[TRANSCRIPCIÓN]
Nore Feliciano: Estás escuchando De cerca, un podcast del Centro de Periodismo Investigativo.
Efrén Rivera Ramos: Me dices cómo lo quieres hacer.
Luis Valentín: Bueno. Primero si se puede, presentar, su nombre, a qué se dedica y cuál es su relación con el Centro.
Efrén Rivera Ramos: Mi nombre es Efrén Rivera Ramos. Soy profesor en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Soy miembro de la Junta de Directores del Centro de Periodismo Investigativo. He integrado esa junta desde la fundación del CPI.
Luis Valentín: Es Jurista. Académico. Es referente del Derecho en Puerto Rico y a nivel internacional. Acaba de ser reconocido como Humanista del Año por la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades. Es periodista.
Además de todas estas cosas, en 1975, Efrén Rivera Ramos era un estudiante de segundo año en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico.
Efrén Rivera Ramos: Ingresé a la Revista Jurídica y podíamos escribir un artículo como estudiantes y se me ocurrió que me gustaría escribir sobre el derecho a la información.
Luis Valentín: Era un tema caliente en ese momento. En Estados Unidos se había aprobado el Freedom of Information Act, o el FOIA, la Ley de Libertad de Información. Y en Puerto Rico, un año antes, se había aprobado en la Legislatura un proyecto para crear una ley similar, pero el gobernador Rafael Hernández Colón la vetó.
Efrén Rivera Ramos: Así que yo decido ponerme a investigar y escribo ese artículo, lo someto para publicación. Lo publican en la Revista. Y pues hasta el sol de hoy.
Luis Valentín: El artículo “La libertad de información: Necesidad de su reglamentación en Puerto Rico” se convirtió en la referencia de este tema.
Es el escrito de un estudiante que más veces ha sido citado por los tribunales en Puerto Rico, según la Revista Jurídica de la UPR.
Se ha convertido en lectura obligada sobre el derecho de acceso a información. Y lo más importante quizás, está al principio del escrito…
Efrén Rivera Ramos: Para ese entonces el Tribunal Supremo de Puerto Rico no había reconocido el derecho a la información como un derecho de base constitucional. En el artículo yo comienzo por ahí, diciendo por qué yo creía que era un derecho que se debía concebir como un derecho de rango constitucional.
Luis Valentín: Hoy, casi cincuenta años después, en Puerto Rico se reconoce el derecho constitucional de acceso a la información. Para lograr hacer valer este derecho, han habido victorias y derrotas. Los retos por delante a veces se ven enormes.
Mi nombre es Luis Valentín y hoy miramos De Cerca, el derecho de acceso a la información en Puerto Rico.
Por más de cuarenta años no se escribió otro artículo jurídico como el del profesor Efrén Rivera Ramos.
Hasta el 2015. Ese año, Carlos Ramos Hernández decidió poner al día el escrito de Rivera Ramos.
Carlos es abogado del CPI, pero en aquel momento, también era estudiante de la Escuela de Derecho de la IUPI, y también estaba en su segundo año. Recuerda que discutió la idea con Óscar Serrano, que además de ser periodista y cofundador del CPI, es abogado y experto en el tema.
Carlos Ramos Hernández: Le digo mira, tengo esta idea, quiero poner al día este artículo. Yo le enseñé un esquema del artículo y me dijo: “pero esto no es un tema, tienes un libro, tienes el esquema de un libro”, porque yo quería meterme en lo histórico, lo legal, todo.
Luis Valentín: Su escrito se publicó en 2016. Y un año después, ya era citado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Fue en el 2017, cuando el expresidente del Senado, Eduardo Bhatia, demandó al entonces gobernador Ricardo Rosselló Nevares para que publicara el presupuesto del Gobierno que había compartido en secreto con la Junta de Control Fiscal.
Carlos Ramos Hernández: Recuerdo que la decisión bajó el día que salía la reválida. Que se enmarcara la discusión desde la perspectiva de transparencia y participación política, y ahí es que citaron mi artículo junto con el de Efrén, pues para mí eso fue grande, ¿verdad?
Luis Valentín: Carlos pasó su reválida, y en el 2020, con la pandemia encima y ya trabajando en el CPI, decidió emprender un nuevo proyecto.
La pregunta era simple: ¿Cuán difícil es pedir y obtener información pública en Puerto Rico?
Pero antes de seguir… ¿Qué es exactamente el derecho de acceso a la información? Carlos lo define así:
Carlos Ramos Hernández: Es solicitar y recibir información pública que está en manos del Gobierno y eso pues tiene muchísimas manifestaciones, desde datos, estadísticas, informes, contratos.
Luis Valentín: En fin, muchas cosas se consideran información pública al estar en manos de alguna agencia de Gobierno, un municipio o hasta los tribunales.
Desde 1905, Puerto Rico reconocía un derecho a inspeccionar documentos y a hacer copias. Pero tenía sus limitaciones. Por ejemplo, una persona que solicitaba documentos debía demostrar algún interés especial en hacerlo, algo que ya no hay que hacer.
Carlos Ramos Hernández: Y hoy día los correos electrónicos, los mensajes en comunicaciones en grupos hasta de WhatsApp o el mismo Telegram, se están concibiendo como documentos públicos. Así que ha llovido muchísimo.
Luis Valentín: Lo que se llamaba antes el derecho de inspección existió en Puerto Rico durante casi 80 años. Pero a finales de la década del setenta, un caso cambió el juego por completo.
Fiscal: Mire yo le pregunto a usted si es o no cierto que usted en esa reunión le dijo al agente Miguel Cartagena Flores que él cuando viniera a declarar aquí a esta comisión dijera que él era el que había llevado el personal desde la torre de la Policía a la torre de Rica Visión del Cerro Maravilla el 25 de julio de 1978.
Luis Valentín: El asesinato en 1978 de los jóvenes Carlos Soto Arriví y Arnaldo Darío Rosado a manos de la Policía en el Cerro Maravilla consternó a todo el país. Cuatro años después, los familiares demandaron al Gobierno. Querían ver los informes y documentos de la investigación que la Policía llevó a cabo.
Este caso llegó hasta el Tribunal Supremo de Puerto Rico, que decidió a favor de los familiares de las víctimas, dando acceso a los documentos de la Policía.
Pero más importante todavía fue que en este caso el Tribunal reconoció que el derecho a tener acceso a información pública es un derecho constitucional.
Carlos Ramos Hernández: Es precisamente un caso que no llevó la prensa y me gusta recordar eso. O sea, el derecho de acceso a la información pública en Puerto Rico nace de ciudadanos queriendo fiscalizar al gobierno.
Luis Valentín: El caso Soto versus Secretario de Justicia es la base del derecho de acceso a información en Puerto Rico. Allí, el Tribunal Supremo cita el escrito del profesor Efrén Rivera Ramos para llegar a esa conclusión.
Efrén Rivera Ramos: En tiempos recientes ha sido, a como que ha recogido vela y ha decidido no aplicarse a sí mismo el principio que desarrolló como en el caso, por ejemplo, de Andrea Ruiz, en que el tribunal decide que no va a hacer accesibles las grabaciones de los procesos judiciales que se dieron en torno a ese caso. A mí me pareció eso un retroceso de parte del tribunal.
Luis Valentín: Pero tampoco es poca cosa que el Tribunal diga que el derecho está protegido por la Constitución.
Ni siquiera en Estados Unidos este derecho tiene un rango constitucional.
Carlos Ramos Hernández: Bueno, lo que quiere decir que es un derecho constitucional es que no puede abolirse por la Legislatura. Tampoco puede digamos, el Gobernador desde el Poder Ejecutivo, eliminarlo. La Legislatura puede regularlo, puede viabilizarlo, pero no puede eliminarlo.
Protesta: Ricky renuncia y llévate a la Junta. Ricky renuncia y llévate a la Junta. Ricky renuncia y llévate a la Junta.
Luis Valentín: El día antes de renunciar a su cargo de gobernador, Ricardo Rosselló Nevares firmó la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública. Ese mismo día también firmó la Ley de Datos Abiertos.
Era la primera vez que el Gobierno de Puerto Rico regulaba el tema de acceso a información a través de leyes.
Y lo hizo sin atender las objeciones y recomendaciones de distintos sectores de la sociedad civil, incluyendo periodistas.
Carlos Ramos Hernández: Es un poco un acto de menosprecio contra la prensa que en cierto sentido avivó que la gente se tirara a la calle y que se viese forzado a renunciar. Así que las dejó un poco yo creo como para decir, ustedes no estaban de acuerdo con esto, pues aquí les dejo las leyes y breguen con eso ahora.
Luis Valentín: Eso fue lo que ocurrió: hay que bregar con dos leyes que presentan varios problemas y algunos aciertos.
Ahora existe un proceso más definido para solicitar y recibir información pública. El Gobierno tiene diez días para contestar estas solicitudes, y puede pedir hasta dos semanas adicionales.
También se creó una nueva figura dentro de las agencias: el Oficial de Información.
Carlos Ramos Hernández: Los oficiales de información son el funcionario público en todas las agencias y municipios de Puerto Rico que es la persona contacto para cuando una persona, un ciudadano quiere solicitar información pública, le debe de dirigir la solicitud al oficial de información. Esto no impide que se le haga la solicitud a la oficial de prensa o al jefe de la agencia, ¿verdad? Pero es la persona que está llamada a canalizarlo.
Luis Valentín: Los oficiales de información juegan un papel muy importante en el proyecto de Carlos.
Todo comenzó en el 2020, cuando decidió que quería trabajar como abogado de acceso a la información. Carlos pensó: ¿qué mejor sitio para hacerlo que desde el Centro de Periodismo Investigativo?
Carlos Ramos Hernández: Ahí es que traemos por primera vez a Carla Minet, la directora ejecutiva, a la discusión. Ella no sabía que estábamos pensando esto y le hacemos la propuesta y le digo: Al final del día yo quiero ser tu abogado y yo voy a buscar los chavos pa’ que me lo paguen. Y pues a ella eso le sonó fascinante.
Luis Valentín: En mayo de 2021, la organización sin fines de lucro Equal Justice Works becó a Carlos para que trabajara en el CPI durante dos años. Era la primera vez que se otorgaba esta beca a alguien en Puerto Rico.
Luis Valentín: Carlos quería con su proyecto…
Carlos Ramos Hernández: Fortalecer el derecho de acceso a la información, derribando esas barreras sistémicas que impiden su desarrollo pleno.
Luis Valentín: Y, ¿cómo exactamente se hace esto?
Carlos Ramos Hernández: Yo me di cuenta de que había una falta real de datos y de estadísticas sobre la implementación y la ejecución de la Ley 141 de 2019, la Ley de Transparencia. O sea, no sabíamos, no podíamos medir en realidad el impacto que estaba teniendo o no la ley y si se estaba cumpliendo.
Luis Valentín: Carlos se puso a recopilar él mismo estos datos. Y para saber si el Gobierno estaba cumpliendo con la ley, la manera más fácil era ir a los oficiales de información. ¿Quiénes son? ¿Cuál es su contacto? ¿Están nombrados en todas las agencias tal y como exige la ley?
Carlos Ramos Hernández: Yo encontré una carta circular de la Secretaría de la Gobernación actual, pidiéndoles a todos los funcionarios de agencia que en o antes de julio del 2021 nombraran al menos los tres oficiales de información que requiere la ley.
Luis Valentín: Esta directriz, dada casi dos años después de la firma de la ley, había pasado completamente bajo el radar.
Carlos Ramos Hernández: Y yo digo, bueno, pues yo voy a hacer una solicitud de información a la Secretaría de Gobernación y a otras agencias que inciden sobre la política de acceso a la información en Puerto Rico: que me digan cuáles son sus oficiales de información, y que me envíen todas las comunicaciones que ha tenido la gente reaccionando a esa carta circular.
Luis Valentín: El Gobierno contestó con un directorio en PDF que identificaba oficiales de información para la mayoría de las 120 agencias. Pero estos datos no estaban públicos en la mayoría de las páginas de internet del Gobierno.
Carlos Ramos Hernández: De nada sirve que estén nombrados o designados si las personas no saben cuál es el número de teléfono, el email para contactar a una persona, para uno hacerle una solicitud de información a esa agencia.
Luis Valentín: Gracias a la solicitud de Carlos, el CPI publicó un directorio en www.periodismoinvestigativo.com, en un formato que permite buscar por palabra clave.
Carlos Ramos Hernández: En esto, digamos, caen toda la serie de arrestos a los alcaldes y empiezan a tener una serie de problemas a nivel municipal en Puerto Rico, que quizás lleva años, pero que no estaba en el ojo público tanto. Y yo dije, contra, esta ley aplica también a los 78 municipios, ¿cuántos oficiales de información habrán nombrado los municipios?
Luis Valentín: Pero esta vez la cosa era un poco más complicada. Ya no se trataba de una sola solicitud de información. Tenía que hacer 78. Claramente, Carlos necesitaba ayuda.
Y la encontró en el salón de clases.
Carlos Ramos Hernández: Primero, la agenda de hoy se las había compartido por el grupo de WhatsApp. Lo primero, pues, claro, actualización de las solicitudes de municipios. Estamos en la recta final.
Luis Valentín: Un grupo de estudiantes graduados de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana le ayudaron con su proyecto. Lo hicieron pro bono, gratis, al mismo tiempo que estudiaban para exámenes finales y tenían sus trabajos.
Se dividieron los municipios entre ellos y comenzaron a llamar uno a uno, pidiéndoles los nombres de los oficiales y su información de contacto. A medida que contestaban, llevaban un récord de los pueblos que cumplieron en dar la información.
Carlos Ramos Hernández: Abner y Génesis, cuántos ustedes tenían que se habían nombrado antes de la solicitud.
Génesis Rivera: Yo ninguno.
Carlos Ramos Hernández: Tú ninguno y Abner, ¿ninguno tampoco, verdad?
Abner Otero: Ninguno tampoco.
Luis Valentín: Y luego de dos meses de llamadas, emails, muchas conversaciones de seguimiento y hasta de llevar a 16 municipios al tribunal, Carlos y los estudiantes estaban listos para anunciar sus hallazgos. Primero lo hicieron en una sesión con Carla Minet, la directora ejecutiva del CPI.
Carlos Ramos Hernández: 44 municipios nombraron sus oficiales de información, de los 78.
Carla Minet: ¿44 municipios que antes no tenían?
Carlos Ramos Hernández: De esos, antes yo me atrevo a decir cuatro quizás, según vimos en las comunicaciones, cuatro quizás los habían nombrado antes de que se enviara la solicitud. Pero por lo menos 40 los nombraron porque se los pedimos.
Luis Valentín: El trabajo que hicieron era de hormiga. Y la primera sorpresa era que la mayoría de los empleados municipales que contestaban desconocían que existía una ley de transparencia.
Esta fue la experiencia de Génesis Rivera, una de las estudiantes que ayudó a Carlos en el proyecto.
Génesis Rivera: En general, ninguno de mis municipios tenía los oficiales de información nombrados. Yo creo que yo no hablé, estoy segura que no hablé con nadie que me dijera, ‘ah sí, yo sé qué es eso’. Todos pensaban que era algo relacionado con IT o informática, con computadora o me mandaban a la oficina de recursos humanos.
Luis Valentín: Los estudiantes cumplían dos funciones. Primero, educaban a los funcionarios sobre la Ley de Transparencia. Y luego, provocaban una acción. Muchos municipios nombraron a los Oficiales de Información después de atender la solicitud de los estudiantes.
Carla Minet: Lo que al Gobierno le ha costado tres años no hacer, ustedes en un mes lograron que se hiciera. Muy fuerte. Es muy impactante verdaderamente.
Luis Valentín: Unas semanas después, en octubre del 2022, Carlos junto a los estudiantes Génesis, Gabriela, Gabriel, Jorge, Abner y Lia hicieron públicos sus hallazgos.
Luis Enrique Falú: Hoy el Centro de Periodismo Investigativo reveló una información de un informe que realizaron precisamente sobre esto de la transparencia en el gobierno, cuando se supone que luego que bajo la administración de Ricardo Rosselló se firmó aquella ley de supuesta transparencia, porque, hay que decirlo así, en todas las agencias de gobierno hubiera un enlace de información, hubiera una persona designada a información para hacer accesible la misma. Pero lamentablemente lo que se recoge en este informe es la conclusión, es todo lo contrario.
Luis Valentín: Conclusiones: La mayoría de los municipios y agencias no tenían información accesible en sus páginas de internet para que los ciudadanos pudieran pedir información pública.
Al final de este proceso, los 78 municipios y casi todas las 131 agencias de gobierno nombraron Oficiales de Información gracias al trabajo de Carlos y sus estudiantes.
Y aunque fue un gran logro a favor de la transparencia, esto sería solo el comienzo.
Grabadora: Gracias por llamar al Departamento de Salud de Puerto Rico. Nuestro horario de servicio es de 8 a.m. a 4:30 pm. To continue in…[sonido entrando número de extensión]
[Sonido de teléfono sonando.]
Luis Valentín: Son poco más de las 3 de la tarde de un martes, y Lia Tavárez está llamando a varias agencias de Gobierno con una pregunta muy simple. ¿Quiénes son los oficiales de información allí?
Lia es oficial de transparencia en el CPI. Y cada cierto tiempo, actualiza la lista de contactos de los oficiales de información, porque el gobierno no lo hace.
Lia Tavárez: Vamos a intentar otro número. No sé si es porque estamos cerca de las 4.
Grabadora: Gracias por llamar al Departamento de Salud de Puerto Rico. Nuestro horario de servicios es de… [sonido entrando el número de extensión]
Lia Tavárez: Entonces ahora estoy llamando a otra extensión de otro oficial de información de la misma agencia.
[Sonido de teléfono sonando.]
Luis Valentín: Hasta ahora no ha tenido mucha suerte.
Lia Tavárez: Me colgaron. Pues claramente el Departamento de Salud no nos va a responder hoy.
Luis Valentín: Minutos después, tampoco le contestaron en la Oficina de Gerencia y Presupuesto. En el Departamento de la Familia, aunque ella llamó a los teléfonos que puso el Gobierno para los Oficiales de Información, la persona que atendía no sabía nada.
Grabadora: Gracias por llamar al Departamento de la Familia, donde promovemos la dignidad, solidaridad y convivencia en armonía para… [sonido de teléfono] Espere a que transfiera su llamada.
[Sonido de teléfono sonando.]
Empleada Departamento de la Familia: Buenas tardes, Junta Adjudicativa.
Lia Tavárez: Sí, buenas tardes. Llamo con la intención de confirmar si los oficiales de información designados para esta agencia continúan siendo la señora Maribel Alicea Aponte, la señora Ada de Jesús Martínez y la señora Olga Colón Padilla.
Empleada Departamento de la Familia: ¿Pero del departamento usted dice como tal?
Lia Tavárez: Sí, los Oficiales de Información designados para el Departamento de la Familia. Así me aparece.
Empleada Departamento de la Familia: Ah, ay, no, no, yo no te puedo corroborar.
Luis Valentín: Uno de los mayores problemas de la ley de transparencia es su pobre ejecución. Todavía hay empleados en las agencias que no conocen de la ley, ni quiénes son los oficiales de información allí.
Lia Tavárez: Sí hay unos que están sumamente entrenados y ya saben cómo bateártelas todas, como uno dice, pero hay otros que claramente, como ahora mismo el Departamento de la Familia, un departamento tan grande, y que ese mensaje introductorio de la dignidad y de todo esto que te venden, ni siquiera saben a quién te tienen que referir. Es un tira y jala increíble.
Luis Valentín: Y si esto es un reto para Lia, imagine cómo es para un ciudadano.
El desconocimiento entre los funcionarios y una cultura de opacidad, todavía son obstáculos gigantes a la hora de pedir información pública.
Efrén Rivera Ramos: Me parece que hay un problema con la actitud de los funcionarios. Que en vez de tener esa actitud que acabo de describir de que esto es público, yo soy el custodio de la información o custodia de una información que es pública pero que debe estar accesible, pues muchas veces asumen la actitud contraria: Tengo que defender la confidencialidad de esta información. Y esa es, como muchas veces, su primera reacción ante una solicitud de información. Eso es un problema. Y eso es un problema que podríamos decir cultural, incluso de cultura política. Es decir, eso es lo que hay que transformar.
Luis Valentín: ¿Cómo se hace esto? Educar a los funcionarios sobre lo que pide la Ley de Transparencia. Publicar información de manera proactiva, hasta antes de que se la pidan.
Hay que cambiar el chip.
Efrén Rivera Ramos: Hay que pasar de una cultura del secreto, de una cultura de la opacidad, como yo le digo, a una cultura de la transparencia.
Luis Valentín: Y en estos días, a Efrén Rivera Ramos le da vueltas en la cabeza una nueva línea de pensamiento que comienza a tomar fuerza a nivel internacional.
Es la idea de que el derecho de acceso a información no debe verse solamente como un derecho individual, de cada persona, que está ligado a la libertad de expresión o la libertad de prensa.
Sino que también debe verse como un derecho cultural, de los pueblos. Que tiene que ver, por ejemplo, con crear, hacer arte, investigar científicamente o participar en la vida cultural.
Efrén Rivera Ramos: Para todo eso hace falta información, es tener acceso a la información. Así que el derecho a la información se está también tratando en años recientes como uno de esos derechos culturales a los que tenemos, queremos tener acceso.
Nore Feliciano: Escuchaste De Cerca, un podcast del Centro de Periodismo Investigativo. Fue producido y narrado por Luis Valentín. El diseño de sonido es de Nore Feliciano. La edición estuvo a cargo de Carla Minet. La canción tema de De Cerca es El Arca de Mima. Suscríbete a nuestro canal de podcast en Spotify. Para leer más historias y apoyar al CPI, entra a www.periodismoinvestigativo.com.
