La Junta hace movida estratégica para retener control de la investigación sobre la deuda

A dos semanas de la publicación de un informe comisionado por la Junta de Control Fiscal en torno a la deuda de Puerto Rico, el Gobierno todavía no dice qué hará con los hallazgos. Mientras, la Junta se aferra a mantener el control de los cuestionamientos sobre la deuda, y configura un comité que definiría si perseguirá alguna causa de acción.

Más

Foto por Leandro Fabrizi Ríos | Centro de Periodismo Investigativo

El informe sobre la investigación de la deuda que comisionó la Junta de Control Fiscal de Puerto Rico se queda corto a la hora de fijar responsabilidades e identificar con nombre y apellido a los responsables de la crisis financiera que atraviesa la Isla. Este fue el consenso que recogió el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) tras entrevistar a expertos, funcionarios, activistas y otras fuentes en torno al informe que se divulgó el pasado 20 de agosto.

La Junta rechazó comentar sobre el resultado de la investigación que encomendó hace casi un año a John Couriel y su bufete Kobre & Kim. El portavoz de la entidad, José Luis Cedeño, dijo al CPI que no harán expresiones hasta tanto se discuta el tema durante una vista pública el 18 de septiembre.

Pero antes de este cónclave, la Junta anunció la creación de un comité especial, donde cuatro de sus miembros evaluarán el informe y determinarán qué harán con sus hallazgos.

La comisión especial quedó compuesta por los miembros Ana Matosantos, David Skeel, Andrew Biggs y Arthur González. Mientras que Carlos García, José R. González y José Carrión no forman parte del grupo. García y González fungieron como presidentes del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), agente fiscal de la Isla, y trabajaron en el Banco Santander, mientras que Carrión tiene vínculos familiares con el Banco Popular, otra de las instituciones financieras que participó de emisiones de deuda pública y que se señala a través del informe.

El CPI había cuestionado en julio a la directora ejecutiva de la Junta, Natalie Jaresko, si miembros que puedan tener conflictos de interés se abstendrían de votaciones relacionadas a la investigación comisionada por el ente rector, según requiere el protocolo aprobado en mayo de 2017 para investigaciones como la que realizó Kobre & Kim.

Jaresko dijo que no podía contestar la pregunta debido a que no recordaba el protocolo aprobado el año pasado, según el cual Kobre & Kim recomendaría a la Junta si debe adoptar o no “hallazgos investigativos” sobre conducta indebida. La Junta evaluaría esta recomendación, y de adoptar hallazgos, debe anunciar qué acción tomaría al respecto. Es en este punto que los hallazgos deben ser publicados, “según sea apropiado bajo PROMESA y cualquier procedimiento de la Junta”.

De las posibles reclamaciones que pudiera hacer el Gobierno identificadas en el informe, el investigador de la Junta opina que el tiempo pasó para la mayoría de ellas, mientras que otras serían difícil de probar en un tribunal.

La entidad — que representa al Gobierno en el proceso de quiebra — rechazó contestar si el investigador recomendó a la Junta adoptar hallazgos de conducta impropia, según dispone el protocolo.

El anuncio de la Junta sobre la creación del comité es una nueva estrategia de la entidad que busca mantener el mayor control posible sobre el proceso de investigar la deuda y los actores que involucra, sin importar si al final del día no toma algún tipo de acción a base del informe, opinaron dos abogados consultados por el CPI. El anuncio de la Junta de iniciar una investigación de la deuda se dio en momentos que el comité que representa a acreedores no asegurados en los casos de Título III (UCC en inglés) pedía autorización al Tribunal Federal para investigar instituciones financieras como el BGF, Popular y Santander.

Grupos como el UCC y la comisión que exige un proceso de auditoría ciudadana han tratado infructuosamente de realizar sus propias pesquisas sobre la deuda pública. La Junta y la falta de acceso a información pública han sido dos de los principales obstáculos, según documentos revisados por el CPI.

La potestad de llevar cualquier reclamación del Gobierno relacionada a su deuda se la atribuye la Junta, argumentando que PROMESA le da ese poder exclusivo. Esto incluye levantar en el proceso de quiebra cualquier ilegalidad o irregularidad en emisiones de bonos de Puerto Rico que le evite al Gobierno pagar parte de esa deuda, o cambiar la prioridad de pago entre acreedores.

“Pienso que la Junta quiere ver qué sale de esta investigación para realizar cualquier determinación sobre cualquier cosa. No puedo decir que sean mutuamente excluyentes hasta que veamos el informe”, dijo Jaresko en junio durante la entrevista al preguntársele si la entidad apoyaba esfuerzos como la Comisión Ciudadana para la Auditoría de la Deuda.

Gobierno no dice qué hará

A preguntas del CPI sobre qué hará La Fortaleza con el informe, el director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Christian Sobrino, dijo que todavía evalúa los hallazgos del investigador “en aras de discutir el mismo con el Departamento de Justicia para auscultar si el Gobierno debe tomar pasos afirmativos en cuanto a cualquier causa de acción”.

“Estaremos igualmente en discusiones con la Junta de Supervisión Fiscal y su nuevo comité especial para así evitar duplicidad de esfuerzos y recursos”, manifestó el también presidente actual del BGF y representante del Gobierno ante la Junta. Añadió que la administración Rosselló Nevares “ha estado comprometida para no repetir los errores del pasado”, instituyendo muchas de las recomendaciones hechas por el investigador como que el agente fiscal no fuera prestamista como era el BGF, según Sobrino.

La Fortaleza

Christian Sobrino y Ricardo Rosselló

En el caso del Departamento de Justicia, la agencia dijo que todavía evalúa los hallazgos y recomendaciones del informe.

“Cualquier acción que pueda llevarse desde el Departamento de Justicia, será evaluada en sus méritos”, indicó por separado la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez.

A tres días de la publicación del informe, la Contralora de Puerto Rico, Yesmín Valdivieso, dijo al CPI: “Lo ojeé, lo ojeé tan bien que lo que estaba realmente buscando era si estábamos en algún sitio [del informe]. Vi que estábamos en tres o cuatro páginas nombrados”.

No contestó, sin embargo, si su oficina hará algo al respecto. “Cuando lo hemos encontrado [mal manejo en emisiones de deuda], lo hemos señalado. ¿Adivina qué? A nadie le ha importado. Para qué voy a decirle a todo el mundo, ‘paremos, vamos a auditar la deuda, si a la hora de la verdad quién lo va a hacer… Si es cuando lo señalamos y nadie hace nada, qué se supone que yo… Pues no, tengo que entrar entonces a otras agencias a auditar”, justificó Valdivieso.

A preguntas de qué harán con el informe, una portavoz de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), Jennifer Rodríguez, dijo que la directora Zulma Rosario “no hará expresiones hasta tanto culmine la evaluación sobre este asunto y sobre la jurisdicción” de la OEG. La Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) no respondió a preguntas del CPI sobre si llevarán a cabo alguna acción a raíz del informe.

Estas entidades son solamente algunas de las que pudieran tomar acciones legales ante los señalamientos que hace el informe, según reconoce el investigador de la Junta. La OCIF está supuesta a reforzar las prohibiciones de la Ley Uniforme de Valores de Puerto Rico a través de sanciones a corredores, agentes y asesores de inversión. El Departamento de Justicia podría tomar acción a través de la misma ley, la cual prohíbe el fraude, declaraciones falsas y omitir hechos e información necesaria en relación con la oferta, venta o compra de cualquier valor. Sin embargo, el informe indica que la acción legal debe presentarse dentro de los cinco años posteriores a la presunta violación.

Desde la última emisión de bonos de Obligación General – $3,500 millones en bonos chatarra que abrió la puerta a los fondos buitre – han transcurrido cuatro años, por lo que el Gobierno tendría poco tiempo si quisiera llevar a cabo alguna acción legal en relación a esa transacción. Nueve meses después de esa emisión, la SEC multó a 13 firmas de inversión por haber realizado transacciones de bonos por debajo del límite de venta de $100,000 que establece la entidad para proteger a inversionistas individuales. Además, el informe preliminar de la extinta Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público anticipaba que esa emisión pudo haber violado la Constitución de Puerto Rico y leyes federales. “Acuérdate que estas emisiones cuentan con opiniones del Secretario de Justicia y sería el Secretario [César Miranda] el llamado a expresarse en cuanto a la Constitución y todo eso”, dijo Melba Acosta al CPI en 2016, cuando era presidenta del BGF.

En el informe del investigador de la Junta, Melba Acosta describe la emisión de bonos de Obligación General de 2014 como una “para inversores dispuestos a tomar riesgos”. Y en efecto, fueron los inversionistas más arriesgados, los fondos buitre, quienes compraron 67% de la emisión y ahora acaparan gran parte del proceso de quiebras bajo Título III intentando cobrar deuda que compraron a descuento.

El investigador de la Junta, señala que “el corto tiempo entre la emisión de bonos de Obligación General de 2014 y la insolvencia de Puerto Rico plantea preguntas no solo sobre la divulgación [de información], sino también sobre las obligaciones profesionales de las personas que asesoraron a Puerto Rico en relación con la emisión”.

Además de la opinión favorable del Secretario de Justicia, la emisión de bonos de Obligación General de marzo de 2014 contó con la asesoría del bufete de abogados internacional Greenberg Traurig, el cual tuvo a su cargo opinar si los bonos eran válidos y exentos de impuestos en el mercado de bonos municipales. El bufete de abogados puertorriqueño Pietrantoni, Méndez & Alvarez revisó los estados de cuenta del gobierno para ver si cumplían con las leyes aplicables. Mientras, el bufete local O’Neill & Borges fungió como asesor de Barclays y del grupo de bancos que se encargó de vender los bonos. Estos tres bufetes asesoran al Gobierno y la Junta en el proceso de reestructuración de la deuda. El gobierno gastó casi $37 millones por el servicio de los bancos y las firmas legales que administraron la transacción.

La principal institución financiera a nivel local, Banco Popular, quedó señalada en el informe de la deuda a raíz de esta emisión, al recomendar al Gobierno en el 2014 que no emitiera más deuda de Obligación General, pero inmediatamente después, participaron como uno de los bancos suscriptores de la emisión de deuda chatarra.

El informe señala además que la exención de Puerto Rico de la Ley de Compañías de Inversión de 1940 amplió la crisis fiscal de la Isla. Permitía que compañías de inversión que se incorporan en Puerto Rico y que solo venden sus productos localmente no estuvieran sujetas a las mismas regulaciones y limitaciones de la SEC que aplicaban al resto del mercado de valores de Estados Unidos, como restricciones en la compraventa de valores y tener que registrarse en la base de datos del ente regulador. Esto permitió que compañías de inversión en Puerto Rico fungieran como suscriptores de bonos y luego compraran estos mismos bonos y los vendieran como fondos mutuos. Este fue el caso de UBS, quienes asesoraron al Gobierno en sus emisiones de deuda, fungieron como subscriptores (underwriters) y compradores de estos bonos, y luego saturaron sus fondos mutuos con bonos de Puerto Rico, lo que provocó pérdidas millonarias a los bonistas, mayormente a nivel local.

Este medio solicitó una reacción a la Comisión Federal de Bolsa y Valores (SEC en inglés) sobre los señalamientos del investigador en torno al rol que jugó la exención de Puerto Rico de la Ley de 1940 en la situación actual, pero la agencia no contestó.

Desde el 2015, la representante demócrata Nydia Velázquez presentó en el Congreso un proyecto de ley para que a los fondos mutuos de Puerto Rico les aplicaran las mismas regulaciones que rigen a los de Estados Unidos. No fue hasta el pasado mes de mayo que el Congreso aprobó el lenguaje del proyecto de Velázquez, eliminando así la exención de las compañías de inversión de Puerto Rico a las regulaciones del SEC bajo la Ley de 1940. 

Omite detalles importantes

 Salvo algunas instancias como ciertos funcionarios públicos e instituciones financieras, el informe no identifica por nombre a quién entrevistó para cada hallazgo. Tampoco la documentación que pidió. Las entrevistas y entrega de documentos fueron en su mayoría “voluntarias”, sin el rigor de estar bajo juramento. Se firmaron acuerdos de confidencialidad para no revelar la identidad de los testigos. Asimismo, toda la evidencia obtenida durante la investigación permanecerá restringida en un cuarto de datos (data room) digital, al que solo tendrán acceso aquellas personas que autorice la jueza a cargo de la quiebra, Laura Taylor Swain.

“Vemos un análisis un poco superficial y jamás comparado a lo que es la auditoría que se está planteando desde la comisión, que es una auditoría forense y de cumplimiento, donde se haga una mirada más minuciosa al desempeño de funcionarios en específico. Vemos muchas generalidades”, dijo Eva Prados, portavoz de la Comisión Ciudadana para la Auditoría Integral del Crédito Público.

 Para el grupo que Prados representa, urge una auditoría completa — diferente a una investigación — de la deuda pública. “Esas generalidades [del informe] también provocan un sentimiento de que se sigue ocultando. […] Se deja en el anonimato a muchas entidades bien poderosas que están detrás de todo esto”, dijo en entrevista con el CPI.

Centro de Periodismo Investigativo

Eva Prados

“Lo que notamos también es que hay un espaldarazo en esta investigación a las acciones del gobierno”, lamentó la abogada y portavoz de la Comisión Ciudadana para la Auditoría.

El informe también es escueto a la hora de precisar el rol de actores cercanos a la Junta, tales como el actual miembro del ente rector y ex presidente del BGF, Carlos García, y los abogados de la Junta, Proskauer Rose y O’Neill & Borges.

Por ejemplo, deja fuera las notas de deuda que emitió el BGF y la terminación de los swaps del Gobierno, ambos en momentos en que García estaba al mando de la institución pública. Tampoco entra en detalles sobre la contratación de Proskauer durante la administración de Alejandro García Padilla, meses antes de la emisión chatarra de $3,500 millones en bonos de Obligaciones Generales, y si junto a la contratación de otro bufete de reestructuración, Cleary Gottlieb, se divulgó al mercado conforme a la reglamentación aplicable. Cleary Gottlieb y los abogados de la Junta, Proskauer Rose, redactaron para el Gobierno la fallida Ley de Quiebra Criolla.

Una petición de reacción realizada al exgobernador García Padilla sobre los señalamientos hechos en el informe no fue atendida al cierre de esta edición.

La investigación no entra en el uso de los fondos de las emisiones de deuda y si se utilizaron para lo que divulgaron al mercado a la hora de cerrar las transacciones. En el caso de la deuda emitida en el Sistema de Retiro de Empleados Públicos, concluye que no hay evidencia de ilegalidad y que a pesar del resultado negativo, la estrategia de inversión que se tomó se hizo de manera informada. Esto contrasta con una investigación realizada por Conway MacKenzie en el 2010, que apunta a que funcionarios en Retiro y el BGF podrían haber incumplido con sus deberes fiduciarios en el manejo de estas emisiones.

Sobre el problema de la llamada “puerta giratoria” — funcionarios que oscilan entre los sectores público y privado, muchas veces con información privilegiada — el informe lo despacha, sin entrar en mayor detalle. Asegura que Puerto Rico “es una isla” y esto limita la cantidad de ejecutivos financieros disponibles para estos puestos.

El investigador de la Junta tampoco emite juicio sobre cuestionamientos tales como si el Gobierno violó el límite constitucional de deuda o si transacciones específicas relacionadas a la deuda fueron fraudulentas o ilegales. Solo presenta un marco legal que pudiera aplicarse si alguna parte — incluyendo el Gobierno o la Junta — decide tomar acción por fraude o ilegalidades relacionadas a la deuda de Puerto Rico.

Sobre el financiamiento de déficit (deficit financing) y la práctica de vender nueva deuda a largo plazo para recaudar fondos y pagar bonos vencidos (scoop and toss) — que fueron señaladas por la desaparecida comisión legislativa para la auditoría de la deuda — el investigador es parco.

En el caso de la cláusula de presupuestos balanceados, cita una cuestionada opinión del 1974 del entonces secretario de Justicia, Francisco de Jesús Schuck, que avala el utilizar deuda para cubrir gastos operacionales, en contra de lo que indica la Constitución. En el caso del scoop and toss y si esta práctica viola la prohibición de emitir deuda a más de 30 años, el investigador dijo que tampoco encontró evidencia que sostenga tal argumento.

El exgobernador Luis Fortuño reaccionó por escrito: “Los únicos presupuestos en que los recaudos y gastos presupuestados y los que ocurrieron coincidían fue durante el 2009-12 (año natural)… Nuestras ejecutorias, aunque no argumento [que] fueran perfectas, sí fueron responsables. Por esto, las casas evaluadoras de crédito así lo reconocieron y nos mejoraron nuestra clasificación crediticia”. No obstante, el informe sobre la deuda señala que hasta febrero de 2014, que incluye el cuatrienio de Fortuño, “hubo vulnerabilidades en los procesos y procedimientos de las casas acreditadoras. En particular, sus análisis se mantuvieron en gran parte impulsados por el emisor y no fueron suficientemente objetivos en el contexto de los bonos relacionados con Puerto Rico”.

Kobre & Kim no evaluó los pagos hechos por el Gobierno en cada transacción de deuda. No asume posición sobre la insolvencia de entidades públicas. No aborda qué exactamente ocurrió en el mercado en el 2013 que hizo que el crédito de Puerto Rico, y con ello los precios de sus bonos, se cayeran estrepitosamente.

¿Y ahora qué?

 Según el informe, PROMESA otorga a la Junta el poder de anular, recuperar y desestimar transferencias preferenciales o fraudulentas de instituciones financieras, suscriptores de deuda (underwriters), bancos de inversión, asesores financieros y legales, contadores, auditores y otros profesionales externos que hayan prestado servicios al Gobierno de Puerto Rico.

Sin embargo, al menos tres abogados consultados por el CPI y que pidieron no ser nombrados por estar involucrados en el proceso de quiebra entienden que el informe de la deuda comisionado por la Junta más bien busca relevar de culpa a muchos de los actores que participaron en estas transacciones. Entienden que el Gobierno ni la Junta harán algo con el informe más allá de acusar su recibo formalmente.

Para ellos, los reclamos de ilegalidad de alguna parte de la deuda recaerán principalmente en los comités oficiales del proceso de quiebra: el de acreedores no asegurados y el de retirados.

A pesar de las movidas de la Junta para retener el control de las investigaciones de la deuda, ambos comités tendrían suficiente poder bajo el proceso de quiebra para realizar sus pesquisas y levantar causas de acción. El Comité de Acreedores No Asegurados, por ejemplo, tendría la opción de retomar su pedido en el tribunal para que le permita investigar ciertos actores y transacciones específicas, coincidieron varias fuentes del CPI inmersas en el Título III.

Otro potencial frente donde llevar los reclamos es el proceso judicial que se lleva a cabo para aprobar el acuerdo entre el Gobierno y acreedores del BGF para reestructurar la deuda de la entidad de manera “consensuada” bajo el Título VI de PROMESA. Según el lenguaje del arreglo, los oficiales y directores del otrora agente fiscal quedarían relevados de toda responsabilidad en el ejercicio de sus funciones. Como el agente fiscal de Puerto Rico, el BGF controlaba toda emisión de deuda en el Gobierno.

El comité de acreedores no asegurados ya levantó bandera en el tribunal y pidió la paralización del proceso sobre el acuerdo del BGF hasta tanto termine de examinar a profundidad la actuación del BGF y sus funcionarios, al igual que la reestructuración del resto de la deuda pública.

Maromas financieras fallidas

El informe pone en evidencia la existencia de prácticas financieras especulativas y perdidosas, como ocurrió en el principal sistema de retiro de los empleados públicos. También alerta de posibles violaciones legales y regulatorias, a nivel local y federal, en distintas emisiones de deuda de la Isla, y deja al descubierto las malas decisiones y desconocimiento financiero de exfuncionarios públicos, según un análisis del CPI. Esto incluye a los pasados presidentes del BGF, al menos desde el 2005: William Lockwood, Alfredo Salazar, Jorge Irizarry, Carlos García, Juan Carlos Batlle, Javier Ferrer, José Pagán y Melba Acosta.

Un ejemplo de prácticas de inversión empleadas por el Gobierno que resultaron fallidas, según reconoce el investigador, fue lo que ocurrió con los llamados “swaps”. Según el informe, durante el cuatrienio de Aníbal Acevedo Vilá, el Gobierno optó por este tipo de juguete financiero altamente riesgoso. Los “swaps” son una apuesta a lo que ocurrirá en el futuro con las tasas de interés. Si subían, el Gobierno ganaba y los bancos pagaban. Si bajaban, los bancos se quedaban con el dinero.

Entre el 2004 y el 2008, Puerto Rico realizó 77 de estas apuestas y perdió en la mayoría de ellas, según el informe. El investigador añade que “el consenso general” es que los oficiales en el BGF durante ese periodo carecían de conocimiento suficiente y apreciación de qué eran los swaps y los riesgos que conllevaban. Estos funcionarios confiaron en instituciones financieras como Goldman Sachs, que presentaron los swaps al Gobierno e incluso elaboraron borradores de legislación para hacer posible estas transacciones, según se desprende del informe.

“En las circunstancias que se encontraba el Gobierno de Puerto Rico en aquel momento, con un gobierno dividido que imposibilitaba tomar acciones legislativas, seguí las recomendaciones del BGF, asegurándome de que se cumpliera con la ley”, dijo por escrito el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá sobre los hallazgos del informe en torno a su administración. Añadió que los swaps son “altamente complejos y técnicos”, mientras que aseguró que se habían usado antes y después de su administración.

Tras la caída de los mercados en el 2008 — que trajo una reducción en las tasas de interés — el Gobierno perdió unos $1,085 millones netos tras la terminación de estos acuerdos. Algunos de los bancos que le ganaron la apuesta al Gobierno y cobraron cuando se cancelaron estos swaps incluyen a Goldman Sachs, Morgan Stanley, UBS, JPMorgan, Wells Fargo, Merrill Lynch, Barclays y Citibank. Luego de participar en estos swaps — una de las causas de la crisis fiscal actual —, algunas de estas instituciones financieras asesoran al Gobierno y la Junta en el proceso de reestructuración de la deuda.

El investigador de la Junta dice que la cartera de swaps del Gobierno superó en cantidad y complejidad la de jurisdicciones tales como Detroit y Jefferson County, Alabama. Detroit renegoció el pago de estos swaps en su proceso de quiebra, mientras que en Jefferson County la SEC encontró actividad criminal que invalidó los arreglos.

En el caso de los swaps de Puerto Rico, el investigador indica que “no encontró evidencia alguna que sugiera conducta ilegal” como la que la SEC encontró en Jefferson County. Aunque examina el proceso de entrar en este tipo de transacción, no entra en el momento en que el Gobierno decidió terminarlos. Esto último ocurrió principalmente bajo la administración del ex gobernador Luis Fortuño, y el gobierno de entonces emitió todavía más deuda para cubrir los gastos de terminación de estos swaps.

Siempre que la AEE emitió bonos, el Director Ejecutivo y el Ingeniero Consultor tuvieron que calcular si los ingresos netos de la AEE cumplían con el requisito de cobertura de la deuda. “Año tras año, el Ingeniero Consultor firmó dichas certificaciones de servicio de la deuda. La evidencia que hemos reunido demuestra que estas certificaciones, sin embargo, se basaron en cálculos que incluyeron ingresos que la AEE nunca recaudó”, señala el informe sobre la deuda de Kobre & Kim.

Añade que hay evidencia de que el BGF sabía que para 2012 la AEE no podría satisfacer la cobertura de deuda requerida para emitir los Bonos de Impuestos de la Serie 2013 A. “A pesar de esto, tanto la AEE como el Ingeniero Consultor firmaron los cálculos de cobertura de deuda con las cifras de ingresos posiblemente infladas y representaron que la cobertura de deuda cumplía con los requisitos de la AEE”. El investigador revisó los informes anuales del Ingeniero Consultor de 2009 a 2013 para llegar a sus conclusiones. Durante ese período el ingeniero consultor era George W. Romano Jr., de la firma de consultoría URS Corporation.

Cuando el CPI le preguntó qué opina sobre el hallazgo de sobrestimación de ingresos para emitir deuda en la AEE, el exgobernador Fortuño reaccionó por escrito arguyendo que “la inmensa mayoría de la deuda emitida entre enero 2009 y diciembre 2012 fue para refinanciar deuda existente (ya fueran bonos o préstamos con BGF o banca comercial), proveer mecanismos de pago a deuda existente, pagar deuda a suplidores del gobierno o cubrir déficit. En cuanto a la AEE, tenía su Junta de Gobierno y mi solicitud a éstos era que hicieran lo mismo”.

Por su parte, la administración de Acevedo Vilá abonó $59 millones a la deuda de la AEE con el Gasoducto del Sur, una tubería que transportaría gas natural de la central de EcoEléctrica en Peñuelas hasta la central Aguirre en Salinas. El proyecto fue cancelado por la administración Fortuño, quienes propusieron un proyecto similar llamado Vía Verde, el cual tampoco se terminó. Al momento de su cancelación, la AEE había levantado $355,730,000 en bonos para su construcción.

En el caso de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), el BGF le dio más de $2,000 millones en préstamos entre 2008 y 2013, muchos de los cuales fueron utilizados para cubrir los déficits presupuestarios de la agencia, según ex funcionarios del BGF entrevistados por el investigador, quienes además dijeron que el desaparecido banco aprobó solicitudes de préstamos de esa agencia en cuestión de horas. En agosto de 2010, el BGF le aprobó una línea de crédito de emergencia por $45 millones para reembolsar garantías por transacciones de swaps en relación con una emisión de bonos de 2007. En 2011, el BGF aumentó la línea de crédito en $30 millones llevándola a un total de $77 millones. En 2012 el BGF aprobó otro aumento llevando la línea de crédito al máximo de $107 millones. El aumento fue nuevamente para pagar colateral relacionados a transacciones de swaps de 2007.

“En los últimos seis meses de la administración de Acevedo Vilá, tomaron préstamos con un banco comercial que al entrar nuestra administración no logramos que lo extendieran. Esto obligó al BGF a sustituir dicho banco comercial. Sin embargo, la deuda total de Carreteras entre enero 2009 y diciembre 2012, varió menos de 1%”, dijo Fortuño al ser abordado por el CPI sobre el informe.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *