Divulgar información pública relativa al salario de empleados gubernamentales, pagados con fondos del erario, bastó para que en el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) iniciara una investigación que culminó en el despido de empleados por supuestamente divulgar esa información al diario El Nuevo Día. 
Esta es parte de las alegaciones que se hacen en una demanda federal que está señalada para ir a juicio el año próximo, y que fue incoada por la ex gerencial de Recursos Humanos del DTOP, Sheila Reyes Orta, y en la que el fisco podría tener que desembolsar hasta $5 millones que se reclaman como compensación por los daños cometidos.
Reyes había sido empleada pública desde enero de 1983 y se identifica como una militante del Partido Popular Democrático (PPD) que, incluso, participó en la organización Renacer 2012 que agrupa a los militantes del PPD en el DTOP. Para las elecciones pasadas, Reyes tenía un nombramiento de confianza como directora de Recursos Humanos en la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT).
Según la demanda, tras las elecciones a Reyes se le relevó de la tarea de evaluar los nombramientos en la agencia con el pretexto de que la agencia estaba investigando una filtración a El Nuevo Día de información relativa a los salarios de las posiciones de confianza en el DTOP que el diario publicó el 29 de abril de 2009.
La persona a la que la agencia encomendó la investigación de la filtración exoneró a Reyes pero, de todos modos, fue despedida el 3 de mayo de 2010. El investigador, Luis M. Sánchez Casanova, estaría disponible para testificar que la pesquisa fue ordenada por el secretario del DTOP, Rubén Hernández Gregorat, y que el propio Sánchez fue removido de su posición de confianza cuando rehusó incriminar a Reyes. Las alegaciones incluyen que Hernández Gregorat dijo en una reunión temprano en el 2010 que “era una pena” que los cerca de 1,000 empleados que iba a botar de la agencia fueran de ideología política diversa, pero que estaba seguro que la mayoría eran populares.
La demanda incluye dentro de sus solicitudes al tribunal que se emita una orden para que el DTOP publique la investigación sobre la filtración de la información a El Nuevo Día.
