Wilson Román López, vicepresidente de la Comisión de lo Jurídico, Carlos "Johnny" Méndez, Presidente de la Cámara de Representantes, y José "Ché" Pérez, presidente de la Comisión de lo Jurídico.
Actualidad

Cámara aprueba el PS 63 al bajarlo por descargue en los últimos minutos de la sesión legislativa

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A las 7:12 de la noche del jueves llegó al hemiciclo de la Cámara de Representantes un cuarto calendario del día que incluía el Proyecto del Senado 63 para enmendar la Ley de Transparencia, y la medida fue aprobada con enmiendas por la mayoría del Partido Nuevo Progresista. Apenas 24 horas antes, el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, había expresado públicamente que “no había prisa” para evaluar la medida y que se haría un informe del proyecto por la Comisión de lo Jurídico, lo cual nunca ocurrió. “Prisa no tenemos”, había dicho Méndez durante la única vista pública celebrada el miércoles, en la que más de una decena de entidades no pudieron participar. 

El proyecto se aprobó con 29 votos a favor y 24 en contra. Siete representantes del PNP votaron en contra, así como la delegación del Partido Popular Democrático, la del Partido Independentista Puertorriqueño y el Proyecto Dignidad. Los representantes azules que votaron en contra fueron Fernando Sanabria Colón, Odalys González González, José “Che” Pérez Cordero, Emilio Carlo Acosta, Wanda del Valle Correa, Carmen Medina Calderón y Jerry Nieves Rosario.

Noticias CPI

Presidente de la Cámara asegura que no hay presión para evaluar el PS 63 y enmendar Ley de Transparencia

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Ante los reclamos de organizaciones periodísticas, activistas y comunitarias por el trámite atropellado que se le ha dado a la medida que obstaculizaría aún más el acceso a la información pública, Carlos “Johnny” Méndez aseguró que se atenderán las preocupaciones sobre la medida sin prisa.

Opinión

Con temerario desprecio hacia la verdad

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Vivimos un momento histórico en que se menosprecian la ciencia, los datos y la verdad. El libreto de uno de los episodios más recientes de esto que parece una serie de horror, a nivel local, lo escribe el presidente del Senado de Puerto Rico, Thomas Rivera Schatz. Veamos. 

El 2 de enero de este año, cuando apenas comenzaba su tercer turno al bate en la presidencia, Rivera Schatz presentó el Proyecto del Senado 63, que pretende enmendar la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública. Es decir, entre sus máximas prioridades al inicio de este cuatrienio, estaba limitar el acceso a la información añadiendo barreras a la ya defectuosa Ley de Transparencia, que había sido aprobada por el exgobernador Ricardo Rosselló unos días antes de que se consumara su renuncia, en un acto de venganza contra la prensa que lo fiscalizó. 

El P del S 63 de Rivera Schatz de inmediato levantó preocupación entre múltiples sectores que valoran la transparencia y la rendición de cuentas. 

El proyecto es malo por muchas razones. Trataré de resumir algunas: propone duplicar plazos para la entrega de materiales por las agencias y añadir burocracia; facilita la clasificación de información confidencial sin debido proceso; obliga a notificar al jefe de agencia cada vez que se presenta un requerimiento de información; elimina la posibilidad de pedir datos en formatos abiertos como Excel o CSV; impone barreras a ciudadanos sin acceso digital; propone sanciones simbólicas e ineficaces para garantizar transparencia real.

COLUMNA | Libertad de palabra

Nuestro “derecho a saber”

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La transparencia se ha convertido en una frase trillada que se vocifera para crear una ilusión de apertura y rendición de cuentas. O peor aún, en un arma para atacar el valor de la diversidad en una distorsionada versión de la realidad, como en el caso del régimen trumpista. En la práctica, los políticos y funcionarios dicen una cosa y hacen otra, o informan “logros” pero ocultan el cómo y el por qué para evitar ser fiscalizados.

Noticias CPI

CPI PIDE AL TRIBUNAL QUE ORDENE A LA AUTORIDAD DE TIERRAS ENTREGAR INFORMACIÓN DE SU JUNTA DE DIRECTORES

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San Juan, PR  – El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) radicó hoy un recurso judicial contra de la Autoridad de Tierras de Puerto Rico (ATPR) por no atender una petición de acceso a información pública sobre la composición y las minutas de su Junta de Gobierno.   

Desde el 23 de enero de 2024, la periodista y fundadora de Bonita Radio, Carmen Enid Acevedo, quien fue becada por el Instituto de Formación Periodística del CPI, solicitó por correo electrónico a Irving Rodríguez, director ejecutivo de la ATPR, las minutas de las reuniones de la Junta de Gobierno, la composición de la Junta, y quiénes han sido sus secretarios desde el 2018 al presente. Tras varios días sin recibir respuesta, la periodista acudió a la sede de la Autoridad de Tierras para dar seguimiento. Le indicaron que era necesario presentar su solicitud de información, nuevamente, por escrito. Luego de hacer las gestiones solicitadas e informar a al menos tres funcionarios de la agencia sobre la solicitud, en persona y por escrito, incluyendo al director ejecutivo de la ATPR, Irving Rodríguez, la periodista esperó varios días sin recibir respuesta y luego llamó a la agencia varias veces hasta que le volvieron a indicar que estaban trabajando con su petición. Pero al día de hoy, a más de 10 semanas de la petición original, no se ha recibido la información solicitada.

Opinión
El periodista Luis Joel Méndez González

A propósito de la Semana del acceso a la información, hablemos del DRNA

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Hace 10 meses comencé a entrevistar a residentes, activistas y líderes comunitarios de vecindarios costeros para conocer las consecuencias de la crisis climática en sus playas, especialmente por la erosión costera. Durante esas conversaciones, las personas denunciaban la compra de terrenos costeros, como ocurrió en el barrio Joyuda en Cabo Rojo y el desarrollo de proyectos residenciales de lujo en el barrio Bajuras, en Isabela. 

Ese es el caso también del sector Quique Bravo, una pequeña comunidad en Isabela donde los beneficiarios inversionistas de la Ley 60, Daniel Grunberg y Tyson Carter, pretenden construir viviendas de lujo en una zona parcialmente inundable. Esta situación se repite en otros municipios costeros de Puerto Rico. En Vega Baja,   Mason Edward Gorda y Dennis Keith Bostick – también beneficiarios de la exención contributiva para inversionistas extranjeros – compraron terrenos ecológicamente sensitivos en playa Sarapá. En Arecibo, donde la familia Abreu Valentín ocupó estructuras abandonadas en la Zona Marítimo Terrestre de la comunidad Islote para expandir sus negocios de alquileres a corto plazo.

Actualidad

Al tribunal la ODSEC por ocultar información sobre los centros comunales

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El Centro de Periodismo Investigativo radicó un mandamus contra la la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico y el Fideicomiso Perpetuo para las Comunidades Especiales para exigir acceso a información pública relacionada a la titularidad de los centros comunales, instalaciones recreativas o instalaciones deportivas en las comunidades especiales de Puerto Rico.