Cuando el 10 de mayo de 2022, el entonces subsecretario de Educación, Héctor Joaquín Sánchez Álvarez, convocó a cuatro empleados del Departamento de Educación que servían de jurado en el Premio de Maestro y Director del Año 2022, para decirles a quiénes debían favorecer, la molestia al interior de la agencia no se quedó en aquel salón de conferencias.

Las quejas llegaron hasta el entonces secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, quien las refirió inmediatamente a la Secretaría Auxiliar de Asuntos Legales del DE para investigación. Ese mismo día, el entonces secretario auxiliar de Asuntos Legales, Nolan Portalatín Cepeda, comenzó a tomar las declaraciones juradas de las 12 personas que presenciaron las actuaciones de Sánchez Álvarez, aliado político del gobernador Pedro Pierluisi y ex comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP). 

Según el informe de una compañía externa que intervino para investigar a petición de La Fortaleza, y las declaraciones juradas a las que este medio tuvo acceso, el jurado se encontraba en el receso de almuerzo, en medio de su deliberación, cuando uno de sus miembros — el director de Política Pública del DE, Félix Pérez Rivera — recibió una llamada de un ayudante especial quien pidió que subieran a la Oficina del Secretario, en el segundo piso de la sede del DE en Hato Rey. Se le indicó que sólo debían acudir los cuatro miembros del jurado que eran empleados del DE en el nivel central, según su declaración jurada. Tan pronto llegaron al salón de conferencias, allí encontraron a los siete superintendentes regionales, junto a Sánchez Álvarez.  

“Nos dijo que él no sabía cómo fue el proceso para la selección del jurado… que no le consultaron eso”, expresó el maestro Kenny Bermúdez Reyes, miembro del jurado y entonces ayudante especial en la Subsecretaría de Asuntos Académicos y Programáticos del DE. “Expresó que debíamos ser muy cuidadosos en la selección del maestro del año y que prestáramos mucha atención a dos de los participantes… Expresó que esos dos maestros compartían los mismos ideales de todos los que estaban allí”, añadió Bermúdez Reyes, en la declaración jurada que notarizó Portalatín Cepeda. 

El director ejecutivo de Docencia en el DE, Jorge Acosta Irizarry — también miembro del jurado — dijo que Sánchez Álvarez les pidió “que seamos cuidadosos al seleccionar al candidato para que no hubiera un problema el día de la premiación”. Añadió que les solicitó que “prestáramos especial atención a dos candidatos en particular ya que eran recomendados y estaban alineados al Gobernador”. 

“Insistió en tres ocasiones que le prestáramos especial atención a los dos candidatos antes mencionados”, recalcó Acosta Irizarry. 

Este medio contactó y envió una serie de preguntas a Sánchez Álvarez, quien se limitó a contestar con la siguiente declaración autorizada: “Sus premisas son incorrectas y temo que sus fuentes la inducen a error. Le recomiendo que en su deber ético y de diligencia, más aún siendo Yo en este momento un ciudadano privado, investigue directamente con los récords de las entidades públicas mencionadas, las conclusiones sobre cualquier asunto ante consideración de las mismas”.

Según las declaraciones juradas de los cuatro miembros del jurado, Sánchez Álvarez les instó a favorecer a los maestros Bryan Rivera Medina y Odalys González González. El jurado determinó, no obstante, ignorar las exigencias del subsecretario y seguir con el proceso de evaluación tal como se había establecido. 

El CPI contactó a los cuatro miembros del jurado mediante llamada telefónica, pero todos rechazaron ofrecer entrevista o hacer declaraciones sobre este suceso. 

González González es maestra de Estudios Sociales de la Oficina Regional Educativa (ORE) de Mayagüez, y se proyecta públicamente como aspirante para representante a la Cámara por el distrito 18 (Aguada, Rincón, Añasco y Moca) por el PNP. Abordada por este medio, indicó que no había conocido personalmente a Sánchez Álvarez para esa fecha. “Si se me recomendó como finalista, me consta que es por el trabajo que he hecho en una organización de liderazgo femenino en mi escuela, que se llama ‘Corónate princesa’”, respondió.

Rivera Medina es maestro de Educación Especial en Naranjito. Indicó a este medio que, cuando leyó la noticia sobre el alegado discrimen político en las premiaciones de maestros, se desanimó. “Me distancio mucho de eso [la política partidista] porque, si me inserto, muchas veces se piensa que lo que he obtenido por mi trabajo o mis estudiantes, es por eso… He tenido acercamientos de políticos que quieren que trabaje en su campaña, pero les he dicho que no. La política no me encanta”, aseguró.

En la actividad “Brilla la comunidad escolar”, en la que ambos participaban, otorgarían a los ganadores $5,000; mientras, los primeros y segundos finalistas ganarían $3,000 y $2,000, respectivamente. La agencia solicitó $76,400 de fondos federales del Fondo de ayuda de emergencia para escuelas primarias y secundarias (ESSER, en inglés) para otorgar el premio. Un comité interno de cada ORE hacía la primera evaluación de los maestros y directores autonominados, y recomendaba dos finalistas por región. Esos finalistas pasaban a ser entrevistados por un jurado a nivel central.

En su declaración jurada, el superintendente de la ORE de Mayagüez, Ricardo Pitre Feliciano, escribió que quería hacer constar “que las personas o maestros seleccionados no los conozco y que no interferí en el proceso de ninguna forma”.

Otra miembro del jurado — la gerente de Operaciones del DE, Amarilis Caro Caro — recordó que, durante la reunión, Sánchez Álvarez les indicó que esos dos maestros “eran los que teníamos que considerar para maestro del año, ya que no quería otorgar el premio a nadie que no estuviera alineado con el Gobernador. Enfatizó que éramos mayoría en el jurado”. 

Portalatín Cepeda notarizó 13 declaraciones juradas sobre lo ocurrido en la reunión del jurado. Este mismo mes, otras dos personas presentaron otras querellas contra Sánchez Álvarez por otras situaciones. El Secretario Auxiliar de Asuntos Legales de Educación refirió, el 30 de junio de 2022, el expediente con 15 declaraciones juradas y evidencia documental al Departamento de Justicia, así como a la Oficina del Inspector General del Departamento de Educación federal y a otras entidades fiscalizadoras en Puerto Rico. Este medio supo, por tres fuentes, que las autoridades federales han citado a entrevista y requerido información relacionada a estos incidentes y a otras alegadas irregularidades en las contrataciones del DE.

Un mes después del referido, La Fortaleza impartió instrucciones para despedir a Portalatín Cepeda, quien había dirigido la investigación. También, ordenaron despedir a la secretaria auxiliar de Recursos Humanos del DE, Frances Pellet Román. Esos fueron los primeros de varios cambios en la alta gerencia de la agencia, la mayoría de los cuales ocurrieron este verano y alcanzaron al mismísimo Secretario, así como a la subsecretaría de Administración y la secretaría auxiliar de Asuntos Federales.  

Nueva jefa en la agencia

En julio pasado, Pierluisi nombró a la entonces directora de la ORE de Bayamón, Yanira Raíces Vega, para sustituir a Ramos Parés, a quien el Gobernador le había solicitado la renuncia. Raíces Vega fue una de las funcionarias que declaró bajo juramento en la investigación sobre los señalamientos contra Sánchez Álvarez, pero nunca hizo alusión a la controversia sobre favoritismo o posible discrimen político partidista.  

“Los datos que contiene la declaración jurada sometida son los hechos de los que tengo propio y personal conocimiento. No se omitió ningún dato vinculado a la reunión”, respondió Raíces Vega en declaraciones escritas a este medio. 

En las entrevistas con Justicia, “varios [superintendentes regionales] no recordaron que en la reunión se hubiese comentado que el ganador tenía que ser PNP ni que tenía que estar aliado con Ia política pública del Gobernador y otros no escucharon todos los detalles o no escucharon mencionar el PNP directamente como parte de la discusión, pero en general, declararon que percibieron que el querellado se refirió a que las personas a ser elegidas fueran afín con la política pública del Gobernador”, lee la resolución del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) sobre el que recae la jurisdicción última sobre los funcionarios de mayor jerarquía en la Rama Ejecutiva. 

Amparado en estas declaraciones, el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, anunció, el 30 de enero de este año, que le recomendaba al Panel sobre el FEI que no asignara un fiscal para investigar a fondo las alegaciones contra Sánchez Álvarez, pues no había encontrado evidencia de delito. El Panel del FEI limitó, a su vez, su evaluación a la investigación preliminar sometida por Justicia, cuya División de Integridad Pública entrevistó y tomó declaración jurada al licenciado Portalatín Cepeda, a los miembros del Jurado que participó en la selección del Maestro del Año 2021-2022, a “varios ayudantes especiales y otros funcionarios”, a los superintendentes regionales del DE y al querellado.

El informe de Justicia catalogó como impropio “pero no un delito” citar a los cuatro miembros del jurado a una reunión con los superintendentes, el día de los hechos. “Se analiza en dicho informe que afinidad no se traduce a militancia a un partido político sino a la gobernanza”, sintetizó el Panel del FEI, que preside Nydia Cotto Vives, en la resolución emitida el 4 de abril. Al día siguiente, el Panel notificó su determinación de archivar el caso contra Sánchez Alvarez. 

Este medio tuvo acceso a las 15 declaraciones juradas que se hicieron ante la oficina legal del DE. También, conversó con otros siete empleados de esa agencia que no declararon como parte del proceso, pero corroboraron la intervención que Sánchez Álvarez ejercía en los procedimientos rutinarios de la agencia. La mayoría expresó temor por el nivel de impunidad del cual goza Sánchez Álvarez, la protección que tiene y por la posibilidad de enfrentar represalias, por lo cual hablaron bajo condición de anonimato. 

“Tienen secuestrado el Departamento de Educación”, puntualizó una entrevistada. 

Las declaraciones juradas y los testimonios de otros empleados confirman lo infiltrada que está la política partidista en las decisiones administrativas del DE, particularmente, por la influencia del ex Subsecretario Asociado de la agencia.

El paradero del aliado del Gobernador

Sánchez Álvarez salió del puesto de Subsecretario Asociado del DE en mayo del 2022, en medio de estas alegaciones en su contra. En unas declaraciones a la firma Robles & Associates, que le entrevistó sobre el asunto, el empleado alegó que solicitó vacaciones esa semana siguiente por el “ambiente tóxico” en el trabajo. 

Robles & Associates evaluó los incidentes que rodearon la selección del Maestro del Año 2022, “desde una perspectiva de gerencia de recursos humanos”, expuso el socio Carlos Colón en su carta del 3 de julio de 2022. Esta evaluación inició una semana después de que el DE comenzó la investigación interna contra Sánchez Álvarez. La secretaria de la Gobernación, Noelia García Bardales, le solicitó a Ramos Parés que delegara la investigación a un “ente externo”. Justificó la intervención invocando un interés de “objetividad”. Dos fuentes a las que este medio les otorga credibilidad confirmaron, por separado, que La Fortaleza señaló directamente a qué contratista del DE se le debía delegar esta evaluación.

“No es correcta la premisa de que le pedí al Departamento de Educación por alguna empresa en particular o referí un contratista. Se le solicitó al pasado Secretario que por el evidente conflicto entre personal gerencial del mismo nivel se recomendaba que fuera un ente externo que analizara la situación. Esa empresa ya estaba contratada por el propio Departamento de Educación y eso es de fácil corroboración en los registros del Contralor”, respondió García Bardales, en declaraciones escritas. 

Esta compañía del CPA Diego Robles Cordero ha recibido sobre $24 millones en contratos con 14 agencias o corporaciones públicas bajo la Administración Pierluisi. Su dueño es donante del PNP y ejerce como comisionado electoral auxiliar en la Junta Fiscalizadora de Donativos y Gastos de la Oficina del Contralor Electoral, por nominación de ese partido. 

Robles Cordero contestó, mediante llamada telefónica, que él no intervino en esa evaluación, pues esa labor estuvo a cargo de su socio.

Según el informe de Robles & Associates, Sánchez Álvarez se defendió diciendo que los directores regionales fueron quienes sugirieron a los dos candidatos al premio. Negó que haya mencionado que el candidato debía ser un PNP. Más bien, “aclaró que debía ser una persona afín con la política pública del Gobernador”. Asimismo, responsabilizó a la ayudante especial, Wenddy Colón Martínez, por decir que el candidato debía ser PNP. Ningún otro declarante coincidió con esa versión. 

Sánchez Álvarez no quiso responder preguntas sobre qué significaba ser afín “con la política pública del Gobernador”. En la llamada telefónica, se limitó a alegar motivaciones personales de quienes quieren perjudicar su carrera política, ahora que aspira al Senado. 

En el verano de 2022, él presentó su renuncia al puesto de confianza en el DE, y fue ubicado como subsecretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) donde permaneció durante seis meses. 

El ingeniero Luis González Rosario, entonces subsecretario del DTOP, pasó a ocupar la posición de subsecretario en el DE, donde todavía permanece y se le han delegado las funciones de recuperación posdesastre y la reparación de escuelas. Dos fuentes de este medio indicaron que la llegada de González Rosario desde el DTOP al DE fue impuesta por La Fortaleza; Ramos Parés tenía otra candidata de su confianza para el puesto que no recibió el aval del equipo cercano al Gobernador. 

El DE contestó que Sánchez Álvarez ya no labora en el DE donde tenía un puesto de carrera como maestro de jardinería y diseño paisajista. Actualmente, tiene un contrato de consultoría administrativa con la Autoridad de Tierras a través de la compañía Advisors Consulting, LLC, creada el 11 de abril de este año, según los registros de contratos y corporaciones. Un mes después de creada la compañía, Sánchez Álvarez firmó su primer contrato, con el cual facturó por “coordinar proyectos de cooperativa agrícola en San Lorenzo y Río Grande”, “brindar seguimiento para organizar a los agricultores de cacao y aguacates” y “proveer seguimiento para establecer plan de trabajo para iniciar la siembra de palmas de coco en Vieques”, conforme a las facturas a las que este medio tuvo acceso. 

En julio se le renovó el contrato por la cantidad máxima de $60,000 durante un período de un año. Su tarifa es de $83.34 por hora. 

Sánchez Álvarez aspira por el PNP al puesto de Senador por el Distrito 8, que incluye municipios de la zona metropolitana y la costa noreste del país, desde Trujillo Alto hasta Ceiba y las islas de Vieques y Culebra. Su comité de campaña no ha reportado ingresos o gastos para la publicidad de su candidatura, según el informe rendido ante la Oficina del Contralor Electoral. 

Pese a que Sánchez Álvarez ya ha hecho su vida fuera del DE, la mayoría de los entrevistados de este medio le atribuye poder de influencia en las movidas recientes en las posiciones ejecutivas de la agencia. Todas las personas en posiciones de confianza del nivel central que prestaron declaración jurada en contra de Sánchez Álvarez fueron removidos de sus puestos en Educación.

“No tengo duda: él está gerenciando el Departamento desde afuera”, indicó otro entrevistado. 

Amplio control desde el inicio del cuatrienio

Conviene repasar cómo inició el cuatrienio bajo la administración Pierluisi: dos días después de su juramentación como gobernador, su Comisionado Electoral se paseó por la sede del DE para anunciar que él sería el Subsecretario Asociado. Sánchez Álvarez permaneció en el puesto más tiempo que la secretaria interina que lo nombró: Elba Aponte Santos, expresidenta de la Asociación de Maestros, quien no fue confirmada por el Senado para ocupar la posición en propiedad. Luego, Pierluisi nombró a Magaly Rivera Rivera, exdirectora de la Oficina Educativa Regional de Bayamón, quien tampoco obtuvo los votos. 

Cuando Pierluisi designó a Ramos Parés como candidato de consenso, ya la mayoría de los nombramientos a puestos clave del nivel central se habían hecho. “Él [Ramos Parés] nunca pudo nombrar personal. Salvo el secretario de [Asuntos] Legales, la secretaria auxiliar de Recursos Humanos, su secretaria confidencial y una abogada… el resto, prácticamente, fue impuesto”, comentó una persona con conocimiento. Este medio corroboró la información con otra fuente independiente.

Se intentó localizar a Ramos Parés por varias vías, pero el exsecretario no quiso hacer expresiones. 

Los nombramientos de Ramos Parés que no contaban con el aval de Sánchez Álvarez eran aplazados durante meses o rechazados por la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), coincidieron dos fuentes internas del DE. La jefa de personal de la OGP, Emma Marrero Negrón, indicó a este medio que la labor de esa oficina — adscrita a La Fortaleza — se limita a verificar que hay el balance de presupuesto para aprobar la contratación. “No vemos nada más. No vemos los méritos de la contratación”, aseguró. 

Ramos Parés tenía poca comunicación directa con el Gobernador, mientras Sánchez Álvarez sí tenía acceso pleno, según las fuentes consultadas.  

Pese a esos escollos, cuatro entrevistados consideraron que la alta plana del DE, bajo la jefatura de Ramos Parés, en ocasiones lograba neutralizar algunos de los “mandatos” o pedidos de Sánchez Álvarez en términos de nombramientos, planes de trabajo y contratos, por considerar algunos de ellos descabellados o ilegales. 

“Llamaba muchas veces a decir: ‘Pon a tal persona’”, aseguró un empleado que escuchaba las conversaciones. Si los nombramientos tenían sentido [por la preparación de la persona], se procedía con la recomendación; pero, muchas otras veces, se ignoraban, afirmó. 

“No es la primera vez que Héctor J. Sánchez intenta presionar para que se firmen planes o para que se nombren personas para evaluar propuestas de procesos competitivos que él decide”, lee la declaración jurada del subsecretario de Asuntos Académicos y Programáticos, Guillermo López Díaz, quien se querelló sobre otro incidente.

Una reunión difícil de ignorar 

De las 15 declaraciones juradas ante el DE, este medio contabilizó que diez personas declararon bajo juramento que Sánchez Álvarez intervino arbitrariamente en nombramientos de personal, premiaciones y asignaciones de fondos públicos en la agencia. La mayoría de estas diez personas dijeron que se sintieron incómodas, presionadas o amenazadas por el funcionario. 

Estos diez declarantes incluyen a los cuatro miembros del jurado convocados a la reunión, pero también a dos ayudantes especiales que escucharon las expresiones del exsubsecretario sobre el tema; a la coordinadora de la premiación a quien Sánchez Álvarez llamó para conocer los nombres de los finalistas; y a uno de los siete superintendentes regionales, que estuvieron presentes. También, incluye a otros dos empleados quienes pusieron querellas contra Sánchez Álvarez por asuntos distintos a la selección del Premio a Maestro y Director del Año.  

En cuanto a este evento, ocho testigos coincidieron en que Sánchez Álvarez hizo exigencias en cuanto a los criterios con los que debían cumplir quienes obtuvieran el premio. Cuatro de ellos aseguraron que el Subsecretario Asociado indagó y enfatizó en las afiliaciones políticas de los maestros y directores nominados. 

El ex ayudante especial de la subsecretaría de Asuntos Académicos, Milton Rosas Gaud, testificó que — cuando llegó adonde estaba Sánchez Álvarez, a las 4:00 p.m. — “allí se dijo que las listas de maestros y directores se habían punteado [identificando quién era de cuál partido] y que habían más populares que penepés”.  No especificó, en su declaración jurada, quién hizo esas expresiones. 

Rosas Gaud relató que estaba buscando la firma del subsecretario para emitir los cheques de los ganadores cuando se encontró a Sánchez Álvarez hablando con varios directores regionales, quienes lo increparon sobre el proceso de selección. “Una superintendente regional femenina dijo que el Gobernador estaba allí (refiriéndose a La Fortaleza) porque tú y yo nos jodimos para eso. Además, el subsecretario dijo que, sino [sic] fuera porque el Gobernador va a participar de la actividad [de Premiación al Maestro y Director del Año], yo dejaba que uds [sic] se jodieran y no hacía nada”, contó Rosas Gaud en su declaración jurada. 

De los siete superintendentes regionales, solo Jorge Santiago Ramos (San Juan) brindó detalles. Los demás fueron parcos. 

Los superintendentes Ricardo Pitre Feliciano (Mayagüez) y Edwin Acevedo Medina (Arecibo) omitieron toda referencia al Gobernador en su declaración jurada. Pitre Feliciano recordó que, en la reunión, se les indicó que los ganadores “deberían ser personas que no sean conflictivas y que puedan ir a tono con la política pública de [sic] establecida”. Mientras, Acevedo Medina se limitó a decir que “se recalcó por parte del Sr. Héctor Joaquín (Sub Secretario) [sic] que el proceso de evaluación debía ser riguroso y acorde a la política pública establecida”. 

Los criterios para la selección del jurado, así como para la nominación y evaluación de los candidatos se establecieron mediante un memorando del DE, firmado por su entonces secretario Ramos Parés. No existe una ley u orden ejecutiva del gobernador Pierluisi en torno a qué constituye ser un maestro o director de excelencia, pues este asunto se delega a la agencia de instrucción pública. La plataforma de gobierno sólo dice en cuanto a esto — en la sección “Educación de excelencia: Clave para una buena calidad de vida” — que el gobierno otorgará aumentos salariales y beneficios marginales adicionales a los maestros, “a base de su desempeño”. 

Pese a que Justicia consideró que la “afinidad no se traduce a militancia a un partido político sino a la gobernanza”, la fiscal Tamara del C. Martínez Rosado escuchó los testimonios de por lo menos cuatro personas quienes aseguraron que allí se habló o se pidió que los ganadores fueran miembros del partido gobernante. 

La resolución del Panel sobre el FEI le atribuye a Acosta Irizarry haber expresado, en su declaración, que “el mensaje subliminal” fue que debía ser una persona “militante” del PNP. Así lo percibieron también los otros tres miembros del jurado.  

Además, la ayudante especial Colón Martínez había declarado ante el DE que “el Sr. Sánchez mencionó cada uno de los candidatos por ORE y habló al jurado sobre algunas características incluyendo afiliaciones políticas”. 

Raíces Vega, superintendente regional de Bayamón en aquel momento y actual nominada por el Gobernador como Secretaria de Educación, participó en la reunión investigada, pero se limitó a decir que surgieron dudas sobre la poca participación de candidatos y si podían volver a participar personas premiadas en años anteriores. Justificó que, por esa razón, se le solicitó a algunos miembros del jurado a comparecer a la reunión “para presentarle estas inquietudes y que los miembros aclararan las mismas”. 

Lo mismo hizo la directora de la ORE de Caguas, Carol Rivera Ruiz, quien evadió el asunto en controversia. 

Tanto la superintendente de Humacao, Evelyn del Moral Rosario, como el de Ponce, Roberto Rodríguez Rosario, se negaron a hacer la declaración jurada ante la Unidad de Investigación de Querellas del DE.

Del Moral Rosario confirmó a este medio que rechazó declarar sobre esta reunión. “Para yo emitir una declaración jurada, debe haber un proceso donde se me oriente el porqué me están pidiendo una declaración. En la secretaría de Asuntos Legales, me dijeron que era voluntario, así que yo decliné… Fui orientada por mi abogado que no estaba en ninguna obligación de hacerlo”, comentó. Mientras, Rodríguez Rosario indicó que no estaba autorizado a hablar con la prensa y refirió las preguntas a la Oficina de Comunicaciones del DE. 

El secretario Ramos Parés reiteró, en la entrevista que le hizo Robles & Associates, que él reunió a todos los directores regionales esa misma semana — el viernes 14 de mayo de 2022 — y todos le confirmaron individualmente las denuncias sobre el comportamiento presuntamente antiético de Sánchez Álvarez. Ramos Parés no fue citado a entrevista con Justicia para brindar estos detalles, dijo una fuente cercana a la investigación. La portavoz de prensa del Departamento de Justicia informó a este medio que Emanuelli no estaría disponible para entrevista sobre este tema, dado que “se trata de determinaciones, evaluaciones, impresiones, opiniones o teorías legales de los fiscales investigadores”.

Dos querellas más 

Ese mismo 10 de mayo de 2022, el subsecretario de Asuntos Académicos y Programáticos, Guillermo López Díaz, presentó una segunda querella ante el DE contra Sánchez Álvarez, luego de recibir una llamada que percibió como amenazante. López Díaz testificó que el entonces Subsecretario Asociado le exigió aprobar, a toda prisa, planes académicos que determinan el uso de $100 millones en fondos federales, pues de lo contrario lo bajaría de un viaje de trabajo a Hawái. Un empleado del DE indicó a este medio que el viaje se había programado junto al equipo del secretario de Educación de Estados Unidos, Miguel Cardona.

Diez días después, la especialista en Recursos Humanos en la ORE de Bayamón, Marily Zayas Torres, redactó una tercera querella ante el DE contra Sánchez Álvarez y contra su supervisora inmediata, Raíces Vega, por supuestamente tomar represalias contra ella. El ex Subsecretario Asociado le llamó para indagar por qué no habían sido aprobados los nombramientos de auxiliares administrativos en Orocovis, relató en su declaración jurada. Cuando ella explicó que no había aprobado aquellos que incumplían con los requisitos básicos, él supuestamente ripostó que “no podía ser piedra en el camino”, lee la querella. Cuatro días después, Raíces Vega la removió del puesto de Directora interina de Recursos Humanos que estaba ejerciendo desde 2017.

Raíces Vega dijo a este medio que “las determinaciones de nombramientos en la Región se basaron en la búsqueda de eficiencia para las áreas, bajo ningún concepto respondieron a represalias”. Alegó que a Zayas Torres se le ofrecieron dos alternativas de ubicación en las que tenía mayor conocimiento y destrezas.

La fiscal Martínez Rosado hizo una requisición de documentos y encontró que la solicitud de Laura D. Santiago para el puesto de auxiliar administrativa — que estaba en controversia — mostraba una nota adhesiva que decía que ella había sido recomendada por el alcalde de Orocovis, Jesús Colón Berlingeri, según la resolución del Panel sobre el FEI. Santiago tenía solo cuarto año de escuela superior, por lo que incumplía con el requisito mínimo de grado asociado para ser auxiliar administrativa en alguna escuela de Orocovis.

Colón Berlingeri dijo no recordar ese nombre, pero aseguró: “Toda persona que me pide endoso [para un puesto], la endoso”. Reconoció, a su vez, que a menudo el personal de la ORE de Bayamón le pide su opinión sobre a quién se puede reclutar o nombrar para vacantes en las escuelas de Orocovis. Abordado sobre si alguna vez exigió que se nombrara alguien que no cualificaba, respondió: “En eso, soy cuidadoso. Aunque lo endoso o recomiendo, debe prevalecer el análisis del que entrevista”. 

Raíces Vega indicó por el contrario que “los puestos otorgados en la región, reitero, fueron basados en los méritos, conocimientos, experiencia y preparación de las personas no por recomendaciones de alcaldes o legisladores”.

La intervención de La Fortaleza

Robles & Associates entregó, en junio de 2022, el “Informe sobre los incidentes que rodearon la evaluación del maestro y director del año 2022”. La firma concluyó que Portalatín Cepeda, secretario auxiliar de Asuntos Legales y Política Pública del DE, se debió haber inhibido del proceso investigativo. Basaron su recomendación en las alegaciones que hizo el propio Sánchez Álvarez, entrevistado por la firma, de que el abogado “presentó una querella en su contra” por otro caso, que Justicia archivó.  

Aproximadamente un mes después de emitir este informe y del referido del DE a Justicia, Ramos Parés empezó a recibir instrucciones de La Fortaleza para que removiera al secretario auxiliar de Asuntos Legales del DE, confirmaron cuatro fuentes de este medio. Tras la postergación en actuar, García Bardales procedió a pedir también que removiera a la secretaria auxiliar de Recursos Humanos, Frances Pelet Román. La directriz era clara: el Secretario debía remover a ambos de la jerarquía de la agencia o él mismo tenía que renunciar, dijo alguien que atestiguó de primera mano el estrés que eso provocó en Ramos Parés. Ante esas presiones, el 14 de noviembre de 2022, Portalatín Cepeda y Pelet Román renunciaron, aunque esta última fue destacada en la oficina del Secretario como su Ayudante Especial, dijeron cuatro fuentes de este medio.  

García Bardales justificó, por escrito, haber pedido la renuncia de ambos empleados de confianza al alegar que “fallaron en sus deberes ministeriales de aplicar correctamente los reglamentos del personal del Departamento”.

Ya el Gobierno había recurrido anteriormente a Robles & Associates, al igual que a BDO Puerto Rico, para encomendar la investigación de otro escándalo público, que ocurrió bajo la administración de Ricardo Rosselló. En 2018, se le había delegado la “auditoría” en torno a la posible desaparición o hurto de vagones que estaban llenos de suministros para los damnificados por el huracán María, los cuales aparecieron extraviados en la Comisión Estatal de Elecciones. 

Con la salida de Pelet Román, la entonces ayudante especial del Área de Administración, Marlene Rosa Medina, pasó a ocupar, de forma interina la secretaría auxiliar de Recursos Humanos. Múltiples personas entrevistadas por este medio aseguraron que Rosa Medina llegó a la agencia de la mano del propio Sánchez Álvarez quien la presentó como su mejor amiga. 

Ultimátum para el Secretario

El 30 de junio de este año, García Bardales le comunicó a Ramos Parés que debía presentar la renuncia, pues de lo contrario el Gobernador lo despediría, según él admitió en entrevista.  

Al día siguiente, un sábado, Pierluisi designó a Ángel Toledo López como secretario del DE. Toledo López ocupaba el cargo de subsecretario de Asuntos Académicos y Programáticos desde la renuncia de su predecesor, el querellante López Díaz. 

Entre sus primeras movidas como secretario del DE, estuvo remover a Pérez Rivera, uno de los declarantes contra Sánchez Álvarez, del puesto de Secretario Auxiliar Interino de Asuntos Legales y Política Pública. El nombramiento de Pérez Rivera para el cargo en propiedad nunca recibió el aval de la OGP durante el periodo de seis meses desde que se solicitó, comunicó otra fuente. En su lugar, Toledo López nombró al abogado Juan Orlando Rodríguez Rivera, quien dirigía la Oficina de Derechos Civiles del DE y estuvo antes bajo la supervisión de Sánchez Álvarez en la Secretaría Auxiliar de Educación Ocupacional y Técnica, en 2017. 

Unos días antes de que el Gobernador tuviera que retirar el nombramiento de Toledo López porque no contaba con los votos para ser confirmado en el Senado, el designado removió a cuatro ayudantes especiales que eran leales a Ramos Parés: Colón Martínez, Pelet Román, Sujey Cruz Laureano y Elie Omar Ríos Sojo. Días después, el 10 de julio, el Gobernador designó a Raíces Vega, a quien el Senado aún no ha confirmado al cargo. 

Toledo López respondió que “teniendo tanta necesidad en otras áreas como Educación Especial no me resultaba imperativo [mantenerlos como ayudantes en la Oficina del Secretario]”, y los envió a las ORE de Mayagüez, San Juan y Caguas para vacantes relacionadas al Programa de Educación Especial. 

Las consecuencias de la politización

Los cambios en la alta gerencia del DE ocurrieron durante el verano del 2023, cuando la agencia se supone que tramite los reclutamientos para llenar las plazas vacantes de maestros, así como las compras de materiales y la preparación de las escuelas para el inicio del año escolar.  

“Si queremos un Departamento de Educación operacional y funcional, que responda a las necesidades de la niñez, la juventud, los padres y madres, los docentes y no docentes, en fin, de toda la comunidad escolar, se debe despolitizar”, mencionó Mercedes Martínez Padilla, presidenta de la Federación de Maestros de Puerto Rico.

Abordada sobre cómo repercute la politización en la comunidad escolar, Liza Fournier Córdova, presidenta de Unión Nacional de Educadores y Trabajadores de la Educación (ÚNETE), dijo: “El Departamento de Educación es la agencia que más fondos recibe. Acomodas a quien te da la gana. Es donde tienen a los amigos del alma contratados para ayudante. Traes una ‘compañía de estas’ para que le den contratos… Se lucran… La educación es un negocio de lucro en este país”.

William Moreno Rosario, tesorero de EDUCAMOS, criticó también la alta politización del DE, al nivel de que incluso quien ocupa el cargo de secretario o secretaria debe aparentar “rendir pleitesías” al Gobernador, para mantenerse en el cargo. “No puedes administrar el gobierno como un partido. En última instancia, quien sufre todo eso son los maestros y estudiantes. Tristemente, repercute en los estudiantes”, indicó.