Son las once de la mañana y Manuel Román, con su cuerpo y rostro envueltos en camisetas para protegerse del sol, culmina su jornada de pesca que inició a las seis en la Bahía de Guánica, al sur de Puerto Rico.

La pestilencia que emana de la bahía es insoportable en este lado de la costa, y aunque son diversos los factores que contribuyeron a su contaminación, la Agencia federal de Protección Ambiental (EPA, en inglés) investiga desde 2018 la presencia de un químico que se ha identificado en esas aguas a niveles que representan riesgo a la salud de la comunidad y el ambiente. Se trata de los bifenilos policlorados (PCBs, en inglés), una sustancia que solía ser utilizada comúnmente como lubricante en transformadores eléctricos y que fue prohibida por la EPA en 1979.

A pesar de que desde el 2020 la EPA sabía que la zona contaminada de la bahía es utilizada por residentes para el consumo de mariscos, la División del Caribe de la EPA, que maneja la respuesta del caso, negó al CPI durante siete meses que esta actividad en efecto estuviera ocurriendo. Pero en expresiones días antes de la publicación de esta investigación, la agencia aceptó que erró al asumir que no se están consumiendo pescados de la bahía.

“Reconocemos la confusión sobre el consumo de pescado de la Bahía de Guánica por parte de los pescadores recreativos. Las referencias anteriores hechas por la EPA, que sugieren que la comunidad no consume pescado de la bahía, pueden haberse originado de anécdotas ofrecidas por fuentes locales”, dijo la agencia a preguntas del CPI. “La EPA aconseja al público que tenga cuidado al considerar el consumo de pescados y cangrejos de la Bahía de Guánica. Estamos trabajando activamente para abordar estas preocupaciones y garantizar la seguridad y el bienestar de las comunidades locales”, añadieron por medio escrito sin detallar qué medidas concretas están tomando. 

Al momento, los gobiernos, local y el federal, aún no han alertado al público ni han prohibido la pesca en el lugar que es visitado por pescadores y visitantes de distintas partes del archipiélago. La EPA dice que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y el Departamento de Salud son las agencias que podrían intervenir de manera preventiva, mientras el DRNA dice que no ha tomado acción porque la EPA es la que tiene el control de todo el proceso. 

Según los Centros para Control de Enfermedades (CDC) y la misma EPA se ha identificado que una exposición prolongada a altas concentraciones de los PCBs podría causar algunas condiciones — inclusive cáncer — de la piel, del hígado; impacto en el sistema inmune, afectar el desarrollo cognitivo de la niñez y durante el embarazo. Resaltan que aún hacen falta más estudios sobre los efectos de los PCBs en la salud humana.

El químico con potencial cancerígeno fue reportado desde 1998 en Guánica por la Junta de Calidad Ambiental (JCA) en los terrenos donde operó una de las fábricas de fertilizantes de Ochoa Fertilizer. Los gobiernos, local y federal, tardaron 20 años en investigar el caso y alertar a las comunidades.

En 2018 la EPA confirmó la presencia del químico en el 43% de los patios de las casas y negocios incluidos en su muestra en la barriada Esperanza, y en el 2022 lo incluyó en la lista de prioridades nacionales de su programa de limpieza de terrenos conocido como Superfondo. En marzo de este año, la empresa W.R. Grace, dueña del terreno, llegó a un acuerdo para pagar $10 millones por la limpieza. Los trabajos aún no comienzan, según vecinos entrevistados. A preguntas del CPI, la agencia indicó que comenzará a principios de enero. Mientras se realiza la limpieza, catalogada como una de emergencia por la misma EPA, el trabajo de investigación que se extendería a la bahía está en pausa.

La EPA sostuvo que, a pesar de que los hallazgos de otras investigaciones científicas sobre el contaminante en este cuerpo de agua fueron la razón por la que entraron a investigar la zona, no pueden tomar ninguna acción preventiva hasta que termine su propia investigación.

Por su parte, la Agencia federal de Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades (ATSDR, en inglés), una dependencia afiliada al Departamento de Salud federal, sí tiene una investigación en curso sobre los riesgos que existen a la salud pública que incluye las aguas de la zona, pero no tiene estimado de la fecha de conclusión. 

La directora de la división del Caribe de la EPA, Carmen Guerrero, sostiene que su agencia no puede tomar medidas de prevención en la bahía a menos que ATSDR  lo recomiende. 

“Si supiéramos que hay algún riesgo inminente o algún peligro para la comunidad, esas medidas preventivas se estarían llevando a cabo. No es necesario que formen parte de un documento para que yo diga: ‘EPA, tienes que detener esto y evitar esta exposición’, dijo por su parte el toxicólogo que lidera la investigación de Salud federal, Luis Rivera González.

Mientras tanto, allí la vida continúa para quienes viven de lo que pescan. 

Incierto el impacto a la salud de residentes

Manuel lleva 25 años sosteniendo a su familia con la pesca: mero, sardinas, dorado, pargo. Aprendió a pescar con su padre, quien no ha podido regresar al mar desde que inició quimioterapia contra un cáncer de hígado, enfermedad que también sufrieron tres tíos de Manuel que fallecieron el año pasado, relató el pescador. 

“Siempre hemos dicho: ‘eso es la pudrición esta, [que] nos ha matado poco a poco’. […] Le coge uno miedo a esto aquí, pero uno, nacido y criado aquí, a veces dice ‘na’, olvídate de eso’”, dice mientras sonríe resignado. 

Las historias de personas enfermas se repiten en las comunidades que bordean la Bahía de Guánica: enfermedades del hígado, cáncer de colon, riñones, pero dado a que el Gobierno de Puerto Rico nunca ha investigado el impacto que tuvo la contaminación de esta zona que por décadas ha sido una de alta concentración industrial, se desconoce el número de personas que podrían haber fallecido por esta causa. 

Cuatro expertos en salud pública y ciencias ambientales consultados por el CPI resaltaron la característica acumulativa del químico en el cuerpo, particularmente en casos en que las personas han estado expuestas por tiempo prolongado.

“Una vez consumes PCBs a través de comida, aire o agua, no salen de tu cuerpo, son solubles en la grasa, lo que significa que se adhieren a la grasa de tu cuerpo y continúan bioacumulándose”, detalló el científico Naresh Kumar, del Departamento de Ciencias de la Salud Pública de la Universidad de Miami. 

“Empiezan en el lado bajito de la cadena alimenticia, como [sucede con] el mercurio, y se va bioacumulando hasta que llega un punto en que si llega a tu cuerpo, no hay manera de sacarlo, porque le gusta estar ahí. Así que los PCBs son un problema”, detalló Ingrid Padilla, profesora del Recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, especialista en contaminación en recursos de agua. 

Imperativa la participación del gobierno local ante los potenciales riesgos 

Cuatro expertos señalaron además que, mientras la EPA concluye sus investigaciones, el municipio y las agencias locales podrían tomar medidas coordinadas con la agencia federal para alertar a la población y minimizar la exposición al riesgo de las comunidades en la zona. Esto puede incluir, mínimamente, advertencias en el área afectada y gestiones educativas que hagan accesible la información a la comunidad y el público que visita. 

“Esto no puede ser un secreto […] Si ya el gobierno local tiene conocimiento de lo que está pasando en esa bahía, corresponde también tener unos planes de comunicación de riesgo y de educación para que haya una reducción de exposición, minimizar la exposición a esos contaminantes en lo que [la EPA] va haciendo la limpieza”, denunció Pablo Méndez, profesor de salud pública en el Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR). 

Las múltiples fuentes de contaminación a las que han estado expuestas las comunidades en Guánica, y que han contribuido al estado de deterioro actual resultan de las actividades industriales negligentes de la zona como el manejo inadecuado de contaminantes que terminaban en suelos y cuerpos de agua, coincidieron los expertos.

“Demuestra una práctica de manejo industrial que no era la más adecuada. Hay que pensar que eran los 50 o 60, y la mayoría de la reglamentación ambiental que actualmente tenemos vigente no existía”, resaltó el profesor de Salud Pública del RCM de la UPR, Luis Bonilla.

Por su parte, Méndez comentó que “la acumulación de la mala práctica que se ha mantenido por el sector privado en la región y la poca información que ha tenido también la comunidad sobre los riesgos a los que pudo haber estado expuesta representa entonces que puede existir mayor tipo de exposición a estos contaminantes”.

A pesar de que las autoridades locales saben de la potencial exposición al contaminante desde hace casi tres décadas, el CPI encontró que solo se ha hecho una gestión de educación a la comunidad sobre cómo evitar la exposición a PCBs en la zona. Fue una colaboración entre el equipo del científico Kumar y la Escuela Superior Áurea E. Quiles Claudio para educar a la comunidad sobre el contaminante, su presencia en la bahía y maneras seguras de consumir pescados de ser necesario. 

Durante la investigación de Kumar se entrevistó a más de 300 residentes de Guánica entre 2014 y 2018, antes y después de la campaña educativa. Encontraron que el consumo de pescados y mariscos capturados directamente de la bahía disminuyó de un 57% a un 41%. 

“Se estaba bastante serio en decirles a las personas que trataran lo menos posible de consumir pescados de la bahía, pero que si se iba a comer, que fuera de forma segura: que solo comieran el filete sin mucho de la grasa, sin la piel, sin la cabeza”, compartió Michael Gambale, quien participó en la campaña cuando era estudiante de escuela superior. 

Desde la Legislatura, la senadora independentista María de Lourdes Santiago Negrón presentó una resolución que ordena a la Escuela de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas de la UPR y al Departamento de Salud realizar un estudio epidemiológico que investigue si existe una relación causal entre la exposición a niveles elevados de PCBs, diversos metales pesados y otros contaminantes identificados en la zona. También ordena indagar sobre “las condiciones de salud que padecen los residentes de Guánica, con énfasis en las comunidades aledañas a la carretera PR-333, los efectos a mediano y largo plazo y el impacto de tal exposición en la salud de la comunidad”. La medida fue presentada y referida a la Comisión de Salud del Senado en junio de este año, sin embargo, no fue atendida, confirmó el asesor ambiental de la senadora.

Esta gestión se dio en respuesta a una petición de residentes de Guánica a raíz de la intervención de la EPA en 2018, y ante la poca información que han recibido sobre la extensión de la contaminación y los posibles riesgos que enfrentan.  

Relacionar científicamente la exposición a un contaminante con el desarrollo de ciertas condiciones de salud en una comunidad es muy retante. La científica e investigadora principal sénior en la Universidad Northeastern en Boston, Gredia Huerta Montañez, explicó que, contrario al control que se puede tener en ensayos clínicos, en el campo de la salud ambiental suele ser difícil estimar los efectos causados por un contaminante y diferenciarlos de la casualidad de desarrollar una condición, pues son muchas las toxinas y contaminantes a los que una población puede estar expuesta a lo largo de su vida. 

“Cuando estamos viendo una mezcla de químicos, pues se hace aún más difícil”, advirtió sobre el panorama complejo de contaminación como el que existe en la bahía.

Activa la pesca en la bahía ante la negación de la EPA y el Municipio

Aunque la EPA y el Municipio de Guánica se amparan en que quienes practican la pesca recreativa en la bahía no consumen lo que capturan, datos del DRNA muestran lo contrario. Desde julio de 2020 hasta julio de 2023 se entrevistaron 114 personas quienes practicaban la pesca recreativa en la Bahía de Guánica. Los datos fueron suministrados por biólogos del DRNA que trabajan para el Bosque Seco y analizados por el CPI, y de estos se desprende que 56% de las personas que tuvieron éxito en su pesca, se llevaron los pescados. Del total de personas entrevistadas, el 75% son de Guánica y Yauco.

Los datos compartidos al CPI sobre la pesca de orilla son recolectados como parte de un proyecto del Bosque Seco de Guánica. La metodología de la investigación, que aún sigue en curso, utiliza la encuesta como herramienta, realizadas en horarios y días aleatorios.

Aunque la EPA aún no ha entrado a investigar la bahía, varias entidades e investigadores sí lo han hecho desde los años 90, incluyendo la JCA, la Oficina Nacional de Administración Oceánica (NOAA, en inglés) y la Universidad de Miami. 

En el proceso, se descubrió en 2014 que la Bahía de Guánica tenía la segunda concentración más alta de PCBs en el mundo, peces contaminados y eventualmente se confirmaron altos niveles del compuesto en el cuerpo de residentes de Guánica. Luego de los huracanes en 2017, además se encontró que la concentración ambiental del contaminante había aumentado cuatro veces en la bahía.

El administrador del Municipio de Guánica, Omar Pacheco, sostuvo que la única medida tomada en la bahía por el DRNA para proteger la salud de las personas fue la cancelación del evento de cruce a nado de la Bahía de Guánica en los ochenta tras declarar las aguas no aptas para bañistas. Indicó que para aquel tiempo se instalaron rótulos que advertían sobre la contaminación del recurso. 

Pero en múltiples recorridos por la bahía, el CPI pudo constatar que no hay nada que alerte sobre el riesgo a la salud que tiene consumir lo que se pesque o bañarse allí. Residentes de la zona tampoco han visto letreros de advertencia en los últimos años. Apenas hay un letrero ubicado en el malecón, que no es donde la mayoría de los pescadores van, y que expresa en términos generales y letra pequeña que se prohíbe la pesca y el nado en el área sin dar razones. El letrero es ilegible, porque está escondido tras otro rótulo y tiene letras sumamente pequeñas.

“[La pesca de orilla] se dejó de dar por la misma situación de la aparente contaminación de la bahía que muy probablemente sí sabemos que está contaminada”, dijo el funcionario municipal, pero aclaró que permanecen a la expectativa sobre el curso a seguir a partir de lo que han encontrado las investigaciones científicas en el lugar. 

En respuesta a los hallazgos sobre la actividad y consumo de pescados capturados en la bahía que le presentó el CPI, el Administrador dijo que contactará al DRNA para ver cómo el Municipio puede cooperar en la orientación a los pescadores y el público en general.

La EPA y el DRNA se reparten culpas por la falta de diligencia en Guánica 

La agencia encargada de identificar a las partes responsables y asegurar que se concrete la limpieza del contaminante en la bahía y los terrenos afectados en Guánica es la EPA; la Ley Integral de Respuesta, Compensación y Responsabilidad Civil Ambiental (CERCLA, en inglés) es la que guía el proceso Superfondo, y no establece términos de tiempo específicos para atender un caso. 

Guerrero y el gerente de proyecto David Cuevas responsabilizan a la burocracia y alto volumen de casos por la tardanza extrema de la agencia para atender el asunto,  realizar los estudios y tomar las acciones correctivas necesarias para lidiar con la contaminación en Guánica.

No obstante, Guerrero sostuvo en entrevista con el CPI que, mientras la EPA espera por las recomendaciones de Salud federal, el DRNA y el Departamento de Salud de Puerto Rico sí pueden tomar medidas de prevención para evitar la pesca en la bahía. 

El CPI solicitó al Departamento de Salud datos sobre su participación, si alguna, en la limpieza del área, pero no hubo respuesta. 

La única división del DRNA que dice tener conocimiento de la situación es su División Superfondo porque ha sido contactada por la EPA como parte del trámite formal del programa. Sin embargo, el gerente del área a la que pertenece esta división, Edwin Malavet, aseveró que desde está área no se toman el tipo de medidas que hacen falta en la bahía para alertar al público. El gerente de proyecto de esta división, Pascual Velázquez, quien participó de la investigación original de la JCA en los años 90, sostuvo que él no recuerda los detalles de la investigación de la cual participó dado que tomó a la EPA 18 años volverles a contactar. Dijo que su agencia, además de recomendar varias acciones a la EPA, no tomó otras acciones sobre los hallazgos de 1998 porque esta dependencia federal es la que “tiene el comando de todo”.

La directora del Bosque Seco de Guánica, Darien López Ocasio, lamentó que la EPA no tome en consideración las experiencias de las comunidades y de su equipo de trabajo. Reconoció que la burocracia en el DRNA ha obstaculizado el proceso desde sus oficinas centrales, pero dijo estar dispuesta a apoyar con la instalación de avisos que mitiguen cualquier riesgo a la ciudadanía. 

La bióloga dijo al CPI que se enteró de los detalles del proceso de limpieza durante un encuentro entre la comunidad científica local y el gobierno municipal, y no directamente de la EPA. Allí fue invitado el gerente de proyectos de remediación de la división de la EPA en el Caribe, el geólogo David Cuevas, para ofrecer los detalles de su intervención en el lugar y recibir comentarios.

“Me preocupé y levanté la bandera porque de la presentación [de la EPA] no sale que ellos estén considerando que la pesca recreativa y el consumo de estos peces era un problema. Pensaban que los pescadores comerciales se van mar afuera, pero hay una población de pescadores recreativos que sí está visitando”, dijo al CPI.

Resaltó que, a diferencia de la pesca recreativa que se da en los embalses, en la costa es más común que las personas consuman lo que capturan.

Sin respuestas la EPA sobre contaminación de pescados

En 2015, un equipo del Departamento de Ciencias de la Salud Pública de la Universidad de Miami, liderado por el científico Kumar, encontró altas concentraciones de PCBs en dos pescados en la bahía como parte de un estudio que buscaba mapear la distribución de este contaminante en este cuerpo de agua. En un pez pargo (Lutjanus analis) se encontró una concentración de 1.6 ppm o partes por millón. Mientras que en un pez mojarra (Eucinostomus gula) se encontró 3.7 ppm, que excede los niveles que recomienda la Administración de Drogas y Alimentos (FDA, en inglés) para el consumo de pescado y mariscos (2 ppm). 

No obstante, Guerrero dijo al CPI que la EPA no puede depender del trabajo de otros científicos para tomar medidas preventivas. “Ahora mismo no hay una determinación para una advertencia de pesca. Para eso se requieren estudios adicionales”, indicó. 

Ante la preocupación sobre los hallazgos de la Universidad de Miami en cuanto a peces contaminados, el toxicólogo que lidera la investigación de salud pública en la zona, Rivera González, dijo a la comunidad que hasta ese momento el hallazgo de ese estudio no era un problema por haberse usado una muestra pequeña. Esto ocurrió durante la primera reunión con la comunidad el pasado mes de marzo, la cual el CPI cubrió.

La Lista de Prioridad Nacional del programa Superfondo de la EPA incluye los lugares más afectados por contaminantes peligrosos para la salud humana y el ambiente en Estados Unidos y sus territorios que atiende la EPA. 

Décadas de espera mientras sigue el riesgo de contaminación

Posterior a los hallazgos de los años 90, y en un esfuerzo no relacionado, biólogos marinos de la NOAA encontraron en 2007 PCBs en tejidos de corales y sedimento en una línea de costa de cerca de 14 millas, siendo la bahía donde encontraron significativamente la mayor concentración. Este fue el inicio de un proyecto piloto que hoy lidera la organización Protectores de Cuencas y que se dio sin conocimiento de los hallazgos de la JCA sobre la Ochoa Fertilizer, ex subsidiaria de la empresa W.R. Grace, dueña del terreno que es parte del Superfondo.

El trabajo de la NOAA lo continuó la Universidad de Miami para identificar la posible exposición mediante el consumo de pescados potencialmente contaminados; el trabajo tomó más de 10 años. La EPA no formó parte de todo este esfuerzo, de modo que la decisión de atender el caso de Guánica en 2018 se concretó luego de que la comunidad científica redescubriera los altos niveles de PCBs en el ambiente en Guánica, encontró el CPI.

10 veces más alta la concentración en residentes muestreados  

“Es obvio que si los PCBs están en el ambiente, en el sedimento, obviamente, estarán en los mariscos, estarán en el aire, el agua y, por supuesto, las personas se verán afectadas”, opinó Kumar en entrevista con el CPI. 

“La concentración de PCB en la población del municipio de Guánica es más de diez veces la concentración encontrada en la población de los Estados Unidos”, advirtió Kumar, quien tomó 150 muestras de sangre de residentes guaniqueños y cuya investigación aún no está disponible al público.

En busca de que su trabajo aportara a que la EPA investigara la zona y la incluyera en su lista de prioridades nacionales del Superfondo, el científico recuerda haber compartido su trabajo con el gobierno municipal, y entiende que hubo una preocupación política por el impacto que tendría en el turismo y otras fuentes de ingresos en esta área. “No fueron [el municipio] muy receptivos a esta idea” de que el sitio fuera declarado como parte del Superfondo, señaló. 

A pesar de la importancia del proyecto de Kumar por la protección de la salud de la población de Guánica, la beca del Instituto Nacional de Salud (NIH, en inglés) que financiaba su proyecto se terminó, y el investigador no ha podido volver al lugar desde el 2020.

El científico, quien desde 2014 investiga el impacto del contaminante en la comunidad, dijo que hace falta continuar el trabajo para conocer el impacto que ha tenido el contaminante en residentes que ya tienen altos niveles de PCBs en su sistema.

“¿Realmente tienen una incidencia elevada de ciertas enfermedades? Y si es así, ¿Cuál es? Al menos físicamente, aquellas personas que tienen niveles elevados, deberían ser el objetivo de la intervención”, concluyó.

“Tití Aidé, cáncer en riñones, cabeza y seno; tití Mirian, un cáncer rarísimo y le cogió los riñones; tío Atino, hígado; tío Rumboldito, en la piel; mi mamá, melanoma [un cáncer de piel]; y después tenemos el hígado, todos tenemos problemas en el hígado”, resumió Ada Vélez, vecina cuya residencia se ubica justo frente al malecón de Guánica. 

“Mi sobrino murió hace unos años atrás, un muchacho jovencito, de los riñones y cáncer”, sumó. 

Este es uno de varios testimonios que recogió el CPI en los barrios Pueblo y Ensenada sobre muertes y casos de diferentes tipos de cáncer. Según datos del Departamento de Salud analizados por el CPI, el barrio Ensenada, al oeste de la bahía, lideró las incidencias de mortalidad por cáncer con una incidencia de 75 muertes como causa principal respecto a otros barrios — que no superaron las 44 muertes — en el período entre 2015 y 2022. Ensenada tiene una población de 1,172 habitantes, según el censo de los Estados Unidos de 2021. Es el segundo barrio menos poblado de Guánica. Por el contrario, el área Superfondo sujeta a investigación por la EPA se ubica en el extremo opuesto de la bahía, alejada de Ensenada.

En el limbo las comunidades

Luego de la consolidación de agencias en 2018, la JCA, desde su Área de Emergencias Ambientales y Superfondo del DRNA, sigue siendo la que colabora con EPA. 

El CPI tuvo que acudir al tribunal tras siete meses de espera para que el DRNA  entregara el expediente del caso de Ochoa Fertilizer Co. El CPI encontró que la única gestión del DRNA fue en 2021 en apoyo a la EPA para incluir el área en su Lista de Prioridad Nacional del programa Superfondo mediante una carta firmada por el entonces secretario Rafael Machargo Maldonado.

“No tenemos quién cuide o quién esté pendiente de la situación de la calidad ambiental del país. Así que la situación de Guánica dramatiza esa incapacidad que el Estado ha ido construyendo para [asumir] esa responsabilidad básica que es fundamental de cualquier gobierno en toda sociedad democrática que asegura la salud, la seguridad y el bienestar de los ciudadanos”, denunció el planificador Félix Aponte.

También expresó sus reservas sobre el trabajo de ATSDR, particularmente en cuanto a la confiabilidad de sus investigaciones previas de salud pública en otras áreas Superfondo en Puerto Rico. 

“Hay que agradecer que la EPA trajo esto a la luz pública, pero entiendo yo que hay que profundizar mucho más en la situación del problema de contaminación de Guánica. La Caribe, La González, La Ochoa, con todos los nombres que ellos estuvieron, le robó a Guánica su patrimonio, porque lo más hermoso que tiene Guánica es la bahía, y tenemos una bahía que puede estar abierta a veinte mil actividades y no puede ser porque está contaminada y nadie habla de cómo vamos a descontaminarla”, reflexionó Vélez, quien reside frente al malecón. “Dejarle al futuro una bahía que continúa contaminándose no tiene sentido”, dijo.

Esta investigación es resultado de una beca otorgada por el Instituto de Formación Periodística del CPI y fue posible en parte gracias al apoyo de Para La Naturaleza.