San Juan – El Departamento de Salud de Puerto Rico volvió a ser demandado este lunes por no proveer información pública e ignorar solicitudes sobre datos e informes relacionados a su respuesta a los huracanes Irma y María, los terremotos de 2020, y el huracán Fiona.
Esta es la quinta vez que el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) recurre al tribunal para que ordene a Salud cumplir con el derecho de acceso a la información.
“El CPI fiscaliza y da seguimiento continuo a los efectos y consecuencias de los desastres socioambientales, en especial a la respuesta de salud pública para atender a las poblaciones que dependen de servicios eléctricos para subsistir, y el Departamento de Salud no nos ha ofrecido la información que le solicitamos desde octubre”, indicó Carla Minet, directora ejecutiva del Centro.
El recurso especial de acceso a la información pública presentado en el Tribunal Superior de San Juan pide que se ordene a Salud y su secretario, Dr. Carlos Mellado López, proveer la información solicitada en cumplimiento del Artículo 4 de la Ley de Transparencia (Ley 141-2019) y los principios constitucionales sobre acceso a la información en Puerto Rico.
El periodista del CPI Eliván Martínez Mercado solicitó la información a portavoces del Departamento, e incluyó informes, comunicaciones y planes correctivos que deben estar en manos de la Oficina de Bioseguridad del Departamento de Salud de Puerto Rico, que es la designada para la preparación y respuesta en salud pública.
En particular, pidió los informes de la Oficina del Subsecretario de Preparación y Respuesta del Departamento de Salud de Estados Unidos para los huracanes Irma y María, los terremotos de 2020 y el huracán Fiona, y que fueron recibidos por la Oficina de Bioseguridad del Departamento de Salud.
La Assistant Secretary for Preparedness and Response (ASPR) es la dependencia que lidera a nivel federal la preparación, respuesta y recuperación médica y de salud pública ante desastres y otras emergencias de salud pública.
También se solicitaron a Salud los informes de Análisis de Amenazas, Vulnerabilidad y Riesgo para los años de 2014 a 2017 o la base de datos de pacientes que dependen de electricidad y que están conectados a aparatos que les extienden la vida, bajo lo que se conoce como el programa federal “emPOWER”.
De igual forma, el periodista pidió comunicaciones de 2017 a 2023 entre la Oficina de Bioseguridad de Salud y sus aliados, públicos o privados, relacionados a los pacientes dependientes de electricidad.
El recurso legal aclara que no es necesario recibir información personal o de salud protegida sobre pacientes. Dichos datos pueden ser tachados o suprimidos en cada documento a ser entregado.
La Ley de Transparencia establece como política pública que la información y documentación que produce el gobierno se presume pública y accesible a todas las personas por igual.
El CPI es representado en este caso por el abogado, Carlos Francisco Ramos Hernández, y Luis José Torres Asencio y Steven P. Lausell Recurt de la Clínica de Acceso a la Información de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.
Adelante mi gente, así donamos más alegres.
“Haciendo que las cosas pasen,” especialmente entorpeciendo la labor de quienes fiscalizan al gobierno. El secretario Mellado continúa tratando de ocultar la mala operación de su departamento. ¡Pobre Puerto Rico con tantos corruptoineptos en el gobierno! Peor aún, con tantos puertorriqueños a quienes no les importa qué tan malo sea el gobierno, con tal de que sea ” de los suyos.”