En el año académico 2024-2025, ocho universidades en Puerto Rico recibieron $20.7 millones en fondos de uno de los programas que acaba de eliminar el Departamento de Educación federal para ampliar la oferta académica, fortalecer la capacitación docente, desarrollar servicios digitales y promover el acceso a carreras científicas.
Con una matrícula compuesta en un 97% por estudiantes hispanos, las universidades públicas y privadas de Puerto Rico serían las más afectadas si prospera en el foro federal una demanda que busca eliminar subvenciones destinadas a instituciones que atienden a esa población.
Physician Correctional USA, la subsidiaria estadounidense de la empresa que aún está contratada por el Gobierno de Puerto Rico, mantiene contratos millonarios con la ciudad de San Luis y con un condado en Virginia.
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San Juan – El Departamento de Hacienda no ha querido entregar las facturas de una agencia publicitaria solicitadas por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI), por lo cual la organización acudió hoy al tribunal para que el secretario interino de la agencia, Nelson J. Pérez Méndez, cumpla con su deber ministerial de ser transparente en su gestión pública.
“Hemos agotado todos los remedios administrativos disponibles para obtener la información solicitada a través de la Oficina de Comunicaciones de Hacienda sin obtener resultados. Cumplimos con nuestro deber de requerir las facturas hace ya más de dos meses, y al no existir otro remedio, recurrimos al Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan”, declaró la directora ejecutiva del CPI, Carla Minet. La gestión original del CPI para obtener la información comenzó el 25 de septiembre de 2024, cuando su periodista José Manuel Encarnación Martínez envió un correo electrónico a Vilmar Trinta Negrón, directora de la Oficina de Comunicaciones de Hacienda. La solicitud incluía las facturas de la agencia publicitaria Digimedia LLC/MOZart Advertising relacionadas con cualquiera de las dependencias del Departamento de Hacienda para el periodo entre 2021 y el 25 de septiembre de 2024. Luego de múltiples gestiones de seguimiento, las facturas de la agencia publicitaria no fueron entregadas.
San Juan, PR – El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) radicó hoy un recurso judicial contra de la Autoridad de Tierras de Puerto Rico (ATPR) por no atender una petición de acceso a información pública sobre la composición y las minutas de su Junta de Gobierno.
Desde el 23 de enero de 2024, la periodista y fundadora de Bonita Radio, Carmen Enid Acevedo, quien fue becada por el Instituto de Formación Periodística del CPI, solicitó por correo electrónico a Irving Rodríguez, director ejecutivo de la ATPR, las minutas de las reuniones de la Junta de Gobierno, la composición de la Junta, y quiénes han sido sus secretarios desde el 2018 al presente. Tras varios días sin recibir respuesta, la periodista acudió a la sede de la Autoridad de Tierras para dar seguimiento. Le indicaron que era necesario presentar su solicitud de información, nuevamente, por escrito. Luego de hacer las gestiones solicitadas e informar a al menos tres funcionarios de la agencia sobre la solicitud, en persona y por escrito, incluyendo al director ejecutivo de la ATPR, Irving Rodríguez, la periodista esperó varios días sin recibir respuesta y luego llamó a la agencia varias veces hasta que le volvieron a indicar que estaban trabajando con su petición. Pero al día de hoy, a más de 10 semanas de la petición original, no se ha recibido la información solicitada.
La Compañía de Turismo de Puerto Rico tiene hasta el 8 de febrero para entregar al CPIT la información para evitar que se le imponga una multa diaria e indefinida de $300.
Paradiso College Preparatory Real Estate Two, LLC — corporación a través de la cual se compró el edificio que alberga la Escuela Alianza Paradiso College Preparatory en Río Piedras — aceptó que el permiso único que obtuvo para operar esa chárter no es válido.
El Centro de Periodismo Investigativo radicó un mandamus contra la la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico y el Fideicomiso Perpetuo para las Comunidades Especiales para exigir acceso a información pública relacionada a la titularidad de los centros comunales, instalaciones recreativas o instalaciones deportivas en las comunidades especiales de Puerto Rico.
