En el barrio Cubuy, en Canóvanas, hay que tener una cisterna — a veces dos, o incluso hasta tres — para poder lidiar con la inestabilidad del servicio de agua potable. Cuando no hay esa opción, hay que recurrir a galones, cubos o drones para almacenar algo de líquido.

De eso da fe Madeline Negrón, de 48 años y residente del sector Eva Flores de este barrio, quien explicó que no hace falta que haya un huracán, tormenta o una sequía para que las tuberías se queden vacías hasta por tres días corridos. Cuando pasó el huracán María en el 2017, los cerca de 10 residentes que viven en este sector tuvieron que esperar varias semanas antes de que se restableciera el servicio de agua. El cuadro es mucho peor en tiempos de sequías, pues Cubuy y otros barrios de Canóvanas son de los primeros sectores a los que se aplica racionamiento de agua cuando los niveles del embalse Carraízo — ubicado en Trujillo Alto — disminuyen.

Este embalse, que administra la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), fue la reserva de agua que registró mayor impacto debido a los sedimentos que arrastraron las escorrentías durante el huracán de hace tres años, según un análisis que realizó la corporación pública y que fue confirmado con un estudio de batimetría. Es también una de las reservas de agua a las que se espera hacer un dragado con fondos del programa de Asistencia Pública de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés). Lo mismo se planifica hacer en los embalses de La Plata y Cidra, con fondos de FEMA.

Pero tres años después del paso del huracán María estos proyectos forman parte de de las obras de infraestructura crítica y de amplio impacto que el Gobierno de Puerto Rico reclama al gobierno federal, pero que apenas se encuentran ante la evaluación de FEMA para que la agencia decida cuánto dinero le asignará.

Es decir, podrían pasar entre dos y tres años más antes de que se comience a extraer sedimentos en Carraízo, corroboró el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) en entrevista con la AAA y tras analizar los procesos de evaluación que se anticipan para estos proyectos. Una situación similar podría ocurrir con proyectos de infraestructura crítica de energía y control de inundaciones, entre otros.

En una visita al barrio Cubuy, Negrón dijo que la semana anterior el agua se había ido durante dos días, por lo que recurrió a su cisterna, que cuando se agota, la obliga a buscar agua en “cubos y galones” en casa de su mamá que vive a 25 minutos de distancia.

“El mayor inconveniente es no tener agua para lavar o cocinar. Aunque, para bañarnos siempre aparece”, aclaró.

A pesar de que la AAA reclamó estos proyectos de manera individual inicialmente, la corporación pública luego consolidó todas sus reclamaciones para obras permanentes del programa de Asistencia Pública de FEMA a través de un solo proyecto por medio de la Estrategia de Obligación Acelerada (FAAST, en inglés).

Una acción similar tomará el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), que reclama fondos para reconstruir casas de bomba en sectores inundables de los municipios de San Juan, Guaynabo y Cataño. Ambos proyectos todavía esperan por la aprobación de la agencia federal, por lo que no tienen una fecha proyectada para su obligación de fondos, dijo el Oficial de Asuntos Externos de FEMA en Puerto Rico, Juan Andrés Muñoz.

Tardará en corregirse el problema de almacenaje de agua en embalses críticos de la AAA

 Lunessa Cruz y Jomar González viven con sus cuatros hijos en el sector Los González del barrio Cubuy en Canóvanas. En este sector el servicio de agua es inestable, explicaron. En ocasiones, hay casas que tienen agua y otras no. Lunessa y Jomar viven en la primera planta de una casa de dos pisos. No tienen cisterna para almacenar agua. Cuando el municipio o la AAA avisa con tiempo que tendrán una interrupción, la familia almacena agua en cubos y galones. Si pasan varios días, el municipio ubica camiones cisterna en puntos del barrio Cubuy y ellos se movilizan hasta allí para suplirse.

Según un análisis de la AAA, el embalse de Carraízo — que suple a varios sectores de Canóvanas — ha perdido 45% de la capacidad original que tenía cuando se construyó en 1953. La última vez que se dragó este embalse fue en 1994, cuando se registró una prolongada sequía en Puerto Rico. Ese proyecto de dragado concluyó en 1998. El paso del huracán María en 2017 provocó una pérdida adicional de 12.5% de capacidad en este embalse, según un análisis del hidrólogo Ferdinand Quiñones para la AAA.

Aunque la AAA reclamó a FEMA dinero para dragar Carraízo, la corporación pública aún no ha decidido si esta remoción de sedimentos se hará en todo el embalse o en unas zonas específicas. Tampoco saben cómo se harán los dragados para el resto de los embalses para los que la agencia solicitó los fondos de recuperación.

Sin embargo, el pasado 26 de octubre la AAA comenzó el proceso de limpieza en la superficie del embalse de Carraízo para controlar el crecimiento del material vegetativo, tras otorgar un contrato de cuatro años a la empresa Caribbean Composting, Inc., por $1 millón.

El ingeniero José Rivera Sanabria, director ejecutivo de Infraestructura en la AAA, explicó que la agencia contratará a cuatro compañías para el análisis de diseño e ingeniería como parte del plan de mejoras capitales de la AAA, incluyendo los proyectos de recuperación. Estos contratos se otorgarán a las empresas Black and Veatch Puerto Rico PSC, Arcadis Caribe PSC, CH Caribe Engineers PSC, CSA y Louis Berger JV, LLC, adelantó Rivera Sanabria. La AAA firmó este mes un contrato con Black and Veatch Puerto Rico por $9,020,786, el cual estará vigente hasta el 30 de junio de 2021.

El funcionario no quiso informar a cuánto ascenderán el resto de las contrataciones, porque dijo que prefiere esperar a que se firmen todos los acuerdos para tener el monto final.

Dijo que una de las primeras tareas que se le dará a estas firmas es identificar las opciones más viables para corregir la poca capacidad de almacenamiento en estos embalses.

 “Hoy en día hay varias alternativas de control de transporte de sedimentos de otras actividades que pueden ayudar no sólo a remover los sedimentos ahora, sino a que estos sedimentos, en tiempos de lluvia, no regresen al embalse. Todas esas cosas hay que poder analizarlas para poder asegurar la inversión y que el dinero que gastemos tenga un buen uso”, dijo Rivera Sanabria.

Pero, ¿por qué entonces se formularon esos proyectos para los que se piden $700 millones a FEMA, específicamente para hacer dragados en tres embalses?, preguntó el CPI.

“No te dejes llevar por esos números, porque fueron bien preliminares”, aclaró Rivera Sanabria, refiriéndose a los datos que aparecen actualmente en la plataforma Grant Portal de COR3. “Esa información es un documento de trabajo que no necesariamente representa la realidad del proceso de determinación de elegibilidad o formulación de los proyectos per se”, indicó.

Explicó que FEMA creó unas agrupaciones de proyectos para tener todo el inventario dentro del sistema Grant Portal del COR3. Según el funcionario, la AAA reclamó daños para todos sus 4,000 activos, a pesar de que no les constaba si realmente todos habían sufrido algún impacto debido al huracán María. Aclaró, no obstante, que la AAA no necesariamente va a propiciar que se evalúen todas las reclamaciones. Es decir, reconoció que la corporación pública formuló proyectos ante FEMA a los que posiblemente no se les obliguen fondos.

“En el 2018, cuando entregamos el listado de daños a FEMA, que es un requisito dentro del proceso, se entregaron todos los activos de la AAA, que son como 4,000, sin incluir las tuberías. Se entregó una lista con todos los activos, porque, obviamente, había que reportar daños para poder ser elegibles posteriormente para una asignación de fondos. La realidad es que, con el tiempo que había, se hacía difícil precisar cuáles eran los daños. Pero, como el huracán María fue tan devastador, era certero poder decir que todo había recibido daños”, explicó.

El CPI cuestionó a Rivera Sanabria por qué, dos años más tarde, siguen en sistema proyectos que no serán evaluados ni recibirán fondos, creando una impresión errónea sobre el dinero y la cantidad de proyectos de recuperación que se espera tenga la AAA.

El funcionario explicó que mientras FEMA no apruebe y obligue fondos al proyecto consolidado por medio del programa FAAST, los proyectos individuales “permanecerán en sistema”.

Por su parte, Ricardo Agosto Castro, subdirector de Asuntos Externos de FEMA, no precisó cuándo ni por cuánta cantidad sería la obligación para estos proyectos de infraestructura de agua.

¿Tiene la AAA alguna fecha o proyección concreta de cuándo se iniciarán estos trabajos, como los dragados, ya sea con fondos de FEMA o internos?, preguntó el CPI a Rivera Sanabria.

“Primero hay que hacer análisis de alternativas y comenzar los procesos de permisos. Eso nos debe tomar entre seis y ocho meses. Son procesos de ingeniería complicados. Obviamente, la parte de permisos, dependiendo de la alternativa que se escoja, puede ser más o menos compleja. Si la alternativa es muy complicada, que tenga un impacto ambiental mayor, quizás el proceso de permisología ambiental es más extenso que una actividad un poco más simple”, dijo el funcionario de la AAA.

Bombas de control de agua: un problema para largo

Juan Rivera, quien pidió que se protegiera su identidad real, explicó que la calle Amparo en la barriada Juana Matos en Cataño es la primera en inundarse cuando el agua de la ciénaga Las Cucharillas se desborda. Esto, debido al efecto de gravedad que arrastra el agua hasta la zona que los vecinos llaman “El Hoyo”. La ciénaga, que se extiende a través de 1,272 cuerdas entre Cataño, Guaynabo, Toa Baja y Bayamón, recibe escorrentías de municipios cercanos, áreas industriales de Cataño y otras zonas contiguas. Por el mismo efecto de acumulación de agua, Juan dijo que la calle en la que reside con su esposa es la última que se seca.

Cuando encienden las bombas en la estación La Malaria en Cataño, el agua en la calle Amparo se seca en su totalidad entre tres y cinco días, explicó Juan. Si no las encienden, puede tomarse hasta dos semanas con pequeños baches de agua en la zona. Contó que, cuando llueve de manera sostenida, incluso para pueblos de la montaña, tiene que mover su vehículo fuera de la comunidad para evitar que este quede bajo agua. Cuando se inunda la calle, salen asistidos por un bote improvisado que Juan elaboró a partir de un jet ski viejo. Durante María, esta familia quedó con el agua hasta el pecho. Pasaron 17 días para que se vaciara completamente el agua acumulada en la calle luego de ese evento. Cuando pasan muchos días con el agua empozada, empieza a apestar, lamentó el catañense.

A tres kilómetros de la casa de Juan, Lourdes Pont señala al mar, mientras recuerda la forma en la que el agua salada cubrió la calle Laguna y algunas de residencias durante el huracán. A pasos de su hogar está la casa de bomba Bay View, en Cataño. Aunque por más de tres años su vecindario no ha experimentado una inundación como la provocada por el ciclón del 2017, Pont dice que ella y otros vecinos se han comunicado con el DRNA para que poden el camino que hay detrás de sus residencias, y que brinda acceso a la casa de bomba. El camino está lleno de maleza, animales y escombros. La catañense teme que ese material acumulado interfiera con el flujo de agua. Por eso, cada vez que el DRNA no responde a sus peticiones, son los mismos vecinos quienes limpian una parte del área que no está restringida.

En el 2017, el alcalde de Cataño, Félix Delgado, firmó un acuerdo de co-administración de las 11 casas de bombas de control de inundaciones en su municipio, con el DRNA, que entonces era dirigido por Tania Vázquez. La funcionaria renunció luego que se conociera que el Negociado de Investigaciones Federales (FBI, en inglés) investiga presuntas irregularidades precisamente relacionadas con el otorgamiento de contratos para el mantenimiento de bombas de control de inundaciones que la agencia dio a empresas allegadas al superintendente del Capitolio, José Jerón Muñiz Lasalle.

“Habíamos visto que el DRNA no tenía personal. Nosotros tenemos una oficina que es Manejo de Emergencias, que tenemos personal adiestrado para estar pendiente a las bombas. Uno de los grandes problemas de esas bombas es que no se prendían a tiempo y por eso se inundaba Cataño constantemente. Al nosotros poner personal 24 horas, siete días a la semana, cuando lloviera o hubiese avisos de inundaciones, tendríamos personal constante para prender esas bombas”, explicó el alcalde.

Este acuerdo concluyó en mayo de este año, pero Delgado indicó que está evaluando la posibilidad de una extensión. Su principal interés es que el DRNA le traspase la administración total de estas casas de bombas, lo que conllevaría mover a su municipio también el presupuesto que se destina del erario para el mantenimiento de estas estructuras. El traspaso que busca Delgado supondría también que se redirijan los fondos de recuperación que FEMA obligue para el desarrollo de estas casas de bombas. Delgado presentó esa propuesta a la entonces secretaria del DRNA, quien ignoró la petición.

“Lamentablemente, no hubo voluntad. Eso sería una recomendación que yo le daría al gobierno central: que baje esos fondos del gobierno central a los municipios, y que a los municipios, que somos los que en realidad nos afectamos, nos pasen la responsabilidad de las bombas, nos pasen el dinero de las bombas y nosotros las co-manejamos como hemos demostrado durante todo este tiempo”, señaló.

Por su parte, el actual secretario aclaró al CPI que no ha recibido ninguna propuesta formal de Cataño para traspasar completamente la administración de las casas de bomba al municipio.

“No recuerdo que [Félix Delgado] me hubiese hecho [el acercamiento], y si me lo hubiese hecho, yo hubiese entrado en un diálogo con el alcalde para evaluarlo, porque no me parece que eso sea una solicitud irrazonable y caprichosa”, explicó Machargo.

Actualmente el DRNA administra 14 casas de bomba en los municipios de San Juan, Cataño, Guaynabo, Arecibo, Juana Díaz y Salinas.

Delgado aceptó que conoce el reclamo de los residentes sobre las inundaciones, sobre todo, de aquellos que que viven en la comunidad Juana Matos. Dijo al CPI que una de sus propuestas de largo plazo consiste en recurrir a fondos del Programa de Subvención en Bloque de Desarrollo Comunitario para la Recuperación por Desastre (CDBG-DR, en inglés) para reubicar cerca de 44 familias de este sector en otras áreas de Cataño, demoler las estructuras y sumar ese espacio a la reserva natural de La Ciénaga Las Cucharillas. Según Delgado, ese proyecto requeriría entre $8 y $10 millones para su ejecución.

Los fondos CDBG-DR son otorgados por el Departamento de la Vivienda Federal (HUD, en inglés) y son administrados por el Departamento de la Vivienda local. Actualmente este programa tiene asignados $20.2 mil millones, de los que Puerto Rico solo tiene aprobado usar apenas un 16%, es decir, $3.2 mil millones. De ese dinero disponible, el Gobierno solo ha usado 2%, al cierre del año fiscal 2020.

¿Se le ha presentado la posibilidad de reubicación a esas 44 familias?, preguntó el CPI a Delgado.

“Sí, se ha comentado. [Pero], los fondos CDBG-DR han sido un dolor de cabeza para todo el mundo. Sí, ya he ido por la comunidad explicando lo que quiero hacer, pero hasta que yo no tenga eso en la mano, no quiero sentarme con la gente, porque después van a decir: ‘el ‘Cano’ prometió y no cumplió’. Yo quiero tener todos los recursos. Pero, hasta que no me den seguridad de que tendré tanto dinero para esto, entiendo que no es prudente darle unas falsas expectativas.”, lanzó el alcalde.

¿En dónde se reubicará a estas familias?

“Yo les daría diferentes opciones, la urbanización Las Vegas, por ejemplo, o diferentes urbanizaciones dentro del entorno de Cataño, que ellos escojan, porque aquí lo importante no es ponerlos donde el municipio quiera, porque este será su nuevo hogar, pero una casa en Cataño de $80 mil o $90 mil, pues estará bien”, sostuvo.

Varios residentes de esta comunidad confirmaron al CPI que, si bien han escuchado de la posibilidad de que se reubiquen familias en otras zonas de Cataño, esta propuesta no ha sido esbozada de manera directa por el alcalde. Incluso, la idea ya cuenta con votos a favor y otros en contra en la comunidad de Juana Matos.

Félix Solís, de 52 años, vive en la Calle Nueva de esta comunidad. No ha escuchado del proyecto de movilizar gente a otros lugares del municipio. Vive en una casa de dos pisos pintada de amarillo claro. En el solar también está la casa de su tío de 80 años, una estructura más grande pintada de blanco y anaranjado pálido. Contó que cuando pasó el huracán María en 2017, la zona acumuló seis pies de agua. Si se les pregunta a varios residentes, todos hacen el mismo gesto de colocar la mano en el pecho para explicar hasta dónde llegó la inundación. En su caso, dijo que no le gustaría irse de donde vive, sino que se corrija el sistema del alcantarillado para evitar que las inundaciones sean más graves.

“Si hacen un mejor alcantarillado, uno se puede quedar [viviendo en la comunidad Juana Matos]. Aquí, conocemos a todo el mundo y somos felices”, manifestó.

Por su parte, Lino Almonte de 74 años, dijo que “sería un palo” la posibilidad de moverse a un mejor lugar que no tenga la problemática de las inundaciones. Almonte reside en la calle Amparo desde 1987. Confirmó que esa calle se inunda constantemente aunque dijo que con las bombas de control de inundaciones se ha mitigado “algo” la situación.

“Cuando llueve aquí todo el mundo tiene que sacar los carros para afuera [de la comunidad]”, dijo. En su caso, contó que ha ido “elevando” parte del terreno de su solar con relleno y concreto para tratar de evitar que el agua llegue hasta su propiedad.

Latente temor a más inundaciones en San Juan

Una situación como la que viven en Cataño también la experimentan los cerca de 150,000 residentes de las comunidades Playita, Shanghai, Ocean Park, Santa Teresita, el Residencial Luis Llorens Torres, Villa Palmeras, Punta Las Marías, Machuchal, en San Juan y algunos sectores de Isla Verde, en Carolina. Estos sectores dependen de una casa de bomba de control de inundaciones ubicada en la calle marginal Baldorioty de Castro en la desembocadura de la laguna Los Corozos junto a la colindancia entre San Juan y Carolina.

Alfredo Coyard, líder comunitario de Ocean Park, explicó que el problema con estas bombas de control de inundaciones es que suplen una necesidad para una zona en la que no se desarrolló una infraestructura pluvial y de alcantarillado acorde con la ampliación de viviendas, edificios, hoteles y espacios comerciales que ha incrementado en los últimos 40 años.

“Toda esta área era de manglares, que los desarrolladores vieron potencial de explotar las áreas costeras y las rellenaron en los años 1950. El sistema de alcantarillado que se creó era para unidades familiares. La zona fue creciendo como una zona turística y de playa. Se convirtió en lo que es hoy en día, se desarrolló lo que es Condado y se convirtió en área de alto interés. Empezaron a construir más propiedades y condominios. Todo eso con el sistema de alcantarillado y pluvial que se creó para un desarrollo de los 1950”, recordó Coyard.

El huracán María en 2017 provocó que los residentes quedarán bajo agua, tuvieran pérdidas significativas en sus casas y estuvieran sin acceso durante varios días. Antes del paso de María, tres de las nueve bombas de control de inundaciones ubicadas en esta casa de bomba estaban fuera de servicio. Las otras seis no funcionaron debido al colapso del sistema eléctrico y la falta de equipo alterno para suplirles energía, explicó Omayra Ríos, líder comunitaria de la comunidad Shanghai.

“Con María eso no funcionó, porque, recuerda, se fue la luz, y eso no prendió. Luego de tres años, ahora hay mucho dinero [para recuperación] pero seguimos en el mismo lado”, recalcó Ríos.

El DRNA mantiene un contrato con la empresa Tetrad Enterprises para el alquiler de bombas portátiles de control de inundaciones para Cataño y San Juan. Este contrato también se extiende a los municipios de Salinas y Juana Díaz, confirmó Machargo al CPI. Hasta el momento, el DRNA ha gastado $26 millones en este contrato, que también incluye el pago de diésel para mantener el funcionamiento de estos equipos. Según el Registro de Contratos de la Oficina del Contralor de Puerto Rico, el acuerdo entre el DRNA y Tetrad Enterprises entró en vigor el 26 de marzo de este año y su vigencia fue hasta el 30 de septiembre, que es la fecha de caducidad del project worksheet (PW) aprobado por FEMA. Sin embargo, en las visitas a comunidades que se sirven de estas casas de bombas y luego de entrevistas con funcionarios del gobierno, el CPI confirmó que actualmente la empresa continúa manejando la operación de estas infraestructuras.

Para la implementación de estas bombas portátiles para el control de inundaciones, FEMA obligó inicialmente $24 millones. No obstante, esa cantidad puede aumentar en la medida que la documentación final proporcionada por el DRNA cumpla con las Guías del Programa de Asistencia Pública de la agencia federal, indicó FEMA.

En una entrevista posterior con Machargo, el funcionario indicó que el pasado 2 de noviembre, FEMA le aprobó al DRNA la extensión del PW de las casas de bomba hasta el 31 de diciembre de este año. Asimismo, el contrato del DRNA y Tetrad Enterprises fue extendido hasta el último día del 2020.

“Sería por la misma cantidad, el mismo canon mensual del contrato anterior. Ese contrato tiene un canon por alquiler de equipo y tiene una partida por el uso del combustible. Entre el canon y el combustible, el promedio ha sido como $2 millones al mes”, dijo Machargo sobre la cantidad que, hasta el 31 de diciembre, Tetrad Enterprises devengará y que se sumaría a los $26 millones que hasta el momento ha costado el manejo de las bombas portátiles.

Ríos cuestionó por qué no se ha usado ese dinero que se ha destinado para el alquiler para adelantar la reparación de las bombas permanentes.

“No se ha sido claro sobre los fondos y dónde están ¿Cuál es el curso de acción? Siempre este tipo de proyectos tienen un plan A o B. Pero el Gobierno aparentemente no puede trabajar así. Tienen que hacer estudios y después de hacer el estudio entonces verán qué hacen”, añadió Coyard.

A paso lento el DRNA en el reclamo de fondos a FEMA para controlar inundaciones

El secretario interino de Recursos Naturales y Ambientales justificó el contrato con Tetrad Enterprise estableciendo que estas comunidades no pueden quedar desprovistas de este servicio durante temporadas de lluvia que podrían inundar nuevamente la zona.

Aceptó que la reparación de las bombas permanentes tomará más tiempo debido a todo el proceso que conlleva solicitar los fondos de recuperación a FEMA. Al igual que en la AAA, el DRNA reformulará los proyectos para las casas de bombas de control de inundaciones que se habían reclamado de manera individual para concentrarlos en un solo proyecto.

En San Juan, se consolidarán ante FEMA los proyectos de las casas de bombas de la marginal Baldorioty de Castro, la de la Avenida José De Diego (Parada 22) y la que se ubica en la Parada 18 en Santurce, detalló el funcionario. En el caso del proyecto correspondiente a las casas de bombas de Guaynabo y Cataño, se consolidaron las estructuras que se ubican los sectores de San Fernando, La Malaria, Bay View, Sabana y una cercana al residencial público Juana Matos.

La agencia espera presentar a FEMA este plan de consolidación de proyectos similares a principios de diciembre, acompañado de un estudio hidrológico e hidráulico (HH) para conocer la cantidad de agua que manejan estas casas de bombas y de ahí pasar a la etapa de diseño.

“En octubre [se hizo] una solicitud de propuestas para los estudios hidrológicos e hidráulicos de las cuencas hidrográficas donde se encuentran esas casas de bomba. Esos proyectos son de la época de los años 1950 y los 1960, y desde esa época para acá ha habido más densificación de la población y se ha impermeabilizado más terreno. Eso se tiene que identificar con profesionales de ingeniería que tienen la especialización en hidrología”, explicó Machargo. De ordinario, este tipo de estudios toman cerca de 90 días para su ejecución, señaló el funcionario.

Los líderes comunitarios de la zona expresaron su malestar con esa gestión pues supondría extender por más tiempo el gasto con las bombas alquiladas y, a la vez, la incertidumbre de nuevas emergencias si se vuelven a inundar las calles de estas comunidades.

“[La necesidad de un estudio hidrológico e hidráulico] la vienen diciendo desde la última vista en el COR3, que fue en enero [de 2020], mucho antes del COVID-19. Tú me vas a decir que con tanto ambientalista y experto que hay en este país, ¿no hay un HH hecho ya? Eso no lo puedo creer. Aquí hay un negocio que está beneficiando a alguien con ese alquiler, que puede ser la misma compañía que las alquila”, cuestionó Ríos.

Coyard añadió que este contrato está subordinado al cumplimiento del gobierno con las cláusulas contractuales establecidas con Tetrad Enterprises. Contó, por ejemplo, que en julio de este año, cuando la tormenta Isaías impactó a Puerto Rico, habló con el dueño de Tetrad, Luis Hernández, quien se negó a encender las bombas portátiles porque el DRNA le debía “varios meses” del pago del alquiler, según detalló.

“Uno se convierte en un rehén. En la tormenta reciente (Isaías) el dueño de las bombas no quería prenderlas porque le deben dinero. Ese día estaba llamando a Eddie Charbonier [legislador] y a Rafael Machargo [secretario del DRNA]. Les dije: ‘qué clase de contratista tienes ahí que porque tú no le has pagado, me va a dejar a mí inundarme’. Ellos me dijeron que eso no podía ser. Pero es lo que me dijo el contratista, que como a él no le habían pagado, él no iba a prender las máquinas”, señaló. Luego de 12 horas, Hernández accedió a prender las bombas, aclaró Coyard.

Además del acuerdo con el DRNA, Tetrad Enterprises tiene un contrato con el municipio de Comerío para mantener y operar las represas Salto Uno y Salto Dos hasta el año 2057 a razón de $50 mil al año. La empresa, además, ha tenido contratos relacionados con el mantenimiento de instalaciones eléctricas en a Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico.

El CPI buscó una reacción de Tetrad Enterprises sobre este asunto y más detalles sobre la contratación con el DRNA, pero la empresa no estuvo disponible para entrevista.

En la actualidad hay un total de cinco proyectos de obra permanente relacionados con las Estaciones de Control de Inundaciones del DRNA, según la información provista al CPI por FEMA. Aparte de los proyectos consolidados que corresponden a las casas de bomba de San Juan, Cataño y Guaynabo, las otras obras relacionadas a este tipo de estaciones de control de inundaciones están ubicadas en los municipios de Salinas y Juana Díaz, según se desprende de un documento divulgado por el DRNA. FEMA y el DRNA todavía no llegan a un acuerdo sobre la descripción y dimensión de daños en cuatro de estos cinco proyectos de obra permanente, según datos de la agencia federal.

Víctor Rodríguez Velázquez y Rafael R. Díaz Torres son participantes de Report for America