Solo uno de los cinco partidos políticos invitados, el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), compareció el sábado a participar de un foro para presentar sus propuestas sobre el tema ambiental y el programa de gobierno de sus candidatos a la gobernación ante las olas de calor por la crisis climática. 

El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) invitó a los dos aspirantes a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Pierluisi y Jenniffer González; así como a los dos candidatos a esa posición por el Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Manuel Ortiz y Juan Zaragoza, y sus homólogos por el Proyecto Dignidad (PD), Javier Jiménez y Javier Córdova del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), para que acudieran o enviaran alguna representación, pero no se presentaron, informó Carla Minet, directora ejecutiva del CPI, quien moderó junto a Wilma Maldonado Arrigoitía, directora editorial de la organización, el panel Elecciones y programas de gobierno en tiempos de calor extremo.

El secretario de asuntos ambientales del PIP, Víctor Alvarado Guzmán, acudió en representación del candidato a la gobernación de la colectividad, Juan Dalmau.

Aunque se les invitó con varios meses de anticipación, el Gobernador indicó que no podría participar porque tenía la agenda llena, mientras que la Comisionada Residente nunca respondió. En el caso de los dos aspirantes a la gobernación por el PPD, dijeron que estarían en Ponce participando de la convención de esa colectividad. 

“Se les ofreció la opción de enviar a sus encargados de política pública y tampoco quisieron participar. Por su parte el Partido Dignidad, a quienes también invitamos, luego de haber confirmado, cancelaron su participación sin ofrecer razones hace tres días. El Movimiento Victoria Ciudadana también había sido invitado y había confirmado su participación hasta hace aproximadamente media hora, cuando indicaron que no podrían comparecer”, explicó Minet al inicio del panel. 

“Una de las primeras cosas que hay que hacer es acabar con la corrupción”

Durante su participación, Alvarado señaló que la principal propuesta del PIP para atender las consecuencias del cambio climático es acabar con la corrupción que permite que los políticos actúen para favorecer los intereses privados que financian sus campañas a cambio de favores políticos.

Alvarado recordó que el PIP ha presentado proyectos de ley en la Legislatura como una moratoria de construcción en las zonas costeras y una nueva ley de costas, que a su vez están incluidas en el Plan de Mitigación propuesto por el Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático (CEACC). No obstante, estas iniciativas permanecen engavetadas como consecuencia de un intenso cabildeo de sectores que se oponen a las medidas, aseguró. 

El también asesor ambiental del PIP en el Senado señaló que la mayoría del PPD en ese cuerpo legislativo mantiene paralizada la medida que establecería la moratoria en la construcción en las costas a pesar de que ha recibido dos informes positivos en sendas comisiones que consideraron la legislación.

“Hay alcaldes apoyando [las medidas del PIP], y tienen sus informes positivos, pero el presidente del Senado [José L. Dalmau] lo tiene allí engavetado a pesar de que es algo tan necesario”, indicó.

Planteó que las administraciones gubernamentales han renunciado a su obligación de proteger las comunidades y los recursos ambientales y en su lugar han favorecido a los intereses privados que buscan la construcción en áreas de alto valor ecológico. Según Alvarado, esos intereses también se mueven en el Capitolio y la inacción de los legisladores parecería indicar que favorecen  los intereses de esos cabilderos.

¿Quiénes son?, se le preguntó. “Nosotros los vemos a cada rato por allí pululando entre oficina y oficina de los penepés y populares tratando de parar los proyectos que son importantes para el País”, aseguró, tras precisar que entre los cabilderos que consistentemente se oponen a este tipo de legislación protectora está la Asociación de Constructores de Puerto Rico.

Alvarado lamentó que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) sea el primer opositor a estas medidas, contrario a su deber ministerial de proteger el ambiente.

“Yo he estado allí en tres cuatrienios y siempre que se radican estas medidas el primero que va y se opone [es el DRNA] sea quien sea que esté dirigiendo esa agencia. Aunque el Plan de Mitigación del Comité de Expertos lo propone, parece que allí hay personas que responden a estos intereses que quieren seguir construyendo en las costas”, puntualizó Alvarado.

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