En Puerto Rico hay sobre 7,000 hombres, mujeres y menores de edad privados de su libertad, y sobre el 70% de ellos han sido diagnosticados con trastornos mentales. Sin embargo, los servicios de salud mental son casi inexistentes. La serie Salud mental en prisión revela la cruel realidad que enfrentan estos seres humanos para manejar estas condiciones de salud que son exacerbadas por el encierro.

También destapa la negligencia del sistema carcelario puertorriqueño y de la empresa privatizadora que contrata para estos servicios: ambas incumplen impunemente con los estándares mínimos de atención que dicta la medicina moderna. Mientras tanto, el Gobierno de Puerto Rico invierte decenas de millones de dólares en construir un presunto nuevo hospital psiquiátrico correccional sin plan operacional y sin presupuesto para correrlo. ¿A quién o quiénes se pretende beneficiar?