Tres ingenieros expertos en políticas públicas energéticas señalaron, durante su participación en el Caribe Fest, organizado por el Centro de Periodismo Investigativo, que aún queda mucho trabajo por hacer para alcanzar un sistema eléctrico resistente a huracanes debido a la falta de fondos y organización, a pesar de la vulnerabilidad de Puerto Rico ante el cambio climático.
Las plantas de generación eléctrica ni siquiera se encuentran en un estado óptimo para enfrentar la temporada de huracanes que comienza el próximo mes, según la subdirectora ejecutiva de Operaciones en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Mary C. Zapata Acosta.
La Isla se encuentra en un proceso de transformación energética que busca hacer frente a la vulnerabilidad de su red eléctrica ante los huracanes, promoviendo la utilización de energías renovables y reduciendo la dependencia de combustibles fósiles. Para lograrlo, organizaciones comunitarias como Cambio y Queremos Sol, así como un estudio auspiciado por el Departamento de Energía federal (DOE, en inglés), proponen la instalación de paneles solares en los techos de las casas y baterías que cubran las necesidades energéticas de los más desfavorecidos.
La ingeniera Zapata Acosta expresó que la red enfrenta desafíos para integrar la creciente cantidad de energía renovable disponible.
“Es necesario mejorar el equipo y los transformadores, y LUMA Energy debe implementar proyectos de reconstrucción financiados con fondos federales para mejorar las líneas y subestaciones existentes”, dijo Zapata Acosta. LUMA está a cargo del sistema de transmisión y distribución de la red eléctrica. La AEE opera la generación, una tarea que la nueva empresa privada Genera asumirá a partir de este verano.
Cuando se habla de resiliencia a huracanes, también es importante la preparación de la infraestructura de generación. Durante el panel, la ingeniera reveló que la AEE preparó un informe sobre el estado de las centrales eléctricas para comenzar a hacer mejoras, pero que el huracán Fiona y sus lluvias, que azotó a Puerto Rico en septiembre pasado, retrasaron los trabajos, dañando algunas unidades que necesitan reparación y agravando la situación.
Zapata Acosta añadió que la corporación pública también tiene necesidad de acceso a fondos para llevar a cabo las mejoras en las centrales eléctricas, debido a las medidas de austeridad impuestas por la Junta de Control Fiscal.
Por su parte, la ingeniera civil y ambiental Ingrid M. Vila Biaggi afirmó que considera posible lograr cambios significativos en Puerto Rico sin depender del gobierno federal o del gobierno local, enfocándose en una red eléctrica resistente a huracanes.
“Desafortunadamente, el gobierno de Puerto Rico ha ignorado las políticas públicas y las necesidades del pueblo”, señaló Vila Biaggi. “Existe una clara desconexión entre lo que quiere el gobierno y lo que la gente necesita. La intervención gubernamental en este asunto ha sido mínima”, añadió.
Agustín Carbó Lugo, director del equipo de Recuperación y Modernización de la Red Eléctrica de Puerto Rico, nombrado por el DOE, reconoció que la falta de consulta con la comunidad ha sido un error y que las comunidades deben ser incluidas en todo el proceso.
El DOE auspicia el estudio PR100, que examina la ruta para que Puerto Rico pueda generar el 100% de su electricidad con energía renovable para 2050. El ingeniero indicó que, aunque ese estudio no se ha terminado, los resultados iniciales mostraron que existe una gran oportunidad en la generación de energía solar en los techos de las casas y el uso de baterías para abastecer a los residentes de la Isla, especialmente a aquellos que se encuentran en una situación más desfavorable y necesitan más tiempo para recuperarse de las interrupciones en el suministro de energía.
Carbó Lugo mencionó que, para mejorar el servicio energético, se requerirá una combinación de alternativas energéticas, incluyendo la construcción de los 18 proyectos solares privados a gran escala que está negociando la AEE. “Para estos proyectos se necesitan hacer colaboraciones con otras agencias gubernamentales”, agregó.
Carbó Lugo y Zapata Acosta coincidieron en que, tanto el gobierno como las empresas privadas, deben trabajar juntos para lograrlo. “Se necesitan fondos y proyectos concretos para lograr una red resistente a los huracanes que pueda recuperarse rápidamente ante eventos atmosféricos adversos”, dijo la ingeniera.
El problema “es una estrategia fallida y es conducida por intereses depredadores y mientras ese sea el norte de la toma de decisiones y la agenda del gobierno pues nunca van a adelantar”, dijo Vila Biaggi. “El gobierno tiene la responsabilidad de trabajar en beneficio del país y debe utilizar los fondos asignados para la adquisición de paneles solares y otros sistemas renovables, para hacerlos accesibles a la población”, añadió.
En tanto, Carbó Lugo opinó que “no es necesaria una mayor inversión en material para lograr un cambio significativo, sino una mejor gestión de los recursos y el compromiso del gobierno con las necesidades de la población”.
El ingeniero explicó que ha observado que muchos de los contratos propuestos para la construcción de plantas de generación renovables a gran escala no son financiables, lo que ha llevado al DOE a hacer recomendaciones para que se vuelvan atractivos para los posibles financiadores.
Una de las recomendaciones específicas que Carbó Lugo mencionó se basa en el lenguaje utilizado en los contratos de compra y venta de energía. “Generalmente, se usan unos estándares de nivel nacional y hay unos colaterales que muchas compañías que van a financiar estos proyectos prefieren.Y ese lenguaje al no estar pues es crea inestabilidad o inseguridad a la persona que le va a prestar el dinero, y pues se está tratando de que los contratos sean más similares a lo que es el estándar en la industria”, explicó el ingeniero.
Vila Biaggi expresó que “el gobierno ha ignorado la importancia del cambio climático y la necesidad de tomar medidas en todos los aspectos gubernamentales, desde la energía hasta la protección de las costas y cuencas”. La ingeniera mencionó que la falta de entendimiento en la toma de decisiones ha llevado a comunidades y organizaciones a alzar la voz y poner en relieve la urgencia del problema. “La comunidad científica también ha hecho su parte al revelar datos y evidencias concretas de que el cambio climático es una realidad actual y no una amenaza lejana”, añadió.
A pesar de los esfuerzos, la ingeniera dijo que la pelea para la justicia climática sigue dependiendo de la presión pública para que el gobierno reaccione pues este no cuenta con la sensibilidad e interés para asumir la protección y medidas necesarias para la seguridad ciudadana ante el cambio climático.
