Difícil lograr un futuro independiente para los estudiantes de Educación Especial

Adriana Méndez sueña con ir a la universidad cuando termine la escuela, conseguir un buen trabajo para comprar una casa, casarse a los 30 años y tener hijos. “Quiero vivir independiente, como mi hermano y hermana”, afirma con entusiasmo. A esta estudiante del Programa de Educación Especial, de 19 años de edad, las experiencias de empleo de verano que tuvo se las procuró su mamá Martha Ramos. Las buscó como acostumbra buscar tantas otras oportunidades que su hija merece, que la ley le garantiza en papel, pero que en la práctica no le proporciona.   

Durante el año escolar 2021-2022, el Departamento de Educación (DE) apenas consiguió que 197 alumnos con diversidad funcional tuvieran una evaluación inicial de sus maestros, entre 13,233 estudiantes que eran “elegibles para el proceso de transición” a la vida adulta. 

Al igual que Martha, Johana Pérez y Rosa I.González, esperaron más de un año por una evaluación vocacional y de carrera adecuada, que permitiera trazar objetivos claros para la transición de sus hijos a un empleo o estudios postsecundarios, sobre todo, a una vida independiente. También tocaron unas cuantas puertas hasta conseguirles experiencias de empleo a sus hijas, Adriana y Julliana, y a su hijo Carlos, respectivamente. 

Mientras, el DE daba largas a hacer las evaluaciones.

Desconfianza entre afectados de Educación Especial ante la propuesta del DE para dejar de informar y dar servicios

Los abogados en el pleito de clase de los estudiantes de Educación Especial, iniciado hace 40 años por Rosa Lydia Vélez, solicitaron al Tribunal Supremo que se les conceda un plazo razonable para consultar a los afectados sobre la recomendación de la monitora, Pilar Beléndez Soltero, de archivar 11 de las 87 estipulaciones que conforman la sentencia parcial de este caso.

Ordenan a Educación cancelar contrato de escuela chárter con dudoso historial

La terminación del acuerdo ocurrió luego de que la Oficina del Inspector General ordenó a la agencia “a mostrar causa sobre la otorgación del contrato”, 20 días después de que el CPI revelara que esa charter tuvo señalamientos de la Oficina del Contralor de Nueva York y que un incorporador de la Neighborhood Association For Inter-Cultural Affairs – Puerto Rico, Richard Izquierdo Arroyo, se declaró culpable por malversar fondos en otra organización sin fines de lucro que presidió en Nueva York. NAICA-PR sería la organización sin fines de lucro que administraría la EPACIAD.