Paradiso College Preparatory Real Estate Two, LLC — corporación a través de la cual se compró el edificio que alberga la Escuela Alianza Paradiso College Preparatory en Río Piedras — aceptó que el permiso único que obtuvo para operar esa chárter no es válido.
El Centro de Periodismo Investigativo radicó un mandamus contra la la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico y el Fideicomiso Perpetuo para las Comunidades Especiales para exigir acceso a información pública relacionada a la titularidad de los centros comunales, instalaciones recreativas o instalaciones deportivas en las comunidades especiales de Puerto Rico.
Un recurso especial de acceso a información pública fue presentado este miércoles en el Tribunal Superior de San Juan contra la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico por incumplir con una solicitud del Centro de Periodismo Investigativo sobre el plan médico del Gobierno.
El Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito en Boston rechazó la pretensión de la Junta de Control Fiscal de que por “inmunidad soberana” no tenían que someterse al derecho de acceso a la información reconocido bajo la Constitución del Estado Libre Asociado y entregar documentos sobre su gestión que le solicitó el Centro de Periodismo Investigativo
El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) solicitó al Tribunal Supremo de Puerto Rico que le permita participar como amigo de la corte para apoyar con sus argumentos a periodistas demandados de Noticentro de WAPA TV, en un caso que considera trascendental para el “privilegio del reportero” y su deber ético de protección de las fuentes de información. “Debido a nuestra práctica haciendo periodismo investigativo, el CPI quiere ser escuchado por el Tribunal para dejarle ver la importancia de la protección de este privilegio tan neurálgico para el periodismo y para nuestras aspiraciones democráticas como país. La protección de las fuentes es un deber profesional al que nos obligan los códigos de ética para periodistas en Puerto Rico, Estados Unidos e internacionalmente”, dijo Carla Minet, directora ejecutiva del Centro.
La solicitud para someter un amicus curiae radicada con el apoyo de la Clínica de Asistencia Legal Facultad de Derecho Universidad Interamericana de Puerto Rico, se refiere al caso del fiscal Ildefonso Torres Rodríguez versus Noticentro de Puerto Rico, en el cual el funcionario exige que los periodistas Alex Delgado y Yesenia Torres revelen quién fue la persona que les hizo llegar un documento que usaron en su reportaje y que era parte de una pesquisa del Negociado de Investigaciones Especiales. “La controversia no estriba en si la fuente tenía la autoridad de divulgar el documento, sino si se puede obligar al periodista a revelar la identidad de tal persona con quien tenía un compromiso de confidencialidad. Desde los Pentagon Papers… hasta Deep Throat y Watergate…, y el más reciente Telegram chat en Puerto Rico, han sido los esfuerzos periodísticos los que históricamente han informado al público sobre lo que estaba ocurriendo a sus espaldas”, señala parte de la petición de intervención del CPI.
El llamado “privilegio del reportero”, o sea la protección de la identidad de las fuentes de información utilizadas por el periodista en su labor investigativa, forma parte de su función de informar a la ciudadanía.
El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) y el periodista Omar Alfonso, editor del periódico regional La Perla del Sur, radicaron este martes un mandamus sobre el derecho constitucional de acceso a la información pública para exigir que le entreguen información relacionada a la renegociación del contrato entre la empresa carbonera AES y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
En octubre del 2021, en coordinación con Omar Alfonso, el CPI solicitó a la AEE la propuesta de un memorando de entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés) que fue enviado por Jesús Bolinaga, presidente de AES, al entonces presidente de la Junta de Gobierno de la AEE, Ralph Kriel Rivera. Este MOU le fue entregado al CPI en octubre.
Pero el documento hace referencia a dos cartas con información complementaria con fecha del 11 y 25 de agosto del 2021, que no fueron provistas. El CPI y Omar Alfonso solicitaron desde octubre copia de las cartas a la AEE y al Negociado de Energía, pero no le fueron entregadas a pesar de múltiples gestiones de seguimiento.
El recurso legal presentado el martes nombra a Josué Colón, director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica y a Fernando Gil Enseñat, presidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, así como a Edison Avilés Deliz, presidente del Negociado de Energía de Puerto Rico, como los funcionarios que deben entregar los documentos solicitados.
El periodista Omar Alfonso, quien desde el 2015 ha investigado el impacto de las cenizas de carbón de AES en las comunidades y el ambiente de la zona sur, mencionó que “resulta inconcebible que un acuerdo de esta magnitud se aborde a espaldas del país y sin discusión abierta. La participación activa de quienes sufren las consecuencias directas de la contaminación ambiental se sabotea cuando la información no está disponible”. “El acceso a información pública es todavía un gran reto para la ciudadanía y para la prensa, y el CPI va a agotar todos los remedios disponibles para lograr que los funcionarios públicos reconozcan y respeten este derecho fundamental en un país que aspira a ser democrático”, afirmó la directora del CPI, Carla Minet.
Los demandantes son representados en este caso por la Clínica Legal de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana y sus abogados Luis José Torres Asencio y Steven Lausell Recurt.
Cuántos policías han sido arrestados por violencia doméstica y agresión sexual o el número de uniformados que han tenido convicciones por violencia de género son datos desconocidos, aunque desde principios de abril fueron solicitados a la Policía por las periodistas Cristina del Mar Quiles y Syra Ortiz-Blanes del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) y de El Nuevo Herald y el Miami Herald, respectivamente. Luego de muchas gestiones de seguimiento infructuosas, ahora la solicitud está ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan tras la presentación este martes de un recurso de mandamus para obtener esta información pública del Departamento de Seguridad Pública (DSP) y el Negociado de la Policía de Puerto Rico. “En tiempos en los que el país se encuentra sumido en una profunda ola de casos de violencia de género, en la que, incluso, el quehacer de nuestras instituciones públicas ha sido cuestionado, pocos temas están revestidos de mayor interés público que el que aquí se ve reflejado en las solicitudes de información objeto del presente recurso”, destaca el mandamus. “Hay acciones del Gobierno de Puerto Rico contra la violencia de género que no tienen que ver con hacer nuevas leyes o hacer nuevos planes, sino con la obligación del mismo Gobierno de cumplir con las leyes vigentes y este es un gran ejemplo. Recopilar y publicar datos confiables y tenerlos disponibles y actualizados es algo que ya es deber de las agencias de seguridad”, destacó Carla Minet, directora ejecutiva del CPI.
El pleito fue presentado en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan como un caso confidencial por lo que el documento no está disponible, pero el CPI recibió el lunes evidencia de que el caso ya fue registrado en el Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC) de Tribunales.
