Dragado del Caño Martín Peña cambiará la geografía urbana de sus comunidades

Antes de diciembre, el parque de pelota de la comunidad Las Monjas en la avenida Quisqueya, en San Juan, ya no estará allí. El montículo, las bases, el alumbrado y hasta el dugout serán sustituidos por viviendas en las que se reubicará a residentes de la zona del Caño Martín Peña como parte de la restauración del estuario. 

La instalación recreativa se reubicará a menos de 10 minutos de distancia a pie, en el área donde se intersecan las calles 4 y Pepe Díaz, a solo pasos del caño.

Este cambio es sólo uno de los que transformarán la morfología urbana de esta parte de la capital como consecuencia de la restauración del ecosistema del Caño Martín Peña. Además de la restauración del ecosistema y el flujo de agua, el dragado traerá cambios en la demografía, ecología y geografía de las ocho comunidades contiguas a este cuerpo de agua urbano.

Las Monjas, Israel y Bitumul, Barrio Obrero-Marina, Buena Vista-Hato Rey, Parada 27, Barrio Obrero-San Ciprián, Buena Vista-Santurce y Cantera son las comunidades aledañas al caño Martín Peña y cuyo liderato conforma la organización sin fines de lucro G8. Cerca de 26,000 personas residen en estos sectores entre Hato Rey y Santurce, en San Juan.

La transformación en el Caño será posible mediante una inversión millonaria, una amplia pericia en ingeniería, así como de otras ciencias, pero también por la participación ciudadana, como por ejemplo la que se dio hasta para determinar la conveniencia de reubicar el parque. 

“La condición de la comunidad era que ese parque se construyera [en otro terreno]”, explicó al CPI la directora de Operaciones de la Corporación ENLACE del Caño Martín Peña, María Inirio. “Esta zona [donde está el parque] es más hábil para desarrollar viviendas y la comunidad estuvo de acuerdo en construir viviendas aquí. Entonces, el solar para el [nuevo] parque de pelota es mucho más cercano al caño”, dijo al destacar que es menos complicado que, en un evento de lluvia, se inunde el parque a que se inunde una vivienda. 

Realojos de forma participativa

Los trabajos del dragado del caño requieren que se continúe con el realojo de familias que viven en áreas propensas a inundaciones o cuyas residencias podrían interferir con la maquinaria que se utilizará en la restauración.

“Los realojos se están dando de forma participativa”, aseguró la presidenta de la Junta de la Asociación Comunitaria de la Parada 27, Aileen Morales Vargas, al Centro de Periodismo Investigativo (CPI).

De acuerdo a la líder comunitaria, son las propias familias realojadas quienes escogen donde residirán, una vez desocupen su antiguo hogar. La mayoría, dice Morales Vargas, han optado por permanecer en alguna de las comunidades del Caño Martín Peña. Cerca de 47%, o más de 200 familias dentro de la huella del dragado, todavía deben ser realojadas, según información ofrecida por el Proyecto ENLACE.

“Al principio los residentes estaban bien reacios a salir, obviamente. Pero, en la medida que el liderato [comunitario] ha educado a los residentes, ahora vienen y nos preguntan sobre cuándo les toca el realojo. Fue un proceso de educación”, agregó la líder comunitaria.

Tras más de 20 años de lucha comunitaria, el proceso de dragado finalmente comenzaría a finales de este año tras un acuerdo anunciado el pasado 26 de julio, entre representantes del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (USACE, en inglés) y miembros del Gobierno de Puerto Rico, incluyendo al Proyecto ENLACE del Caño Martín Peña.

Los trabajos en el cuerpo de agua que conecta a la Laguna San José con la Bahía de San Juan, tienen un costo de $254,509 millones. El Gobierno federal aportará $163.8 millones, mientras que habrá un pareo del 35% de fondos locales.

Los trabajos cubrirán las 2.2 millas que aún no han sido dragadas, de las 3.7 millas de extensión del caño Martín Peña. Además, se sembrarán aproximadamente 35 acres de manglares, según anunció USACE.

Iniciada la transformación

En la calle Cuba, de la comunidad Israel, se construye una vivienda unifamiliar. El futuro hogar se desarrolla como una opción de realojo para alguna familia que próximamente deberá desocupar su casa como parte de los prerrequisitos para iniciar los trabajos de dragado en la parte este del Caño. 

A tres minutos en carro, en la barriada Bitumul, la maleza ha reclamado su espacio en los terrenos donde actualmente solo queda un puñado de viviendas que serán demolidas antes de que inicie el dragado.

Estos proyectos, que forman parte de la restauración, se financian con fondos independientes a los asignados para el dragado, como los del Plan de Rescate Americano y del Programa de Subvención para la Mitigación de Riesgos (provenientes de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA). 

Por ejemplo, el dinero para las unidades multifamiliares que se construirán en el terreno donde actualmente ubica el parque de pelota de Las Monjas proviene de una partida de $52 millones de la asignación de $8.2 mil millones   del Programa de Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario de Mitigación. Estos fondos son administrados por el Departamento de la Vivienda (DV) de Puerto Rico. Los $8.2 mil millones se distribuyen entre agencias del Gobierno central, municipios y organizaciones sin fines de lucro que desarrollan infraestructura y proyectos de mitigación en áreas que podrían ser de riesgo como consecuencia de eventos naturales. 

Los $52 millones que se invertirán en la construcción de viviendas multifamiliares representan $488 millones menos de los que Vivienda había sugerido para trabajos relacionados al mejoramiento y desarrollo del Caño y sus comunidades, como reportó el CPI el año pasado. Según ENLACE, fue la subsecretaria del DV para el programa CDBG-DR, Maretzie Díaz Sánchez, quien decidió otorgarle $488 millones menos al proyecto, por entender que para acceder al resto de esos fondos de infraestructura, el Caño debía competir con otras instrumentalidades u organizaciones.

Igualmente, el Gobierno recortó para el año fiscal en curso poco más de $1 millón al presupuesto operacional asignado a la Corporación del Proyecto ENLACE, lo que ha obligado a la agencia a hacer ajustes internos.

“Es un reto. Estamos en ese proceso de sentarnos y ver qué adelantamos”, expresó Inirio sobre el recorte operacional que les ha impedido contratar personal para trabajar en el manejo de fondos asignados para proyectos.

Los trabajos que se realizan en las comunidades del Caño son el producto de más de dos décadas de participación ciudadana y la asesoría de personas expertas en ingeniería, planificación, hidrología, el derecho y trabajo social, entre otras áreas.

Trabajos como la realineación de la avenida Barbosa y la profundización de tuberías, que cruzan parte del Caño y proveen agua a sectores en el norte de San Juan, son el resultado de las exigencias y el trabajo comunitario de años, destacó Inirio.

“Han sido más de veinte años de lucha y perseverancia, y a veces, hasta sentimientos de frustración. Pero no nos quitamos. Mucha gente no creía en nosotros”, dijo entre lágrimas Lucy Cruz Rivera, quien preside la organización G-8.

“Eso demuestra la organización comunitaria, de la organización del plan maestro, del Plan de Desarrollo Integral. Precisamente, establecer ese orden para poder viabilizar el proyecto es algo bien complejo. En comunidades que son bien densas, ellos [los residentes] trabajaron ese proceso para poder asegurar que, para el día de la firma [del acuerdo], los proyectos que estaban ligados al dragado ya estuvieran corriendo”, indicó la directora de Operaciones de ENLACE.

“Ciertamente, muchas veces nos quisieron doblegar y no es así. Al Caño hay que respetarlo. Porque tenemos un derecho a vivir con salud, sin inundaciones con aguas usadas, en una vivienda digna, a ser respetados cuando hablamos, y no marginados por vivir en una comunidad menos aventajada y en un momento dado, olvidados por todos los gobiernos”, añadió Cruz Rivera.

Según Aileen Morales Vargas, el logro de la firma del acuerdo también representa un homenaje a quienes lucharon por años, y al final, no pudieron ser testigos del fruto de sus esfuerzos.

“Lloré [cuando firmaron el acuerdo], porque esto es parte de los líderes y de aquellos líderes que ya no están aquí en la tierra. Muchos se nos fueron durante estas luchas comunitarias. Así que estamos felices de que ese acuerdo se firmó”, expresó Morales Vargas.

La integrante del Comité de Realojo del Caño Martín Peña, María Victoria Castro, es una de las personas que se tuvo que moverse a una nueva casa hace tres años. Su antigua casa en la comunidad Buena Vista de Santurce estaba dentro de la huella del dragado. Hoy día vive en Barrio Obrero – Oeste, una comunidad recién organizada que también está en la periferia del caño y es reconocida por el G8.

Aseguró que las necesidades de las personas impactadas por este proceso en el área siempre han sido tomadas en consideración, a diferencia de otros lugares de Puerto Rico en donde no ocurre un trato humanizado hacia quienes experimentan el difícil proceso de tener que abandonar su hogar de años. 

“En otros sitios se dice desalojo y nosotros no usamos esa palabra. Aquí le decimos realojo. En un desalojo te dicen, ‘te damos tres semanas o un mes para que te mudes’, y te dan por la casa una porquería que tú no puedes usar para comprar otra casa. Entonces tú te vuelves loco buscando lo mejor y lo único que podrás es irte alquilado porque lo que te dan, no te da para comprar una casa. Pero acá no es así”, dijo. 

“Yo viví en la comunidad [Buena Vista de Santurce] por 50 años. No te voy decir que cuando te dicen que dónde tú vives se va debido al dragado… eso no es fácil. Llevas desde jovencita ahí, viendo que antes se caminaba por tablones, y todo el mundo unido en esa comunidad, y si había alguien enfermo, pues ahí pues nos ayudábamos. Cuando te dicen que tienes que moverte es una tristeza incomparable”, relató la mujer de 73 años. 

“El Proyecto [ENLACE] no te busca a ti la casa, la casa la buscas tú. De tres casas que identificas, tú eliges la que más a ti te guste. Cuando vas al proyecto, hay una junta y unas 10 personas que pertenecen al Comité de Realojo. Pues ese grupo de personas viene a investigar la casa que te gusta a ti. Me compraron la casa que yo escogí y ahí estoy felizmente viviendo. La casita que yo tenía era de madera, ahora vivo en una casa completamente de cemento y no me fui de la comunidad”, explicó Castro sobre su decisión de seleccionar una casa en Barrio Obrero – Oeste.