Insuficiente el programa de la Policía que modifica sus intervenciones en casos de salud mental

Cuando Roxana Sánchez Pérez vio a su esposo, Iván Lourido Alverio, romper las puertas de espejo de un pequeño clóset en su casa de Morovis, supo que era momento de buscar ayuda. No era la primera vez que Lourido Alverio, quien tiene un historial de depresión y ansiedad, sufría una evidente crisis de salud mental. En el pasado estos episodios habían llegado a ser tan severos que requirieron al menos tres hospitalizaciones en unidades psiquiátricas. 

En ese momento, Sánchez Pérez no buscó la ayuda de un profesional de la salud mental, sino que siguió el protocolo habitual en Puerto Rico: fue hasta el cuartel de la Policía más cercano y allí les contó a los agentes lo que pasaba en su casa. Les dijo que temía por su seguridad y que necesitaba, urgentemente, obtener “una 408”, como se refiere la mayoría de las personas a la orden judicial que autoriza a internar de manera involuntaria a quien atraviesa una crisis de salud mental.  

Esa noche del 11 de febrero de 2020, entrada la madrugada, Sánchez Pérez regresó a la casa que comparte con Lourido Alverio y las hijas del matrimonio, ya mayores, acompañada de cinco policías uniformados. A bordo de patrullas, los agentes llegaron hasta el barrio Morovis, del pueblo con ese mismo nombre, para hacer valer la orden que emitió un juez del Tribunal de Arecibo. Lourido Alverio, de 42 años, debía ser trasladado a un hospital para recibir atención psiquiátrica.

Para cumplir con la orden del juez, después de hora y media de intentos para que el hombre, que estaba encerrado en la casa, se calmara, los policías le dieron una descarga eléctrica con un taser.

“Yo escuchaba que él gritaba: ‘me vas a matar, me vas a matar’. Él gritaba: ‘me duele’”, recordó Sánchez Pérez, la esposa de Lourido Alverio, en una entrevista reciente sobre el incidente que terminó con su esposo en un hospital de Manatí, donde un médico tuvo que removerle los dardos del taser que se le incrustaron en el área izquierda de la cintura y en la rodilla derecha. Desde ese hospital, lo trasladaron nuevamente en ambulancia hasta otra institución — esta vez, en San Juan — , donde finalmente comenzó a recibir el tratamiento psiquiátrico que necesitaba. 

La experiencia de Sánchez Pérez, quien esperó fuera de su casa mientras escuchaba a los agentes intervenir con su esposo, y la de Lourido Alverio, quien desde ese incidente retomó su tratamiento psiquiátrico, no es aislada en Puerto Rico. El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) cuantificó, revisó y analizó cientos de informes de uso de fuerza de la Policía de Puerto Rico de incidentes entre 2018 y 2021 en las regiones de San Juan y Arecibo, y encontró que entre un 23% y un 30% de estas intervenciones ocurrieron contra personas que sufrían una evidente crisis de salud mental y que, en más de la mitad de estos casos, los agentes utilizaron el dispositivo electrónico o taser, que acarrea riesgos para la salud de quien recibe la descarga eléctrica y que puede llegar a ser letal.

En 2011, el Departamento de Justicia de Estados Unidos concluyó que la Policía de Puerto Rico incurría de manera sistemática y recurrente en violaciones de derechos civiles, y entre los señalamientos principales de prácticas inconstitucionales se encontraba el uso de fuerza excesiva en sus intervenciones. Como respuesta a esos hallazgos, que confirmaban lo que por años habían denunciado en Puerto Rico organizaciones de la sociedad civil, el gobierno federal y el puertorriqueño acordaron en 2013 que la Policía debía hacer una reforma integral, que transformara desde la formación que se ofrece y requiere a los agentes hasta las maneras en que se recopila y reporta la información sobre sus intervenciones. 

Han pasado 10 años desde que arrancó la llamada Reforma de la Policía, bajo la supervisión del Tribunal Federal en Puerto Rico, y los cambios se dan por cuentagotas, pese a los $20 millones anuales de fondos públicos que el Gobierno de Puerto Rico asigna para estos propósitos. En septiembre pasado, el juez federal Francisco Besosa, a cargo del caso de la Reforma, ordenó al Negociado de la Policía de Puerto Rico ajustar su estrategia porque, después de una década, “aún faltan cambios monumentales por realizarse”. 

“El tribunal considera que el ritmo al que está progresando la Reforma es menos que aceptable”, indicó Besosa en la orden del 17 de agosto de 2023, en la que fustigó al Negociado porque, según los hallazgos más recientes del monitor federal que supervisa la Reforma, la Policía aún incumple en 56 de los aspectos más importantes de entre los 179 que acordaron transformar.

Uno de los puntos que sigue en incumplimiento dentro del apartado de uso de fuerza es la modificación de las estrategias de intervención con pacientes de salud mental. En 2019, la Policía encaminó un proyecto piloto en la Región de Arecibo para probar en Puerto Rico un modelo desarrollado en 1988 en Estados Unidos conocido como Equipo de Intervención en Crisis o CIT, en inglés. Se trata de una iniciativa para formar a los policías con un adiestramiento de 40 horas que procura sensibilizarlos ante las necesidades de una persona que atraviesa una crisis de salud mental y darles herramientas conciliadoras para esas intervenciones. En algunas jurisdicciones, estos programas involucran también a profesionales de la salud mental y de la comunidad, pero el proyecto de Puerto Rico es solamente policial.

“Como agente, yo no soy un profesional de la salud mental, pero [con este adiestramiento] tengo unos criterios para ver cómo voy a trabajar con esa persona”, dijo en una entrevista la sargento de la Policía Thayra Negrón Meléndez, coordinadora del programa piloto de CIT en Arecibo. “Antes de que estuviera el grupo [especial de CIT], se usaba excesivamente la fuerza. Inclusive, se usaba el arma de fuego. Ya eso se limitó”.

Aunque el programa piloto de CIT terminó oficialmente en 2020, Negrón Meléndez dijo que ella y su equipo de 11 negociadores y despachadores de la región policiaca de Arecibo continúan trabajando como un grupo especializado. Negrón Meléndez aseguró que, desde la implementación de este programa, la gran mayoría de las intervenciones con pacientes de salud mental en esa región termina sin uso de fuerza.

El CPI solicitó al Negociado de la Policía una entrevista con el comisionado Antonio López Figueroa y con representantes de la alta jerarquía policial a cargo del programa piloto y de la Reforma, pero los funcionarios no respondieron a esta petición. Entre otras cosas, el CPI quería preguntar sobre el desempeño del programa piloto, los planes futuros con esta iniciativa y obtener datos y estadísticas contrastables sobre todas las intervenciones policiales desde su implementación, no solo en las que hubo uso de fuerza. Como alternativa, se enviaron preguntas pero al cierre de esta edición no habían recibido respuesta. Damarisse Martínez, oficial de prensa del Negociado, dijo que enviará las respuestas tan pronto las distintas divisiones del cuerpo policial las completen.   

En su octavo informe sobre la Reforma de la Policía publicado en junio de este año, el monitor federal John Romero indica que el programa piloto de CIT terminó oficialmente en noviembre de 2020, y que, tres años después, la Policía seguía sin ofrecer al tribunal una evaluación final sobre su implementación.

“El Negociado está rezagado en sus esfuerzos por completar una evaluación del programa piloto y de expandirlo a otras zonas”, dijo Romero en su informe más reciente. La sargento Negrón Meléndez dijo al CPI, por su parte, que a lo largo de 2023 adiestraron en CIT a cerca de 50 otros agentes, con los que quieren ampliar el programa a otras regiones. 

La Policía contesta tras la publicación

En un correo electrónico, la asesora de prensa del Negociado Damarisse Martínez confirmó que el programa de CIT continúa vigente, y añadió que “la Policía de Puerto Rico ha sido proactiva y ha capacitado a todo su personal […] en la interacción y manejo adecuado de personas con crisis emocionales o de salud mental”.

La portavoz de la Policía dijo en su comunicación por escrito que, hasta la fecha, hay 73 agentes adiestrados en CIT.

Para esta investigación, el CPI analizó los informes de intervenciones de la Región de Arecibo donde hubo uso de fuerza entre 2018, antes del programa piloto de CIT, hasta 2021, cuando ya había terminado oficialmente, pero continuaba en operación, según Negrón Meléndez. En esos cuatro años, de los 185 incidentes en los que la Policía en Arecibo reportó que utilizó algún tipo de fuerza contra un ser humano, 56 de esos casos o el 30% fueron contra personas que presentaban una crisis de salud mental.

En seis de cada 10 de esos incidentes de uso de fuerza contra personas que enfrentaban una crisis de salud mental — el 61% — los agentes utilizaron un taser o, como lo llaman en sus informes oficiales, dispositivo electrónico. Fueron 34 las personas de la Región de Arecibo que recibieron al menos una descarga eléctrica de parte de la Policía mientras sufrían una crisis de salud mental, y una de ellas fue Lourido Alverio aquella madrugada de febrero de 2020. 

El informe de uso de fuerza redactado por el agente Joel García Echevarría, quien disparó el taser contra Lourido Alverio, dice que, después de hora y media de intentar que el hombre saliera para hacer cumplir la orden del juez que dictaba su hospitalización involuntaria, los policías consiguieron entrar a la casa. García Echevarría, quien según los informes revisados era parte del equipo especial de CIT, relata que entonces Lourido Alverio salió de una habitación “agresivo, hablando insultos, palabras soeces y poco cooperador”.

“Este se acercó demasiado a mi persona [y] tuve la determinación [sic] de usar el control de dispositivo electrónico, para salvaguardar su vida y mi seguridad”, informa García Echevarría, quien, en el periodo de 2018 a 2021, estuvo involucrado en al menos dos incidentes más en los que un paciente de salud mental en crisis recibió descargas eléctricas mediante un taser.

La versión de García Echevarría en su informe no concuerda con el relato del incidente que hizo al CPI la esposa de Lourido Alverio, quien se basa en lo que le contó su esposo porque ella escuchó el incidente desde fuera de la casa. Sánchez Pérez dijo que, cuando los policías entraron por sorpresa, Lourido Alverio caminó hacia un clóset para coger una toalla. Fue en ese momento que García Echevarría le disparó los dardos del taser. El corrientazo provocó que Lourido Alverio cayera al piso frente al armario, que está a unos 12 pies de distancia de donde ella dice que el policía estaba parado. 

“Oí el golpe cuando él cae al piso, y estoy cerca de la ventana cuando él está gritando: “me estás matando, me estás matando”, y entonces lo sacan esposado, con las dos cosas esas espetadas, una al lado del ombligo y la otra en la pierna”, dijo Sánchez Pérez.

El taser, un arma engañosa

Hoy día, los tasers están en todas partes. Prácticamente todos los departamentos policiales de Estados Unidos los utilizan, dijo al CPI en una entrevista reciente Michael White, profesor de Justicia Criminal e investigador académico de la Universidad del Estado de Arizona. 

Y aunque muchos tienen la impresión de que se trata de un arma inofensiva, la corriente que descarga el taser puede tener serias consecuencias para la salud e, incluso, ser mortal. Estudios académicos y los mismos manuales de la Policía de Puerto Rico advierten de que se trata de un arma potencialmente letal. 

“Realizar más de tres descargas de cinco segundos o la exposición a los efectos por más de 15 segundos contra la misma persona o animal tiene una gran probabilidad de resultar en un grave riesgo a la salud o de muerte durante un incidente”, lee la Orden General de la Policía de Puerto Rico para el uso del taser, revisada en noviembre de 2022.

En la Región de Arecibo, los agentes emplearon más de una descarga eléctrica en 14 de los 34 incidentes, o el 41%, en los que utilizaron un taser contra una persona que atravesaba una crisis de salud mental, según el análisis del CPI de los informes de 2018 a 2021. 

Una revisión de los informes de incidentes con uso de fuerza en la Región de San Juan, donde la Policía no tenía en práctica un protocolo especial de atención a pacientes de salud mental, reveló un patrón similar al de la región de Arecibo. Aunque, en la capital, los agentes recurrieron a los tasers con más frecuencia. 

Entre los 365 casos de uso de fuerza contra seres humanos reportados por los policías entre 2018 y 2021 en la Región de San Juan, 85 o un 23% ocurrieron contra personas que atravesaban una evidente crisis de salud mental. En el 54%, los agentes utilizaron un taser contra una persona que atravesaba una crisis de salud mental, y en la mitad de las veces en más de una ocasión. En algunos casos, la Policía llegó a disparar un taser cuatro o cinco veces contra una misma persona.

Los informes de la Policía no siempre clasifican las intervenciones, así que, para identificar los casos relacionados con personas que sufrían una crisis de salud mental, hubo que leer los informes de 596 intervenciones con uso de fuerza reportadas en San Juan y Arecibo entre 2018 y 2021. El CPI clasificó las intervenciones basándose en la información disponible en estos informes, particularmente en los relatos de los policías y en los de los supervisores que evalúan el incidente para determinar si se justifica el uso de fuerza. Por lo tanto, puede haber casos en los que estuvo involucrado un paciente de salud mental en crisis pero que quedó fuera del conteo porque esa circunstancia no se revela ni en los encasillados de información personal ni en la narrativa. En la inmensa mayoría de los casos analizados, distribuidos en unas 3,900 páginas de informes, los supervisores determinaron que el uso de la fuerza estuvo justificado.

Un peligro mayor para los pacientes de salud mental

En 2009, el profesor de Justicia Criminal, White, y su colega Justin Ready publicaron un estudio sobre los usos del dispositivo reportados en los medios de comunicación estadounidenses entre 2002 y 2006. Su análisis de 521 notas de prensa sobre casos específicos encontró que, aunque las muertes por el uso de un taser ocurren en raras ocasiones, las muertes eran mucho más comunes en los casos en los que la persona recibió más de una descarga cuando estaba inestable emocionalmente.

La descarga de un taser provoca un dolor profundo y generalizado, explicó White, a quien le dispararon con uno de estos dispositivos como parte de su trabajo como investigador. 

“En la mayoría de las veces, cuando piensas en algo que es doloroso, el dolor está muy focalizado. Si te cortas o si te quemas, puedes sentir bastante dolor pero, básicamente, lo sientes solamente donde te lastimaste”, explicó White. El dolor que provoca el taser “no está focalizado para nada. Básicamente, lo sentí en todo mi cuerpo. No lo describiría como un dolor superficial. Es un dolor que se te mete en los huesos […] Es extraordinariamente doloroso”. 

White dijo que, además de este dolor inmenso, el taser prácticamente paraliza a la persona mientras está activa la corriente. 

Pero White y Ready destacan en su estudio que, en el caso de las personas que atraviesan una crisis de salud mental, es menos probable que accedan y obedezcan a las órdenes policiales por su estado de angustia emocional y que, cuando la policía decide usar su taser contra ellas, el riesgo de muerte puede ser más alto que entre otros grupos de personas. 

Tácticas policiales para un problema de salud 

A Ángel, un paciente de salud mental de 50 años de la Región de Arecibo, la Policía le propinó dos descargas eléctricas cuando se resistió a que lo transportaran al hospital en contra de su voluntad. No era la primera vez que necesitaba ayuda psiquiátrica de emergencia, pero aun conociendo su historial, los policías que fueron a casa de Ángel para hacer valer la orden judicial decidieron no activar al grupo especial de intervención en crisis. 

“En mi presencia, la agente [Brenda] Pérez le preguntó [a la madre de Ángel] si él era una persona agresiva con todo el mundo y ella le contestó que solo se ponía agresivo con ella, por lo que la agente Pérez y yo optamos por no informar al grupo de intervención en crisis del área de Arecibo”, escribió en su informe de uso de fuerza el sargento Juan D. Ruiz Morales, quien era el supervisor de turno al momento de tomar esta decisión. 

Cuando los policías y paramédicos llegaron un sábado de mayo de 2021 a casa de Ángel, a quien el CPI identifica solo por su primer nombre para preservar su intimidad, él estaba dentro del baño y dijo que saldría después de bañarse. Los oficiales esperaron solo 15 minutos cuando uno de los paramédicos decidió abrir la puerta del baño, que estaba sin seguro, y decirle a Ángel que tenía que irse con ellos. 

Ángel se negó inicialmente, pero luego de que un vecino intervino, accedió a irse. Un policía y un paramédico lo tomaron de los brazos para llevarlo a la ambulancia. Camino de la ambulancia, Ángel vio a su madre y entonces se zafó del agarre y lanzó puños al aire para evitar que se lo llevaran, según el informe del sargento Ruiz Morales. Fue entonces cuando Ruiz Morales le propinó dos descargas de cinco segundos pegándole el taser, primero en el lado izquierdo del torso y luego, en el pecho. 

Tras las descargas, los agentes tiraron a Ángel al piso, lo esposaron y así lo trasladaron a la ambulancia. Los supervisores que emitieron o firmaron los informes en los días posteriores al incidente — el teniente Alexis González Morales, el capitán Rafael Asencio Terrón y el comandante de área Israel Rojas Velázquez — determinaron que el uso de fuerza en esta intervención “fue justificado y responsable”, que los policías siguieron “las normas y políticas” del Negociado y que el incidente no ameritaba una investigación administrativa.

Negrón Meléndez, la sargento a cargo del grupo de intervención en crisis de Arecibo, dijo en entrevista que una de las destrezas más importantes al tratar a una persona que atraviesa una crisis de salud mental es no apresurarse. “Nosotros no pensamos en tiempo”, dijo Negrón Meléndez. Ángel no tuvo esa suerte. Entre la llegada de los policías, que descartaron activar al CIT, y el uso del taser contra Ángel, transcurrió menos de una hora, según los datos ofrecidos en el informe de uso de fuerza. 

Solo dos meses después de este incidente, en julio de 2021, la Policía acudió a casa de Francisco, de 46 años y también vecino de la Región de Arecibo, porque amenazaba con suicidarse. Francisco también tenía un historial de crisis de salud mental, y su hermana, quien había solicitado una orden 408 para su hospitalización involuntaria, había advertido que estaba agresivo.

De camino a la casa de Francisco, el sargento Samuel Galloza alertó al equipo especial de CIT, y el agente Carlos de Jesús, de ese grupo especial, fue hasta el lugar. Con Francisco atrincherado en su casa, los agentes decidieron forzar su entrada a la residencia, y el hombre entonces se encerró en una habitación, según el informe policial. El agente De Jesús, del CIT, se mantuvo en comunicación con Francisco, conversando a través de la puerta cerrada, durante cuatro horas, hasta que lo convenció para que saliera del cuarto para recibir ayuda.

Aunque las estrategias de apaciguamiento del agente De Jesús funcionaron, una vez Francisco salió de la casa hacia la marquesina, la intervención volvió a tratarse como un asunto policial. El teniente Alexis Soberal Serrano ordenó a sus subalternos que detuvieran a Francisco y el hombre, quien había salido dispuesto a que lo ayudaran, “se tensó” cuando lo intentaron detener. 

“Con mis manos, lo agarro por el brazo derecho y le hago una torcedura del mismo y se lo llevo hacia el área de la espalda”, relata Soberal Serrano en su informe de uso de fuerza. Aunque a Francisco no le aplicaron una descarga eléctrica como a otros en esta situación, el hombre que atravesaba una evidente crisis de salud mental salió de su casa esposado, bajo custodia policial y camino al cuartel. Allí, un equipo de paramédicos lo atendió y finalmente lo llevó a un hospital de Utuado para que comenzara a recibir la atención de salud mental que necesitaba.

La psicóloga Mayra Olavarría Cruz, catedrática de la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico, dijo que los adiestramientos a la Policía pueden ser útiles para que aprenden a lidiar con las presiones de las intervenciones en crisis, pero que, incluso mejor, sería la posibilidad de que trabajaran junto a profesionales de la salud mental, como psicólogos o psiquiatras, que se sumen a los equipos de respuesta en caso de emergencia.

“No es que el 100% de los casos se vayan a resolver con eso, pero [los profesionales de la salud mental] podrían desescalar la situación y podrían negociar con el paciente”, indicó la psicóloga clínica, quien durante 16 años fungió como instructora de un programa de prevención de crisis con pacientes de salud mental. Olavarría Cruz, quien trabaja en la Clínica de Psiquiatría del Recinto de Ciencias Médicas, añadió que, mientras tanto, también ayudaría que los policías que trabajan en estas intervenciones lo hagan sin vestir el uniforme ni llevar otros distintivos que los pacientes — en ocasiones, por experiencias previas — pueden asociar con situaciones violentas o amenazas a su seguridad.

La sargento Negrón Meléndez, líder del grupo de CIT en Arecibo, considera que los policías deben adiestrarse para aprender a manejar situaciones de  crisis de salud mental, porque siempre las enfrentarán, pero que estas intervenciones requieren una respuesta multidisciplinar. 

“La intervención en crisis no debe empezar con la presencia de un policía. Debe de ser con la presencia de un profesional de salud mental. ¿Que [hace falta que] el servicio sea combinado? Claro que sí, podemos asistir”, dijo Negrón Meléndez. “Pero, como policía, yo puedo decir que la salud mental debe trabajarse desde el inicio, no por una intervención policiaca, sino por un profesional de la salud mental”.

Al cierre de la edición de esta historia, publicada originalmente el 20 de diciembre, el CPI no había recibido ninguna contestación de la Policía, pero ese mismo 20 de diciembre, la agencia contestó parcialmente.  

Esta investigación fue posible en parte gracias al apoyo de la organización sin fines de lucro Kilómetro 0 y de la Beca Nacional de Periodismo 2023 del Annenberg Center for Health Journalism de la Universidad del Sur de California (USC). Esta historia es parte de una colaboración del Centro de Periodismo Investigativo con un proyecto del Programa de Investigación de Medill, de la Universidad de Northwestern, sobre la respuesta policial a las crisis de salud mental.