La seguridad de su lugar de empleo está en ‘lay away’

Desde 1997 existe en Puerto Rico un programa que permite la autorregulación de las empresas en materia de salud y seguridad en los lugares de trabajo, con la participación y el aval de los trabajadores de esas medidas reglamentarias. ¿Le parece demasiado bueno para ser verdad? Pues quizás esa es precisamente la duda con el Programa de Protección Voluntaria (VPP por sus siglas en inglés): que su propia definición es contradictoria pues deja en manos de los patronos diseñar los parámetros de salud y seguridad, con la supuesta participación de los trabajadores, y lejos del ojo de las agencias reguladoras del Estado. Todo esto a cambio de menos inspecciones y la exención de multas en la mayoría de los casos. “En Puerto Rico, el asunto de la seguridad y la salud es una cuestión garantizada constitucionalmente”, por lo que el programa, que funciona mayormente en empresas que no tienen sindicatos, plantea un problema, según el abogado laboral, Reinaldo Pérez.

Afianzadores tras la pista de clientes fugitivos

En una fría noche de invierno en el downtown de Miami, Nidia Díaz, propietaria de Best Bail Bonds, y su equipo de cuatro agentes de recuperación de fianzas salen con rumbo al sur en dos camionetas. Los agentes, Héctor Peláez, Brian Rodrígues, Oscar Recinos y un cuarto hombre que prefiere que su nombre no sea revelado, llevan chalecos antibalas con Surety Agent (Agente de Seguridad) escrito en letras blancas en el pecho y en la espalda. También llevan pistolas, Taser, spray de pimienta y esposas. Díaz, una menuda cubanoamericana, viste un suéter de cuello de tortuga, una chaqueta de cuero, zapatos de tacón alto Louis Vuitton y una pistola calibre .38 en una cartuchera que combina con el color de su cinturón. El equipo se dirige a la casa, en South Miami, de Yenisleidys Fernández, cuyo padre José, de 57 años, y su hermana María, de 36, son fugitivos que busca Díaz.

Safety in your workplace is “on lay-away”

Since 1997 a program exists in Puerto Rico that allows companies to regulate themselves on issues of health and safety in the workplace, with the workers’ participation and approval of these regulatory measures. Think it sounds too good to be true? Well, maybe that is precisely the problem with the Voluntary Protection Programs (VPP) – that it contradicts its own definition because it leaves in the hands of employers the establishment of health and safety parameters, with the supposed participation of the workers, and far from the eye of the state’s regulatory agencies. All of this in exchange for less inspections and exemption from fines in the majority of cases. “In Puerto Rico, the issue of safety and health is constitutionally guaranteed, which is why the program, which functions mostly in companies that are not unionized, presents a problem,” according to labor lawyer Reinaldo Pérez.

Tratan de corregir traspié en Centro Internacional de Seguros

No es fácil enderezar entuertos. Pero con la Ley 98 firmada por el Gobernador Luis Fortuño el pasado 20 de junio, el Gobierno de Puerto Rico trata de corregir el golpetazo sorpresivo que la Ley 7 del 2009 asesto a los aseguradores y reaseguradores del Centro Internacional de Seguros (CIS) y la posterior pérdida de credibilidad y confianza de la Isla en los mercados globales. “La nueva Ley viene a tratar de remediar la incertidumbre creada por la Ley 7, y ofrece estabilidad en la plataforma contributiva del CIS. El estatuto es abarcador, complejo, y afina elementos técnicos para ofrecerle más fortaleza al Centro y poder atraer inversiones,” explicó el Lcdo. Eric Negron, del Bufete Rexach & Pico, responsable de escribir la plataforma legal que originó el CIS.

Novelón rodea la dirección oficial de Puerto Rico en la web

Un profesor jubilado de la Facultad de Ciencias Naturales del recinto riopedrense de la Universidad de Puerto Rico (UPR) realizó movimientos bancarios, corporativos, e internacionales para, en las mismas narices de la UPR apropiarse del dominio de internet que está asignadp a Puerto Rico, .pr, y comercilizarlo a un ritmo que ya va por los $2 millones, según una demanda radicada recientemente mediante la cual la UPR pretende recuperar el dominio y el dinero. El Dr. Moreno de Ayala (centro), junto con funcionarios de la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), los administradores internacionales de los dominios de internet. La UPR alega que el Dr. Oscar Moreno de Ayala se apropió de fondos públicos, cometió violaciones a la Ley de Ética Gubernamental, y creó corporaciones con fines fraudulentos en actos que realizó desde 2006 para que las agencias internacionales que administran las direcciones de internet le asignaran la administración del .pr. Entre los movimientos hechos sin supuesto permiso, Moreno vendió el .pr a la República China para que lo puedan usar, pero en caracteres chinos presumiblemente porque, en inglés, al país se le conoce como People’s Republic of China, y la “pr” le serviría. Pero la trama también implica a jugadores ocultos que sólo se mencionan brevemente en la demanda cuando la UPR dice que “ha advenido en conocimiento además de que al presente existe un grupo de inversionistas interesado en comprar el dominio .pr y en crear una nueva corporación con fines de lucro que administre el mismo”.

Creativos y militantes en sus protestas los puertorriqueños

La visita del presidente Barack Obama sirvió para avivar la creatividad de los puertorriqueños quienes, desde incluso antes de que el mandatario pisara suelo boricua, se manifestaron en distintas formas de ocurrentes y llamativas protestas. El lunes antes de la polémica visita, el País amaneció con la noticia de que el activista ambienta, Alberto de Jesús, conocido como Tito Kayak, se había trepado un poste en la avenida Baldorioty de Castro para ondear una bandera que reclamaba la libertad del preso político Oscar López. Según informes de prensa de Jesús fue arrestado por cargos de obstrucción a la justicia. López, considerado el preso político más antiguo del mundo, está confinado hace 30 años acusados del cargo de conspiración sediciosa por sus ideas independentistas. Sus simpatizantes exigen que se acabe ya su sentencia de 70 años, la cual lo mantendría preso hasta el 2023, según boricuahumanrights.com.

Serie completa de El Nuevo Día sobre el gasoducto

Nota de la dirección: El Centro de Periodismo Investigativo te trae la recopilación de la investigación periodística publicada en El Nuevo Día sobre el proyecto del gasoducto, bautizado Vía Verde, según apareció publicada del 6 al 12 de abril de 2011 en dicho diario. Agradecemos a la dirección de El Nuevo Día la autorización para que las historias aparezcan recopiladas en el CPI. Flujo de millones por el gasoducto

Los contratos principales del proyecto se otorgaron antes de la declaración de emergencia energética
Por Gerardo E. Alvarado León / galvarado@elnuevodia.com

Tres meses antes de que el gobernador Luis Fortuño declarara una emergencia energética y anunciara la construcción del gasoducto para solucionarla, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) ya había otorgado contratos a cuatro compañías privadas por más de $12 millones, según se desprende de un análisis del registro de contratos de la Oficina del Contralor. Al día de hoy, tiempo en que la AEE tenía previsto iniciar la construcción del gasoducto, los contratos sobrepasan los $27 millones, aun cuando no se ha movido una sola piedra para colocar un solo tubo. Las compañías favorecidas antes de la declaración son Ray Engineers, PSC, que se encargaría del diseño del gasoducto; Asesores Ambientales y Educativos, Inc., responsable de la consultoría ambiental; New Star Acquisition, Corp., a cargo del proceso de expropiación forzosa; y Ballori &Farré, encargada de la publicidad.

Con quién andas y de dónde vienes

Los nuevos nombramientos  al Tribunal Supremo que se agenció la Administración Fotuño como una “ñapa” de su copo electoral recayeron sobre abogados de bajo perfil que se conocen en el gremio legal por ser laboriosos y decentes, pero cada uno tiene circunstancias públicas que definen las expectativas de cómo se desempeñarán. Luis F. Estrella y Roberto Feliberti Cintrón tienen un tracto poco claro de escritos que permitan conocer su razonamiento jurídico, y sus vistas de confirmación aportaron poco, por lo que ese vacío se llena con otras circunstancias. En el caso de Estrella, se trata del litigante electoral más constante que ha tenido el Partido Nuevo Progresista (PNP) en los últimos 10 años. Ejecutar esa función política ha resultado buena inversión para Estrella quien, bajo Legal Advisors PSC, aparece con casi $3 millones en contratos con municipios y agencias públicas desde 2004. Estrella asesoró en la Legislatura a, entre otros, Melinda Romero, Albita Rivera y Edison Misla Aldarondo.