La pregunta me vino a la mente hace cinco años: ¿cuántos puertorriqueños están encarcelados en Estados Unidos? En ese momento, en 2018, estaba investigando el intento fallido del Gobierno de Puerto Rico para trasladar a personas encarceladas bajo custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación a una cárcel privada en Mississippi. 

Pero no fue hasta el 2020, cuando me mudé a Filadelfia, en medio de la pandemia y de las protestas raciales por el asesinato de Georg Floyd, que me puse a indagar sobre el tema. Primero hice una búsqueda ligera en internet que no arrojó resultados. Después hice algunas llamadas. Y así empecé a explorar un tema que resultó ser extremadamente más complicado de lo que me esperaba. 

El viernes 21 de agosto de 2020 llamé a Jan Susler, abogada de Chicago que defendió al prisionero político Oscar López Rivera. Quería saber si ella pensaba que fuera posible conseguir datos sobre los boricuas en cárceles de Estados Unidos. Me dijo que “en la cuestión federal, el Departamento de Justicia tiene un departamento de cifras, pero no sé si incluye una categorización aparte para puertorriqueños”. 

Ya yo había averiguado en las bases de datos de ese departamento y al parecer esa categoría no existía. 

Susler me refirió a Carmelo Campos, abogado, profesor de penología en el Colegio Universitario de San Juan y miembro de la “Coalición en Contra de la Pena de Muerte”. En abril del 2020, Campos había publicado un estudio sobre puertorriqueños sentenciados a la pena capital. 

El mismo día a las 3:00 pm, después de hablar con Susler, llamé a Clarisa López, hija de Oscar López. “Eso es indescifrable”, dijo cuando le conté lo que estaba buscando. Se ofreció a contactarme con Oscar López, a ver qué pensaba él, que tenía más experiencia. “Lo acabo de llamar y no contestó, a veces no escucha el teléfono… A lo mejor está pintando, o en una reunión”. Quedó en que iba a darle mi número para que me llamara.

Después llamé a Carmelo Campos. El artículo que había publicado en 2020 sobre puertorriqueños sentenciados a muerte en Estados Unidos daba los siguientes datos: había 20 puertorriqueños encarcelados en Estados Unidos (19 estatales y uno federal), distribuidos entre seis estados. Todos fueron sentenciados a muerte entre febrero de 2013 y abril de 2020. La mayoría estaba en Pensilvania (9), seguido por Florida (6), 1 en California, 1 en Georgia, 1 en Carolina del Norte, 1 en Texas y 1 bajo custodia federal. 

“En el caso de la galera de la muerte es más sencillo [encontrar datos], porque hay una publicación que sale trimestral del National Association for Advance of Colored People, que tiene un resumen de todas las personas que están en la galera de la muerte. Y además de eso te los clasifica si son blancos, negros, latinos, otros… Aunque sea, y eso es una ayuda”, dijo Campos en la llamada.

¿Pero tienen la categoría de puertorriqueños?, le pregunté. 

“No. A lo más que llegan es latino, puede ser mexicano, puede ser cubano, salvadoreño, etc. Es problemático, lo que nosotros hicimos, como era una población mucho más pequeña, es que nos concentramos en algunos estados que sabíamos que había mayor frecuencia, principalmente en la costa este, Pensilvania y Florida. Y ahí pues le enviamos cuestionarios a ellos directamente, utilizamos información de la prensa, utilizamos información de los tribunales, de familiares que habían contactado a la Coalición. Las fuentes fueron bien variadas”.

En esa conversación, me di cuenta de que la meta de mi investigación era demasiado ambiciosa. Saber cuántos puertorriqueños hay encarcelados en todo Estados Unidos. Iba a tener que hacer algo que ahora parece obvio: reducir la muestra a los estados con mayor población boricua.

Hablando con un ex preso político

Oscar López me llamó ese mismo día a las 5:14 pm. 

Oscar López salió de la cárcel en 2017, después de que el presidente Barack Obama le conmutara una sentencia que lo condenaba a 55 años de cárcel federal. Nació en San Sebastián, Puerto Rico, y a los 14 años se mudó a Chicago, Illinois. En 1988 fue acusado de conspiración sediciosa (intento de derrocar un Gobierno) en pro de la independencia de Puerto Rico. De su condena original cumplió 36 años, tiempo durante el que fue trasladado entre cárceles federales de Arkansas, Illinois, Colorado e Indiana. 

Cuando me llamó esa tarde de finales de verano de 2020, Oscar López escuchó en silencio una explicación a lo mejor demasiado larga sobre mi investigación de puertorriqueños encarcelados en Estados Unidos. Después procedió a decirme pausadamente lo que pensaba y lo que sabía.

“El porcentaje de boricuas cuando comparamos per cápita, verdad, era alto, había un número grande de boricuas presos regados por todas las prisiones, desde el este hasta el oeste. Había boricuas, por ejemplo, en Florida, en los estados del sur había boricuas, en los estados del norte había boricuas. Desde el este hasta el oeste y de norte a sur había boricuas. Había boricuas en Minnesota y había boricuas en Arkansas”, dijo Oscar López.

Y de paso describió otra de las complejidades a la hora de identificar a los puertorriqueños en las cárceles de Estados Unidos.

“Mira, vas a encontrar, definitivamente vas a encontrar puertorriqueño mitad puertorriqueño y mitad mexicano, vas a encontrar mitad puertorriqueño y mitad indígena. Yo estuve preso con un muchacho que el papá era puertorriqueño y su mamá era indígena. Muchas veces vas a entrar a una prisión y vas a encontrar puertorriqueños de Hawái. Las mezclas son bastante grandes. Es algo bastante, bastante complicado. Porque los latinos que hay catalogados, no los identifican como puertorriqueños”.

Pero también me dio una clave.

“En toda prisión donde haya presos puertorriqueños, si nacieron en Puerto Rico, tienen que tener la fecha de nacimiento como puertorriqueño”. Pero me advirtió: “Lo que pasa muchas veces es que, por ejemplo, un puertorriqueño puede haber estado en Estados Unidos toda su vida… lo meten preso, no va salir como puertorriqueño, va a salir como alguien cuyo certificado de nacimiento está dentro de Estados Unidos. Es un poquito difícil poder identificar a los boricuas de esa manera.”

Quiere decir que si los departamentos de corrección registran el lugar de nacimiento de sus confinados, podría pedir los datos, por lo menos, de las personas nacidas en Puerto Rico que tienen entre su población. Otro detalle que no había pensado: Oscar López estuvo preso en cárceles federales. Cuando alguien está bajo esa custodia es propenso a traslados constantes entre diferentes estados. Así que sería mejor concentrarme, por ahora, solamente en los encarcelados bajo custodia estatal. 

“De la manera que yo identificaba a los boricuas era casi siempre porque estaban en grupos… Por ejemplo, está un grupo que se llama Los 27, están Los Ñeta en Estados Unidos… Como en los ‘80, ‘81 se dieron [en Puerto Rico] todas esas peleas entre los dos grupos [de las cárceles], terminaron llevándose a los líderes y a la mayoría de ellos a Estados Unidos”, recordó Oscar López. 

Los Ñeta o Movimiento Pro Derecho de los Confinados fue una organización cuya idea era “formar una fuerte asociación de todos los confinados, comprometida con la promoción de los derechos de los presos y la garantía de su dignidad y seguridad”, según el historiador Fernando Picó. Los Ñeta fue liderada por el enigmático Carlos Meléndez Torres alias Carlos La Sombra, quien entró a la cárcel desde los 17 años por casos de drogas. Al estar en prisión y ser testigo de abusos y violaciones de derechos humanos por parte del Departamento de Corrección, además de abogar por los derechos de los confinados se volvió poeta y activista político independentista. Entre 1979 y 1981, hubo altercados violentos entre esta organización y su rival, Los 27 o Movimiento 27 de Junio, un conflicto que resultó en más de 50 muertes, según Picó. En la década de los ‘90, personas encarceladas en Estados Unidos reclamaron afiliación a los Ñeta. 

La historia de los presos políticos vinculados a movimientos descolonizadores tal vez sea la parte más conocida de la historia de los puertorriqueños encarcelados en Estados Unidos. Desde el líder nacionalista Pedro Albizu Campos, enviado en 1937 a la Penitenciaría Federal de Atlanta, Georgia, los miebros del Partido Nacionalista arrestados en los años ‘50 por el ataque al Congreso, en los ‘70 los del Frente Armado de Liberación Nacional, y a mitad de los ‘80, los vinculados al Ejército Popular Boricua-Los Macheteros, entre ellos el artista Elizam Escobar y Oscar López.

La resistencia boricua en las cárceles

Una historia menos conocida es la de los boricuas de la diáspora que han estado vinculados a otras formas de resistencia al interior de las cárceles de Estados Unidos. 

Entre el 9 y el 13 de septiembre de 1971, se desató lo que se conoce como la Rebelión de Attica, en la cárcel estatal de Attica, Nueva York. Alrededor de 1,281 prisioneros, de un total de 2,243, participaron en la rebelión que comenzó con la toma de rehén de 42 empleados de la prisión, exigiendo mejores condiciones de vida y derechos políticos. 

La Rebelión de Attica, en la cárcel estatal de Attica, Nueva York, ocurrió en septiembre de 1971.

En ese evento murieron 33 prisioneros y 10 guardias. Todos, menos un guardia y tres prisioneros, murieron por disparos de las autoridades. En esa cárcel estatal, al borde noroeste de Nueva York, sus 2,243 prisioneros eran mayoritariamente jóvenes de áreas urbanas, con baja educación, afro americanos y puertorriqueños, según la historiadora Heather Ann Thompson.

Uno de ellos era un joven de 17 años llamado Angel Martínez, quien se había vuelto adicto después de usar heroína para tratar de aliviar el dolor de la enfermedad de polio. Cuando cometió un crimen para satisfacer su adicción, el juez lo envió a Attica. 

“Terminar en esta cárcel particular de Nueva York era especialmente duro para prisioneros como Martínez, que no podían hablar ni entender inglés. Había un oficial de corrección puertorriqueño que hablaba español, pero sus compañeros de trabajo le insistían en que solo usara inglés con los hombres que tenía bajo su cargo”, destaca Thompson en su libro Blood in the Water: The Attica Uprising of 1971 and its legacy. 

Thompson añade que los doctores de la prisión, quienes no hablaban español, eran particularmente insensibles a las necesidades médicas de la población puertorriqueña. Además, todo el mundo en Attica tenía que trabajar, pero a los afro americanos y puertorriqueños se les pagaba menos que a los blancos. 

Y aunque todos los prisioneros eran teóricamente sujetos a censura en el correo, los puertorriqueños y afro americanos eran quienes más sufrían esa política. También tenían reglas más estrictas para la visita de familiares. Como resultado de las revueltas en la que se unieron puetorriqueños, blancos y negros, el Departamento de de Corrección en Nueva York hizo algunos cambios en sus políticas. Pero entre las décadas de los ‘80 y ‘90 los cambios que se habían implementado quedaron en nada, según Thompson. La cárcel de Attica sigue funcionando como una cárcel de máxima seguridad.

Apenas un año después de la revuelta de Attica, al comienzo del invierno del ‘72, el pianista Eddie Palmieri y su orquesta Harlem River Drive llevaron un concierto a Sing Sing, una cárcel de máxima seguridad en Upstate New York. Allí la orquesta tocó, frente a un público mayoritariamente negro y latino, canciones como Pa la Ochá Tambó y Muñeca. Casi al final, hubo una intervención del poeta afro boricua miembro de los Young Lords, Felipe Luciano, quien declamó: “So many times we have the kind of conflicts that make us more apart than we are as a people, and we know as a people, Black and Puerto Ricans, have their destinies out before, but we are gonna keep on moving and build a nation for all of our people”.

Recientemente el crítico literario Julio Ramos rescató la figura de Martín Sostre. Era un afro-puertorriqueño, nacido y formado en Nueva York, librero, escritor y activista en la defensa de los derechos constitucionales y civiles de los presos. En 1968 fue acusado de incitar a motín y otros delitos en contra del orden público en la ciudad de Búfalo durante las revueltas raciales de 1967, cuenta Ramos.

Esa acusación inicial contra Sostre fue desestimada por falta de pruebas, pero el librero fue sentenciado a cumplir entre un mínimo de 30 años y un máximo de 41 años de cárcel por una supuesta venta de narcóticos en su pequeña librería afro-asiática, situada en una de las arterias principales del barrio negro de East Buffalo. La redada de la policía que resultó en el arresto de Sostre y que destruyó finalmente lo que quedaba de la precaria librería se llevó a cabo dos semanas después de la revuelta en junio de 1967.

El testigo principal de la fiscalía, Arto Williams — el hombre que supuestamente le había comprado en la librería a Sostre una dosis de heroína valorada en $15 — se retractó en 1972 de las declaraciones acusatorias y confiesó públicamente que su testimonio jurado contra Sostre había sido establecido bajo la presión de la policía y la oferta de inmunidad en otro caso de drogas que se le imputaba. 

Aún así el tribunal decidió que la confesión de Williams no era creíble y falló en contra de Sostre. Sostre no salió de la cárcel hasta 1975, cuando su pena fue conmutada por el perdón ejecutivo de un gobernador liberal de Nueva York, Hugh L. Carey, según Ramos, “susceptible a la tendencia de reforma penal impulsada por los defensores de los derechos civiles tras la matanza de Attica, y a las presiones de múltiples grupos de solidaridad y de apoyo, incluida la plana mayor de Amnistía Internacional”.

La filósofa y activista Angela Davis menciona que Assata Shakur, una prisionera política negra, miembra del Black Liberation Army, convicta acusada de matar a un policía de autopista en Nueva Jersey, fue sometida a una crueldad inusual. Y su relato de esa experiencia, según Davis, refleja la de otras mujeres encarceladas en Estados Unidos, especialmente mujeres negras y puertorriqueñas. 

Shakur conoció a la activista política independentista Lolita Lebrón en la cárcel y la consideró un ejemplo revolucionario de inspiración. Entre las tantas menciones que hace Shakur sobre puertorriqueñas en su autobiografía, una refleja especialmente la crueldad a la que eran sometidas: “una noche trajeron a una hermana puertorriqueña. Ella había sido tan brutalmente golpeada por la policía que la matrona a cargo esa noche no quería admitirla. ‘No quiero que se muera en mi turno’, repetía la matrona. Pasaron días hasta que la hermana [puertorriqueña] pudo levantarse de la cama”. Hoy en día Shakur está prófuga de las autoridades. 

Retomando la investigación

A pesar de todos estos relatos, que forman parte de una misma historia donde se intersecan colonialismo, racismo, el estado carcelario y la diáspora puertorriqueña, el único estudio que intenta un análisis en conjunto de las condiciones de los puertorriqueños encarcelados en Estados Unidos es uno sobre las cárceles en Nueva Jersey y tiene fecha de 1977.

Se llama, “Un perfil de los puertorriqueños presos en Nueva Jersey”, escrito por Robert Joe Lee, como una tesis de maestría de la Escuela Graduada de Justicia Criminal de Rutgers University. El estudio se basa en una encuesta a 93 “hispanos” de cárceles estatales, juveniles y centros de detención de condados en Nueva Jersey. De los 93 encuestados 85 eran puertorriqueños. La tesis concluye, entre otras cosas, que el sistema de corrección de Nueva Jersey necesitaba más servicios de integración. Especialmente para jóvenes puertorriqueños que habían migrado recientemente a Estados Unidos y terminaban en la cárcel sin saber inglés. 

Después de las primeras búsquedas de fuentes y las llamadas iniciales, seguí trabajando otros temas hasta que abandoné la investigación sobre los puertorriqueños encarcelados en Estados Unidos. Pero no dejaba de pensar en el tema constantemente. Hasta que, el 21 de septiembre de 2022, envié un correo electrónico al Departamento de Corrección de Florida. Pregunté si tenían el número de puertorriqueños que estaban en las cárceles del estado.

Contestaron el 23 de septiembre, indicando que me comunicara a un número de teléfono. La llamada se entrecortaba mucho, como si estuviesen hablándome desde una zona remota. Que me dieran el dato tan rápidamente me tomó por sorpresa. La persona que me atendió dijo, espera un momento. Esperé escuchando estática y rogando que la llamada no se cortara. Cuando volvió me dijo que eran 1,201. 

De todas formas sometí una solicitud formal de información para confirmar y tener más detalles. Luego hice solicitudes iguales a Pensilvania, Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut y Massachusetts, los seis estados con más puertorriqueños. Florida me hizo enviar un giro postal para pagar por la solicitud, Massachusetts me hizo mandar la solicitud por fax, Nueva Jersey rechazó entregar la información y tuve que apelar, para luego recibirla incompleta. Pero ya por fin estaba encaminada la investigación para contestar a la pregunta de cuántos puertorriqueños hay encarcelados en Estados Unidos.

El resultado fue uno incompleto y refleja que los departamentos de corrección de Estados Unidos tienen un sistema de clasificación y recolección de datos que es ineficiente. 

Pero espero que al menos se haya abierto una ventana para empezar a indagar en un mundo que lleva mucho tiempo en tinieblas. Cada libro de historia de Puerto Rico y cada agenda mediática que no tenga en cuenta a la población penal boricua en Estados Unidos estará incompleta. Porque la cárcel como sistema de represión es otro de los eslabones definitorios de la historia de desplazados y migraciones fomentadas por el colonialismo. Visibilizar a la población penal es visibilizar un poder, el poder del estado carcelario, que van desde el sistema policial, judicial y correccional, y que debe ser objeto de escrutinio ciudadano constante.