Supremo federal no debe creer el drama que inventa la Junta para burlar la transparencia

El caso mediante el cual el Centro de Periodismo Investigativo ha logrado establecer la obligación que tiene la Junta de Control Fiscal de someterse al derecho de acceso a la información presenta múltiples encerronas legales. Por eso, el Tribunal Supremo federal debe rechazar la solicitud que le hizo la Junta para que entren en la controversia.

Ultimátum de AES: pide un rescate económico al Gobierno de Puerto Rico

Envío de correos electrónicos, reuniones con figuras clave de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la discusión de un Memorando de Entendimiento para renegociar el contrato de AES Puerto Rico (AES-PR) con el Gobierno de Puerto Rico seis años antes de que se venza. Todo ha ocurrido durante los pasados 11 meses, fuera del escrutinio público. Sin embargo, una carta de la directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal, Natalie Jaresko a la Junta de Gobierno de la AEE destapó lo que hasta hoy había sido un secreto entre ejecutivos de AES y miembros de la administración de Pedro Pierluisi: que la carbonera atraviesa su peor crisis económica y que para salir de ella reclama que el Gobierno de Puerto Rico salga a su rescate. “El problema de flujo de efectivo en AES-PR es grave”, revela Jesús Bolinaga Serfaty, presidente de esa empresa, en una comunicación escrita el 24 de marzo de 2021 a ejecutivos de la AEE que se había mantenido en secreto, pero que el Centro de Periodismo Investigativo y La Perla del Sur obtuvieron tras meses de solicitudes y la presentación de un recurso de Mandamus para acceso a información pública. Captura de pantalla de la comunicación escrita.

A cantarle cumpleaños al caso en el tribunal contra la Junta y el Gobierno

El país ha estado asistiendo durante los pasados años a una puesta en escena en la cual la Junta de Control Fiscal dice “hay que cortar por aquí” y el Gobierno le dice a la prensa “no voy a cortar”. El resultado neto es que muchos de los recortes en efecto se han dado, se ven y se sienten. Como cuando faltan recursos en el Instituto de Ciencias Forenses para procesar “rape kits”, o cuando se recortaron fondos a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres. También hay recortes menos visibles que pasan factura, como cuando los empleados de una agencia se van retirando y no los reemplazan para “ahorrar”, quedándose personas sin preparación y sin referencias sobre los procesos y los servicios públicos. No son pocos los economistas que han cuestionado la poca transparencia en la metodología usada tanto por el Gobierno como por la Junta para elaborar las proyecciones económicas, los planes fiscales y los presupuestos.