En su segundo término, el presidente de Estados Unidos Donald Trump y el movimiento Make America Great Again han decidido poner su estampa en la entidad creada por la ley federal PROMESA. Una vez más, la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica y la reconstrucción del sistema energético son el botín de guerra.
La audiencia en Washington sobre la Junta de Control Fiscal deja todo como estaba. Los congresistas “evaluaron” el desempeño de la Junta con preguntas retóricas, sin parámetros concretos y sin propuestas de cambio.
El uso del fondo expiró en junio. Esa reserva, que la Legislatura aprobó en 2020 bajo la promesa de darles liquidez a los municipios, no funcionó. El plan de Jenniffer González es usarlo para proyectos energéticos que pueden beneficiar a “otras entidades” no exclusivamente gubernamentales.
Lejos de estar buscando su salida, la Junta de Control Fiscal está en su momento de mayor integración al Gobierno de Puerto Rico. En momentos en que cada parte tiene su propia lectura de lo que pide PROMESA, parece improbable que la Junta salga bajo sus propios términos.
El presidente saliente Luis Ferrao reconoció que la propuesta buscaba liberar parte de los $102 millones que el ente fiscal les tiene en reserva para el 2025, pero la Junta negó haber pedido específicamente una moratoria de programas como requisito para garantizar la sostenibilidad financiera.
The CPI launched the “El Buscador de la Junta” platform as a response to the lack of transparency of the organization imposed by the United States Government and Congress. As part of the presentation, the forum “The Board’s Archives Revealed” was held on Thursday.
El CPI lanzó la plataforma “El Buscador de la Junta” como una respuesta a la falta de transparencia del organismo impuesto por el Gobierno y el Congreso de Estados Unidos. Como parte de la presentación, el jueves se realizó el foro “Los archivos de la Junta al descubierto”.
La decisión del Tribunal Supremo federal tiene el efecto de darle el poder a la Junta de no tener que responder al derecho fundamental que tienen los ciudadanos en Puerto Rico a conocer lo que ocurre en su gobierno. Esto es algo sin precedentes hasta para el Gobierno de los Estados Unidos. Esta decisión solo aplica a la Junta y no al Gobierno de Puerto Rico ni a ninguna de sus dependencias, que siguen sujetas al derecho constitucional de acceso a la información que reconoció el Tribunal Supremo de Puerto Rico hace más de 40 años.
