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A pesar de las promesas de enmendar el Código Electoral de 2020, el ciclo electoral inició con el estatuto prácticamente intacto debido a la falta de liderato y las luchas dentro del Partido Popular Democrático así como a la renuencia del Partido Nuevo Progresista a reducir su control sobre la Comisión Estatal de Elecciones.

Desde que entró en vigor la nueva ley, quien ocupa la presidencia ejerce la máxima autoridad ejecutiva y administrativa de la Comisión.

Los partidos que se presentan como opción en las próximas elecciones prefirieron evadir su responsabilidad de presentar sus propuestas sobre la crisis climática.

La Ley 222 aprobada en el 2012, promovida por la administración de Luis Fortuño, redujo y eliminó la inmensa mayoría de las penalidades y delitos contenidos en la pasada ley electoral, lo que dificulta imponer sanciones a los políticos que no manejen correctamente el dinero recaudado. Al presente, se le permite a los candidatos señalados simplemente enmendar sus informes múltiples veces y en casos mayores viabiliza la imposición de multas administrativas u ordenar la devolución del dinero.