La entidad privada a la que el Departamento de Familia asignó la distribución de $13 millones en ayudas para desempleados fue calificada por el Inspector General del Departamento de Salud federal como un recipiente “en crisis” por lo que los fondos están “en riesgo de fraude, desperdicio, y abuso”.
La asignación de los fondos ARRA a la entidad sin fines de lucro Acción Social de Puerto Rico, Inc. (ASPRI) se produjo a pesar de esa designación hecha en octubre de 2009, y a pesar del historial de señalamientos de la Contraloría y de casos criminales que ha rodeado a ASPRI en las últimas décadas.
La asignación también se da después de que el representante novoprogresista por Cabo Rojo, Norman Ramírez Rivera, y el ex representante, y actual secretario de Agricultura, Javier Rivera Aquino, fueran juramentados como miembros de la Junta de Directores de ASPRI. La Junta tiene sillas asignada al “sector electo” por las que han pasado, entre otros, el alcalde novoprogresista de Guaynabo Héctor O’Neill, el ex alcalde novoprogresista de Salinas Basilio Baerga, y el ex representante novoprogresista, ahora juez apelativo, Néstor Aponte.
De esta manera, la asignación recae sobre una entidad que tiene designación de “en crisis” de parte del gobierno federal, que tiene historial de actos delictivos por parte de pasados directivos, y que recién inaugura en su junta a un legislador y a un jefe de agencia. El Departamento de la Familia no reaccionó a los hallazgos del Centro de Periodismo Investigativo (CPI).
De 20 centros comunitarios en todo Estados Unidos a los que los inspectores federales le dieron la clasificación de “vulnerable” o “en crisis”, ASPRI es el único de Puerto Rico y el que tiene la mayor cantidad de fondos ARRA asignados con $18 millones. La diferencia entre lo que está disponible para distribución y lo que fue asignado, unos $5 millones, puede ser la partida que está disponible como ganancia de ASPRI por administrar la propuesta. Esos $18 millones se refieren sólo a ARRA, pero ASPRI tiene contratos adicionales con la Administración de Familias y Niños (ADFAN) que suman $19 millones por lo que el total de lo contratado con ADFAN es $37 millones. Los consorcios de Bayamón-Comerío, Mayaguez-Las Marías, y Dorado-Manatí, los municipios de Vega Alta y Cayey, y la Administración de Desarrollo Socioeconómico también otorgaron contratos a la entidad.
Además, más recientemente la Legislatura y el Gobernador aprobaron una resolución del representante Ángel Bulerín Ramos, para transferirle y parearle a ASPRI unos $225,000 en fondos públicos. La planilla de contribuciones más reciente disponible para ASPRI, 2007, indica que tienen activos por $4.7 millones y que ese año manejaron $9.2 millones en asignaciones para sus programas de ayuda a niños y envejecientes.
El informe federal que alerta de estas asignaciones se publicó el 31 de diciembre de 2009 sin mencionar los nombres de las entidades, pero los inspectores otorgaron la lista de las entidades al CPI después de una solicitud bajo la ley federal de acceso a la información.
Los inspectores reconocen que descalificar a un recipiente “en crisis” es un proceso legal que puede alargarse, por lo que señalan que una alternativa sería implantar un plan correctivo. ASPRI ha recibido asignaciones de fondos lo mismo de administraciones novoprogresistas que de populares, aún después de que a fines de los años 90, su entonces directora ejecutiva, Flor de María Cacho Bonilla, y director asociado, Waldemar Pérez Quintana, fueran convictos a nivel federal por fraude con fondos públicos por $5 millones. Como parte de este caso, los agentes confiscaron 13 terrenos obtenidos con dinero del fraude, y la entidad pasó varios años bajo un tipo de sindicatura en el que cada cheque emitido tenía que tener la aprobación de contables externos designados por el gobierno.
