Un proyecto de ley que propone medidas de protección y reparación en favor de las hijas e hijos de las mujeres víctimas de feminicidios fue presentado por el representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez, el pasado 29 de septiembre. La población de hijos huérfanos por feminicidios carece de atenciones específicas de parte del Gobierno.
El Proyecto de la Cámara de Representantes 1877 (P. de la C. 1877) propone un fondo especial de becas para los niños y adolescentes cuyas madres fueron asesinadas en circunstancias de violencia doméstica. Los beneficiarios podrían recibir hasta $2,000 al año para estudios. Además, enmendaría la “Ley de Compensación y Servicios a las Víctimas y Testigos de Delito”, para asignarles una pensión mensual de hasta $500 mientras sean menores de edad. La Secretaria de la Familia seleccionará, entre los que cualifiquen, el número de estudiantes que permitan los recursos que tenga el fondo anualmente.
El fondo especial se nutrirá de dinero que se done, traspase o sea cedido por cualquier persona o entidad privada o gubernamental federal, local o municipal y de asignaciones que haga la Asamblea Legislativa. El proyecto asigna $50,000 de fondos no comprometidos en el presupuesto general para el año fiscal siguiente a la aprobación de la ley. “En años fiscales subsiguientes los fondos necesarios se consignarán en el Presupuesto General de los gastos del Departamento de la Familia, tomando en consideración la experiencia y resultado del año anterior”, dice el proyecto legislativo.
La propuesta de ley reconoce la falta de estadísticas oficiales confiables en Puerto Rico sobre los asesinatos de mujeres y sobre el impacto que estos crímenes tienen sobre los familiares sobrevivientes. Por eso, también ordena al Departamento de la Familia crear un registro oficial de los hijos e hijas de las víctimas de feminicidio menores de edad.
“Muchos de esos menores sobrevivientes de feminicidios quedan bajo la custodia de algún familiar, en la mayor parte de las ocasiones de sus abuelas y abuelos, quienes se enfrentan al reto de volver a criar, lidiando con el trauma de sus nietos, además de su propia pérdida, con muy poco apoyo del Gobierno”, menciona el proyecto legislativo.
La propuesta de legislación cita los hallazgos de la serie de reportajes “Sin madre por el machismo”, que publicó el Centro de Periodismo Investigativo y el medio de periodismo feminista Todas, sobre las 71 mujeres víctimas de feminicidios íntimos — los asesinatos de mujeres perpetrados por parejas o exparejas — registrados en Puerto Rico desde que el huracán María impactó el archipiélago el 20 de septiembre de 2017 hasta noviembre de 2021. La serie se basó en datos de estudios de las organizaciones no gubernamentales Kilómetro 0, Proyecto Matria y el Observatorio de Equidad de Género.
Expertas entrevistadas para los reportajes establecieron que ignorar a las víctimas indirectas o secundarias de los feminicidios contribuye a mantener ciclos intergeneracionales de violencia. Al no atenderse a tiempo los traumas que genera la experiencia violenta, los niños y adolescentes pueden incurrir en comportamientos problemáticos y nocivos, como dejar de estudiar, abusar de sustancias o reproducir la misma violencia que vivieron.
De estas 71 mujeres, la investigación del CPI y Todas, realizada mediante la revisión de informes de la Policía, notas de prensa y datos recopilados por las mismas organizaciones, cuantificó que, al menos, 49 tenían hijos y, por lo menos, 101 personas perdieron a su madre durante ese periodo de tiempo. Se estimó que 55 eran menores de edad, niños y adolescentes que también han sobrevivido largos períodos de inestabilidad por desastres socionaturales. Al huracán, se suma una prolongada crisis económica, los cierres de escuelas por medidas de austeridad impuestas desde el Gobierno, terremotos, la inestabilidad en el Gobierno y más de un año de pandemia.
Aunque el Departamento de la Familia de Puerto Rico aseguró en entrevista que coordina recursos terapéuticos para algunos niños sobrevivientes de feminicidios, no distingue a estos del resto de la población de menores a los que ofrece servicios ni mantiene seguimiento de todos. La agencia tampoco recopila datos que permitan precisar cuántos niños han perdido a sus madres por la violencia doméstica.
Gobiernos de otras partes del mundo, como el de Argentina, Chile, y algunos estados de México, han establecido leyes similares a las que propone el legislador Márquez. En Ecuador, un proyecto de ley con el mismo propósito se encuentra bajo consideración de su Asamblea Nacional.
El P. de la C. 1877 fue referido el pasado 3 de octubre a la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes, liderada por el presidente de ese cuerpo Rafael Hernández Montañez.
