“Yo no voy a contestar”. Esa fue la respuesta del Superintendente de la Policía, José Figueroa Sancha, a preguntas de CLARIDAD la pasada semana cuando indagamos si entre los 133 arrestados por alegada corrupción había alguno que tuviera que ver con la investigación que conduce la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia de Estados Unidos en contra de la Policía de Puerto Rico por los múltiples abusos a esos derechos ciudadanos.
Tampoco precisó, a preguntas de Oscar J. Serrano, del Centro de Periodismo Investigativo, cuáles de las medidas que el jefe del FBI en Puerto Rico, Luis Fraticelli dijo que la Policía necesitaba hacer, se estaban haciendo ni sus planes para implantarlas. Las medidas se refieren a que la Policía implemente cambios radicales en su funcionamiento, que tenga más recursos, a cambios en las prácticas y protocolos de reclutamiento, en las investigaciones de antecedentes a candidatos a policías en las comunidades donde viven esos policías, antes y periódicamente después de ser nombrados, al uso del polígrafo cuando entra un nuevo candidato a policía y periódicamente después de su nombramiento, además de la supervisión para evitar corrupción y violaciones a derechos civiles.
Luego de la conferencia de prensa, Serrano se acercó a Fraticelli a preguntarle cuántas de sus recomendaciones estaba cumpliendo Figueroa Sancha. Éste le respondió que desconocía, pero que sí sabía que no se estaban realizando las pruebas de polígrafo ni las investigaciones de seguimiento.