Lo que debes saber del caso del CPI contra la JCF en el Tribunal Supremo de EE. UU.

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Tribunal Supremo de Estados Unidos

Foto por Katie Harbath via Visualhunt

Aquí los datos básicos del caso del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) contra la Junta de Control Fiscal para lograr acceso a información pública. 

¿Cuándo será la vista?

La vista oral será este miércoles 11 de enero en Washington D.C. a las 11:00 am (hora de Puerto Rico). El público puede seguirla, solo mediante audio, a través de la página https://www.supremecourt.gov/ 

¿Cuál es el asunto esencial por discutirse?

Si la Junta de Control Fiscal (JCF) disfruta de “inmunidad soberana” como ha alegado ese organismo para no someterse al derecho de acceso a la información que protege la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. En general, la inmunidad soberana es relativa a los estados, pero el Congreso de los Estados Unidos colocó a la Junta dentro del gobierno territorial, por lo que el CPI sostiene que ese organismo tiene que someterse a la Constitución de Puerto Rico, que garantiza el acceso a la información que surge del derecho a la libre expresión.

¿Qué es la “inmunidad soberana”?

Es un concepto legal que confiere a los estados, el Gobierno de los Estados Unidos y los gobiernos de otros países del mundo la capacidad de evitar que sus ciudadanos los demanden en sus cortes o que sean demandados en cortes extranjeras. La inmunidad puede ser renunciada y rutinariamente lo es cuando se hacen leyes que permiten que los ciudadanos demanden al gobierno por ciertos temas. El derecho de acceso a la información es un área en la que el Gobierno de Puerto Rico ha renunciado a su inmunidad, por lo que los ciudadanos pueden demandarlo. Por eso, uno de los argumentos del CPI es que, aún cuando se encuentre que la JCF disfruta de inmunidad por ser parte del Gobierno de Puerto Rico, le aplica el derecho de acceso.

¿Cómo surgió este caso?

En 2017, el CPI demandó a la JCF para lograr acceso a varias categorías de información pública, incluyendo sus comunicaciones con el Gobierno de Puerto Rico y el de los Estados Unidos, contratos suscritos, minutas e informes financieros sometidos o recibidos por los miembros de la JSF, entre otros.

¿Qué otras etapas han seguido este caso?

El juez del Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico, Jay A. García Gregory, emitió en 2018 una decisión a favor del CPI en la que determinó que, como agencia del Gobierno de Puerto Rico, la Junta está obligada a cumplir con el derecho de acceso a la información bajo la Constitución de Puerto Rico. Aunque la JCF entregó, entonces, algunos documentos, luego decidió apelar al Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito en Boston para evitar entregar las comunicaciones que faltan, sin justificar por qué no las entregó. Ese foro, en votación dos a uno, decidió a favor del CPI y en contra de la Junta. No conforme, la Junta llevó su caso ante el Tribunal Supremo federal, que lo acogió y celebrará la vista oral el miércoles.

¿Quiénes se han unido al CPI en este caso?

Más de 30 entidades y 19 profesores de derecho activos de la Universidad de Puerto Rico y la Universidad Interamericana manifestaron su apoyo al CPI mediante 10 escritos que presentaron como amigos de la corte. Entre las entidades están la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO); el Reporters Committee for Freedom of the Press y 20 organizaciones de medios suscribientes; el Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) junto a CAMBIO PR, la Comisión Ciudadana para la Auditoría Integral del Crédito Público, Sembrando Sentido y la Liga de Ciudades de Puerto Rico; GFR Media; LatinoJustice junto a Hispanic Federation, Long Island Hispanic Bar Association; Espacios Abiertos; Public Citizen; el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Hernández Montañez; y Clemente Properties.

¿Quiénes componen el equipo legal del CPI para este caso?

Los postulantes son Lisa S. Blatt y Sarah M. Harris, del bufete Williams & Connolly LLP; Judith Berkan, del bufete Berkan & Méndez; Rafael E. Rodríguez Rivera, Steven P. Lausell Recurt y Luis J. Torres Asencio, de la Clínica de Acceso a la Información de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana; y Carlos F. Ramos Hernández, abogado de Equal Justice Works en el CPI.

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