Amanda Pérez Pintado cubre temas de salud para el Centro de Periodismo Investigativo a través de Report for America. Antes de unirse al CPI, escribió sobre ciencia, ambiente y política para El Nuevo Día. También trabajó como reportera para USA Today y para el centro de periodismo investigativo Investigate Midwest, en Illinois. Posee una maestría de la Universidad de Nueva York y un bachillerato del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Ha impartido cursos de Periodismo en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras y en la Universidad del Sagrado Corazón.
The number of defendants deemed unfit to stand trial who ASSMCA must treat increased by 188% between 2018 and 2024, yet the forensic psychiatric hospitals have not expanded their capacity. Meanwhile, the government keeps no record of how many ultimately end up incarcerated.
La cantidad de personas imputadas de delito que no son procesables y deben ser atendidas por ASSMCA creció en un 188% entre 2018 y 2024, pero los hospitales forenses no han aumentado su capacidad para darles servicios. Mientras, el Estado no tiene un registro de cuántos terminan encarcelados.
A sister company of Puerto Rico’s prison health care provider maintains multimillion-dollar contracts with the city of St. Louis and a Virginia county.
Physician Correctional USA, la subsidiaria estadounidense de la empresa que aún está contratada por el Gobierno de Puerto Rico, mantiene contratos millonarios con la ciudad de San Luis y con un condado en Virginia.
The Department of Corrections fails to provide basic mental health care to its prison population while spending $80 million on a psychiatric hospital with no clear plan for staffing, operations, or funding.
El Departamento de Corrección no brinda servicios básicos de salud mental a su población enferma y a la vez construye un hospital psiquiátrico sin saber cómo ofrecerá los servicios y con qué fondos pagará su operación.
La Oficina del Inspector General señaló que de manera inusual el DCR adquirió los servicios profesionales de esta compañía mediante órdenes de compra, en algunas ocasiones no le hizo las retenciones contributivas y pagó facturas que no detallaron los servicios prestados.
The Office of the Inspector General has flagged unusual procurement practices at the Department of Corrections and Rehabilitation, which hired professional services through purchase orders — sometimes without withholding taxes — and paid invoices that lacked detailed descriptions of the work performed.
