A apoderarnos del proceso electoral

“Quien llega tarde ni oye misa ni come carne”, dice un viejo dicho.

La presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Jessika Padilla Rivera, no puede demorar más para demostrar que tiene la capacidad y el interés de llevar un proceso electoral limpio si quiere mantener la confianza de los electores en esa entidad. Como enseña el citado refrán, la desidia puede hacer perder lo que con diligencia se ganaría.

La CEE, acostumbrada a declarar ganadores y perdedores, parece que en estas elecciones generales podría ser la gran perdedora del proceso electoral. Pero con su fracaso perderíamos quienes apostamos y valoramos el principio democrático de que cada ciudadano tiene derecho a un voto y todos valemos igual en este proceso de elegir a quiénes administran el Gobierno. A pesar de las imperfecciones que pueda tener el proceso electoral, el voto es un derecho que los puertorriqueños y puertorriqueñas defendemos y atesoramos.

Por eso nos hierve la sangre cuando, por ejemplo, nos enteramos de que una sola persona llevó 500 papeletas votadas a un correo, o cuando alguien haciéndose pasar por otro solicita votos de personas incapacitadas o fallecidas y cuando se hacen recusaciones sin el debido proceso de ley. Se trata de unos cuantos votos ganados por engaño por aquí, otro poco de votos evitados por allá, algo que se convierte en un problema cuando se replica en los municipios por los llamados “gestores” de los partidos políticos que se han turnado en el poder.

Cuando el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) publicó a finales de septiembre el reportaje Amplio esquema de robo de votos corrompe el sistema electoral en Puerto Rico se generó una gran indignación entre el público porque por primera vez se recogían con evidencia en una investigación periodística las múltiples trampas que por años habíamos escuchado casi como leyendas del proceso electoral.

A la misma vez se levantaron voces de personas que, en defensa de la “institución” y de sus propias actuaciones, trataron de restarle credibilidad a la investigación periodística que denunció que casi 6,000 electores fallecidos se encontraban activos en el Registro General de Electores a pesar de que habían fallecido entre 2015 y 2020. Mientras, Padilla Rivera hablaba de que solo faltaba depurar de las listas a los fallecidos en 2024.

El reportaje puso de manifiesto la existencia de esos gestores que se encargan del recogido de endosos de candidatos y quienes usan el vaciado de listas electorales para lograrlo. La investigación señaló que estos gestores usan el Registro General de Electores, en el que permanecían cerca de 900,000 electores fallecidos – en categorías de excluidos, inactivos y activos –, para garantizar a sus clientes que, aunque se haga un vaciado de lista, sus endosos no llevarán a ningún elector excluido por muerte. Y también se encontró que personas fallecidas aparecen votando en elecciones de 2016 y 2020, algo que la CEE no ha logrado explicar.

Además, el reportaje expuso que esos gestores son los que establecen vigilancia en las casas deshabitadas a las que llegarán papeletas solicitadas ilegalmente, se encargan de visitar los centros de cuidado prolongado, égidas y asilos para tratar de capturar algún voto no autorizado y también buscan manipular el voto a domicilio. No se trata de acciones ilegales en todos los procesos ni centros de votación, sino de acciones dispersas pero toleradas por líderes de sus partidos y de las que la presidencia de la CEE tradicionalmente se ha hecho de la vista larga.

Las justificaciones ante los hallazgos de la investigación del CPI que expresaron  funcionarios y ex funcionarios de la CEE lo que reflejaron fue la existencia de una chapuza de Registro General de Electores que no han querido corregir. Un Registro plagado de errores que, según la Presidenta Alterna, cuando dice que un elector votó, no quiere decir necesariamente que votó. Tampoco es fiable la edad que se registra del elector y también nos enteramos de que no se sabe a dónde fueron a parar o por qué “se extraviaron” decenas de listas electorales usadas en las elecciones de 2020.

Las trampas no son nuevas, lo que se añadió al proceso fue el voto adelantado por correo solicitado por casi 146,000 electores y por el cual ya se han hecho varias denuncias de posible fraude. Las trampas son viejas, la novedad es el uso masivo de las redes sociales por los electores que han hecho visible las artimañas.

Mientras las irregularidades en el proceso electoral se denuncian, ni el liderato electoral ni político de los partidos de mayoría han enviado un mensaje contundente a su militancia de rechazo absoluto a estas prácticas. Lo que han hecho es acusar al otro partido de hacer lo mismo y le exigen al denunciante que haga declaraciones juradas como condición para investigar la denuncia.

En tanto, la CEE somete al público a la falta de transparencia. Ahora intenta controlar el trabajo de observación del proceso electoral que hace más de cuatro décadas inició la Comisión de Derechos Civiles. Y de igual manera el secretario de la CEE, Rolando Cuevas,  ignora la solicitud de información del CPI sobre las listas extraviadas en 2020 y sobre las recusaciones realizadas en 2024. En lugar de disipar dudas, la CEE promueve que se generen más cuestionamientos ante su rechazo a proveer información.

El deber de Padilla Rivera es garantizar un proceso libre de fraude, con lo que no se ha atrevido a comprometerse. Mientras, el deber de los electores y electoras activos es ir a votar el 5 de noviembre para fortalecer el sistema, estar vigilantes a que en nuestros colegios de votación se hagan los trámites correctamente y apoderarnos de este evento que es de los electores, pero que los partidos políticos se han creído dueños de él.