Con las Escuelas Públicas Alianza, conocidas como chárter, el Departamento de Educación (DE) se comprometió a ofrecer “escuelas públicas gratuitas, no sectarias, de calidad y libres de cualquier discrimen”, pero en la práctica, no hay informes periódicos ni herramientas eficaces que puedan corroborar la ejecución de esa promesa por parte de esas instituciones que comenzaron en Puerto Rico hace seis años.

Hasta el pasado año fiscal, las escuelas Alianza recibieron un presupuesto que superó los $40 millones de fondos públicos para una matrícula de tres mil alumnos. Aunque el DE tiene la responsabilidad de fiscalizar el buen uso de los fondos aprobados para las 12 escuelas chárter que operan en Puerto Rico, lo cierto es que no cuenta con informes ni estadísticas sobre su desempeño, encontró una investigación del Centro de Periodismo Investigativo (CPI).

Más aún, Conoce tu escuela, la plataforma que usa el DE para presentar al público el desempeño de los planteles, muestra un desempeño deficiente y de fracaso de las únicas dos Escuelas Alianza que aparecen en este portal: la Leap Steam +E Academy de San Juan y la Escuela con Causa Rosalina C. Martínez de Guaynabo. El portal muestra el desempeño de 833 escuelas públicas. 

La Escuela Alianza Leap, que comenzó operaciones en el 2021, se encuentra entre el 37.3% de las escuelas públicas del país que ese año obtuvo dos estrellas por su desempeño. Esa es la segunda puntuación más baja que otorga el DE en su evaluación en la que cinco estrellas es la puntuación máxima. 

En tanto, la Escuela Con Causa Rosalina C. Martínez, que comenzó a operar como chárter en el año escolar 2019-2020, obtuvo calificaciones de una a dos estrellas entre los años académicos de 2018 al 2021. El CPI no recibió respuesta de la administración escolar sobre estas calificaciones. 

Según explica el DE en su página web, para esta evaluación de Conoce tu escuela se usó el modelo “Star Framework”, en el que las escuelas reciben una calificación que toma en cuenta los resultados de las pruebas estandarizadas META, el promedio de la escuela según las calificaciones de sus estudiantes por materia, los resultados de la prueba de admisión universitaria, así como tasas de ausentismo y de graduación.

De las 833 escuelas calificadas entre 2018 y 2021, el 30% obtuvo tres estrellas, seguido por el 28% que obtuvo cuatro, un 25% que alcanzó dos estrellas, el 12% obtuvo la máxima de cinco estrellas y el 2% alcanzó la puntuación mínima. 

Más allá de esta evaluación en la que los planteles ganan estrellas por su ejecución, la Oficina de Escuelas Públicas Alianza (OEPA) tiene la obligación de rendir un informe anual sobre la calidad educativa de cada una de las escuelas chárter, pero tal documentación no está disponible. En su página web solo hay un escueto informe sobre la primera chárter que se estableció en Puerto Rico en 2018, la Vimenti School. Aunque la Ley 85, conocida como la Reforma Educativa, establece que los informes anuales deben incluir la rúbrica con la que se evalúa una escuela, el informe de Vimenti no contiene ese dato. 

En el informe de calidad educativa redactado por Gilberto Trinidad Rivera — quien laboró con la OEPA —, indica que tras una visita a la escuela Vimenti el 30 de octubre de 2019, la administración de la institución evidenció el progreso académico de sus estudiantes, en ese momento solo de kinder y primer grado. 

En el documento de apenas dos páginas, el funcionario aseguró que los maestros y maestras de esta escuela localizada en el Residencial Ernesto Ramos Antonini, están cualificados y adiestrados. Además indicó que en el plantel se llevaron a cabo actividades para fomentar la participación de la comunidad; y que la institución cumple con sus obligaciones financieras. 

“La entidad presentó toda la evidencia requerida y demostró tener una excelente organización. La Oficina de Escuelas Públicas Alianza los felicita y los exhorta a continuar con su misión”, cierra Trinidad Rivera en su informe con fecha del 22 de enero de 2020.

La administración de Vimenti indicó en declaraciones escritas al CPI que fue evaluada también en 2021, 2022 y 2023. Ese último año, “el proceso incluyó la participación de recursos de auditoría externos. No obstante, corresponde a la Oficina de Escuelas Públicas Alianza del Departamento de Educación divulgar los resultados de evaluación”. 

La directora interina de la OEPA, Sol I. Ortiz Bruno, indicó al CPI que no publicarán los informes de calidad educativa anuales en la página del DE hasta que no terminen de asistir a otras dos escuelas alianza en la implementación de sus planes de acción correctiva. La funcionaria no especificó cuáles escuelas chárter tienen que tomar acciones correctivas y si los informes reflejarán el desempeño previo a la corrección de las fallas. 

El exsecretario de Educación, César Rey Hernández, dijo al CPI que el DE adolece de una estructura y herramientas eficientes para evaluar y asegurar la calidad de los servicios educativos.

“[La agencia] tiene un problema de controles de calidad. Manejar administrativamente un proyecto tan complejo es bien difícil si no se tiene una estructura adecuada. En otras palabras, el elemento de avalúo nunca ha sido un fuerte del Departamento de Educación, y eso se traduce en todos los proyectos académicos también”, dijo Rey Hernández.

La fundadora de Leap, Gloria Bonilla Santiago, indicó en declaraciones escritas que “no ha habido evaluaciones [por parte de la OEPA], solo se recibió una visita informal de monitoría”.  

En el caso de la Christian Military Academy Alliance, personal de la OEPA notificó que visitaría la escuela en Vega Baja para una monitoría en febrero de 2023, tras iniciar operaciones en agosto de 2020. Esa visita se dio tres meses después, y no fue hasta noviembre que la administración escolar supo mediante una carta del DE que debían desarrollar un plan de acción correctiva, según indicó al CPI la directora escolar, Ana M. Rivera.   

Los directores de las escuelas Alianza Camino al éxito, Cacica Yuíza y Coalición cambiando la ecuación confirmaron que fueron evaluadas, pero al igual que Vimenti, refirieron al CPI a la OEPA para detalles y resultados de las monitorías. 

Sin presupuestos extraordinarios, otros modelos educativos logran mejor desempeño 

La Escuela Pública Alianza no es el único modelo que debe supervisar el DE dentro del sistema público de enseñanza. También tiene la obligación de fiscalizar la ejecución de las 58 escuelas públicas Montessori que existen en Puerto Rico. De acuerdo al reglamento de la Secretaría Auxiliar de Educación Montessori, estas escuelas se evalúan según las metas y planes de trabajo de cada plantel, así como el aprovechamiento académico. Además, la Secretaría debe mantener estadísticas e informes sobre los logros de estas escuelas.  

El modelo educativo desarrollado hace más de 100 años por la italiana María Montessori, integra grupos de alumnos de distintas edades, fomentando el aprendizaje entre pares, bloques de tiempo de trabajo ininterrumpido, una guía o maestro formado en la filosofía Montessori, y un ambiente o salón preparado con materiales acordes a las edades de los grupos. 

Este medio centenar de escuelas tienen una matrícula total de 14,718 alumnos, y hasta el año escolar 2020-21, recibieron una asignación presupuestaria de $60,543,301. Es decir, $20 millones más que el total asignado a las Escuelas Alianza y para una matrícula mayor por 11,489 estudiantes (o 356%). Al examinar la clasificación de las escuelas Montessori durante los pasados cuatro años escolares en el sistema Conoce tu escuela, el 38% de las instituciones educativas mantuvieron calificaciones de tres a cinco estrellas.   

Por otro lado, existen 61 escuelas especializadas en Puerto Rico que atienden una matrícula de más de 20 mil alumnos y hasta el 2020-21 se les asignaron $74,487,489. Las especialidades incluyen idiomas, artes, música, deportes, ciencias, matemáticas, ingeniería y tecnología. Durante los cuatro años analizados, el 54.5% de estas escuelas mantuvieron las puntuaciones máximas entre tres a cinco estrellas.  

Los presupuestos escolares para las Montessori y especializadas fueron obtenidos del Perfil escolar, los cuales no coinciden con los presupuestos estatales, federales y asignaciones especiales entregados al CPI tras demandar a Educación. 

Acuerdo con el Municipio de Carolina posibilita expansión de Leap

No solo el DE le ha abierto el camino a las chárter. El Municipio de Carolina ha facilitado la acelerada expansión de la Escuela Pública Alianza Leap Steam+E Academy. El ayuntamiento le alquiló tres escuelas municipales donde actualmente recibe estudiantes en las tardes para cursos y tutorías en áreas especializadas. Leap usaría los planteles para su programa chárter en las mañanas.

El contrato firmado entre el Municipio de Carolina y la corporación sin fines de lucro en noviembre de 2023 establece que la escuela chárter  pagará al ayuntamiento $300,000 al año, sujeto a que el DE apruebe la propuesta de Leap para administrar otras escuelas chárter en agosto. El acuerdo de arrendamiento se llevó de manera “fast track” a la Legislatura Municipal el pasado mes de julio, supo el CPI. 

El gerente del área de servicios del Municipio de Carolina, Víctor Pellot Rosa, indicó que el acuerdo firmado con Leap no afecta los servicios educativos que ya ofrece el Municipio. 

“Nosotros tenemos estudiantes del Departamento de Educación y de escuelas privadas. Van a sus escuelas en el horario regular, y vienen a nuestras escuelas en la tarde. El acuerdo es que Leap use las facilidades en la mañana, y en la tarde continuarán [operando] las [escuelas municipales] especializadas [en tutorías] como están hasta el momento”. 

No obstante, en el contrato dice que, el Municipio de Carolina puso a disposición de la corporación privada estos tres planteles desde las 7:00 am hasta las 8:00 pm, para que la institución pudiera llevar a cabo su programa extendido de tutorías. 

La administración municipal además, se compromete a poner personal de mantenimiento, seguridad, ornato y fumigación. Asimismo, asume los costos de electricidad, agua, y reparaciones menores de la Escuela de Bellas Artes. De igual manera, provee los materiales e instrumentos para las clases de artes y música, así como la transportación para el estudiantado. El Departamento de Educación Municipal asiste a Leap en los procesos de audición, matrículas, asistencia y acceso de sus alumnos a la programación regular de las escuelas especializadas, según el contrato.

“Si hay algún estudiante que quiera estar en esa otra escuela [Leap Academy], pues así lo solicitan. Pero automáticamente, que los estudiantes y maestros [de las escuelas municipales] pasen a Leap, no es parte del acuerdo. Los empleados de nosotros continuarán con su trabajo como hasta ahora, a menos que Leap abra una convocatoria y ellos quieran pasar al otro lado”, acotó el funcionario municipal. El CPI confirmó que la directora de Educación del Municipio, Myra Trujillo Muñiz, quien defendió el acuerdo con Leap ante la Legislatura Municipal, renunció a su puesto y ahora trabaja para la escuela Alianza.

El contrato establece que Leap costeará la instalación de un generador eléctrico para la Escuela de Bellas Artes, así como el trabajo de construcción de divisiones interiores de los planteles. También se hará cargo de adquirir el equipo para habilitar los salones, laboratorios de ciencias, equipos de oficina, computadoras, plataformas y servicio de internet. Del contrato se desprende, además, que establecerá un programa de “early college” y un programa modelo para Carolina en conjunto con instituciones de educación superior. La entidad deberá reclutar no menos de 110 nuevos empleados en coordinación con el ayuntamiento. 

Según la revista que produce el Municipio, el currículo ofrecido en horario extendido en las llamadas escuelas especializadas de la “Tierra de Gigantes” reúne una matrícula de sobre 800 estudiantes, cuyas familias pagan $100 por semestre.  

La meta de Leap Social Enterprise Inc. es abrir cuatro planteles en agosto de 2024. La primera escuela que abrió ofrece clases a 660 estudiantes en vagones instalados aledaños a la Escuela Gerardo Sellés Solá de San Juan, hoy cerrada, que la corporación alquila por $1 al mes al Departamento de la Vivienda con opción a compra.

Bonilla Santiago dijo en declaraciones escritas que, “el acuerdo con el DE y el Departamento de la Vivienda era ubicar allí las instalaciones de LEAP STEAM + E Academy of San Juan, pero debido a que la estructura estaba en muy malas condiciones y era necesario conseguir fondos para su acondicionamiento, la empresa chárter determinó comenzar las operaciones donde actualmente ubica la escuela”, refiriéndose a los vagones en terrenos de la Capital. 

A través de una subvención de la Agencia federal de Protección Ambiental (EPA en inglés), se hará una evaluación ambiental y se desarrollará un plan de remediación para la Escuela Sellés Solá. Si la entidad educativa recauda fondos privados y otras asignaciones federales, establecería las operaciones del Centro Comunitario de Resiliencia LEAP STEAM + E — que incluye centro de actividad educativa, social y de desarrollo económico y la Escuela Pública Alianza —, en lo que hoy es la escuela pública cerrada hace seis años bajo la administración de la convicta exsecretaria del DE, Julia B. Keleher. 

La génesis de las escuelas chárter

Las escuelas chárter surgen durante la década de los 90 en Estados Unidos, donde hasta otoño de 2021, atendían el 7% de los estudiantes del sistema público de enseñanza, según datos del Centro Nacional de Estadísticas Educativas federal. 

Este tipo de escuelas se fundamentan en la propuesta de un modelo de educación neoliberal del economista Milton Friedman, según reseña el exsecretario de Educación, César Rey Hernández, en un estudio hecho para el Observatorio de Educación. Friedman propuso un modelo educativo que permitiría a las familias optar por cualquier escuela aprobada por el estado mediante un certificado o vale. Así llegaron las escuelas chárter, una opción defendida por algunos sectores como la solución al problema de las escuelas públicas deficientes. Pero docentes, sindicatos y organizaciones civiles reclaman que estas escuelas suponen poner dinero público en manos privadas, lo que podría significar la pérdida de matrícula estudiantil y mayor presión fiscal en las escuelas públicas existentes.