El Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito en Boston rechazó la pretensión de la Junta de Control Fiscal de que por “inmunidad soberana” no tenían que someterse al derecho de acceso a la información reconocido bajo la Constitución del Estado Libre Asociado y entregar documentos sobre su gestión que le solicitó el Centro de Periodismo Investigativo
Puerto Rico está ahora en contra del reloj. Esa es la advertencia de la Agencia de Protección Ambiental y de la Junta de Control Fiscal, ante la lentitud del Gobierno para terminar un plan que controle las emisiones de un gas tóxico, el dióxido de azufre.
Diez mujeres que cumplían sus sentencias en el Hogar Intermedio de Mujeres en San Juan fueron trasladadas la semana pasada a una institución carcelaria en Bayamón como parte del cierre de seis instalaciones del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). La secretaria de Corrección, Ana Escobar Pabón, explicó al Centro de Periodismo Investigativo (CPI) que el Hogar se traslada a lo que una vez fue el Centro de Tratamiento Social y de Clasificación, donde ubicaban a menores de edad hasta el 2019. Los cierres en el DCR responden a una medida de austeridad requerida por la Junta de Control Fiscal a Corrección para ahorrar $5.1 millones al cierre del año fiscal 2020 y así consta en el Plan Fiscal certificado. Según Escobar Pabón, la Junta “requirió al Departamento de Corrección y Rehabilitación hacer un análisis de la planta física, las estructuras, los recursos humanos, la misión de cada institución, y cuán efectivo o no ha resultado lo que estábamos haciendo al momento”, y así establecer un plan de optimización. El cierre del Hogar Intermedio de Mujeres ubicado en Puerta de Tierra representará un ahorro anual de sólo $70,000, tomando en cuenta los gastos del 2021.
Envío de correos electrónicos, reuniones con figuras clave de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la discusión de un Memorando de Entendimiento para renegociar el contrato de AES Puerto Rico (AES-PR) con el Gobierno de Puerto Rico seis años antes de que se venza. Todo ha ocurrido durante los pasados 11 meses, fuera del escrutinio público. Sin embargo, una carta de la directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal, Natalie Jaresko a la Junta de Gobierno de la AEE destapó lo que hasta hoy había sido un secreto entre ejecutivos de AES y miembros de la administración de Pedro Pierluisi: que la carbonera atraviesa su peor crisis económica y que para salir de ella reclama que el Gobierno de Puerto Rico salga a su rescate. “El problema de flujo de efectivo en AES-PR es grave”, revela Jesús Bolinaga Serfaty, presidente de esa empresa, en una comunicación escrita el 24 de marzo de 2021 a ejecutivos de la AEE que se había mantenido en secreto, pero que el Centro de Periodismo Investigativo y La Perla del Sur obtuvieron tras meses de solicitudes y la presentación de un recurso de Mandamus para acceso a información pública. Captura de pantalla de la comunicación escrita.
El país ha estado asistiendo durante los pasados años a una puesta en escena en la cual la Junta de Control Fiscal dice “hay que cortar por aquí” y el Gobierno le dice a la prensa “no voy a cortar”. El resultado neto es que muchos de los recortes en efecto se han dado, se ven y se sienten. Como cuando faltan recursos en el Instituto de Ciencias Forenses para procesar “rape kits”, o cuando se recortaron fondos a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres. También hay recortes menos visibles que pasan factura, como cuando los empleados de una agencia se van retirando y no los reemplazan para “ahorrar”, quedándose personas sin preparación y sin referencias sobre los procesos y los servicios públicos. No son pocos los economistas que han cuestionado la poca transparencia en la metodología usada tanto por el Gobierno como por la Junta para elaborar las proyecciones económicas, los planes fiscales y los presupuestos.
Era la mañana del 18 de noviembre cuando la jueza Laura Taylor Swain preguntó varias veces si había llegado alguien a las oficinas de Piloto 151 en Hato Rey para participar de la vista. Una decena de personas con mascarillas esperaba afuera, pero la funcionaria del tribunal federal en Puerto Rico que estaba allí le dijo a la jueza que no había llegado nadie. A la gente, la enviaron de vuelta a su casa. Carmen López salió furiosa con el abogado que la atendió allí y con el Gobierno de Puerto Rico que, según reclama, le debe dinero. Trabajó como directora de una escuela pública y asegura que el Departamento de Educación nunca le pagó los aumentos salariales que debió recibir desde, por lo menos, la década de los 80.
Andrew Biggs, integrante de la Junta de Control Fiscal, es académico residente del American Enterprise Institute (AEI), un think tank conservador en el que es miembro de la junta de directores Seth Klarman, director ejecutivo del fondo de cobertura The Baupost Group. Esta firma reclama $933 millones en bonos senior de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (COFINA) y forma parte de la Coalición de Bonistas Cofina Senior, uno de los principales grupos que buscan cobrar deuda en el caso de quiebra del gobierno bajo el Título III de la ley Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act (PROMESA). En la junta de directores del AEI hay otras dos personas relacionadas con el caso de quiebra del gobierno de Puerto Rico. Uno de ellos es Harvey Golub, presidente de Miller Buckfire, firma que asesora a la Coalición de Bonistas Cofina Senior, y Daniel A. D’Aniello, cofundador y jefe en The Carlyle Group. Hasta el 2016, Carlyle Group fue uno de los accionistas de Claren Road Asset Management, firma de inversión con bonos del Banco Gubernamental de Fomento (BGF).
La cifra incluye el gasto en abogados y asesores tanto del Gobierno, la JCF y los comités oficiales que representan a los retirados y los acreedores no asegurados en los casos de Título III, detallaron los funcionarios. También incluye el presupuesto de la JCF, que ronda actualmente los $60 millones, en momentos en que la Legislatura busca detener los desembolsos al ente rector.
