El mantengo corporativo de semilleras en Puerto Rico

La organización Investigative Reporters & Editors (IRE) incluyó en su primera revista trimestral del 2017 un texto del periodista Eliván Martínez Mercado, colaborador del CPI y autor de la serie Paraíso transgénico, en donde se explica el proceso, la metodología y los hallazgos más importantes de la investigación Puerto Rico regala más de $519 millones a semilleras multinacionales como Monsanto. En el texto se hace un recuento de los cuatro meses que duró la recopilación de los datos, la dificultad de acceder a documentos públicos del gobierno de Puerto Rico con información fiscal, y la renuencia de los ejecutivos de las multinacionales para ser entrevistados en récord en defensa de las compañías que representan. Además, Martínez destaca el trabajo de publicación de la historia que contó con vídeos de promoción, gráficas interactivas, mapas informativos y tomas aéreas de las fincas utilizadas por las semilleras. La investigación se republicó en más de 30 medios de comunicación en y fuera de Puerto Rico. Aquí el texto, El mantengo corporativo en Puerto Rico.

El dinero público subsidia a Monsanto

Usted que rinde planillas, sepa que parte de sus impuestos ayudan a enriquecer aún más a empresas multimillonarias como la polémica Monsanto. El Departamento de Agricultura de Puerto Rico ha otorgado, en los últimos seis años, más de $20 millones en fondos públicos a ésta y otras siete multinacionales, que han llegado a la Isla a experimentar con semillas modificadas genéticamente. Las compañías beneficiadas, sin embargo, incumplen un requisito fundamental para obtener esos incentivos: no son empresas agrícolas. Además, cuentan con el visto bueno del Gobierno para controlar más de 500 acres de tierra; o sea, exceder el límite que permite la Constitución. Así lo sostiene una opinión confidencial del Departamento de Justicia, a la que tuvo acceso el Centro de Periodismo Investigativo (CPI).

En peligro hasta 51 “universidades en el campo”

El Servicio de Extensión Agrícola, conocido como la universidad en el campo, planifica el cierre de hasta 51 oficinas: el 78% de todas sus instalaciones en el país. La información la confirmó Héctor Santiago, decano del Colegio de Ciencias Agrícolas del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) y director de este programa que educa a miles de agricultores, amas de casa y jóvenes de escasos recursos alrededor de la Isla. La casi eliminación del programa pone en juego servicios como el desarrollo de microempresas que buscaban ser una alternativa al despido de más de 30,000 empleados como parte de la Ley 7 del gobierno de Luis Fortuño. Se reducirían los lugares que brindan educación sobre huertos caseros, importantes para adquirir comida sana y fresca en un país que no tiene seguridad alimentaria (importa el 85% de los alimentos). Además, se afectarán los servicios de los Clubes 4-H, que enseñan valores de liderato y ciudadanía en un país que enfrenta una honda crisis social y aumento en la delincuencia.