El Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito en Boston rechazó la pretensión de la Junta de Control Fiscal de que por “inmunidad soberana” no tenían que someterse al derecho de acceso a la información reconocido bajo la Constitución del Estado Libre Asociado y entregar documentos sobre su gestión que le solicitó el Centro de Periodismo Investigativo
Hace más de dos años que se aprobaron dos leyes para hacer disponibles ciertas categorías de datos en las agencias públicas y establecer procedimientos para el acceso a la información. El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) reveló que el Gobierno ha nombrado un 98% de los Oficiales de Información y solo un 36% de los Oficiales de Datos en las agencias, mientras que la información de la mayoría de los funcionarios nombrados o sus datos de contacto no los ha hecho disponibles al público.
Alrededor de un 20% de los nombramientos de ambos tipos de oficiales ocurrieron luego de que el CPI enviara en enero una solicitud de información. En un ejercicio por fiscalizar la implantación de las leyes 122 de 2019, “Ley de Datos Abiertos”, y la 141 de 2019, “Ley de Transparencia”, el CPI envió solicitudes de información a La Fortaleza, la Oficina de Gerencia y Presupuesto, y la Puerto Rico Innovation and Technology Services (“PRITS”) sobre el cumplimiento de los estatutos.
De la información y los correos electrónicos recibidos como resultado de la solicitud, se percibe que existe una duplicidad, y hasta confusión, en los nombramientos de Oficiales de Información y Oficiales de Datos. Es decir, el Gobierno contabiliza en múltiples instancias a Oficiales de Información, como si fueran Oficiales de Datos y, a su vez, varias entidades gubernamentales han nombrado a funcionarios a ambos puestos indiscriminadamente. En el intento por centralizar y uniformar esta información pública, con la ayuda de estudiantes de derecho del Programa Pro Bono de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, se crearon dos bases de datos (Oficiales de Información y Oficiales de Datos) que recopilan la información producida de forma accesible.
San Juan, Puerto Rico – El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) radicó hoy ante el Tribunal de Primera Instancia Sala de San Juan, una petición de mandamus para exigir a la Junta de Gobierno de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado la entrega de todas las minutas de las reuniones sostenidas por este cuerpo durante el periodo de 2009 al 2012. Según se desprende de la petición de mandamus, las actuaciones y omisiones de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado al negarse a la solicitud del Centro de Periodismo Investigativo laceran el derecho al acceso a la información pública. Indica el CPI que luego de múltiples intentos iniciados en noviembre de 2018 para conseguir los documentos, se decidió por radicar el recurso legal para obtener estos documentos. Según se indica en la petición, los oficiales de la Corporación recibieron reiteradas solicitudes de acceso a las minutas, nunca las proveyeron y nunca expresaron las razones para tal negativa. “El Sr. Javier Rivera Ríos, presidente de la Junta de Gobierno de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado tiene el deber ministerial de entregar toda la información solicitada”, indica la petición de mandamus presentada por el CPI.
El caso, que se radicó en junio del 2017, tendría ahora su día en corte si el gobierno no entrega los documentos solicitados antes del 19 de marzo o prueba que estos documentos no fueron sometidos a la Junta.
El Centro de Periodismo Investigativo radicó este miércoles una demanda contra la directora del Registro Demográfico de Puerto Rico, Wanda Llovet Díaz, luego de múltiples intentos para que la agencia que esta dirige brindara información sobre las muertes ocurridas en la Isla tras el Huracán María. Se trata de “información pública y de alto interés público para el Pueblo de Puerto Rico”, apunta la demanda.
En lugar de la jueza federal Laura Taylor Swain, será la jueza Lauracelis Roque, del Tribunal de Primera Instancia en San Juan será quien decida el caso en el cual el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) solicita al gobierno de Puerto Rico una serie de documentos públicos intercambiados con la Junta de Control Fiscal.
El email venía de La Fortaleza y leía:
¡Buenas tardes editores!
Los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal remiten el comunicado adjunto. La Junta solicitó colaboración con la distribución del mismo. (Los signos de exclamación no son énfasis mío.)
Los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal (la “Junta”) creada bajo el Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act (“PROMESA” ó la “Ley”) confirmaron el martes que la segunda reunión de la Junta será en la ciudad de Nueva York el próximo viernes, 14 de octubre de 2016 a las 8:30 a.m.
La reunión se llevará a cabo en el salón de la junta de directores del piso 20 de los MTA Headquarters, 2 Broadway, Ciudad de Nueva York. Esto indicaba el comunicado de prensa. La Junta sigue sesionando fuera de la Isla Grande, Vieques y Culebra, donde los puertorriqueños que tendrán que acatar sus designios no pueden participar, interpelarles, darles sugerencias y propuestas o pedirles cuentas.
La demanda radicada por el CPI y el periodista Joel Cintrón Arbasetti contra el Banco Gubernamental de Fomento y su presidenta Melba Acosta, así como el gobernador Alejandro García Padilla, establecía que la información es de alto interés público, ya que las firmas de inversión que buscan cobrar su deuda estaban tratando de influir en las decisiones económicas y de política pública para asegurar sus ganancias, lo que conllevaría que servicios esenciales para los ciudadanos del país se vieran afectados ante la falta de liquidez del gobierno.
