador Rosselló por robarse unos $82,000 en fondos públicos mediante su pensión fraudulenta.
Cuando la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos de la Judicatura consideró el nombramiento de Rodríguez Molina, su esposo ya era asesor de dicha comisión. Actualmente, sigue como asesor bajo un contrato de $44,000 al año. El Alto Cuerpo aprobó el nombramiento unánimemente el 26 de mayo y la nueva jueza superior, junto con otro grupo de jueces nuevos, ascendidos y renominados, juramentó al cargo el 14 de agosto en una ceremonia que contó con la presencia del presidente senatorial Thomas Rivera Schatz y de Fortuño.
El Gobernador figura ahora como “víctima” del cargo de tentativa de agresión (menos grave) que enfrenta García Díaz después de que el 29 de septiembre pasado arrojara un huevo en la dirección en la que se encontraba Fortuño hablando desde un podio durante una conferencia de prensa en el muelle de Fajardo. “Tipo Común” también enfrenta un cargo de “empleo de violencia o intimidación contra la autoridad pública” (grave) donde la víctima sería el oficial de la policía que lo detuvo.
Hasta ahora, será Rodríguez Molina la que el 5 de noviembre próximo determine en una vista preliminar si “Tipo Común” va a enfrentar juicio por esos cargos que le podrían representar hasta cinco años de cárcel y atenderá el fiscal Jorge Elí Carrión. Antes de eso, tiene pendiente resolver dos mociones que presentaron los abogados del también comentarista radial estadista para modificar su fianza y para conseguir acceso a la prueba del Ministerio Público en antelación a la vista preliminar. Específicamente, acceso al vídeo con el que intentarían demostrar que su cliente fue detenido rápidamente y no resistió el arresto ni empleó fuerza contra los agentes policíacos.
Como fiscal, Rodríguez Molina presentó éxitosamente los cargos contra el grupo de policías que irrumpió violentamente y agredió a los presentes en una fiesta de cumpleaños en Loíza el 2001.
Como abogado, Vega Pabón defendió a los convictos María de los Ángeles Rivera, ex secretaria de Rosselló, René Vázquez Botet, ex director de campaña de Rosselló, y José Acevedo Martínez, el ex administrador de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción que viabilizó el robo de la pensión de Rosselló al certificarle fraudulentamente trabajos que nunca hizo.
Además, Vega defendió éxitosamente a Roberto Bonano, contratista del Departamento de Educación acusado junto con el convicto ex secretario de esa dependencia Víctor Fajardo, y a algunos desobedientes civiles durante la lucha civil contra la presencia de la Marina en Vieques.
