La naviera Horizon Lines LLC, que fue enjuiciada aquí por conspirar para arreglar los precios de carga marítima entre Puerto Rico y Estados Unidos del 2002 al 2008, terminará pagando una compensación de $13.75 millones a los otros navieros que la acusaron de prácticas monopolísticas.
El vicepresidente de la compañía, Michael Avara, anunció el 29 de noviembre que logró un acuerdo con las navieras que lo demandaron, pero que optaron por salirse del caso y aceptar una compensación menor a los $45 millones que el tribunal federal había ordenado.
Horizon había alegado al tribunal que se iría a la quiebra si lo obligaban a pagar la totalidad de la orden judicial. De hecho, la compañía notificó al Securities and Exchange Commission (SEC) este mes que no podía pagar $500 millones que tenía en deuda.
Con este acuerdo terminan todas las reclamaciones radicadas por las compañías del pleito de clase contra Horizon, dijo Avara en un comunicado de prensa.
La empresa con sede en Charlotte, Carolina del Norte, se declaró culpable de haber arreglado los precios por los embarques marítimos entre puertos de Estados Unidos y Puerto Rico.
Horizon no fue la única. También las navieras Sea Star Line y Crowley Maritime Corp. fueron investigadas por el mismo esquema. Sea Star se declaró culpable de un cargo de conspiración para arreglar los precios y aceptó una multa de $14.2 millones.
Las compañías navieras objeto de la demanda de clase controlaban el 86% del mercado de cabotaje de Puerto Rico para el periodo investigado, del 1 de mayo de 2002 al 17 de abril de 2008.
Los acusados de conspirar para fijar ilegalmente precios de cabotaje eran Horizon Lines, Inc., Horizon Lines LLC, Horizon Logistics Holdings LLC, Horizon Logistics LLC y Horizon Lines of Puerto Rico, Inc.; Crowley Maritime Corp., Crowley Liner Services, Inc.; Sea Star.Line LLC, American Shipping Group, Inc., Saltchuk Resources, Inc. y Leonard Shapiro (Sea Star); y Alexander Chisholm (“Chisholm”).
El 30 de agosto se convirtió en final la demanda de clase tras la resolución emitida por el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en San Juan. Mediante esta orden, las navieras acusadas tenían que compensar con unos $45 millones a los clientes afectados por los precios que fijaron a cambio de que se declararon culpable de conspiración o llegaron a acuerdos con el Departamento de Justicia federal.
Este caso surgió de una investigación por fijación del cabotaje, caso que consolidaron en uno y terminó en la corte federal de San Juan. Además, está relacionado a los altos costos marítimos con Puerto Rico porque está bajo la jurisdicción de la Ley Jones o Ley de Cabotaje.
El comisionado residente de Puerto Rico en Washington, Pedro Pierluisi, logró el pasado 30 de septiembre que la oficina general de contabilidad del Congreso (GAO en inglés) comenzara un análisis detallado sobre el impacto de las leyes de cabotaje en la economía de Puerto Rico y la de Estados Unidos.
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