Las cartas de la quiebra

No termina la espera de miles de puertorriqueños que reclamaron en la quiebra

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Era la mañana del 18 de noviembre cuando la jueza Laura Taylor Swain preguntó varias veces si había llegado alguien a las oficinas de Piloto 151 en Hato Rey para participar de la vista. Una decena de personas con mascarillas esperaba afuera, pero la funcionaria del tribunal federal en Puerto Rico que estaba allí le dijo a la jueza que no había llegado nadie. A la gente, la enviaron de vuelta a su casa. Carmen López salió furiosa con el abogado que la atendió allí y con el Gobierno de Puerto Rico que, según reclama, le debe dinero. Trabajó como directora de una escuela pública y asegura que el Departamento de Educación nunca le pagó los aumentos salariales que debió recibir desde, por lo menos, la década de los 80.

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Andrew Biggs, integrante de la Junta de Control Fiscal niega señalamiento de conflicto ético

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Andrew Biggs, integrante de la Junta de Control Fiscal, es académico residente del American Enterprise Institute (AEI), un think tank conservador en el que es miembro de la junta de directores Seth Klarman, director ejecutivo del fondo de cobertura The Baupost Group. Esta firma reclama $933 millones en bonos senior de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (COFINA) y forma parte de la Coalición de Bonistas Cofina Senior, uno de los principales grupos que buscan cobrar deuda en el caso de quiebra del gobierno bajo el Título III de la ley Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act (PROMESA). En la junta de directores del AEI hay otras dos personas relacionadas con el caso de quiebra del gobierno de Puerto Rico. Uno de ellos es Harvey Golub, presidente de Miller Buckfire, firma que asesora a la Coalición de Bonistas Cofina Senior, y Daniel A. D’Aniello, cofundador y jefe en The Carlyle Group. Hasta el 2016, Carlyle Group fue uno de los accionistas de Claren Road Asset Management, firma de inversión con bonos del Banco Gubernamental de Fomento (BGF).

Gobierno proyecta que la quiebra de Puerto Rico costará $1,400 millones en seis años

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La cifra incluye el gasto en abogados y asesores tanto del Gobierno, la JCF y los comités oficiales que representan a los retirados y los acreedores no asegurados en los casos de Título III, detallaron los funcionarios. También incluye el presupuesto de la JCF, que ronda actualmente los $60 millones, en momentos en que la Legislatura busca detener los desembolsos al ente rector.

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La fantasía del Plan Fiscal para Puerto Rico

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Pese a toda la inversión de tiempo y fondos públicos, todos los planes coinciden a rasgos generales en las medidas basadas en proyecciones de crecimiento de la economía de Puerto Rico no sustentadas, que demuestran el alto nivel de incertidumbre que permea el proceso. Además, los planes comparten un problema esencial: ninguno refleja realmente lo que será el futuro de Puerto Rico ya que será el Tribunal Federal y el proceso de reestructuración de la deuda lo que al final del día decida cuánto dinero habrá disponible para la operación del Gobierno y cuánto irá destinado al pago la deuda pública.

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Regresa al tribunal de Puerto Rico caso de acceso a la información

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En lugar de la jueza federal Laura Taylor Swain, será la jueza Lauracelis Roque, del Tribunal de Primera Instancia en San Juan será quien decida el caso en el cual el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) solicita al gobierno de Puerto Rico una serie de documentos públicos intercambiados con la Junta de Control Fiscal.