La empresa estadounidense Unisyn Voting Solutions es la única que cumple con la certificación que requiere las leyes locales, de entre las cuatro empresas que compiten para implementar el conteo electrónico en las próximas elecciones. Sin embargo, es la que menos capacidad económica tiene de entre todas, por lo que ya pidió un adelanto de $5 millones.
La información la confirmaron dos fuentes cercanas al proceso de subasta para escoger a la empresa encargada de implantar el primer escrutinio electrónico en la historia electoral de Puerto Rico. La capacidad económica es un criterio para hacer el contrato con una empresa, pues ésta tiene que producir el equipo necesario y desarrollar el software a tiempo para el escrutinio, sin que el Estado tenga que dar un adelanto económico. Las dos fuentes también confirmaron que Unisyn fue la que hizo una oferta de servicios más caro que las demás, por $27 millones de dólares.
En esta parte de la historia es que entra el es legislador novoprogresista Edwin Mundo quien, según las fuentes, ha favorecido a Unisyn. ¿Cuál es la relación del actual director ejecutivo del Instituto Electoral del Partido Nuevo Progresista con Unisyn? ¿Trabaja él para esta compañía o le da servicios profesionales? “Eso es falso. No sé ni siquiera quiénes son los dueños”, sostuvo Mundo en una entrevista con el CPI.
En septiembre pasado, una junta de la Comisión Estatal de Elecciones declaró desierta la subasta, lo que abrió paso a una negociación entre el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, los comisionados electorales y las cuatro compañías. Para competir por el contrato las empresas tenían que cumplir con la certificación federal que exige la Resolución Conjunta de la Cámara de Representantes 44, que autoriza a la CEE a desarrollar e implantar el escrutinio electrónico.
El requisito de esa certificación representa precisamente uno de los motivos de controversia, según las fuentes. Cuando la Cámara de Representantes aprobó el texto de la resolución el 7 de febrero pasado, indicaba que el escrutinio electrónico debía estar previamente certificado por la Comisión de Asistencia Electoral de Estados Unidos.
Sin embargo, la única que contaba con la certificación de esa agencia estadounidense en ese momento era la empresa Unisyn Voting Solutions, de modo que no podía haber una verdadera subasta, porque no podían participar otras compañías, añadieron las fuentes. La mayoría del Senado modificó el texto de la Resolución para que dijera que el sistema debe estar previamente certificado “en cumplimiento con los estándares más recientes”, según adoptados por la reguladora Comisión Federal de Elecciones o la Comisión de Asistencia Electoral de Estados Unidos, lo que abriría el proceso a que participaran más empresas.
Los estándares más recientes, sin embargo, son los que implantó en 2005 la misma Comisión de Asistencia Electoral de Estados Unidos. De modo que Unisyn Voting Solutions sigue siendo la única que cumple con el requisito, según una de las interpretaciones.
Edwin Mundo sostiene que tampoco está favoreciendo a Unisyn. “Yo fui nombrado por el PNP para participar en un comité que iba a evaluar el escrutinio electrónico”, añadió Mundo. “Dije que había que adjudicar la subasta a la empresa que cumpliera con el requisito de certificación que indica la ley”.
El Centro de Periodismo Investigativo supo que el Partido Popular Democrático ha retirado su apoyo al proceso porque no está de acuerdo con la compañía favorecida, aunque no quiere sostenerlo así públicamente. Laisa García, comisionada electoral del PPD, ha dicho que sí está de acuerdo en implantar el sistema de escrutinio electrónico.
Entre las empresas que compiten por el contrato se encuentran la estadounidense Hart Intercivic Inc, la canadiense Dominion Voting Systems y la corporación holandesa Smart Matic, con vínculos con Venezuela. La californiana Unisyn, por su parte, es una subsidiaria de International Lottery & Totalizator Systems, que suple equipos y software de concursos de loterías gubernamentales.
La ley 78 del 1 de junio de 2011, más conocida como el Código Electoral de Puerto Rico para el Siglo XXI, indica que la Comisión notificará a la ciudadanía con no menos de 12 meses de antelación a la fecha de una elección general todo lo relacionado a la votación electrónica o escrutinio electrónico. Esa fecha se cumple el 6 de noviembre.
El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Héctor Conty, no accedió a una entrevista con el Centro de Periodismo Investigativo para tratar el tema de la falta de acuerdo. Conty explicó ayer en un programa radial que la tecnología Optical Scanning Voting System consistirá de un lector óptico en el que el elector introducirá las papeletas estatales, municipales y legislativas en las que emitirá su voto tradicional en papel.
Una de las propuestas que baraja el Partido Popular Democrático es contar las papeletas a mano una vez se haga el escrutinio electrónico, sostuvo Mundo.
Las máquinas cumplirán una primera función de dejar saber al elector si cometió un error en la papeleta. Luego, cuando cierren los colegios electorales a las cinco de la tarde el 6 de noviembre de 2012, las máquinas se encargarán de hacer un conteo de los votos emitidos. Eso es si finalmente se decide llevar adelante el proceso.
Sin acuerdo sobre qué empresa hará conteo electrónico electoral |