El ascenso ocurre aunque se duplicó el costo de la matrícula, hay menos profesores, menos estudiantes, menos cursos disponibles y menos personal de apoyo académico.
El proyecto tiene como objetivo hacer de University of Puerto Rico Foundation, Inc. la organización encargada de impulsar internacionalmente a la UPR como un lugar idóneo para estudiar.
De los 11 recintos, Río Piedras sufrió el mayor aumento en el gasto por electricidad, al quedar corto por más de $4 millones del dinero presupuestado para este servicio.
Cuando Amanda Torres Cruz estaba embarazada, en 2018, continuó su bachillerato en Ciencias Políticas en el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, con la esperanza de cumplir su meta de convertirse en abogada y proveer a su hija los recursos que ella nunca ha tenido. “Yo seguía comoquiera yendo a la universidad, pero, a mí, nadie me alertó de algún tipo de prejuicio, de discriminación a la que yo me podía estar enfrentando, en cuestión del entorno universitario”, dijo quien pausó sus estudios, por un año, luego de convertirse en madre.
Durante su periodo de gestación, la joven que hoy tiene 23 años, recuerda que tenía la impresión de que uno de sus profesores solo se aprendió su nombre por la frecuencia en la que se refería a ella en clase, le dirigía preguntas para ridiculizarla y le hacía burlas frente a sus compañeros.
“En algunas ocasiones, a mí me gustaba ponerme falditas y me decía: ‘Ay, yo tengo otra estudiante que también está embarazada, pero ella no se pone las faldas así como tú te las pones’. Y yo decía, ¿pero qué tienen que ver?”, cuestionó la estudiante. La Carta de Consideraciones y Derechos a Estudiantes Embarazadas dice que ella tenía derecho al “disfrute de un ambiente de paz, tranquilidad y respeto al derecho a su intimidad y dignidad”. También indica que personas gestantes no serán víctimas de abuso corporal, emocional o presiones psicológicas por razón de su embarazo.
Sin embargo, no fue hasta tres años después de tener a su hija — y durante su entrevista con este medio — que la joven supo de la existencia de esta carta de derechos que, desde 2015, se supone que protege a estudiantes embarazadas en el sistema UPR.
Claribel Millán jugó con la Selección Nacional de Puerto Rico de sóftbol durante la década de 1970 y representó al país en el Mundial de 1974 celebrado en Connecticut. Su entrega a los colores patrios estuvo en constante tensión con lo que ella nombra como el discrimen por ser lesbiana. Recuerda que los dirigentes y directivos federativos del deporte que practicaba les pedían a las jugadoras que no hablaran ni manifestaran ningún tipo de afecto que sacara a relucir su orientación sexual como lesbianas. Era el comienzo de la denominada época dorada del sóftbol femenino en Puerto Rico, cuando la Selección Nacional era dirigida por el también exalcalde de Guaynabo, Alejandro “Junior” Cruz. “Nos reunieron a todas para decirnos eso del lesbianismo.
Desde que en agosto de 2021 Mayda Velasco Bonilla asumió la presidencia de la Junta de Gobierno (JG) de la Universidad de Puerto Rico (UPR), los miembros de este cuerpo rector nunca han votado para aprobar las contrataciones que suman $1.2 millones en lo que va de año fiscal para cubrir las operaciones de la Oficina de Transformación Institucional (OTI), encargada de implementar el Plan Fiscal de la institución. El reglamento de la JG establece que dichos contratos deben ser aprobados por sus miembros, quienes tampoco fueron consultados para escoger a los integrantes del Comité de Colaboradores Externos que evalúa las operaciones del Recinto de Ciencias Médicas (RCM). El Comité fue creado con el objetivo de “identificar deficiencias y áreas de oportunidad en el RCM”, según se desprende de un contrato entre la Junta de Gobierno y Cedrela Consulting Group, empresa que analizaría las recomendaciones que hagan los integrantes del Comité.
Cedrela y Bluhaus Capital fueron las primeras compañías en beneficiarse de contratos relacionados con la OTI. Antes de ser contratada por la JG por $350,000, Bluhaus tuvo contratos con la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) en el desarrollo del Plan Fiscal y reformas estructurales de la UPR, mientras que Cederela fue contratada por la JG por $50,400 para asesorar en el manejo de proyectos que pudieran impactar dicho Plan.
Los miembros del Comité de Colaboradores Externos fueron escogidos por Velasco Bonilla, quien informó a la JG sobre las únicas dos reuniones presenciales que ha tenido el grupo y que le han costado a la UPR $60,884.
“En la reunión del 24 de febrero la presidenta Mayda Velasco compartió una presentación oral y proyectada con los miembros de la Junta sobre el Comité de Colaboradores Externos, de la que no se nos ha hecho llegar copia. Sólo se proyectó un listado de asistencia a la última reunión presencial de los miembros del Comité.
La actualización del mapa de amenaza sísmica de Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses tendrá que esperar al menos hasta el año 2026, a pesar de que en el pasado verano, la comisionada residente en Washington, Jenniffer González Colón, anunció que el producto final de la nueva versión de este modelo cartográfico podría estar listo para el 2024.
“USGS [Servicio Geológico de los Estados Unidos] no ha actualizado los modelos para Puerto Rico desde el año 2003. El año pasado incluimos lenguaje dirigiendo a la agencia federal a actualizar los modelos y mapas de riesgo sísmicos para Puerto Rico y USVI. Con esta enmienda a la que el Comité dio paso, aseguraríamos que tengan los fondos para comenzar a hacerlo y tener un producto final para el año 2024”, dijo la Comisionada Residente en un comunicado de prensa. Aunque la funcionaria electa puertorriqueña logró en la capital federal que la Cámara de Representantes aprobara una enmienda para que en el año fiscal 2022 se aumenten en $650,000 los fondos del Programa de Riesgos de Terremotos (EHP, en inglés) del USGS, la falta de presupuesto para contratar nuevos investigadores en la Universidad Puerto Rico (UPR) y la incertidumbre en torno a si el Congreso aprobará esa misma cantidad dinero anual para los tres próximos años fiscales ponen en entredicho la viabilidad de la meta presentada por González Colón.
“USGS nos informó que ya no habría suficiente tiempo para actualizar el mapa/modelo para Puerto Rico y las Islas Vírgenes para finales del 2023, junto a la actualización de los Estados Unidos continentales, Alaska y Hawái, dado el número de pasos que tiene el proceso. Sin embargo, nos indicaron que un incremento de fondos de $650,000 para el EHP anualmente, empezando en el año fiscal federal 2022, permitiría que USGS actualice el mapa dentro de un período de tres años, para el 2024.
Profesores, investigadores, estudiantes y economistas advierten que el Plan de Ajuste de la Deuda puede significar el jaque mate a la educación superior pública.
