acceso a la información

Tribunal Supremo atenderá caso en que el CPI pide documentos públicos a la Junta de Control Fiscal

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El Tribunal Supremo de Estados Unidos decidió acoger este lunes un recurso legal mediante el cual la Junta de Control Fiscal de Puerto Rico elevó a ese foro un caso de acceso a información pública que el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) le ha ganado en instancias previas del proceso judicial. El máximo foro federal evaluará, a petición de la Junta, si esa entidad creada por la Ley PROMESA tiene inmunidad soberana, lo que significa que es totalmente inmune a reclamaciones bajo las leyes de Puerto Rico, por lo que no le aplica el derecho constitucional de acceso a información pública. 

Los periodistas del CPI solicitaron desde el 2017 las comunicaciones entre funcionarios del Gobierno de Puerto Rico y la Junta, entre otros documentos. Como parte del litigio que ya lleva más de cinco años, el ente fiscal entregó al CPI alrededor de 18,400 documentos, pero reclamó confidencialidad sobre otros 20,000. 

“Desde el CPI reafirmamos nuestro derecho de acceso a esa información que la Junta de Control Fiscal ha intercambiado con el Gobierno de Puerto Rico. Vamos a seguir luchando para lograr que el pueblo de Puerto Rico sepa lo que ha estado haciendo la Junta y cómo se han estado tomando decisiones. El que el Tribunal Supremo federal haya decidido acoger este recurso nos preocupa, porque la Junta pretende operar sin tener que cumplir con el derecho puertorriqueño al acceso de información garantizado por nuestra Constitución.

Opinión

Supremo federal no debe creer el drama que inventa la Junta para burlar la transparencia

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El caso mediante el cual el Centro de Periodismo Investigativo ha logrado establecer la obligación que tiene la Junta de Control Fiscal de someterse al derecho de acceso a la información presenta múltiples encerronas legales. Por eso, el Tribunal Supremo federal debe rechazar la solicitud que le hizo la Junta para que entren en la controversia.

Centro de Periodismo Investigativo

Dónde y cómo responde la Junta por violaciones a las leyes de Puerto Rico, esa es la pregunta

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La reciente decisión del Tribunal del Primer Circuito de Apelaciones en el caso de acceso a la información que el Centro de Periodismo Investigativo mantiene contra la Junta de Control Fiscal desde 2017 se decidió atravesando argumentos legales laberínticos para el lector lego, pero, al centro, plantea una pregunta sencilla: ¿Tiene la Junta inmunidad para violar las leyes de Puerto Rico sin responder en ningún foro? Hasta ahora, un juez del Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico y dos de tres jueces apelativos en el Primer Circuito han contestado que no, que la lectura correcta y razonable de la Ley PROMESA es que la Junta no quedó inmune ante cualquier ley en cualquier foro. En todo este trayecto, ha quedado fortalecido el derecho constitucional de acceso a la información que tienen los ciudadanos de esta isla y que el Tribunal Supremo de Puerto Rico reconoció hace 40 años en el caso de Soto v. Secretario de Justicia. Un juez de distrito federal y dos jueces apelativos federales han sostenido que la Junta tiene que responder a la ciudadanía bajo ese derecho. La Junta ya anticipó que intentará extinguir las alternativas que le quedan para revocar a la mayoría del panel apelativo.

acceso a la información

CPI logra victoria federal contra la Junta de Control Fiscal y a favor del acceso a la información

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El Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito en Boston rechazó la pretensión de la Junta de Control Fiscal de que por “inmunidad soberana” no tenían que someterse al derecho de acceso a la información reconocido bajo la Constitución del Estado Libre Asociado y entregar documentos sobre su gestión que le solicitó el Centro de Periodismo Investigativo

Corrección

Se consuma el cierre del Hogar Intermedio de Mujeres en San Juan

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Diez mujeres que cumplían sus sentencias en el Hogar Intermedio de Mujeres en San Juan fueron trasladadas la semana pasada a una institución carcelaria en Bayamón como parte del cierre de seis instalaciones del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). La secretaria de Corrección, Ana Escobar Pabón, explicó al Centro de Periodismo Investigativo (CPI) que el Hogar se traslada a lo que una vez fue el Centro de Tratamiento Social y de Clasificación, donde ubicaban a menores de edad hasta el 2019. Los cierres en el DCR responden a una medida de austeridad requerida por la Junta de Control Fiscal a Corrección para ahorrar $5.1 millones al cierre del año fiscal 2020 y así consta en el Plan Fiscal certificado. Según Escobar Pabón, la Junta “requirió al Departamento de Corrección y Rehabilitación hacer un análisis de la planta física, las estructuras, los recursos humanos, la misión de cada institución, y cuán efectivo o no ha resultado lo que estábamos haciendo al momento”, y así establecer un plan de optimización. El cierre del Hogar Intermedio de Mujeres ubicado en Puerta de Tierra representará un ahorro anual de sólo $70,000, tomando en cuenta los gastos del 2021.

Bomba de tiempo, las cenizas de carbón

Ultimátum de AES: pide un rescate económico al Gobierno de Puerto Rico

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Envío de correos electrónicos, reuniones con figuras clave de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la discusión de un Memorando de Entendimiento para renegociar el contrato de AES Puerto Rico (AES-PR) con el Gobierno de Puerto Rico seis años antes de que se venza. Todo ha ocurrido durante los pasados 11 meses, fuera del escrutinio público. Sin embargo, una carta de la directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal, Natalie Jaresko a la Junta de Gobierno de la AEE destapó lo que hasta hoy había sido un secreto entre ejecutivos de AES y miembros de la administración de Pedro Pierluisi: que la carbonera atraviesa su peor crisis económica y que para salir de ella reclama que el Gobierno de Puerto Rico salga a su rescate. “El problema de flujo de efectivo en AES-PR es grave”, revela Jesús Bolinaga Serfaty, presidente de esa empresa, en una comunicación escrita el 24 de marzo de 2021 a ejecutivos de la AEE que se había mantenido en secreto, pero que el Centro de Periodismo Investigativo y La Perla del Sur obtuvieron tras meses de solicitudes y la presentación de un recurso de Mandamus para acceso a información pública. Captura de pantalla de la comunicación escrita.

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A cantarle cumpleaños al caso en el tribunal contra la Junta y el Gobierno

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El país ha estado asistiendo durante los pasados años a una puesta en escena en la cual la Junta de Control Fiscal dice “hay que cortar por aquí” y el Gobierno le dice a la prensa “no voy a cortar”. El resultado neto es que muchos de los recortes en efecto se han dado, se ven y se sienten. Como cuando faltan recursos en el Instituto de Ciencias Forenses para procesar “rape kits”, o cuando se recortaron fondos a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres. También hay recortes menos visibles que pasan factura, como cuando los empleados de una agencia se van retirando y no los reemplazan para “ahorrar”, quedándose personas sin preparación y sin referencias sobre los procesos y los servicios públicos. No son pocos los economistas que han cuestionado la poca transparencia en la metodología usada tanto por el Gobierno como por la Junta para elaborar las proyecciones económicas, los planes fiscales y los presupuestos.