El joven procesado y condenado erróneamente por el asesinato del canadiense Adam Joel Anghan demandó en el Tribunal Federal a los oficiales del gobierno de Puerto Rico supuestamente responsables de violarles sus derechos civiles y reclamó una compensación de $14 millones.
Jonathan Román Rivera presentó la demanda junto a su madre, Myrtha Rivera Serrano, su padre, Alberto Román Pérez, y su hermano, Ángel Marcano Rivera, el 11 de septiembre pasado contra los policías José Miranda Díaz, Robert Figueroa Betancourt, los fiscales Milagros Goutín, Manuel Núñez Corrada, Jimara Gabriel Maysonet, Sonia Otero, Alma Méndez, José Capó, el ex Superintendente Pedro Toledo, y el secretario de Justicia Roberto Sánchez Ramos.
En el pleito, asignado al juez federal y ex Procurador General de Puerto Rico, Gustavo A. Gelpí, los demandantes plantean que los oficiales Miranda y Figueroa tenían información desde el principio de la investigación sobre la muerte de Anghan, ocurrida el 22 de septiembre de 2005, de que el verdadero asesino era Alex Pabón Colón pero comoquiera arrestaron a Román a pesar de su inocencia. En el pliego no se adelanta los motivos que pudieran haber tenido. Confidencias, una fotografía, su número de teléfono, y que se estaba escondiendo son parte de los datos sobre Pabón que los policías tenían sin supuestamente hacerle caso.
En cuanto a los fiscales Goutín, Núñez, Gabriel, y Otero se alega que no entregaron a la defensa de Román la evidencia exculpatoria que recopilaron durante la investigación. El resto de los demandados queda implicado por su deber de supervisión sobre los oficiales y los fiscales. “(Los demandados) fallaron y se rehusaron a investigar apropiadamente las pistas y la evidencia que establecían que el demandante no estaba involucrado de forma o manera alguna en el crimen mencionado”, señala el escrito.
Un jurado vió la evidencia contra Román durante un juicio que se extendió del 17 de septiembre de 2007 al 10 de octubre de 2007 y el 13 de septiembre el joven fue condenado a 99 años, de los cuales cumplió sólo ocho meses ya que el 4 de junio de 2008 la fiscalía federal sometió cargos de asesinato contra Pabón y contra la viuda de Anghan, Aurea Vázquez Rijos, como supuesta gestora intelectual del asesinato. Vázquez todavía se encuentra en Italia, donde se volvió a casar y se convirtió en madre de gemelos, y no ha respondido a los cargos criminales. De hecho, una demanda civil que tenía pendiente en contra del padre de Anghan por posesión de sus bienes fue desestimada por su incomparecencia en el proceso.
El caso federal se basó en una confesión de Pabón mientras que el caso contra Román se basó principalmente en un supuesto testigo ocular a quien los abogados del joven pudieron señalarle durante el juicio que no estaba en posición ni en condiciones de identificar a la persona que le asestó los golpes mortales a Anghan en la esquina de las calles San Justo y Luna en el Viejo San Juan. Vázquez Rijos acompañaba a Anghan y resultó herida.
La presentación de la demanda provoca la dinámica de que los oficiales y fiscales impugnados tienen que solicitarle representación legal a un departamento de Justicia cuyo secretario actual, Antonio M. Sagardía, ya adjudicó públicamente que los funcionarios actuaron mal. De hecho, como comentarista de radio, Sagardía entrevistó, elogió, y respaldó públicamente a Román. Como secretario, sería la autoridad final por parte del gobierno de Puerto Rico a la hora de transigir el caso que presentó el licenciado carolinense Juan R. Requena Dávila.
Hasta ahora no se conocen los hallazgos de la investigación interna que el departamento realizaría sobre la actuación de sus funcionarios en ese caso.
