El Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito en Boston rechazó la pretensión de la Junta de Control Fiscal de que por «inmunidad soberana» no tenían que someterse al derecho de acceso a la información reconocido bajo la Constitución del Estado Libre Asociado y entregar documentos sobre su gestión que le solicitó el Centro de Periodismo Investigativo (CPI).

“En este caso, la Junta planteó que, al amparo de la ley PROMESA, gozaba de inmunidad completa ante los reclamos del pueblo de acceso a la información en sus archivos. Mediante esta decisión, el Tribunal del Primer Circuito en Boston rechazó ese planteamiento que exalta la impunidad y el poder total de la Junta. Por fin un tribunal ha puesto freno a algunos de los abusos de la Junta. El pueblo de Puerto Rico tiene derecho a conocer lo que están haciendo sus gobernantes de facto.  Felicitaciones al CPI por esta lucha y este logro tan importante”, dijo Judith Berkan, que junto a Steven Lausell Recurt y a varios estudiantes de derecho, representó al CPI desde la Clínica de Acceso a la Información de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana.

Hace cinco años que el CPI demandó a la Junta para lograr acceso a varias categorías de información pública, incluyendo sus comunicaciones con el Gobierno de Puerto Rico y el de los Estados Unidos. El juez del Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico, Jay A. García Gregory, emitió en 2018 una decisión a favor del CPI en la que determinó que, como agencia del Gobierno de Puerto Rico, la Junta está obligada a cumplir con el derecho de acceso a la información bajo la Constitución de Puerto Rico. Aunque el CPI recibió algunos de los documentos, el proceso legal llegó al punto en que la Junta de Control Fiscal apeló al Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito en Boston para evitar entregar las comunicaciones que faltan sin justificar por qué no las entrega. En votación dos a uno, el tribunal apelativo federal decidió a favor del CPI y en contra de la Junta.

“Cada paso dado en el largo y difícil camino de este caso ha resultado en el fortalecimiento y la expansión del derecho constitucional de acceso a la información que reconoció el Tribunal Supremo de Puerto Rico hace 40 años. Agradecemos el trabajo de nuestro equipo legal y de los amigos de la corte que nos acompañan en esta gesta histórica que se mantiene como el triunfo más significativo de los derechos civiles ante las disposiciones de la Ley PROMESA y la Junta de Control Fiscal”, dijo Oscar J. Serrano, cofundador y coordinador del Programa de Transparencia del CPI.

En la decisión, escrita por la jueza Ojetta Rogeriee Thompson y apoyada por el juez William J. Kayatta, indican que: “Los tipos de documentos que CPI busca obtener (como informes financieros y declaraciones relacionadas con la Junta y el Estado Libre Asociado, así como comunicaciones entre la Junta y varias entidades) en nuestra opinión, no tienen el mismo grado de sensitividad de seguridad nacional como los que la CIA requiere para llevar a cabo sus responsabilidades relacionadas a la seguridad nacional, cuya divulgación «revelaría fuentes y métodos de inteligencia”.  

“Estamos de acuerdo con el tribunal de distrito en que el Congreso manifestó inequívocamente su intención de que la Junta pudiera ser demandada por «cualquier acción… que surja de [PROMESA]», pero sólo en la corte federal. El Congreso fue inequívocamente claro de que había remedios contemplados por violaciones constitucionales…” agrega la sentencia. La jueza Sandra L. Lynch disintió.

El CPI inició este litigio contra la Junta en junio de 2017. En la ruta del caso ante el Primer Circuito, organizaciones de prensa y pro derechos civiles de Puerto Rico y Estados Unidos, como la Asociación de Periodistas de Puerto Rico, Espacios Abiertos, LatinoJustice y el Reporters Committee for Freedom of the Press, a cuya petición se unieron The Atlantic, CNN en Español, las cadenas McClatchy y Gannett, el Boston Globe, el Pulitzer Center on Crisis Reporting, la Society of Professional Journalists y otras 20 organizaciones periodísticas, presentaron su posición como amigos de la corte (amicus curiae) en apoyo al CPI.

Revive también el caso en Puerto Rico de acceso a la información 

El mismo día en que el CPI demandó a la Junta, también presentó en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan otra demanda contra La Fortaleza y el entonces gobernador Ricardo Rosselló, solicitando documentos intercambiados entre el Ejecutivo y la Junta. 

El Gobernador de Puerto Rico y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) llevaron el caso hasta el Tribunal de Apelaciones y al Tribunal Supremo. Alegaron que ya la Junta había entregado los emails, por lo cual era una duplicidad de esfuerzos que el Gobierno entregara los que se le pedía, aunque faltaban miles de documentos. También argumentaron que era onerosa la entrega de la información. El Tribunal de Apelaciones les falló en contra, y el Tribunal Supremo se negó a intervenir en el asunto de manera definitiva en abril. Finalmente, ese caso vuelve a su curso.

“Tras casi cinco años de litigio, el caso regresa al Tribunal de Instancia para que el Gobernador y AAFAF finalmente cumplan con su obligación de entregar la información. La demora en sí es muestra del camino que falta por recorrer para lograr que nuestro derecho constitucional de acceso a la información sea una realidad. Sin embargo, el que nuestros tribunales hayan reconocido que las comunicaciones entre el Gobierno y la Junta son públicas representa una victoria importante para la fiscalización ciudadana y el debate público en torno a dichas instituciones y el rol que desempeñan en nuestro archipiélago”, dijo Luis José Torres Asencio, abogado del caso junto a Steven Lausell Recurt y estudiantes de la Clínica de Acceso a la Información de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana.

“Me siento honrada por el apoyo que hemos tenido de nuestro equipo legal de excelencia, de todas las organizaciones que nos han apoyado en este esfuerzo, y de los lectores y lectoras que nos animan a seguir hasta conseguir los documentos que nos pertenecen, porque son públicos. Esta es una lucha del periodismo puertorriqueño que ya ha tenido repercusiones históricas. El Gobierno y la Junta, en su confabulación contra la transparencia, no van a lograr despojarnos de la historia que nos pertenece. Todavía queda un tramo en estos casos, y lo vamos a recorrer hasta llegar a la meta”, concluyó Carla Minet, directora ejecutiva del CPI.