Lejos de estar buscando su salida, la Junta de Control Fiscal está en su momento de mayor integración al Gobierno de Puerto Rico. En momentos en que cada parte tiene su propia lectura de lo que pide PROMESA, parece improbable que la Junta salga bajo sus propios términos.
El presidente saliente Luis Ferrao reconoció que la propuesta buscaba liberar parte de los $102 millones que el ente fiscal les tiene en reserva para el 2025, pero la Junta negó haber pedido específicamente una moratoria de programas como requisito para garantizar la sostenibilidad financiera.
The CPI launched the “El Buscador de la Junta” platform as a response to the lack of transparency of the organization imposed by the United States Government and Congress. As part of the presentation, the forum “The Board’s Archives Revealed” was held on Thursday.
El CPI lanzó la plataforma “El Buscador de la Junta” como una respuesta a la falta de transparencia del organismo impuesto por el Gobierno y el Congreso de Estados Unidos. Como parte de la presentación, el jueves se realizó el foro “Los archivos de la Junta al descubierto”.
La decisión del Tribunal Supremo federal tiene el efecto de darle el poder a la Junta de no tener que responder al derecho fundamental que tienen los ciudadanos en Puerto Rico a conocer lo que ocurre en su gobierno. Esto es algo sin precedentes hasta para el Gobierno de los Estados Unidos. Esta decisión solo aplica a la Junta y no al Gobierno de Puerto Rico ni a ninguna de sus dependencias, que siguen sujetas al derecho constitucional de acceso a la información que reconoció el Tribunal Supremo de Puerto Rico hace más de 40 años.
Los nueve jueces del Tribunal Supremo de los Estados Unidos escucharon ayer los argumentos del Centro de Periodismo Investigativo y de la Junta de Control Fiscal sobre la “inmunidad soberana” que alega tener ese organismo que fue impuesto por el Congreso de EE. UU. para controlar las finanzas públicas y manejar el proceso de quiebra.
Aquí los datos básicos del caso del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) contra la Junta de Control Fiscal para lograr acceso a información pública.
¿Cuándo será la vista? La vista oral será este miércoles 11 de enero en Washington D.C. a las 11:00 am (hora de Puerto Rico). El público puede seguirla, solo mediante audio, a través de la página https://www.supremecourt.gov/
¿Cuál es el asunto esencial por discutirse? Si la Junta de Control Fiscal (JCF) disfruta de “inmunidad soberana” como ha alegado ese organismo para no someterse al derecho de acceso a la información que protege la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. En general, la inmunidad soberana es relativa a los estados, pero el Congreso de los Estados Unidos colocó a la Junta dentro del gobierno territorial, por lo que el CPI sostiene que ese organismo tiene que someterse a la Constitución de Puerto Rico, que garantiza el acceso a la información que surge del derecho a la libre expresión.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos decidió acoger este lunes un recurso legal mediante el cual la Junta de Control Fiscal de Puerto Rico elevó a ese foro un caso de acceso a información pública que el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) le ha ganado en instancias previas del proceso judicial. El máximo foro federal evaluará, a petición de la Junta, si esa entidad creada por la Ley PROMESA tiene inmunidad soberana, lo que significa que es totalmente inmune a reclamaciones bajo las leyes de Puerto Rico, por lo que no le aplica el derecho constitucional de acceso a información pública.
Los periodistas del CPI solicitaron desde el 2017 las comunicaciones entre funcionarios del Gobierno de Puerto Rico y la Junta, entre otros documentos. Como parte del litigio que ya lleva más de cinco años, el ente fiscal entregó al CPI alrededor de 18,400 documentos, pero reclamó confidencialidad sobre otros 20,000.
“Desde el CPI reafirmamos nuestro derecho de acceso a esa información que la Junta de Control Fiscal ha intercambiado con el Gobierno de Puerto Rico. Vamos a seguir luchando para lograr que el pueblo de Puerto Rico sepa lo que ha estado haciendo la Junta y cómo se han estado tomando decisiones. El que el Tribunal Supremo federal haya decidido acoger este recurso nos preocupa, porque la Junta pretende operar sin tener que cumplir con el derecho puertorriqueño al acceso de información garantizado por nuestra Constitución.
