En una de sus últimas acciones como gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló podría aprobar un proyecto de ley para hacer más difícil el acceso a la información pública a los ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación.
“El gobernador tiene ante sí, un Proyecto de ley que en el estilo que ha caracterizado su gobernación, dice que hace una cosa cuando en verdad hace otra”, así catalogó Cecille Blondet, Directora de Espacios Abiertos, el P de la C 1095 que aprobó la Asamblea Legislativa el último día de la sesión ordinaria en junio, a última hora, con prisa, tras bastidores, sin aviso y que ayer fue enviado para la firma del Gobernador.
Espacios Abiertos, la Red de Transparencia y los gremios periodísticos han señalado en múltiples ocasiones que el Proyecto de ley “para adoptar la Ley de Transparencia y procedimiento expedito para el acceso a la información pública” no cumple con los principios básicos de acceso a la información reconocidos internacionalmente y que el proyecto de administración —que presentó Rosselló y que fue aprobado por la mayoría del PNP aún con el total rechazo de las minorías, en clara votación partidista dirigida desde La Fortaleza— en vez de acercar al país a la transparencia y rendición de cuentas, pone más obstáculos a éstas, pues entre otras cosas, no promueve la publicación proactiva de información pública, alarga los términos para contestar las solicitudes de información y aumenta de 5 a 12 las excepciones o justificaciones que puede utilizar el gobierno para no dar la información, etc. Una situación similar de desconexión entre el propósito y el contenido de la medida la presenta el P del S 236 que propone una Ley de Datos Abiertos.
Recientemente, y previo al escándalo generado por el chat que ha desencadenado en el anuncio de renuncia del Gobernador, los gremios periodísticos en una carta abierta a éste le solicitaron que vetara ambos proyectos. Ahora ante la inminencia de que el gobernador convierta en ley el P de la C 1095 en un acto desesperado por tratar de reparar su imagen anunciando una ley de transparencia, que en efecto procura lo contrario, y con el conocimiento que tenemos de cómo era que funcionaba La Fortaleza, Espacios Abiertos solicita en carácter de urgencia al liderato de la Asamblea
Legislativa que retire ambos proyectos de la consideración del Gobernador y que se devuelvan a la Asamblea Legislativa, para discusión en diálogo franco y abierto con las organizaciones que llevan años promoviendo el acceso a la información pública y que han librado batallas legales en los tribunales para defender el derecho que el Tribunal Supremo reconoció en 1982 como uno de estirpe constitucional.
“El mensaje del pueblo ha sido claro y contundente. El país cambió, está atento y no aceptará más engaños. La ley de transparencia como está, es una trampa. Si la mayoría del PNP en la Asamblea Legislativa tiene un compromiso genuino con la transparencia, deben actuar ya. Están a tiempo de enmendar su error y retirar el P de la C 1095 y el P del S 236. No hacerlo dejará claro que el liderato legislativo no ha escuchado el reclamo del pueblo y que continúa actuando en común acuerdo con el Ejecutivo, promoviendo la opacidad, la corrupción y el engaño con el único propósito de velar por sus intereses individuales y políticos, en total menosprecio de la aspiración que tenemos la mayoría de los y las puertorriqueñas de legar a las generaciones futuras un mejor país que el que heredamos.” destacó Blondet.