Como representante de Puerto Rico en el Congreso, el Gobernador Luis Fortuño introdujo dos medidas, y coauspició una tercera, para que el presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías, fuera censurado por llenar el Tribunal Supremo venezolano de jueces “fieles” y por “severamente lisiar la independencia de la judicatura”.
El acto específico que motivó la preocupación sobre la judicatura fue que Chávez decidió aumentar la composición del Tribunal Supremo de Venezuela de 20 jueces a 32, o lo mismo que dos jueces nuevos por cada una de las seis salas en las que está dividido ese foro. La atención al récord congresional de Fortuño circuló en correos electrónicos después de que este fin de semana la Legislatura aprobara en sesiones nocturnas la medida que aumenta la composición del Tribunal Supremo de Puerto Rico de siete a nueve jueces.
“La polarización, que impregna la sociedad venezolana, ha irrumpido también en el Tribunal Supremo… Hoy en día, la amenaza más grave para los derechos humanos en Venezuela es la posibilidad de control político sobre el Tribunal Supremo facilitada por la nueva ley que pretende llenar de aliados al Tribunal”, indicó el informe de la organización Human Rights Watch (HRW) en el que Fortuño se basó para pedir las expresiones de censura en el Congreso.
Fortuño hizo sus solicitudes al Congreso entre 2005 y 2007. “Por cuanto el Presidente Chávez ha empaquetado al Tribunal Supremo y los tribunales menores con jueces fieles, severamente lisiando la independencia judicial”, consigna la Resolución Concurrente 328 del 18 de duciembre de 2005 que Fortuño coauspició.
Como ha ocurrido en otros casos bajo la Administración Fortuño, la reconfiguración del Tribunal Supremo venezolano estuvo precedida por una ley que declaraba a ese sistema judicial en “estado de emergencia”. Igual que ocurrió acá, en Venezuela la justificación oficial para aumentar la composición de su Alto Foro fue la “carga de trabajo”, pero amplios sectores de dentro y fuera de la sociedad venezolana lo catalogaron como una medida de consolidación de poder partidista.
“[I]ndependientemente de la justificación, el fuerte impacto de esta Ley sobre la independencia del sistema judicial es incuestionable. Permitirá que la coalición mayoritaria en la Asamblea Nacional altere radicalmente el equilibrio de poder dentro del máximo tribunal del país, logrando que cada una de sus salas sea controlada por magistrados adeptos a su agenda política”, expresó HRW.
La resolución mediante la que los jueces del Tribunal Supremo nombrados por Fotuño solicitaron el aumento de ese foro el viernes pasado indica que su plan es operar en salas de tres, para un total de tres salas. Si cada uno de los tres jueces nombrados en administraciones anteriores es asignada a una de las nuevas salas, cada sala estará dominada dos a tres a favor de jueces nombrados por Fortuño.
El estudio de 2004, llamado “Manipulando el Estado de Derecho: Independencia del Poder Judicial amenazada en Venezuela”, pidió directamente al presidente Chávez que “los asuntos tratados en el presente informe no se reduzcan a una discusión político partidista y que nuestras críticas no se malinterpreten como objeciones políticas”.
HRW pidió a los organismos financieros internacionales, como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo que condicionen sus ayudas a que “Venezuela adopte medidas inmediatas y concretas para enfrentar las amenazas contra la independencia judicial que se documentan en este informe”.
Enlaces:
Informe de Human Rights Watch
Resolución Concurrente 224
Resolución Concurrente 328
Resolución Concurrente 50
